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Economía

Las reservas del Banco Central están en su nivel más bajo desde 2011

Tras los últimos pagos al FMI, Argentina quedó con la cantidad de dólares líquidos más baja de la última década.

Hacía más de diez años que las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no se encontraban en un nivel tan bajo como el actual. La consultora GMA estima que tras los pagos al FMI, “las reservas internacionales netas (RIN) se encuentran en la zona de US$ 95 millones, lo que se convierte en el menor monto desde al menos 2011″.

La consultora explicó que “cada vez es menor la cantidad de pesos que tienen cobertura contra reservas de libre disponibilidad, un aspecto que podría incentivar a los argentinos a dolarizarse más rápidamente en un marco de alta inflación e incertidumbre política y económica”.

Reservas del Banco Central: economistas responden cómo “sobrevivirá” en febrero

Las reservas netas se obtienen descontando el monto de las reservas brutas, los encajes de los depósitos en dólares, el swap con China, el préstamo con el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y los DEGs que aportó el FMI. De esa manera se llega al resultado de los dólares líquidos que le quedan al Banco Central.

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El organismo no logra cerrar un mes con saldo positivo en el Mercado Unico y Libre de Cambios desde octubre pasado. “Entendemos que el BCRA seguirá bajo tensión durante febrero y recién podría aspirar a comprar reservas en la segunda quincena de marzo con el comienzo de la entrada de la cosecha gruesa”, apuntó el PPI.

Economía

El Gobierno busca qué anunciar, y una luz de alerta se enciende por la inflación

Los principales sectores productivos esperan una propuesta concreta desde Economía que aún no llega. Y los mercados se preguntan hasta cuándo.

No es una tarea sencilla la de mostrar un dinamismo de gestión a partir de anuncios casi a diarios, cuando no hay qué anunciarSergio Massa intenta mostrarse como un ministro de Economía resolutivo, pero si no se puede definir qué incentivos darle al campo para que liquiden los preciados dólares, qué solución darle a los distintos sectores para que se hagan de dólares para las importaciones, qué herramientas novedosas se podrán contar para combatir la inflación, o de dónde surgirán los dólares para engordar las pobrísimas reservas del Banco Central, el dinamismo se convierte en un espejismo.

Un economista que conoce bien a Massa tiene serias dudas acerca de hasta cuándo el mercado acompañará esta calma. “El mercado está tranquilo, pero sigue apostando a una devaluación entre el 20 y 30% y dentro de no muchos días, puede empezar a marcar el pulso”, deslizó.

El kirchnerismo ha eliminado de su diccionario las palabras “ajuste” y “reforma”. El ajuste se lleva a cabo y quedó plasmado con el 7,4% de inflación, la más alta en 20 años, y se reflejará esta semana -si es que finalmente se anuncia- en quiénes pagarán un aumento de sus tarifas de gas y luz. La “reforma” en materia tributaria o laboral es algo que no figura en los planes inmediatos, mucho menos de quien detenta el verdadero poder, Cristina Kirchner.

Por lo tanto el rol del ministro de Economía queda limitado, por ahora, evitar que la situación empeore. O como dijo el domingo a Clarín e economista Rodolfo Santángelo, “salvarnos del descenso”. No mucho más.

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Massa aún no se reunió con las cámaras de los sectores productivos claves, como la UIA. La interpretación que hacen allí y en otras cámaras es que “no tienen nada para ofrecernos, entonces prefiere dilatar un encuentro”. Como sucedió el fin de semana en la reunión con la Mesa de Enlace, Massa no llevó ninguna propuesta al campo sino que sólo se limitó a escuchar. “El plazo es mañana, el país no está en situación de esperar ni de estar debatiendo a largo plazo”, aseguró tras el encuentro uno de los miembros de la cúpula agropecuaria.

El relato de un empresario acerca de un encuentro con Alberto Fernández es preocupante. “Lo ví mal; caído, abatido, entregado. Y un ministro al día siguiente coincidió conmigo en que está en una etapa en la que no decide nada”. No es un comentario aislado, son varios los legisladores, dirigente y funcionarios que acompañan esa mirada. EL poder parece haber quedado en manos de una nueva sociedad, la de Cristina y Massa. Quedando Fernández con un rol devaluado.

La situación económica comienza a impactar en un pilar clave de cualquier Gobierno: la obra pública. En los dos últimos meses de Martín Guzmán, habían empezado a demorarse los pagos. En la breve gestión de Silvina Batakis, no sólo se acentuaron las demoras sino que el propio Presidente advirtió en un encuentro que las empresas debían prepararse para una demora, ya no de 30 días en los pagos, sino de entre 45 y 60 días. Tras la designación y asunción de Massa en Economía, no tienen en claro cuánto impactará.

Pero tanto empresarios como el gremio de la construcción –UOCRA- que encabeza Gerardo Martínez, tienen en claro que habrá algún golpe a la obra pública porque nada mejoró sustancialmente en la economía desde la gestión Batakis hasta hoy, para que no sea así.

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Aducen que además de las demoras, otro problema lo genera la redeterminación de precio, las fórmulas a través de las cuales se ajustan los costos de las obras por el paso del tiempo. Cuando la inflación es alta, el cálculo se termina distorsionando, por lo que las empresas terminan recibiendo menos que el costo, y afrontarlas deja de ser rentable. Incluso, en ítems muy concretos como el costo del transporte de cargas, el desfasaje llega a ser entre el 10 y el 20%.

“Esto provoca que algunas obras se paralicen, y es lo que ha empezado a ocurrir”, asegura una empresa constructora que trabaja con el Estado.

