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Notas de Opinión

Políticos ricos, pueblo pobre

Esa característica de la Argentina explicaría en parte la falta de transparencia de los presupuestos en diversas provincias y municipios

Columna publicada originalmente en Infobae

Si el análisis del despilfarro del gasto público a nivel nacional es una tarea titánica de llevar a cabo por lo dispersa que está la información, bucear en los presupuestos provinciales y municipales es un desafío que muestra la falta de verdadero sentido republicano que hoy impera en Argentina.

Por ejemplo, conseguir el presupuesto desagregado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires es una misión imposible. Lo máximo a lo que se puede acceder, como si fuese una asociación clandestina es muy poco, el gobierno tiene guardado bajo 7 llaves la apertura del gasto de ambas cámaras. Es como si hubiese un juramento de silencio entre todos los bloques de legisladores bonaerenses de no dar a conocer en qué gastan los $17.700 millones que tuvo asignado el cuerpo en 2021 con un costo promedio por legislador, tomando 13 meses para incluir el aguinaldo, equivalente a USD 98.662 por mes. Esto es el sueldo de cada diputado y senador provincial, más los gastos indirectos como automóviles, choferes, asesores, viáticos, etc. Una fortuna donde gran parte del conurbano bonaerense se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Si se toma un partido de gran peso electoral, como es La Matanza, con estimaciones de pobreza que llegan al 45%/50% de la población de unos 2.230.000 habitantes, puede ver que el presupuesto del Concejo Deliberante de 2021 fue de $369.810.199, con 24 ediles. Esto significa que el costo promedio por edil fue equivalente a USD 11.853 por mes, un disparate considerando las condiciones en que se encuentra la población del municipio.

Una de las provincias más pobres de Argentina es Chaco con un 51,9% de su población en ese estado en el Gran Resistencia, aumentó 17,4 puntos porcentuales en 5 años, pero el presupuesto de la legislatura provincial fue en 2021 de $4.160 millones para 32 legisladores provinciales con un costo promedio por legislador de USD 100.000 por mes. Un verdadero despropósito.

Formosa, con una pobreza del 47,4% de sus habitantes tuvo un costo por legislador de US$ 35.821 por mes en 2021.

Catamarca que tiene una pobreza del 46% de la población, tiene una legislatura con un costo de $3.167 millones en 2021, equivalente por cada uno de sus 57 legisladores a USD 42.740 mensuales.

Un caso realmente alarmante es el de Neuquén, provincia en que su ubica fundamentalmente el reservorio de petróleo y gas de Vaca Muerta, pasó de una pobreza del 27,1% de sus habitantes en 2016 al 41% en el primer semestre de 2021. Sin embargo, pese a semejante deterioro del principal indicador social el Congreso provincial tuvo un costo de USD 65.604 por mes por legislador.

La política se ha transformado en un gran negocio en el que muchos quieren entrar para salvarse, por eso están sobredimensionados los congresos provinciales. En la Argentina hay en total 1.199 legisladores provinciales, a razón de uno por cada 38.365 habitantes.

El cuadro precedente muestra los presupuestos anuales de cada legislatura provincial (se tomaron los datos conjuntos de senados y diputados en las provincias en que hay dos cámaras y en la cantidad de legisladores se sumaron ambos cuerpos cuando no es unicameral).

Como puede verse, Tucumán con un 46% de la población en estado de pobreza es la provincia que más costo tiene por legislador: USD 156.968 por mes. El costo incluye sueldo más gastos directos e indirectos de la legislatura.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la segunda con mayor costo por legislador, delante de Chaco.

En promedio, cada legislador provincial tiene un costo mensual de USD 49.046, esto llevado al total anual para mantener a todos los congresos de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país a USD 764 millones.

Sobrepoblación de legisladores

En Argentina hay, en promedio, un legislador provincial por cada 38.365 habitantes.

En Estados Unidos, con 50 estados, tienen un total de 7.243 legisladores estaduales con un promedio de 1 legislador por cada 45.561 habitantes.

Por su parte, las comunidades autónomas de España tienen un total de 1.103 legisladores lo que da un promedio de un legislador por cada 43.000 habitantes.

En síntesis, no se pretende en estas líneas decir que tienen que desaparecer los congresos provinciales, lo que sí podría pensarse es una regionalización para reducir las estructuras burocráticas de las provincias.

