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Notas de Opinión

Con los peores violadores de DD.HH.

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

Los gobiernos de la Argentina y México se merecen el escándalo en el que se encuentran tras desafiar el boicot de las democracias occidentales y asistir a la nueva toma de posesión del dictador nicaragüense Daniel Ortega, el 10 de enero. Resulta que compartieron la ceremonia con uno de los sospechosos de terrorismo más buscados del mundo. La Argentina y México participaron en la ceremonia inaugural de Ortega con un alto funcionario iraní buscado por Interpol como uno de los autores intelectuales del atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA de la Argentina que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Mohsen Rezai, vicepresidente para asuntos económicos de Irán y excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue uno de los invitados de honor de Ortega en la ceremonia, junto con el dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, el presidente saliente de Honduras y funcionarios de China y Rusia. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y la mayoría de las democracias occidentales no enviaron representantes a la ceremonia, como una forma de protestar por la farsa electoral del 7 de noviembre en Nicaragua.

Estados Unidos y la UE también impusieron nuevas sanciones a la dictadura nicaragüense el mismo día de la nueva toma de posesión de Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Ortega arrestó a los siete principales candidatos de la oposición antes de las elecciones del año pasado y luego se proclamó ganador. También es responsable del asesinato de por lo menos 317 manifestantes opositores durante las protestas callejeras de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar del boicot de las democracias occidentales, la Argentina y México enviaron a los encargados de sus respectivas embajadas en Nicaragua a la ceremonia, reconociendo de hecho el régimen ilegítimo de Ortega. Horas después, luego de que la oposición argentina denunciara la presencia de Rezai en el evento, el gobierno del presidente Fernández emitió un comunicado condenando la asistencia del funcionario iraní, señalando que la Argentina tiene una orden de arresto pendiente contra Rezai por el ataque terrorista de 1994. Pero la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, exige que el gobierno de Fernández “explique por qué el embajador argentino (en Nicaragua) no se retiró de la ceremonia”.

El congresista opositor Waldo Wolff me dijo que planea presentar una denuncia penal contra el canciller argentino por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público” al no exigir el arresto inmediato de Rezai. “La obligación del gobierno argentino era de denunciar y procurar la detención de Rezai”, me dijo Wolff. “Emitir una declaración de condena no es suficiente”.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo horas antes de la toma de posesión de Ortega que, en ausencia de un embajador mexicano en Nicaragua, enviaría al encargado de negocios de la embajada mexicana a la ceremonia. “Lo mínimo que podrían haber hecho era abandonar la sala en señal de protesta”, me dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de Human Rights Watch, refiriéndose a los diplomáticos argentinos y mexicanos.

Dina Siegel Vann, directora de la división de América Latina del Comité Judío Americano, AJC, me dijo: “Es vergonzoso que no solo la Argentina, sino también México, que dice ser un adalid de los derechos humanos, de hecho hayan respaldado con su presencia a un individuo buscado por la Argentina e Interpol por actos de terrorismo”. Una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Tammy Rahamimoff-Honig, tuiteó que es “indignante” que Rezai “viaje por el mundo con impunidad”.

Nadie debería sorprenderse por la presencia de las peores dictaduras del mundo en la asunción de Ortega, porque los tiranos se apoyan entre ellos. Pero los gobiernos democráticamente elegidos de la Argentina y México merecen una condena especial por haber abandonado la defensa mundial de la democracia. Ambos gobiernos no pueden ser tomados en serio cuando dicen que la presencia de Rezai en la ceremonia los tomó por sorpresa. Si Fernández y López Obrador se codean con los peores violadores de derechos humanos, era obvio que tarde o temprano iban a quedar manchados. Se merecen una fuerte condena de todos los defensores de la democracia, los derechos humanos y la dignidad.

Notas de Opinión

Finanzas personales: estafa o incumplimiento contractual

Cuando vale la confianza. Inversiones en pozo y criptomonedas

Nota publicada originalmente en Infobae

En tiempos de crisis muchos inversores se ven inmersos en situaciones complejas. Ladrillos para los más conservadores, criptoactivos para los más osados, fueron opciones de inversión muy recurridas en los últimos tiempos. Ambos casos, sujetos a los avatares de fortuna y -muy especialmente- a la diligencia o negligencia empresaria, pueden frustrar un plan o sueño, personal o familiar.

En el primer caso, muchos de los que apoyaron a las constructoras para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios bajo la modalidad “de pozo”, no ven cumplidas las entregas pactadas, ni en tiempo ni en forma. De esa manera, las dilaciones, frustraciones y disgustos se acumulan, y la demora para acceder a la vivienda propia puede, muchas veces, provocar un descalabro en las finanzas familiares, así como en la relación entre sus miembros: la frustración del sueño.