El Gobierno, a través del ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, ha manifestado su voluntad de reparar ese desfasaje pero lleva tiempo, porque se trata de fórmulas que debe corregir el Indec, y las necesidades “son para ayer”. Además, el Ejecutivo pasa por una situación de necesaria austeridad, de recorte del déficit fiscal.

Es una situación que ocurre en periodos de alta inflación como en los últimos años del gobierno de Cristina, en el 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y ahora, en la administración de Alberto y Cristina.

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Desde Obras Públicas señalan que Katopodis tiene reuniones periódicas con la Cámara y con la UOCRA para garantizar el ritmo de ejecución y afirman que hasta ahora no hay problemas, aunque admiten una puja por las redeterminaciones de los precios pero creen que habrá acuerdo.

“Venimos con una ejecución del 50% para el primer semestre del año y planeamos llegar bien, a casi el 100% a fin de año”, aseguran. En un 2022 cuya proyección de ejecución sería de más de $600 mil millones.

Esta situación podría impactar fuerte en los próximos meses. Mientras, en junio, se batieron todos los récords históricos del consumo de cemento, sobre todo la venta por bolsas –no, a granel-, que marca que se trata de pequeñas obras –refacciones, trabajos pequeños en una casa- producto de que los pesos queman y, quienes tienen dólares, aprovechan la brecha del tipo de cambio. Eso sí, toda esa actividad suele ser en negro.

Cristina Kirchner cree erróneamente, que el costo político de un ajuste lo pagarán Alberto y Massa, y que el ministro de Economía podría ser el candidato presidencial por el Frente de Todos que le asegure, aunque pierda en las elecciones presidenciales, que el resultado no sea tan malo como si el que participará fuera el Presidente. De esa manera, Massa le facilitaría conservar la provincia de Buenos Aires. Una gran elucubración que no tiene en cuenta si la gestión económica no es un éxito.

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Lo que nadie prevé es la reacción de la vicepresidenta, si es condenada en la causa por el redireccionamiento de la obra pública –o Vialidad-, que Cristina politizó con los planteos de recusación de los fiscales Luciani y Mola. En los cálculos del Instituto Patria no estaban la vehemencia y apasionamiento con que el fiscal acusa y se defiende ante la campaña de desprestigio. Luciani logró reflotar un tema como la supuesta corrupción K a través de Lázaro Báez, que parecía haber sido naturalizado por la sociedad, convirtiéndolo en la descripción de un mecanismo de lavado de dinero que en ningún momento logran refutar, tanto la defensa de Cristina como las del resto de los acusados.

Hay coincidencia en los ámbitos políticos y judiciales, en que el fallo de la causa estaría para fin de año y no para el año próximo. Ocurre que ningún tribunal quiere tener protagonismo alguno durante 2023, cuando se lance el año electoral.

Columna publicada originalmente en Clarín 

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Economía

El Gobierno convocó nuevamente a la Mesa de Enlace pero mantendrá las restricciones a la exportación de carne

El Secretario de Agricultura Juan José Bahillo confirmó que mañana a las 17:30 habrá un encuentro con equipos técnicos de las entidades rurales.

Luego de la reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que se realizó el pasado viernes, el Gobierno se comprometió a analizar punto por punto los planteos de los representantes de los productores agropecuarios, aunque desde el gabinete encabezado por el ministro Sergio Massa, se mostraron firmes en mantener las restricciones a la exportación de carne. El encuentro será mañana martes, a las 17:30.

El viernes, al finalizar la reunión entre la Mesa de Enlace, que nuclea a las entidades agropecuarias y el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, los referentes del campo ratificaron su pedido de “un cambio de rumbo” en las políticas dirigidas al sector y reclamaron “medidas que generen confianza”.

En ese sentido, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo que el Ministro no les pidió que liquiden las cosechas, aunque acordaron tener “intercambios con los equipos técnicos”.

“En concreto, no nos pidió que liquidemos soja o alguna producción. Es más, yo hice hincapié en que si ellos estaban pensando en que liquidarámos soja, les dije que me habían llamado a una reunión equivocada porque el pequeño productor ya no tiene soja en su poder”, disparó el dirigente.

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El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo Bahillo, al respecto, “liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio”.

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura.

Respecto a las retenciones, el funcionario oriundo de Entre Ríos confirmó que tampoco habrá cambios: “Por el momento, yo no me resisto a analizarlo, pero no es posible dada la situación de las cuentas públicas avanzar en este sentido. Lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema. Pero hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema”

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Economía

El DNU que prepara Massa para transformar los planes sociales en trabajo en blanco

El nuevo superministro publicará el próximo miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia “Puente Empleo”, una medida que funcionará con el acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los sueldos.

El ministro de Economía, Sergio Massa avanza junto a su equipo en la implementación del programa “Puente al Empleo” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), cuyo objetivo es permitir que titulares de planes sociales se puedan integrar al mercado laboral formal.

El proyecto fue elaborado por el equipo del ministro de Economía para la “Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad”, confirmaron fuentes de esa cartera.

Del mismo modo, tampoco está definido el día en que se dará a conocer el nombre de quien secundará al tigrense en la cartera económica; el perfil sigue siendo el mismo que ya se conocía y por el que se dio a conocer inicialmente el nombre del economista Gabriel Rubinstein (no excluido de la carrera); alguien con visión amplia, que asegure la consistencia macro del huracán de medidas que impulsa Massa.

La idea del plan es romper con el temor de las personas que poseen planes sociales a entrar al mercado laboral formal, al suponer que pierden ese beneficio.

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La meta es que el “Puente al Empleo” permita sumar a la economía formal unos 200.000 trabajadores que hoy funcionan en el marco de la llamada “economía social”.

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