El mensaje es que la Argentina está sumergida en la pobreza porque la política se ha transformado en un fenomenal negocio al servicio de unos pocos que logran escalar económicamente entrando en la actividad partidaria con muy buenas remuneraciones e “ingresos adicionales”.

Si a estas estructuras legislativas se le agregan los concejos deliberantes de los municipios que rondan los 2.500 puestos, más todas las estructuras ejecutivas a nivel nacional, provincial y municipal, más empresas públicas parasitarias como pueden ser Aerolíneas Argentinas e infinidad de otras más, no cabe duda que hay mucho para recortar en el gasto público.

En definitiva, tanto se ha transformado la política en un negocio, que por eso tenemos políticos ricos y población más pobre.

Notas de Opinión

La batalla final contra la Corte

El kirchnerismo quiere impedir que el presidente del Tribunal controle también la Magistratura. Planea una ofensiva contra los cuatro jueces, que incluye una marcha. Busca renuncias y la ampliación del número de miembros.

Gerónimo Ustarroz es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Una clave de carga. Hermano del ministro del Interior camporista, Eduardo De Pedro. El funcionario, oriundo de Mercedes, estuvo en los últimos días dedicado a una misión discreta: dialogar con consejeros de la oposición para encontrar de acuerdo sobre la nueva ley de aquel Consejo que el Congreso debería sancionar antes de que concluya abril. La vigente ahora, reformada en 2006 por Cristina Fernández, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Presentada de esa manera, la gestión de Ustarroz no resultaría llamativa. La impresión podría cambiar al revisar la entretela. En la pretendida búsqueda de una coincidencia, el consejero arrimó un par de sugerencias. La primera, convocante: la disposición del kirchnerismo para tratar en el Senado la designación de un nuevo procurador general, que sustituya al interino Eduardo Casal. El único postulante que permanece es el juez Daniel Rafecas, impulsado por Alberto Fernández. Que terminó recibiendo el apoyo de Juntos por el Cambio. La segunda, disruptiva: la posibilidad que la futura ley no contemple al presidente de la Corte Suprema como titular del organismo.

Nadie descubre si la propuesta de Ustarroz forma parte de un arresto personal o una estrategia del Gobierno. Sucede algo similar en otros planos. Alberto y Martín Guzmán, el ministro de Economía, escenifican la necesidad de consenso con Juntos por el Cambio para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero vituperan a sus principales dirigentes cada vez que pueden por el endeudamiento tomado.

Uniendo los cabos que deja sobre la escena la política se podría arribar a una conclusión. El objetivo central del Gobierno reside ahora en la desestabilización de la Corte Suprema. La propuesta de Ustarroz no puede desvincularse de otro hecho. La marcha convocada para el primer día de febrero contra el máximo Tribunal, espoleada hasta ahora por el Presidente, el ministro y el vice de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena. Detrás está encolumnado todo el kirchnerismo rabioso.

La determinación K de impulsar una ofensiva final tuvo su hito, justamente, en la inconstitucionalidad que los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y, con matices, Ricardo Lorenzetti) estamparon al Consejo de la Magistratura tergiversado en su versión original. Ordenaron reponer los 20 miembros reducidos luego a 13. No se trata de un asunto matemático: la recomposición dificultaría el margen que siempre dispuso el kirchnerismo para designar y destituir magistrados. Amén del manejo de una caja millonaria. Herramientas que supo manipular Cristina. El desencuentro entre la Corte y el kirchnerismo reconoce antecedentes que fueron olvidados. En su último ciclo como jefe del cuerpo, Lorenzetti exhortó a la política a que fuera respetado el espíritu original del Consejo. En 2009, con otra conformación del Tribunal, el fallecido juez Carlos Fayt reclamó la modificación del organismo.

El pasado y el presente ofrecen un puente visible. Los gobiernos kirchneristas siempre probaron cambios en las reglas de la institucionalidad para edificar un sistema judicial acorde a sus necesidades. Alberto también lanzó su propia reforma. Esas necesidades aumentaron desde que la hoy vicepresidenta quedó embretada en un cúmulo de causas judiciales por corrupción.

La sanción de una nueva Ley de la Magistratura, que promete ser tratada en sesiones extraordinarias, no augura un tránsito apacible. Quedó claro, en los sondeos de Ustarroz, que Juntos por el Cambio no parece dispuesto a retacearle al titular de la Corte (ahora Rosatti) su condición de rector del organismo. El diputado Mario Negri presentó un proyecto con dicha premisa. Sorprendente unanimidad, para estos tiempos, en la coalición opositora. Se trata de la mayor disyuntiva, aunque no la única. Está en discusión, entre varios, la nominación de dos abogados y dos académicos que deberían surgir por elecciones del Colegio de Abogados y el Consejo Interuniversitario Nacional. El calendario es muy apretado y la pandemia estorba.