En tiempos en que muchos -algunos experimentados y otros no tanto- se han volcado al desarrollo inmobiliario como actividad comercial, hay que señalar que no son todos (constructoras o desarrolladoras) la misma cosa. Por más obvio que parezca, es importante resaltar que construir no es solo apilar ladrillos y materiales.

Indudablemente, aquellas desarrolladoras que supieron forjar un buen nombre y reconocimiento en el mercado, interesadas en conservarlos inyectan parte del capital recaudado durante las épocas doradas del sector, y de tal firma se imponen cumplir en tiempo y forma las entregas pactadas en sus obras, honorando la trayectoria y marca.

Muchas otras pretenden ampararse en situaciones de crisis -que por cierto existen-, amparándose en circunstancias de índole comercial, contractual o de abastecimiento que demoran entregas y el fin de las obras.

Algunos de estos casos llegan a conocimiento de abogados, que en ocasiones pueden demostrar la existencia de desvíos de fondos realizados fraudulentamente para exhibir un balance o estado de situación patrimonial a los inversores, que no es el real. O sea, no siempre se trata de aislados incumplimientos o demoras, ni son meras dilaciones contractuales, sino que puede existir una cuestión de índole penal, que a veces se conforma de entramados societarios complejos, facturas apócrifas, falsas declaraciones en calidad o especie de las cosas, que, por no haberse tomado la conciencia debida, puede provocar una sanción severa para sus responsables.

Indudablemente, cualquier empresa atraviesa desavenencias en estos tiempos de crisis, pero este ha sido el escudo de muchos, que deliberada y premeditadamente recogieron dineros para el desarrollo de uno o varios emprendimientos que acaban perjudicando, en su propio provecho.

La cuestión penal aparece cuando mediante ese ardid o engaño, alguien se compromete a entregar un producto determinado, en fechas ciertas, sabiendo que no va a poder cumplir, ya sea en las características de la cosa o en el tiempo.

Sabido es que construir un buen nombre puede llevar toda una vida o varias generaciones, y en poco tiempo algunos pueden arruinarlo para siempre; siendo irremontable cuando se estafó en la confianza.

Estrategias deshonestas

Vivimos un contexto en el cual algunos prometen obras faraónicas, otros -por ejemplo- garantizan rentabilidades extraordinarias por participación en mercados ligados a criptomonedas, asunto por demás popular en estos tiempos. Oímos a diario sobre promesas de rentabilidad y hasta de garantías de retorno de inversión en un mercado altamente volátil e imprevisible.

Las denuncias sobre fraude en la administración y disposición de criptomonedas han acrecentado sustancialmente en los últimos tiempos, y todo indica que seguirá ocurriendo, en tanto se sigan promocionando esas actividades comerciales de forma masiva, abierta y empleando las mejores técnicas de marketing para captar “clientes”.

Estos, atraídos por el mensaje encantador (muchas veces engañoso o falso) de sujetos populares o bien considerados socialmente que obran con llamativa temeridad -cuanto menos-, terminan siendo víctimas que en pos de no perder su patrimonio deben acudir a una investigación penal profunda, sofisticada y muchas veces costosa, para determinar la existencia del delito y aspirar a recuperar sus dineros o resarcir sus derechos.

Indudablemente las conductas delictivas marcarán por siempre a las empresas y personas cuando se trate de marcas familiares, en tiempos en que un incumplimiento grave se hace viral, y -sin ninguna duda- la buena publicidad o la mala reputación quedarán para siempre.

Nota en colaboración con Federico Cabuli

Columna publicada originalmente en Infobae

 

 

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Notas de Opinión

El Presidente, la fiesta y un cheque será un misil al sistema de derecho penal

La solución que ofreció Alberto Fernández para terminar con la causa penal que se le sigue por el festejo en la quinta presidencial podría generar un antecedente para que se extingan miles de causas.

Columna publicada originalmente en La Nación.

Hay una primera lectura que dispara la propuesta del presidente Alberto Fernández para extinguir la acción penal por su festichola en Olivos. Es poco o mucho 1,6 millones de pesos para finalizar el pleito y resarcir el daño. Pero quedarse apenas con esa mirada menuda es perder de vista el daño irremediable que la solución presidencial le hará al derecho penal argentino.

