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Notas de Opinión

La batalla final contra la Corte

El kirchnerismo quiere impedir que el presidente del Tribunal controle también la Magistratura. Planea una ofensiva contra los cuatro jueces, que incluye una marcha. Busca renuncias y la ampliación del número de miembros.

Gerónimo Ustarroz es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Una clave de carga. Hermano del ministro del Interior camporista, Eduardo De Pedro. El funcionario, oriundo de Mercedes, estuvo en los últimos días dedicado a una misión discreta: dialogar con consejeros de la oposición para encontrar de acuerdo sobre la nueva ley de aquel Consejo que el Congreso debería sancionar antes de que concluya abril. La vigente ahora, reformada en 2006 por Cristina Fernández, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Presentada de esa manera, la gestión de Ustarroz no resultaría llamativa. La impresión podría cambiar al revisar la entretela. En la pretendida búsqueda de una coincidencia, el consejero arrimó un par de sugerencias. La primera, convocante: la disposición del kirchnerismo para tratar en el Senado la designación de un nuevo procurador general, que sustituya al interino Eduardo Casal. El único postulante que permanece es el juez Daniel Rafecas, impulsado por Alberto Fernández. Que terminó recibiendo el apoyo de Juntos por el Cambio. La segunda, disruptiva: la posibilidad que la futura ley no contemple al presidente de la Corte Suprema como titular del organismo.

Nadie descubre si la propuesta de Ustarroz forma parte de un arresto personal o una estrategia del Gobierno. Sucede algo similar en otros planos. Alberto y Martín Guzmán, el ministro de Economía, escenifican la necesidad de consenso con Juntos por el Cambio para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero vituperan a sus principales dirigentes cada vez que pueden por el endeudamiento tomado.

Uniendo los cabos que deja sobre la escena la política se podría arribar a una conclusión. El objetivo central del Gobierno reside ahora en la desestabilización de la Corte Suprema. La propuesta de Ustarroz no puede desvincularse de otro hecho. La marcha convocada para el primer día de febrero contra el máximo Tribunal, espoleada hasta ahora por el Presidente, el ministro y el vice de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena. Detrás está encolumnado todo el kirchnerismo rabioso.

La determinación K de impulsar una ofensiva final tuvo su hito, justamente, en la inconstitucionalidad que los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y, con matices, Ricardo Lorenzetti) estamparon al Consejo de la Magistratura tergiversado en su versión original. Ordenaron reponer los 20 miembros reducidos luego a 13. No se trata de un asunto matemático: la recomposición dificultaría el margen que siempre dispuso el kirchnerismo para designar y destituir magistrados. Amén del manejo de una caja millonaria. Herramientas que supo manipular Cristina. El desencuentro entre la Corte y el kirchnerismo reconoce antecedentes que fueron olvidados. En su último ciclo como jefe del cuerpo, Lorenzetti exhortó a la política a que fuera respetado el espíritu original del Consejo. En 2009, con otra conformación del Tribunal, el fallecido juez Carlos Fayt reclamó la modificación del organismo.

El pasado y el presente ofrecen un puente visible. Los gobiernos kirchneristas siempre probaron cambios en las reglas de la institucionalidad para edificar un sistema judicial acorde a sus necesidades. Alberto también lanzó su propia reforma. Esas necesidades aumentaron desde que la hoy vicepresidenta quedó embretada en un cúmulo de causas judiciales por corrupción.

La sanción de una nueva Ley de la Magistratura, que promete ser tratada en sesiones extraordinarias, no augura un tránsito apacible. Quedó claro, en los sondeos de Ustarroz, que Juntos por el Cambio no parece dispuesto a retacearle al titular de la Corte (ahora Rosatti) su condición de rector del organismo. El diputado Mario Negri presentó un proyecto con dicha premisa. Sorprendente unanimidad, para estos tiempos, en la coalición opositora. Se trata de la mayor disyuntiva, aunque no la única. Está en discusión, entre varios, la nominación de dos abogados y dos académicos que deberían surgir por elecciones del Colegio de Abogados y el Consejo Interuniversitario Nacional. El calendario es muy apretado y la pandemia estorba.

