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Notas de Opinión

‘Sarasa’ Guzmán choca con límites infranqueables

En el arranque del nuevo año, el principal instrumento con el que Martín Guzmán viene administrando nuestra economía da señales serias de agotamiento: ni la oposición ni el staff del Fondo ni el gobierno norteamericano se dejan convencer con el palabrerío

Columna publicada originalmente en Todo Noticias

En el Ejecutivo, están muy cabreados con los jefes distritales opositores por haber aguado el show que el ministro de Economía pensaba montar este miércoles para “transparentar la negociación con el FMI” y mostrar “un amplio aval a la posición argentina”.

El argumento opositor para negarse a participar es, de todos modos, difícil de refutar: se preguntaron, ante todo, para qué sacarse una foto avalando algo que no se sabe bien qué es, que se promete se va a blanquear pero de lo que no hay todavía noticia alguna, y bien se puede sospechar va a seguir en la nebulosa durante y después del “evento”.

Más razonable sería que primero el ministro informe y después se piense en reuniones y fotos. También objetaron que no se convoque a los jefes de bloque, que son finalmente los que tendrán que negociar y votar, eventualmente, el acuerdo y el también nebuloso “plan plurianual”, que hace meses se viene prometiendo.

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Cuál es el motivo real de la oposición para no participar de la reunión con Guzmán

Los opositores no lo dijeron, pero su temor implícito es que esa foto de familia que se pretendía ofrecer al mundo, al mismo tiempo que practicara sobre ellos el “abrazo del oso”, anulando sus chances futuras de objetar lo que se fuera a firmar, el oficialismo la utilizara para seguir culpándolos del problema: tanto el ministro como el presidente siguen repitiendo cada vez que pueden que los que originaron el problema son Macri y sus aliados, así que no sólo están moralmente obligados a ayudar a resolverlo, sino que deberían hacerlo con la cabeza baja y calladitos.

Se aprovechan así de que buena parte de la oposición ha estado actuando y reaccionando con un marcado complejo de culpa en este asunto. Aunque al menos algunos de sus economistas se han atrevido últimamente a objetar esa interpretación, señalando que tanto la segunda presidencia de Cristina como la que está en curso también endeudaron al país, en condiciones aún peores que las pactadas con el FMI (para empezar, con tasas de interés muy superiores), y a la misma o mayor velocidad. Así que también podría verse la reacción de los tres gobernadores radicales y del jefe de gobierno porteño como un tardío intento de sacarse de encima esa mancha y sentimiento de inferioridad.

Como sea, la reacción oficial a la negativa opositora volvió a poner de relieve el alto nivel de improvisación y chapucería con que se maneja todo este asunto. Sergio Massa abrió una negociación paralela para que se reunieran los jefes de bloque de la Cámara Baja con Guzmán, a conversar sobre los detalles del acuerdo en discusión. Al mismo tiempo que desde Casa Rosada se anunciaba que pronto aquellos serían citados al ministerio de Economía, para una reunión también protocolar, es decir, más fotos, sin ningún papel de por medio.

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El rol de Alberto Fernández en la negociación con los gobernadores opositores

Mientras tanto el presidente se declaró ofendido por la negativa de los jefes distritales de JxC, a la que se sumó encima el cordobés Schiaretti, pero dispuesto a seducirlos, así que redujo el número de invitados al evento fotográfico: los empresarios y sindicalistas fueron para ello desinvitados, y se les prometió otro encuentro.

Si el problema fuera simplemente el número de participantes del show, y no el show mismo, tal vez hubiera alcanzado con eso. Pero Horacio Rodríguez Larreta, que tomó la voz cantante en el asunto, tal vez para vengarse de la soledad en que lo habían dejado días atrás con la firma del pacto fiscal entre la nación y las provincias, y mostrarse algo más “federal” que simplemente el referente de los porteños, parece dispuesto a ir un poco más a fondo: dejó en claro que foto no va a haber, al menos hasta que haya avanzado la discusión de los detalles del acuerdo en el Congreso, “donde él se va a votar, y por tanto donde corresponde que negocien oficialistas y opositores”.