Si finalmente, el Jefe de Estado arrima el cheque para cancelar el pleito, se confirmará un antecedente que podría inundar de pedidos la justicia penal. Además, y quizá lo más graves, es que se consagraría una de las situaciones más injustas que se podría esperar de una sistema normativo que tiene penas privativas de libertad: la posibilidad de que quienes tengan dinero podrán desactivar sus acusaciones penales.

Pero como se dijo, quedarse apenas con la oferta presidencial es una mirada incompleta. La secuencia que se dio desde aquella publicación de la foto que sacó a la luz en LN+ Guadalupe Vázquez fue un compendio de ataques la la institucionalidad que podría terminar con un misil al sistema penal. Por un lado, impactaría porque la jurisprudencia podría usarse para miles de casos en los que se terminaría la acción penal. Por otro, porque se da una particularidad propia de los monarcas: el emisor de norma aplica la ley a sus súbditos pero no a si mismo. El Presidente destrozó una legislación no sólo que él mismo redactó sino que fue con la que construyó el único verano de aceptación que tuvo con la opinión pública.

El presidente, Alberto Fernández, junto a Fabiola Yáñez, en la presentación de su hijo Francisco

La primer reacción de Olivos fue matar al mensajero. En esa zona de confort del kirchnerismo, las voces que salían desde la cercanía de Alberto Fernández apuntaban a la malicia de la prensa y dejaban correr la certeza de que se trataba de una foto trucada.

Se podría trazar una ilusión y pensar que todo el país haya creído que se trataba de una manipulación fotográfica. Eso hubiera sido posible. Pero hay una certeza: los participantes de la acalorada y prohibida mesa sabían que aquella estrategia era mentira. Ellos y sólo ellos, con el Presidente incluido, sabían que esa escena efectivamente había ocurrido. Fue el engaño y la agresión al periodismo la primer reacción para ocultar el escándalo.

Tras el fracaso de la mentira se intentó con la culpa. Como esta vez no podía usarse el “Ah, pero Macri”, el Presidente utilizó otra línea argumental: “Fue Fabiola”.

El tiempo pasó y la tercera solución ya no es ante la opinión pública sino ante la Justicia: se optó por pesos. Y es aquí donde el Presidente tirará un misil contra el sistema penal argentino.

En principio, se debe encuadrar el hecho y la solución planteada. El origen del asunto es el nuevo Código Procesal Penal, que ya rige plenamente en Sala y Jujuy. El 13 de noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Implementación del Código del Congreso dispuso poner parcialmente en funcionamiento el sistema a través de la aplicación de ciertos institutos procesales en el ámbito de la justicia federal y nacional. Autorizó, así, la utilización del algunos artículos.

Ese código se inclina por un sistema denominado acusatorio en el que, que a diferencia del anterior llamado inquisitivo, el fiscal asume la investigación de los delitos. Justamente, esta nueva función más aquellos artículos del nuevo código son los que se utilizaron para que el Presidente intente terminar con la acusación. Y acá empiezan el camino de las secuelas que podría dejar la solución del 1,6 millones.

Como se dijo, hay varios artículos que se aplican en todo el país. En este caso, aplican dos. El primero es el 31, que habla de los “criterios de oportunidad. La norma le entrega al Fiscal la posibilidad de extinguir o limitar la acción penal si se dan algunas de las siguientes condiciones. La primera, si se “tratase de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público”.

Una Comisión Bicameral puso en vigencia varios artículos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación

La segunda, “si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional; y la tercera “si el imputado [el Presidente y su pareja, en este caso] hubieran sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena; y finalmente, “la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta”.

Podrá el lector sacar sus conclusiones, sin necesidad de ser abogado, respecto de la posibilidad de encuadrar o no la errática conducta del Presidente y sus invitados a entonar el feliz cumpleaños en Olivos. Pocas cosa son más relevantes para el ordenamiento jurídico de una sociedad moderna que la necesidad de que sus autoridades respeten las normas que hacen cumplir a sus administrados. Eso, claro, sin llegar al extremo de pensar que el infractor es el emisor de ley.

Pero en el supuesto caso que el fiscal haya visto que la aquel hecho se podría encuadrar en ese artículo, pues viene el segundo. El 34 es el que dispone la conciliación: “El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación”.

Ahora bien, la primer pregunta que seguramente el Fiscal no llegó a hacerse es quién es la víctima. El delito contra la salud pública que el Presidente cometió es de los llamados de “peligro abstracto”. Es decir, no hay un damnificado directo sino que van contra el bien jurídico protegido. En este caso, como se dijo, “la salud pública”. Para que se entienda, son también de peligro abstracto, por ejemplo, la tenencia de armar o la de estupefacientes. En ninguno de los dos casos hay una víctima concreta sino que lo que busca el derecho al penar esas conductas es una suerte de protección social.