Ese panorama potencia para el Gobierno en el mundo judicial las incertidumbres que soporta en la política. Explica el embate contra la Corte Suprema que, bajo la óptica del sentido común, estaría fuera de contexto. ¿Por qué lanzarse a semejante aventura en una coyuntura objetiva de debilidad? Después de dos derrotas electorales consecutivas. ¿Cómo harían para cubrir hipotéticas vacantes con un Congreso tan equilibrado, donde el oficialismo formalmente resignó el quórum en el Senado? Algo más en qué reparar: Alberto ni siquiera se ocupó de proponer un reemplazante luego de la dimisión de Elena Highton.

Las argumentaciones lógicas suelen ser consumidas demasiadas veces en el kirchnerismo por las urgencias. Desata el ímpetu ciego de un tapir, con el perdón para el fallecido frondicista Rogelio Frigerio y el desarrollismo. Las urgencias son claras: después de la feria judicial la Corte Suprema puede expedirse sobre asuntos muy sensibles. El conflicto sobre coparticipación planteado por Horacio Rodríguez Larreta, por la quita dispuesta por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a Axel Kicillof. Nueve recursos presentados por la defensa de Cristina en la causa por la obra pública. El único juicio oral y público que está en curso desde mayo del 2019 administrado por el Tribunal Oral Federal 2.

En los primeros días de febrero ese trámite recibirá cuatro testimonios estelares. Los de Alberto, Sergio Massa, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Jefes de Gabinete en diferentes épocas kirchneristas. También hablará Carlos Zannini, el procurador del Tesoro. Ya expuso Roberto Lavagna, ex ministro de Economía hasta el 2006. Corroboró la existencia de una cartelización de la obra pública. Vale un recordatorio breve: la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

En este marco de desesperación se inscribiría la aceptación de Ustarroz para considerar la designación de otro procurador. No sólo porque se trata del jefe de los fiscales. Serán ellos que los ganan protagonismo en el sistema acusatorio penal. La opinión del procurador, además, antecederá a cualquier fallo de la Corte. El consejero kirchnerista deslizó, en verdad, una postura moderada. En la “mesa judicial” K (Oscar Parrilli, Eduardo Valdes, Roberto Taihade y Lepoldo Moreau), impera una ambición más drástica: barrer además con Julio Conte Grand, procurador en Buenos Aires, y Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad. Propuesto por Rodríguez Larreta. También nativo de Mercedes, como Ustarroz y De Pedro.

En todos los casos se vislumbra la misma dificultad. El Frente de Todos tiene imposibilidad de reunir los dos tercios en la Legislatura bonaerense. Se ilusionaron con la diáspora que generó en el vidalismo la desobediencia que habilitó otra reelección a los intendentes del Conurbano. La avanzada contra la ex gobernadora por el supuesto armado de causas contra la mafia sindical volvió a abroquelarlos. Tampoco los K tienen los votos en la Ciudad.

El empeño por chocar contra los muros es una condición del Gobierno. O del Frente de Todos. Obedece, sin dudas, a dos razones: no hay una conducción en la gestión; no existe una estrategia esbozada cada vez que aborda un problema. El único liderazgo lo representa la primera minoría de la vicepresidenta en la coalición oficial. Insuficiente.

Alberto asoma demasiado desprotegido. Cualquiera se anima a desafiarlo. La máxima expresión fue aquella renuncia de De Pedro, después de las PASO, que abrió la crisis en el Gabinete. Se advierten ahora episodios que desnudan la vacuidad de sus órdenes y palabras. Pidió a los funcionarios que no fueran de vacaciones al exterior. Luana Volnovich, la titular del PAMI, apareció en una isla mexicana. Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda, prefirió descansar en Cuba.

Tal desaprensión se extiende a casi todos los terrenos. Es muy difícil, por ejemplo, seguir el hilo de la política exterior. Salvo que se convenga que es solo un enmarañado reflejo de la interna del FdT y de las exigencias de Cristina. El Presidente pidió un gesto de apoyo explícito de Joe Biden a la negociación con el FMI. Santiago Cafiero, el canciller, tiene una audiencia prevista en Washington con el secretario de Estado, Anthony Blinken. La tercera figura en importancia de la Casa Blanca.