Así que la pelota quedó de nuevo frente a Guzmán, que no ha mostrado hasta aquí un solo papel, un solo número de lo que discute con el FMI hace ya dos años, y pretende parece seguir, hasta el final, sin hacer nada de eso. ¿No es ya demasiado?, ¿es que la lección que extrajo de haber fracasado con un proyecto de presupuesto alevosamente dibujado fue que le conviene mantenerse firme en su tradición oral, y ofrecer solo sarasa?

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El No de Washington y el rol del INDEC

No va a poder hacerlo. Mientras naufragaba su estrategia local para enredar a los opositores, y también al resto del oficialismo, con una foto comprometedora pero que no iba a aclarar nada sobre la negociación en sí, algo aún peor le sucedió en el frente externo: el gobierno norteamericano blanqueó su negativa a avalar el acuerdo con la Argentina a menos que de su parte presente objetivos realistas sobre crecimiento, inflación y acumulación de reservas, e instrumentos razonables para alcanzarlos.

Es decir, dejó en claro que nada de lo que hasta aquí Guzmán llevó a Washington sirvió para despejar las dudas que existen no sobre si el país puede pagar ahora, sino sobre si va a hacer algo mínimamente razonable para pagar más adelante, incluso mucho más adelante.

El problema con el gobierno de Alberto Fernández es, finalmente, que tiene un INDEC que más o menos funciona, pero es lo único que en materia económica funciona, en todo lo demás pretende actuar como cuando el INDEC lo manejaba Moreno, cameleando a todo el mundo. Macaneando con los números, para poder seguir acumulando problemas bajo la alfombra, deuda mal contabilizada, subsidios disfrazados, inflación reprimida, tipos de cambio múltiples y todos más o menos manipulados.

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Una gestión estrambótica, frankensteiniana, que encima se vanagloria de serlo: la frase “mágica” que Guzmán repite frente a los funcionarios del Fondo es bien reveladora, “déjennos seguir haciendo lo que estamos haciendo y que está funcionando”.

¿En serio cree que los que tienen que cambiar de parecer son los demás, no él, no su gobierno? ¿En qué se basa para sostener tan temerariamente que va por buen camino, y que si lo dejan seguir así, va a llevarnos a buen puerto? Este es el fondo del asunto: la sarasa que vende también la consume, se la terminó creyendo.

Notas de Opinión

Sin moneda, pero con nuevo billete

No tener las denominaciones correctas en el circulante implica una serie de inconvenientes que van más allá de la mera comodidad de utilizar menos cantidad de papeles en la billetera

Columna publicada originalmente en Infobae

El “peso convertible” nació el primero de enero de 1992. Fue el sucesor del Austral, moneda que tuvo el triste récord de haber sumergido a la Argentina en niveles inflacionarios jamás vistos en el país: el año 1989 se despidió dejando atrás una inflación del 3.079% dándole paso al año 1990 donde la misma se ubicó en el 2.313%.

Aquella moneda nacida el 15 de Junio de 1985 tuvo como billete de máxima denominación al de 500.000 australes, que vio la luz en noviembre de 1990.

Poco tiempo después –un 1 de enero de 1992 y a razón de 10.000 australes por unidad- nacía el “peso convertible”. El billete de mayor denominación entonces equivalía a 50 dólares: 500.000 australes => 50 pesos convertibles => 50 dólares.

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Este “peso convertible” llegó a los bolsillos de los argentinos en billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 unidades. En su paridad con el dólar esto significó que el billete de menor denominación equivalía a 1 dólar y el de mayor denominación, a 100 dólares.