A diferencia de los delitos llamados de resultado, donde claramente es necesaria la acción que lo produzca o lo intente producir, los de peligro abstracto no tienen víctima. Las irregularidades brotan por donde se analice la solución planteada por el Presidente y aceptada por el Fiscal. Justamente esta conciliación fue diseñada para realizar acuerdos conciliatorios suponen un imputado y una víctima, que, suponen delitos patrimoniales cuya reparación se limite al contenido económico.

A la hora de interpretar el derecho a la manera del poder, el Presidente usó un vericueto más para eludir el peso de la ley. Si bien Comisión Bicameral no ha puesto en vigor a todo el Código, hay una pauta que no puede soslayarse ya que que sienta los principios y la base interpretativa del sistema. El artículo 30 dice: “No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo”.

Es posible que el Presidente diga que esa torta prohibida se comió en el marco de su vida privada y no en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, cada uno de los que llegó a Olivos esa noche donde todo el país se quedaba quieto por pedido, justamente, del anfitrión, pudieron circular por ir a la casa presidencial.

El presidente Alberto Fernández anuncia nuevas restricciones durante la pandemia

Llegado el caso de que la solución se acepte, pasará algo mucho más grave que la devaluación moral la figura del Presidente y de la Justicia. Quedará estampado un antecedente que se podría utilizar en miles de casos donde el delito sea de peligro abstracto. Las defensas de quienes delinquen podrían aducir esta jurisprudencia para arreglar causas por tenencias de armas o de drogas. Exclamarán “Gracias Presidente” a los gritos. Porque ya no sólo irán por evitar la cárcel para sus defendidos sino que podrán apuntar a la extinción de la acción penal.

Y si este desatino es poco, una cosas más: se instalará la Justicia de la billetera ya que sólo será posible la extinción para los solventes. O los que puedan conseguir un crédito, como dijo el Presidente que hará en el caso de que acepten su fallida solución.

Para el final, Tom Tyler un enorme profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Su trabajo apunta a la obediencia del derecho. Su axioma es fácil de entender: “El estado de derecho solo será posible si los ciudadanos se sientan obligados -no solo jurídicamente- a cumplir con las normas. Esta es y será la condición más importante para hablar de Estado de Derecho”. Pero el hombre agrega algo más: “El cumplimiento por parte de los ciudadanos no es un acto de fe; y si los ciudadanos respetan las normas es porque además de conocerlas y tener noción de la importancia de su cumplimiento, saben que tienen un origen democrático, que están orientadas a salvaguardar sus derechos y que no están diseñadas para el beneficio de las autoridades o los poderosos”. El profesor, agrega, además, una gran verdad: “El cumplimiento se basa en que los ciudadanos sepan que los funcionarios son los primeros en cumplirlas”.

Como se dijo al principio, todo va mucho más allá que los millones de pesos que ofreció el Presidente; las consecuencias de semejante interpretación del derecho son mucho más profundas. Afectan el sistema normativo y particularmente, el ordenamiento penal. Se trata, quizá, de un compendio de miserias y egoísmos que, lamentablemente, la Argentina toma como naturales.

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Notas de Opinión

La presión de Cristina y los proyectos detenidos

La vicepresidente defiende los acuerdos con China, paralizados por impericia o influencia de los Estados Unidos en el gobierno.

Columna publicada originalmente en Clarín.

Cristina presiona al gobierno desde el Parlamento. Lo hace con proyectos de ley vinculados a lo económico (anticipo del pago del salario mínimo vital y móvil, moratorias previsionales, blanqueo para pagar la deuda con el Fondo), a lo judicial (modificación del Consejo de la Magistratura, ampliación de la Corte) y la política exterior: la vicepresidente defiende los acuerdos con China, paralizados por impericia o influencia de los Estados Unidos en el gobierno.

Su correveidile el senador Oscar Parrilli, presentó el 26 de abril una nota en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles pidiendo que se cite a Gustavo Beliz para que informe el estado de una lista de programas de infraestructura con participación china.

Para la Cámpora, Beliz -a quien llaman “Lopecito”- es, como Guzman, un “empleado” de la embajada de Estados Unidos y bajo su área pasan todos los proyectos con financiamiento internacional. Para la Casa de Gobierno la agenda con China no está postergada y el kirchnerismo “debería dejar de ver Netflix”.

La paranoia k sobre el punto se reavivó con la visita de Ana Ganzer, subsecretaria adjunta de Política de No Proliferación del Departamento de Estado.