En simultáneo, el Gobierno envió una delegación a la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua. Reelecto con los opositores encarcelados. Estuvo presidida por el embajador Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco. En la misma ceremonia se vio a Mohsen Rezai, el iraní con pedido de captura internacional por el atentado en la AMIA. El Gobierno protestó a Managua luego de la divulgación periodística y de un comunicado de Juntos por el Cambio. Luego saludó a Ortega. Muy tarde explicó que Managua había desoído una solicitud de Interpol para la captura de Rezai. Comportamiento trágico y esperpéntico.

El Presidente se hizo cargo de la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde no figura EE.UU. Tampoco Brasil. Sí, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aclaró que no se trata de enfrentar a nadie, en alusión a la OEA. El bloque podría servir a la estrategia de China en la región. Dispondrá para su expansión de una plataforma unificada de naciones que le simplificará la trabajosa negociación bilateral que desarrolla hace décadas. Detalle que tampoco pasaría inadvertido para Washington.

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Notas de Opinión

Inflación: todo el pasado por delante

Pisar el dólar y las tarifas, sumar todo tipo de controles sobre los precios, además de prohibiciones a las exportaciones de alimentos (carne, trigo, maíz), son un clásico en Argentina, pese a que está probado su fracaso

Columna de opinión publicada originalmente en Infobae

Pisar el dólar y las tarifas, sumar todo tipo de controles sobre los precios, además de prohibiciones a las exportaciones de alimentos (carne, trigo, maíz), son un clásico en Argentina para intentar frenar la inflación. Estas prácticas se realizan desde 1936 a la fecha por todos los gobiernos, democráticos o no, salvo la pausa en la década de los 90. Es sabido que este manual de la heterodoxia criolla que todavía se enseña en casi todas las facultades de economía del país, no frena la inflación.

Este recetario estancado en los setenta lo único que genera es un descomunal atraso de precios en los sectores afectados, que hace colapsar la inversión del sector en el corto y la oferta del bien o servicio en el largo.

La inflación de los últimos dos años acumuló un 105%, según datos oficiales, pero en los principales sectores regulados como son los servicios públicos de electricidad y gas, el aumento de tarifas fue de sólo 11% en igual período. Ello implica que para igualar la inflación de los últimos dos años, las tarifas de gas y electricidad necesitarían un aumento del 85%. En breve, implica que se necesitará duplicar las tarifas.

Otros sectores como telefonía e internet necesitan aumentos del 42% para igual la inflación de los últimos dos años. Las prepagas necesitan un incremento del 26%, y el transporte público del 24%, sólo por mencionar algunos de los sectores más afectados.

Más aún, eliminar todos los controles de precios de la economía de los últimos dos años, generaría un impacto directo sobre la inflación de 6,8 puntos porcentuales, y sobre eso falta sumar el impacto indirecto.

Dicho en otros términos, todos los controles de precios de los últimos dos años “restaron” a la inflación 6,8 puntos porcentuales, equivalente a dos meses de inflación de 3,4% mensual.

La misma política económica, la misma crisis

La historia demuestra que los controles de precios acumulan tensiones en la economía que se hacen imposibles de sostener. Es que pisar precios y tarifas sale plata. Pisar precios hace volar el gasto público porque lo que no paga el privado, lo tiene que pagar el Estado. La cuenta de los subsidios escala en forma exponencial y a gatas el Estado cubre el gasto corriente, generando una descapitalización del sector porque no cubre las inversiones necesarias.

La dinámica es todavía peor. El creciente gasto en subsidios que le genera el control de precios, usualmente lo cubre con más emisión monetaria, generando más inflación y ampliando la brecha entre los precios reales y los precios controlados por la política. El déficit energético llega con una brecha cambiaria creciente y una inflación que, pese a todos los controles, no frena. La crisis culmina en colapso energético, cambiario y fiscal, todo en simultaneo.

Ya no hay reservas en el BCRA para pisar el dólar y menos para esconder el déficit energético que vuelve a toda velocidad. El desenlace en este contexto no tardará en llegar.

El “Rodrigazo” de 1975 fue la crisis económica que llegó cuando se acabaron las reservas del BCRA y el poder político para seguir pisando las tarifas. La explosión de precios todavía se recuerda entre argentinos que peinan canas porque tras esa crisis, argentina empezó a vivir con tres dígitos de inflación la siguiente década. Pero no fue la primera gran crisis por esta política económica.