Ese panorama potencia para el Gobierno en el mundo judicial las incertidumbres que soporta en la política. Explica el embate contra la Corte Suprema que, bajo la óptica del sentido común, estaría fuera de contexto. ¿Por qué lanzarse a semejante aventura en una coyuntura objetiva de debilidad? Después de dos derrotas electorales consecutivas. ¿Cómo harían para cubrir hipotéticas vacantes con un Congreso tan equilibrado, donde el oficialismo formalmente resignó el quórum en el Senado? Algo más en qué reparar: Alberto ni siquiera se ocupó de proponer un reemplazante luego de la dimisión de Elena Highton.

Las argumentaciones lógicas suelen ser consumidas demasiadas veces en el kirchnerismo por las urgencias. Desata el ímpetu ciego de un tapir, con el perdón para el fallecido frondicista Rogelio Frigerio y el desarrollismo. Las urgencias son claras: después de la feria judicial la Corte Suprema puede expedirse sobre asuntos muy sensibles. El conflicto sobre coparticipación planteado por Horacio Rodríguez Larreta, por la quita dispuesta por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a Axel Kicillof. Nueve recursos presentados por la defensa de Cristina en la causa por la obra pública. El único juicio oral y público que está en curso desde mayo del 2019 administrado por el Tribunal Oral Federal 2.

En los primeros días de febrero ese trámite recibirá cuatro testimonios estelares. Los de Alberto, Sergio Massa, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Jefes de Gabinete en diferentes épocas kirchneristas. También hablará Carlos Zannini, el procurador del Tesoro. Ya expuso Roberto Lavagna, ex ministro de Economía hasta el 2006. Corroboró la existencia de una cartelización de la obra pública. Vale un recordatorio breve: la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

En este marco de desesperación se inscribiría la aceptación de Ustarroz para considerar la designación de otro procurador. No sólo porque se trata del jefe de los fiscales. Serán ellos que los ganan protagonismo en el sistema acusatorio penal. La opinión del procurador, además, antecederá a cualquier fallo de la Corte. El consejero kirchnerista deslizó, en verdad, una postura moderada. En la “mesa judicial” K (Oscar Parrilli, Eduardo Valdes, Roberto Taihade y Lepoldo Moreau), impera una ambición más drástica: barrer además con Julio Conte Grand, procurador en Buenos Aires, y Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad. Propuesto por Rodríguez Larreta. También nativo de Mercedes, como Ustarroz y De Pedro.

En todos los casos se vislumbra la misma dificultad. El Frente de Todos tiene imposibilidad de reunir los dos tercios en la Legislatura bonaerense. Se ilusionaron con la diáspora que generó en el vidalismo la desobediencia que habilitó otra reelección a los intendentes del Conurbano. La avanzada contra la ex gobernadora por el supuesto armado de causas contra la mafia sindical volvió a abroquelarlos. Tampoco los K tienen los votos en la Ciudad.

El empeño por chocar contra los muros es una condición del Gobierno. O del Frente de Todos. Obedece, sin dudas, a dos razones: no hay una conducción en la gestión; no existe una estrategia esbozada cada vez que aborda un problema. El único liderazgo lo representa la primera minoría de la vicepresidenta en la coalición oficial. Insuficiente.

Alberto asoma demasiado desprotegido. Cualquiera se anima a desafiarlo. La máxima expresión fue aquella renuncia de De Pedro, después de las PASO, que abrió la crisis en el Gabinete. Se advierten ahora episodios que desnudan la vacuidad de sus órdenes y palabras. Pidió a los funcionarios que no fueran de vacaciones al exterior. Luana Volnovich, la titular del PAMI, apareció en una isla mexicana. Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda, prefirió descansar en Cuba.

Tal desaprensión se extiende a casi todos los terrenos. Es muy difícil, por ejemplo, seguir el hilo de la política exterior. Salvo que se convenga que es solo un enmarañado reflejo de la interna del FdT y de las exigencias de Cristina. El Presidente pidió un gesto de apoyo explícito de Joe Biden a la negociación con el FMI. Santiago Cafiero, el canciller, tiene una audiencia prevista en Washington con el secretario de Estado, Anthony Blinken. La tercera figura en importancia de la Casa Blanca.