Ganzer expresó su preocupación sobre la construcción de Atucha III, que está en una etapa de cuenta regresiva; en las reuniones técnicas cuestionó la capacidad de China para construir centrales nucleares tipo Hualong, como la que construirían en el país. Atucha III costará unos 8.300 millones de dólares y tendrá un plazo de ejecución de ocho años.

El proyecto está en el convenio marco con China desde 2014 y hoy sigue demorado. Desde 2013 y con financiamiento de un consorcio de bancos chinos se anunció la construcción de las represas Kirchner y Cepernic. Cinco mil millones de dólares y 66 meses de gracia para que Argentina evitara hacer desembolsos y empezara a pagar recién cuando las centrales generaran energía.

El plazo ya se cumplió y Argentina debería ahora pagar 1.500 millones de dólares que no tiene, ante lo cual China cortó el resto de los desembolsos. Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en Beijing, anunció en febrero un acuerdo para saldar las diferencias, pero según los K los papeles quedaron cajoneados seis meses en el despacho de Beliz.

Ahora esperan un DNU del Ejecutivo saldando el tema. Los técnicos del gobierno argumentan que no hay malas intenciones: en la original represa bautizada Nestor Kirchner están realizando estudios de suelo porque se rajó en parte de la construcción.

Tanto la Néstor como la Cepernic son represas de paso, donde se acumula el agua naturalmente y se administra el paso por las turbinas para generar electricidad. Según los técnicos el caudal del río Santa Cruz no permitiría generar una cantidad de energía suficiente que facilite el repago de la obra.

La suerte de la central térmica Manuel Belgrano II fue peor: ni siquiera empezó. Fue adjudicada en el segundo mandato de Cristina; una UTE entre Electroingeniería (el viejo tallercito cordobés de Ferreyra) con la empresa china CNTIC, financiada por el Exim Bank de China con 1.122 millones de dólares.

El proyecto AMBA I, para reforzar el “anillo energético” en el conurbano está en el banco esperando el financiamiento del ICBC y del Bank of China, y la Represa Chihuido I ya lleva siete años desde su lanzamiento esperando un financiamiento de Rusia que nunca llegó. En marzo de 2021 la firma Power China intentó manotear el proyecto pero finalmente el gobierno decidió que fuera Alemania quien lo llevara a cabo. Llevar a cabo es una metáfora, ya que tampoco empezó.

La pelea que encabeza la agenda económica con Estados Unidos es la del 5G. La Madre Patria (Washington, claro) ya empezó a recorrer distintas oficinas del gobierno con folletos del proyecto Open RAN, la tecnología de Ericcson y Nokia que compite con la china Huawei. Quienes decidirán finalmente el asunto (para los K, el “Eje atlántico” del gobierno) son la Secretaria de Comunicaciones que depende del Jefe de Gabinete , el Negro Juan Manzur, la Cancillería de Cafierito y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Beliz.

Hace un tiempo el gobierno miró de cerca el modelo 5G de Brasil, que dividió el negocio entre la china Huawei y otra concesión destinada a proveer 5G al gobierno local donde los inversores chinos estaban bloqueados, modelo que tenía el visto bueno del gobierno americano. Hoy sin embargo se decidió demorar la instalación del 5G con el argumento de extender el 4G instalando fibra óptica en la última milla de las localidades del interior. Julio será el mes en que el gobierno decidirá volver sobre el 5G y la batalla con los K volverá a recrudecer.

La Hidrovía es, por último, el otro negocio conflictivo. Son 1.635 kilometros que permiten salida hacia el Océano de distintas embarcaciones de carga; por ella sale el 80% de las exportaciones del país. El negocio está en el cobro de peajes a los barcos que entran y salen por el corredor.

La Hidrovía tiene una larga historia de denuncias y escándalos, y en septiembre el gobierno decidió llamar a licitación internacional por el dragado, balizamiento y servicios. China estaba especialmente interesada (es nuestro principal comprador de soja) y Estados Unidos también estaba interesado, pero en que China no ganara la licitación.

El concurso se frenó en marzo pasado, porque solo una de las cuatro propuestas supero la etapa técnica: la empresa belga Jan de Nul fue la única habilitada para presentarse en la segunda etapa. En abril, se conoció una carta de la empresa china Communications Construction Company (CCC) al embajador argentino Vaca Narvaja haciendo lobby por la Hidrovía ya que el proyecto ”está altamente alineado con los principios de cooperación del programa de la nueva Ruta de la Seda”.

La Coalición Cívica hizo una denuncia ante la justicia por “tráfico de influencias” y el fiscal Guillermo Marijuan dispuso varias medidas de prueba.

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