Un 6 de enero de 2002 –luego de atravesar el “corralito” y el “corralón” que impedían retirar libremente los depósitos de los bancos- se derogaba la “Ley de Convertibilidad” certificando la muerte del “peso convertible” -el cual nos había acompañado por un período de 20 años- para darle paso al “peso” tal como lo como lo conocemos hoy.

Desde aquel momento a hoy la inflación acumulada se ubica en torno al 21.588%, lo que implica que para poder comprar hoy lo que en enero de 2002 adquiríamos con un billete de 100 pesos, necesitaríamos disponer ya no de esos 100 pesos sino de 21.688 pesos. La destrucción de la moneda ha sido total.

El Banco Central de la República Argentina ha anunciado que se ha tomado la decisión de emitir un nuevo billete: el de $2.000 (hoy el de mayor denominación corresponde al de $1.000, billete este que nos acompaña desde Noviembre de 2017).

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Al momento de su creación, el billete de $1.000 equivalía a 52 dólares. El nuevo billete de $2.000 va a nacer algo más atrás: si hoy estuviese en nuestros bolsillos, tener uno de la nueva denominación anunciada equivaldría a poseer 5,30 dólares, apenas una décima parte de lo que en su momento representaba el billete de $1.000 cuando nació.

De igual forma, con el nuevo ejemplar seguiríamos siendo (después de Cuba) el país con el billete de mayor denominación que representa menos cantidad de dólares.

No tener las denominaciones correctas en el circulante implica una serie de inconvenientes que van más allá de la mera comodidad de utilizar menos cantidad de papeles en la billetera: impacta en el costo de los seguros bancarios, en la capacidad de cajeros automáticos y entre otras cosas, en el costo de fabricación de la propia moneda (hacer un billete de $10.000 costaría una quinta parte de lo que se gastará en cinco billetes de $2.000, representando la misma cantidad de valor).

En la Argentina, con niveles de inflación cercanos a los tres dígitos, déficit fiscal crónico y un BCRA que cada vez posee más pasivos remunerados –lo que deduce mayores niveles de emisión monetaria en el futuro-, el problema de la denominación de los billetes es un tema absolutamente marginal.

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Si hoy nuestra tuviésemos un billete de $37.700 (equivalente a 100 dólares), con la dinámica inflacionaria actual en 5 años ese billete tendrá el mismo poder adquisitivo que hoy tiene un billete de $1.000.

La política tiene que entender que el valor de la moneda está determinado en el tiempo por el sano comportamiento fiscal y monetario. De no hacerlo, seguiremos emitiendo billetes que siempre estarán condenados a desaparecer.

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Notas de Opinión

Los Precios Justos son ahora parte del problema

Mejor que el equipo económico no se enamore del esquema al que apeló para combatir la inflación porque eso agregaría más presión a la caldera de las distorsiones

Columna publicada originalmente en La Nación

“¿Qué están haciendo Massa, Rubinstein, etc.? Una mezcla de ortodoxia y heterodoxia. Esto último incluye el programa de Precios Justos (ignoremos una nomenclatura tan poco feliz) en el cual un conjunto de empresas congela, durante cuatro meses, los precios de algunos productos y se compromete a no aumentar los del resto de los bienes que fabrican más de 4% por mes. Le puedo dar el beneficio de la duda a la combinación de ambos tipos de medidas, pero no un cheque en blanco. Quiero decir si –digamos– en diciembre de 2022 la tasa de inflación no cede, y para enero de 2023 pinta para algo parecido, mejor que el equipo económico no se enamore del esquema porque estaría aumentando las distorsiones”, dije en esta columna, el 1° de diciembre de 2022.

Hoy todo esto es historia, pero tiene consecuencias para adelante. Está por comenzar el “circo” mensual, referido a la cuantía de la tasa de inflación del mes que acaba de terminar: todos esperamos la noticia, pero sorprendería que se produjera alguna novedad. Esta última ocurriría si la tasa mensual de enero hubiera sido de 2% o de 20%. La distinción es importante porque lo que modifica las decisiones no son las noticias, sino las novedades.