En simultáneo, el Gobierno envió una delegación a la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua. Reelecto con los opositores encarcelados. Estuvo presidida por el embajador Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco. En la misma ceremonia se vio a Mohsen Rezai, el iraní con pedido de captura internacional por el atentado en la AMIA. El Gobierno protestó a Managua luego de la divulgación periodística y de un comunicado de Juntos por el Cambio. Luego saludó a Ortega. Muy tarde explicó que Managua había desoído una solicitud de Interpol para la captura de Rezai. Comportamiento trágico y esperpéntico.

El Presidente se hizo cargo de la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde no figura EE.UU. Tampoco Brasil. Sí, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aclaró que no se trata de enfrentar a nadie, en alusión a la OEA. El bloque podría servir a la estrategia de China en la región. Dispondrá para su expansión de una plataforma unificada de naciones que le simplificará la trabajosa negociación bilateral que desarrolla hace décadas. Detalle que tampoco pasaría inadvertido para Washington.

Notas de Opinión

La verdadera deuda de la política argentina

Las estadísticas sobre los niveles de empleo y educación de los jóvenes dejan en evidencia la falta de futuro para gran parte de la sociedad

Columna publicada originalmente en Infobae

Cuando nos referimos a las deudas que la dirigencia política mantiene con la sociedad en general nos limitamos a hacer una descripción de los indicadores que más preocupan: inflación (hoy en niveles que cualquier país civilizado los rotularía hiperinflacionarios), la destrucción crónica de nuestra moneda, el nivel de pobreza, la indigencia y hasta los niveles de ocupación y subocupación. Claramente a estos clásicos reclamos se suman la inseguridad, la educación y la salud pública los que seguramente deban agregárseles muchos otros que dan cuenta de lo alejada que ha estado y está la dirigencia política argentina de las verdaderas preocupaciones y temores de la gente.

Lo cierto es que pocas veces nos detenemos a analizar con cierto grado mayor de profundidad el verdadero daño que han causado décadas de corrupción, desidia y negligencia en el presente y en el futuro de los argentinos.

Recientemente el “Observatorio de la Deuda Social Argentina” de la UCA nos ha proporcionado datos absolutamente lapidarios que explican la verdadera deuda que tiene la política local con la sociedad. Según el estudio la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años no tienen acceso al sistema educativo. El nivel de educación en Argentina es una calamidad, a tal punto que de aquellos que se encuentran dentro del 50% de personas del mencionado rango etario que efectivamente logran acceder a la educación, muchos de ellos lo hacen con serias dificultades en áreas como matemáticas e incluso muchas veces fallan en la compresión de textos.

Los datos que siguen son aún más desoladores: uno de cada cuatro jóvenes no estudia ni trabaja. La realidad empeora cuando damos un paso más profundizando los detalles del estudio: el 14,8% de los jóvenes entre 18 y 24 años no sólo que no estudian ni trabajan sino que además, no están buscando empleo: esta sí es la foto más nítida de nuestra triste realidad.

La decadencia vivida a través de las décadas en materia educativa ha generado que prácticamente 15 de cada 100 chicos no tengan absolutamente ningún futuro. Dentro de este escenario y en combinación con los índices de pobreza, la proyección de lo que viene es aún más tenebrosa: más de la mitad de los chicos menores de 14 años hoy son pobres en la República Argentina. Esto implica que probablemente la posibilidad de que ellos puedan recibir en el futuro educación de calidad sea ínfima. Si no reciben educación de calidad probablemente en algún tiempo esos chicos engrosen los datos negativos brindados estos días por “Observatorio de la Deuda Social Argentina” de la UCA. Los jóvenes sin educación y sin futuro terminarán siendo cada vez a medida que transcurran los años si es que la política no comprende la gravedad de la situación y se pone a la altura de las circunstancias.

El nivel educativo influye de manera directa en la calidad del empleo al que una persona tenga la posibilidad de acceder. Sin educación el nivel de pobreza está destinado a incrementarse hasta límites inimaginables. La política tiene que entender que de un lado de la mesa del futuro deben sentarse los jóvenes con educación, conocimiento y preparación y del otro lado deben sentarse la inversión que combine el capital con el recurso humano, dando por resultado un futuro de crecimiento y calidad de vida. Por desgracia hasta aquí lo único que ha logrado la política es que en esa mesa del futuro aún no se haya sentado nadie: ésta es la verdadera deuda de la política argentina. Esta deuda no es sólo por lo que los políticos han hecho hasta aquí, sino también por lo que han logrado que jamás nos ocurra mañana: vivir en una Argentina con un futuro digno para todos.

