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Judiciales

Caso Skanska: tras 18 años comienza el juicio por corrupción contra ex funcionarios K

Se trata de la primera denuncia por pago de coimas a empleados públicos durante el gobierno de Néstor Kirchner, que finalmente será evaluado por la Justicia. Entre los 31 involucrados están Julio de Vido y José López.

A casi dos décadas de la primera denuncia por corrupción contra funcionarios públicos durante el gobierno de Néstor Kirchner, inició el juicio por el denominado caso “Skanska”, en Comodoro Py.

El Tribunal Oral Federal Nro. 4, es el encargado de llevar adelante el proceso por el cual hay 31 imputados, entre los que se destacan el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Obras Públicas, José López, ambos condenados junto con la ex presidenta Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.

La primera denuncia surgió en 2006 cuando un ex empleado reveló que la empresa sueca había pagado sobornos en efectivo para la adjudicación de las obras de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS) para el transporte de gas natural.

 

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El proceso estará a cargo de los jueces federales Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, mientras que el fiscal que dirigirá el juicio será Abel Córdoba. Se espera que pasen más de 100 testigos durante el desarrollo de las audiencias, que serán en principio, todos los lunes.

La investigación, que en sus inicios estuvo a cargo del fallecido juez federal Norberto Oyarbide, aliado del kirchnerismo, tuvo como baso de prueba una grabación en la que el entonces responsable comercial de Skanska, Javier Azcárate, reconocía que la empresa había pagado coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para quedarse con el negocio y que se habían usado facturas falsas para dichos sobornos.

Esa charla había sido registrada por el procurador de la compañía, Claudio Corizzo, que estaba haciendo una auditoría interna y que motivó la denuncia judicial que delató la trama de corrupción que aplicaría la gestión kirchnerista a lo largo de sus más de 20 años en el poder.

 

Si bien, la causa tuvo una primera tanda de procesados, luego la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, declaró nula la grabación porque entendió que había sido obtenida de manera ilegal, ya que Azcárate no sabía que estaba siendo grabado. De este modo la descartó como prueba y la investigación se cayó sin ningún procesado.

Años más tarde, la causa entró en un sinfín de apelaciones, que derivaron en la intervención de la Corte Suprema de Justicia, en donde se definió en 2016, que la grabación debía ser utilizada como prueba, por lo que el juez federal Sebastián Casanello dictó los nuevos procesamientos y en 2019 el caso fue elevado a juicio oral.

 

 

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