Algunas personas son afectas a “ver” tendencias comparando dos observaciones. Nada profesional. La realidad inflacionaria es que, con oscilaciones, lo mejor que nos puede pasar en 2023 es “esto”; lo peor es una hiper, que nunca se puede descartar, pero no sirve para tomar decisiones.

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En este contexto, la pretendida continuación del esquema de precios justos agregará más presión a la caldera de las distorsiones. No es necesario que el ministro y el viceministro de Economía se inmolen en la Plaza de Mayo explicitando el fracaso del esquema, a pesar de la “colaboración” que prestó el gremio de los camioneros y siguen prestando algunos piqueteros.

Es suficiente con que no insistan con la prolongación de un esquema que, a la luz del resto de las variables económicas, forma parte del problema, no de la solución.

Última, pero no menos importante. Tarea para algún joven que se quiera lucir: ¿cuánto aumentó durante 2022 un índice de precios al consumidor “descarnado”, dado que el año pasado el proceso de liquidación, forzado por la sequía, tiró para abajo la inflación? El dato es importante porque el fenómeno se está revirtiendo, agregando más presión a la tasa de inflación.

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Notas de Opinión

Ignorancia y torpeza, ingredientes de un penoso espectáculo

El Gobierno intenta asegurar la impunidad de la vicepresidenta, pero el juicio político es una herramienta para el control constitucional del poder, no para domesticar a la Justicia

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

La Casa Rosada efectuó dos movimientos con la finalidad de asegurar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno en el nivel internacional y otro en el nivel interno. Los dos tuvieron por propósito demostrar que no existe Justicia independiente en la Argentina, o que, al menos, esta tiene por principal objetivo, la condena de la mencionada funcionaria, en una suerte de alianza que la une a los medios de prensa “concentrados” y a empresarios “amigos”, de conformidad con un fenómeno que se denomina lawfare y que consiste en una suerte de “guerra judicial” contra los líderes populares; en otras palabras, estaría dirigido directamente contra el pueblo a fin de imponer gobiernos “neoliberales fascistas”. Esta afirmación olvida que tanto nuestra CS como numerosos tribunales internacionales han declarado que el “lawfare” no es una categoría jurídica ni está tipificado como delito en ningún código penal. Más bien se trata de una voz dirigida a asegurar la impunidad de altos funcionarios que han sido condenados por defraudar al erario público.

En el plano internacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, realizó acusaciones contra la Justicia argentina durante una sesión del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en Ginebra. El EPU es un proceso especial que se lleva a cabo desde 2006 durante el cual los Estados miembros exponen las medidas tomadas en sus países para mejorar los derechos humanos. En ese ámbito no se efectúan denuncias internas; regla que el gobierno argentino incumplió, circunstancia que llamó la atención a numerosas delegaciones de otros países. El funcionario argentino manifestó que los condenados argentinos por hechos de corrupción no habían tenido derecho a la defensa. Sin embargo, la oposición, en una carta dirigida a Volker Turk, quien desde octubre pasado reemplazó a Michelle Bachelet como alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Esto es absolutamente falso ya que los delitos de corrupción multimillonaria cometidos por los funcionarios K fueron corroborados por todas las instancias judiciales competentes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS)”. También, el gobierno nacional denunció un “criminal endeudamiento del gobierno anterior”. Es decir, un catálogo de consideraciones que ponen de manifiesto el total desconocimiento del marco jurídico del espacio en que las mismas fueron efectuadas. Ignorancia y torpeza fueron los principales ingredientes del miserable espectáculo que dio el gobierno argentino, que en nada ayudan a la ya alicaída imagen de nuestro país en el exterior. Otro motivo más para espantar las tan necesarias inversiones extranjeras.