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Economía

Inflación: entre las 4 más altas de los últimos 80 años y la más alta en tres décadas

Si no se le muestra al ciudadano de a pie que el ajuste tiene un propósito real y no toman medidas aisladas, la espiralización inflacionaria estará a la vuelta de la esquina

Columna de opinión publicada originalmente en Infobae

De acuerdo al informe de la Cámara de Comercio y Servicios, podemos ver que revelo que durante los últimos 100 años la tasa de inflación promedio fue de 105% anual, alcanzando un máximo histórico de 3079% en 1989.

Si hacemos un recorrido histórico desde el primer dato oficial de precios al consumidor (después de esta serie histórica Indec modificó la metodología de relevamiento de precios, con periodos donde el IPC dejo de medirse), veremos que en los últimos 60 años (desde 1943 hasta el 2003), fue en la presidencia de Raúl Alfonsín en la que se registro la mayor tasa de inflación anualizada, con un 398%. El contexto trajo devaluaciones, cambio de símbolos monetarios, recesiones y hasta una plan monetario drástico (la convertibilidad) para reducir el aumento generalizado de precios.

Este recorrido, nos da cuenta de dos cosas: primero, convivir con inflación superior a un dígito es lo usual para Argentina, y segundo, llevamos 80 años sin poder solucionarlo.

A partir del 2003, el nivel de inflación lejos de bajar continúa aumentando, ya que hasta el momento la inflación del gobierno Alberto Fernández marca un récord. Si acumulamos toda la inflación hasta abril 2022 (29 meses) da como resultado un nivel de inflación es de 159,36%, dato que si se compara con otros gobiernos, como el de Néstor Kirchner, observamos que este tuvo un acumulado de 24%, CFK I con 30%, CFK II 100% y MM con 95%.

En términos más sintéticos, la gestión Fernández convive con una inflación mensual promedio de 3,3%, una interanual de un 49% y el segundo peor registro de pérdida de poder adquisitivo de la serie. Si usamos la mediana estadística para todos los gobiernos, se reafirma que este mandato califica como el peor registro en 30 años.

 

 

Recordemos que al encontrarnos dentro del programa del FMI, tenemos metas a corto plazo que cumplir con respecto a las metas de política fiscal, ya que se espera que para el 2022 el déficit sea en -2,5%, y que eventualmente se llegue a 2025 con un déficit fiscal de 0%. O sea, no hay más espacio para errores.

Es importante ver que estamos frente a una economía donde ya no tenemos (y no es posible) mas “anclas” del tipo financiero y económico. Dentro del marco del FMI uno de los requisitos es “la normalización de los precios de la economía” y evitar seguir usándolos como anclas inflacionarias. Por lo cual, el Gobierno viene usando diversas formas para normalizar los precios económicos, por ejemplo entre ellas tenemos al dólar oficial que se encuentra acelerándose en un 4% mensual (versus el crawling peg mensual para 2021 de un 1%), tarifas públicas que se encontrarían repuntando en junio, los combustibles al no estar más congelados subieron en torno al 40% desde enero, paritarias salariales que gran parte de ella aumentan por sobre la inflación mensual y con cláusulas de ajustes en corto plazo, pero otras siguen perdiendo en términos reales, como por ejemplo, los planes sociales y jubilaciones, los cuales a pesar de los bonos extras (IFE 4 y Bono a jubilados), continúan licuándose contra la inflación.

Todas estas medidas que se están aplicando son para normalizar la economía, pero antes de ver esta mejora el ajuste será el primer impacto hacia el equilibrio. Todas estas medidas, deben venir acompañadas de un plan integral que permita estabilizar todos los desajustes. Si no se le muestra al ciudadano de a pie que el ajuste tiene un propósito real y no toman medidas aisladas, la espiralización inflacionaria estará a la vuelta de la esquina. De no haber confianza en que el plan funcione el siguiente paso es que se presione aún más sobre el salario real para que deje de perder contra la inflación generando una espiral inflacionaria.