En 1955 pasó lo mismo tras una década de pisar dólar, precios y tarifas y comerse todas las reservas del BCRA para sostener los “precios cuidados” de la época. La década kirchnerista fue lo mismo pero en este siglo. La crisis demoró en llegar porque, así como Perón se comió todas las reservas del BCRA que dejó la segunda guerra mundial, el Kirchnerismo se comió todas las reservas que dejó la soja y las inversiones de la década de los 90. Cuando se agotaron las reservas, llegó la crisis fiscal, energética y cambiaria, en simultaneo.

1955, 1975, 2015, no sólo son años que terminan con 5. Son años que estalla la misma política económica de pisar dólar, tarifas y comerse las reservas del BCRA. Alberto no tendrá la suerte de patear la crisis que gesta hasta el 2025 porque arranca el 2022 ya sin reservas, con brecha del 100% y dudoso poder político.

Este modelo económico no sólo no tiene solución, sostenerlo sólo aumenta la deuda y la crisis que gesta. No es un comentario apresurado, hay 80 años haciendo lo mismo con los mismos resultados.

Argentina se hizo grande exportando y comenzó su colapso cuando se alejó del comercio exterior. Cuando abrazó todas estas prácticas que llenan los diarios hace décadas: retenciones, desdoblamiento cambiario, control de precios, del comercio exterior, gasto público y maquinita. Colapsó cuando hizo carne el “vivir con lo nuestro”, el “Estado presente” y coquetear con el “Che”.

Pero el problema económico es sólo el reflejo del problema sociológico que hay de fondo. Hay que preguntarse por qué siendo un país democrático, no sorprende el apoyo de Argentina a las dictaduras de la región. Cuando eso indigne a todos, recién ahí arrancará la solución porque será el reflejo de un cambio cultural.

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Notas de Opinión

Moldavsky, preocupado: no puede competir con Stiglitz

Resulta técnicamente indefendible la supuesta racionalización académica que el Premio Nobel hace de las políticas económicas de los Kirchner y de Alberto Fernández

Columna publicada originalmente en La Nación

Dentro de una misma persona, habitan dos Joseph Eugene Stiglitz. Uno, en 2001 compartió el Premio Nobel de Economía con George Arthur Akerlof y Andrew Michael Spence; el otro, con referencia a la economía argentina, a partir de 2003 se convirtió en una máquina de decir barbaridades.

Aprendí de ellos que cuando oferentes y demandantes no cuentan con la misma información, esta asimetría tiene consecuencias. Akerlof lo ilustró con el caso del mercado de autos usados, Spence lo aplicó al mercado de seguros, mientras que Stiglitz encontró la solución al problema en la intervención estatal.

En la década de 1960 aprendí en la facultad que detrás de cada “falla de mercado” existe la correspondiente intervención estatal. Ahora sabemos que junto a las fallas del mercado están las “fallas del Estado”, por lo cual antes de recomendar la intervención estatal hay que averiguar qué es peor, si la falla del mercado o la del Estado. Mi papá, que solo cursó la escuela primaria, lo tenía bien en claro cuando afirmaba que “a veces es peor el remedio que la enfermedad”.

Stiglitz ignora esto olímpicamente, y sin prestarles atención a las limitaciones prácticas de los Estados de los diferentes países sigue recomendando la intervención estatal.

Nunca me peleo por diferencias de opinión, pero en el caso de Stiglitz lo que verdaderamente me saca de quicio es la racionalización académica que otorgó a las políticas económicas implementadas por Néstor Carlos y Cristina Fernández de Kirchner, y ahora por Alberto Ángel Fernández. Dijo en su momento que se jugaba el prestigio a la política económica implementada por la Argentina a partir de 2003, y si en el plano internacional la profesión evaluara las opiniones como es debido, le quedaría muy poco prestigio.

Si tanto le entusiasmaron y entusiasman las políticas económicas de los Kirchner, lo que tendría que haber hecho es haberlos asesorado en privado, mostrándoles las limitaciones de sus esquemas, en vez de racionalizar públicamente lo que resulta técnicamente indefendible.

Estas líneas fueron inspiradas por un reciente artículo suyo, donde calificó de “milagro económico” la recuperación del nivel de actividad de la Argentina en 2021, casi el doble de la de Estados Unidos; sin mencionar que en 2020 la caída del PBI argentino fue muy superior a la de Estados Unidos. Por eso digo que el talentoso Roberto Moldavsky está preocupado.

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