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Coparticipación: El Gobierno insiste con la recusación de los jueces que fallaron a favor de CABA

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Desde la óptica de un organismo internacional, el país miembro de que se trate es uno solo y por lo tanto su gobierno está integrado por los tres poderes. Esta especie de denuncia interna cruzada no podía sino llamar la atención de otros países miembros. Al respecto, parece sumamente atinente lo que expresa el sociólogo Fabián Bosoer cuando considera: “Hemos visto gobiernos negacionistas, que ocultan o rechazan los crímenes de Estado cometidos en sus países en el pasado. Hemos visto a gobiernos reconocerlos y pedir perdón. Lo que es más raro de ver es a gobiernos democráticos denunciar ante los foros internacionales a las propias instituciones del Estado y de la sociedad que representan”.

El segundo movimiento, este en el interior de nuestro país, consiste en la puesta en marcha de un proceso de juicio político contra los miembros de la CS. Como el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para removerlos en las Cámaras del Congreso –necesitan dos tercios de los miembros presentes (primero para acusar en Diputados y luego para juzgar en el Senado)– se concentran en la Comisión de Juicio Político, en la que tienen una mayoría muy justa de 16 sobre 30. Es en esta comisión donde se elaboran las causales del juicio político. En esta oportunidad, se trata de cuestionamientos al contenido de sentencias de los magistrados supremos. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nunca convalidó remociones de jueces de sus países miembros. Al respecto, recordemos el rechazo de la destitución que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hizo de cinco magistrados de la Corte de Justicia a través de un procedimiento violatorio de las reglas básicas que contempla la constitución de ese país según los estándares latinoamericanos. Frente a este precedente cabe preguntarse: ¿qué podría opinar sobre un juicio de la CS, como el que sustancia el kirchnerismo, apoyado en el desconocimiento de sentencias y el espionaje ilegal? ¿Cómo vería la recurrencia de la vicepresidenta en caso de que sus condenas prosperasen? Vale tener en cuenta un fallo de la CIDH, relacionado con Paraguay, suscripto por Raúl Zaffaroni, exmiembro de la CS y convocado para el juicio en Diputados. La CIDH sostuvo que es “inviable el juicio político o la eventual destitución de jueces como consecuencia del contenido de las decisiones que hayan dictado”. En la acusación contra los cuatro ministros de la CS figuran tres veredictos: el que declaró ilegal la modificación del Consejo de la Magistratura, el de la coparticipación de la CABA y el controvertido dos por uno (posteriormente corregido) aplicable al cómputo para la prisión de los condenados por delitos de lesa humanidad. También en ese fallo la CIDH estableció que “tampoco se puede hacer un juicio político por causas que aún están en trámite”. Consideró que sería una manera indebida de presionar a cualquier tribunal.

La primera sesión de la Comisión de Juicio Político que tuvo lugar la semana pasada puso de manifiesto un espectáculo lastimoso encaminado al desgaste y a la humillación de los jueces supremos. Semejante manoseo se parece más a un circo romano que a la actividad de una comisión del Congreso. Nos hizo recordar la lamentable acusación y luego degradación del teniente francés Alfred Dreyfus que tan bien refleja en su libro J’accuse el gran escritor francés Émile Zola. Así pudo sacar a la luz el antisemitismo que anidaba en vastos sectores del poder de ese país, ya que el oficial era judío. El juicio político es una herramienta para el control constitucional del poder, no para domesticar a la Justicia.

Por eso no sorprende la veloz respuesta del organismo de la ONU, que luego de rechazar con poco habitual énfasis y velocidad el informe, conmina al gobierno argentino a asegurar la independencia de la Justicia.

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Este acontecimiento pasará a la historia como un vergonzoso antecedente de la “diplomacia” argentina que demuestra no solo un nulo conocimiento del derecho sino un desparpajo capaz de superar todos los límites para conseguir la impunidad de una funcionaria condenada por haber defraudado de manera millonaria al erario público de su país.

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