Si sumamos a esto que las metas de política monetaria no se están cumpliendo, ya que con una cosecha récord el BCRA no está logrando acumular dólares en las reservas internacionales (hasta abril se acumuló USD 113 millones), son solo muestras que la devaluación futura se acerca, por lo cual aquella meta de inflación para el 2022 de 33%, hoy ya quedo no sólo olvidada y desfasada, sino que el mismo gobierno acepta la posibilidad real de un waiver es mucho más probable que contener los efectos de la inflación.

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Notas de Opinión

La grieta en la vida: mi psicólogo es de La Cámpora

Es habitual que los dirigentes políticos que se analizan, o que hacen algún tipo de trabajo interno, elijan terapeutas afines a su ideología

Columna publicada originalmente en La Nación

La construcción de un enemigo como método para acumular poder, tal como propone Laclau –el intelectual de cabecera de todos los populismos, pero sobre todo de los Kirchner–, penetró profundamente en nuestros vínculos. Nos llenó de desconfianza, nos dividió, y no solo políticamente, sino también emocionalmente. Después de cavar durante casi 15 años, los efectos de la grieta se dejan ver desde hace rato en la vida cotidiana.

La toxicidad llegó a lugares impensados. La última semana, Twitter fue escenario de un encarnizado debate, a partir de la historia de una mamá, Lucía Bertotto, que canceló el turno con un psicólogo infantil cuando descubrió que era militante de La Cámpora. Cuando le confirmaron el turno para su hija de 10 años, lo buscó en Google y encontró al terapeuta con la pechera de “la Orga”. Con esa nueva información, se comunicó con el psicólogo y le dijo la verdad: “Busco algo más afín a mis valores”. Del lado de los que la masacraron, el usuario @Francisco_srs escribió: “Necesitás un psiquiatra que te medique para que te saque todo ese odio, un docente para que te quite la ignorancia y alguien que te atienda bien también”. Hermoso.

¿Puede la grieta colarse en la sesión con un psicólogo? Y algo más inquietante: ¿podría, incluso, intoxicar la relación médico- paciente?

En una de las tantas crisis de salud por las que atravesó Maradona, uno de sus médicos confesaba en la intimidad: “Fue mi peor diagnóstico, cuando lo vi pensé que se moría, pero vivió 20 años más”. Hablamos de un neurólogo de primera línea. ¿Qué le había pasado? Un fenómeno emocional, que se gatilla con las celebridades: el médico fue capturado por el astro y su percepción se alteró. Nada que sorprenda: los médicos no son dioses. Son humanos con emociones. Y un inconsciente.

Pero, si seguimos la línea de Lucía Bertotto, ¿qué diferencia habría entre cancelar una cita con un psicólogo porque es de La Cámpora o cancelarla porque es judío, negro o trans? Mucha.

Una cosa es desestimar a un profesional por prejuicios relacionados con su religión, etnia u orientación sexual y otra muy distinta es, como en el caso de Lucía, ejercer el derecho a informarse y elegir con base en nuestros propios valores. Hablamos de una ampliación de derechos de las democracias modernas, que apunta a la democratización de la relación médico-paciente. El consentimiento informado, planteado por la bioética, es parte de este novedoso pack.

El 7 de octubre de 2013 Cristina Kirchner tuvo miedo de morir. Al otro día la operaban, de urgencia, de un hematoma en el cráneo y su desconfianza más profunda era sobre la identidad del cirujano: ¿sería amigo o enemigo? En esta, que me disculpen, pero le doy la razón. Por más diplomas que tenga, personalmente no elegiría a un cirujano que me odia para que me abra la cabeza.

El asunto puede rozar lo tragicómico. Un colega crítico del Gobierno se sometió, hace un par de años, a una videocolonoscopia. Entró nervioso a practicarse un estudio que no es, precisamente, agradable. Lo esperaban tres profesionales, uno con la jeringa en la mano. Mi colega los observaba indefenso, acostado, desde la camilla. El de la jeringa, para relajarlo, le preguntó a qué se dedicaba. “Periodismo político”, respondió. “Ah, qué interesante. ¿Y de qué lado de la grieta estás?”. El periodista pensó con terror: ¿y si este es ultra-K? “Ni de un lado ni del otro –mintió, guiado por el instinto de supervivencia–. Estoy justo en el centro”.

Pero ¿y el juramento hipocrático? ¿No inmuniza a los médicos con un profesionalismo universal? Freud hablaba de las tres heridas narcisistas de la humanidad. Una la encarnaba Copérnico. Otra, Darwin. Y la tercera, el propio psicoanálisis. Copérnico injurió al ego humano cuando reveló que la Tierra no era el centro del universo. Darwin nos enrostró que somos la evolución del mono y no seres divinos. Y Freud expuso que no es exactamente la voluntad racional la que nos gobierna, sino que, muy a menudo, toma el control de nuestros actos un monstruo irracional llamado inconsciente. Y aunque parezca lo contrario, es en ese territorio puramente emocional donde se inscribe la política. Por eso las pasiones, las peleas familiares, las agresiones en las redes. Y esa adrenalina tan parecida al amor. Como resume Jaime Durán Barba: uno primero es emocionalmente de izquierda o de derecha y después se entera de qué tiene que leer para justificarlo.

En la elección de un psicólogo la cuestión es aún más espinosa. Es habitual que los dirigentes políticos que se analizan, o que hacen algún tipo de trabajo interno, elijan terapeutas afines a su ideología. En el mundo “psi” todos saben quién es quién y qué piensa. Muy probablemente un psicólogo militante de la izquierda dura no valore demasiado la meritocracia. ¿No sería mi derecho optar por uno que sí valore el mérito?

Las terapias no solo tienen una orientación, sino también una “ideología”, si por ideología entendemos una serie de creencias: un modo de ver y entender el mundo. No es lo mismo un psicoanalista clásico que uno gestáltico o transpersonal. O una terapia cognitivo-conductual. O una grupal. O la bioneuroemoción. O la biodecodificación. Para complicar aún más las cosas hoy también entran a jugar las neurociencias. En privado, algunos psicoanalistas clásicos relativizan su importancia: la consideran una moda. Otros la integran.

Un psicólogo clásico, formado en la Argentina, va a estar muy influido por Freud y Lacan y poco o nada por Jung. Tanto predominio tuvo y tiene Lacan en la carrera de Psicología de la UBA que, en los primeros años de la recuperación democrática, aquellos alumnos lo plasmaron, con humor, en un grafiti: “Se fue la cana, llegó Lacan”.

A riesgo de que me odien un poquito en el mundo “psi”, como paciente experimentada que soy, digo: algunos terapeutas deslizan opiniones personales en sus tratamientos, no son solo abordajes asépticos.

¿Y acaso las opiniones no están cargadas de ideología? Escucho las objeciones: si es un buen psicólogo, no puede opinar ni sugerir un curso de acción. Puede. En Los cuadernos de Laura publiqué la historia de una mujer que se atendía simultáneamente con dos terapeutas. Uno, en un grupo; otra, en forma individual. La mujer calificaba a su pareja como tóxica. El terapeuta grupal ponía empeño en mostrarle el aprendizaje que esa relación entrañaba; la individual, en cambio, la veía como un cáncer a extirpar. Uno consideraba la relación “tóxica” como un ejercicio útil para descubrir aspectos propios; la otra, como una enfermedad a curar. Acá no solo hay dos soluciones, sino dos maneras de ver el mundo. ¿Por qué no se podría elegir entre uno y otra?

Entre Jung y Freud también había una grieta. Una grieta bien narrada en Un método peligroso, film histórico-psicológico dirigido por David Cronenberg. Jung no creía en el azar, sino en los mensajes ocultos de las sincronicidades vitales. Freud, su maestro, no. Un mundo con o sin Dios. Optar por un junguiano o un freudiano, ¿es discriminatorio o el ejercicio de la propia libertad?

Como Lucía Bertotto, reivindico mi poder y mi derecho a elegir a quién le voy confiar mi cuerpo y mi mente. Y si un anestesista me va a pinchar, prefiero uno al que le caiga bien. Al que, por ejemplo, le guste lo que escribo. O, de mínima, que no me odie.

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