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Judiciales

Manejo de las autopistas: reactivan una causa contra Cristóbal López

Lo acusan junto a su socio Fabián De Sousa de realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray

Novedades en el mundo judicial: se reactivó otra investigación que podría complicar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Según detalla el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a determinar si los protagonistas cometieron algún delito contra las arcas públicas con el manejo de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, con la supuesta complicidad del entonces titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi), Gustavo Gentili.

Casanello adoptó esas medidas a pesar de un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien se basó en un peritaje contable para concluir que no se había logrado verificar “mínimamente” la hipótesis delictiva y propuso el cierre de la causa.

Para el funcionario, sin embargo, “la investigación luce incompleta, por lo que su cierre sería precipitado e incorrecto”. Recordó que el fiscal Delgado no solicitó el sobreseimiento de López y De Sousa. Por eso, concluyó, debía disponer nuevas medidas “para averiguar la verdad”.

Para López y De Sousa, la decisión judicial significó un traspié en sus planes. Confiaban en ser sobreseídos tras el dictamen de Delgado.

Desde el Grupo Indalo negaron todo ilícito en la firma Aecsa. Por el contrario, replican que el gobierno de Mauricio Macri los asfixió para apropiarse de la concesión vial, y que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Guillermo Dietrich; y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; participaron de las maniobras para desarmar el holding.

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Juicio de Alberto contra Bullrich: el estudio de Dalbón pagó la tasa judicial

El abogado del Presidente señaló que está seguro de que el dictamen le dará la razón y que se unieron a su causa la demanda de Ginés González García y la de Hugo Sigman

Gregorio Dalbón reveló que su estudio fue quien pagó los tres millones de pesos correspondientes a la tasa de Justicia en el juicio que Alberto Fernández le inició a Patricia Bullrich por daños y perjuicios.

“Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia, la pagó mi estudio, con cheque a mi nombre. ¿No miró el expediente? Deje de mentir”, fue el tuit que le dedicó el abogado del presidente. La titular del PRO había cuestionado que el Presidente hubiera abonado la mencionada cifra para poder iniciarle una demanda.

“Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, había escrito la ex ministra de Seguridad.

La causa por “daños y perjuicios” la iniciaron de manera separada el mandatario así como el ex ministro de Salud Ginés González García y el empresario farmacéutico Hugo Sigman, luego de que Bullrich acusara al Gobierno de intentar colocar un socio local en la compra de vacunas del laboratorio Pfizer contra el coronavirus.

Crédito exprés para cerrar el Olivos Gate: el Presidente recibió $ 3.000.000 para pagar el acuerdo judicial

¿Qué es la tasa de Justicia?

La explicación sobre el abono de ese dinero se remonta al funcionamiento del sistema judicial argentino, que obliga al demandante a abonar una tasa del 3% de la suma que se demanda para poder iniciar el juicio.

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Judiciales

Marcha atrás: anularon el procesamiento de Cristina Kirchner por el uso de aviones oficiales de forma discrecional

Se trata de la causa por el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de diarios, muebles y otros objetos hacia Santa Cruz.

La Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que abriera en su contra el fallecido Claudio Bonadio por el envío de diarios, muebles y otros objetos a Santa Cruz en el avión presidencial entre 2003 y 2015.

La ex mandataria había sido procesada por el entonces Juez, en 2019 bajo el delito de “peculado”, decisión que fue parcialmente avalada por la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La controversial investigación por los “Vuelos canillitas”, que es una de las ocho indagatorias simultáneas que dispuso Bonadio para la ex presidenta, como derivación del expediente de los Cuadernos de las Coimas, también imputó al senador Oscar Parrilli, que ejercía entonces como Secretario General de la Presidencia.

Originalmente, la actual Presidenta del Senado, estaba acusada de “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”.

“Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera Senadora Nacional o Presidenta, en tanto que Oscar Parrili era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostenía la acusación en su contra.

La vicepresidenta y el senador, también habían sido acusados de “haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”.

En esta ocasión, el máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la ex presidenta por la presunta falta de imparcialidad del juez Bonadio, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.

“La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal”, señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.

Además, el veredicto evaluó que ante los argumentos de la ex presidenta y de Parrilli “se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso”.

Por su parte, el tercer miembro del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de Cristina Fernández de Kirchner porque “no se dirige contra una sentencia definitiva”.

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La Justicia italiana sobreseyó a Paolo Rocca por el pago de sobornos millonarios a Petrobras

El empresario ítalo-argentino y titular de Techint, fue absuelto este jueves por un tribunal de Milán, tras considerar que la causa por el pago de más de 6,5 millones de euros a un gerente de la petrolera brasilera, no debía tramitarse en Italia.

El tribunal de la séptima sección penal de Milán rechazó emitir una sentencia en el juicio contra los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por el delito de corrupción internacional.

Bajo la presidencia de la magistrada Ombretta Malatesta, el juzgado resolvió la “falta de jurisdicción italianapara analizar y dictar sentencia en el presunto pago de sobornos desde una empresa del holding, Confab, a ejecutivos de la petrolera estatal brasileña, Petrobras.

Aunque los abogados defensores de los Rocca y Bonatti tomaron la decisión del tribunal como una victoria, aduciendo que “el juicio ni siquiera debería haber comenzado”, el sobreseimiento no determinó la inexistencia del delito. Sino que sólo dirimió si el juicio debió haber comenzado o no en Milán.

Los tres jueces del Tribunal rechazaron así la posibilidad de que el caso se juzgue en Italia porque los hechos no se habrían cometido en ese país, sino en todo caso en otras jurisdicciones, como Brasil, Suiza y Argentina.

Desde la Fiscalía cuestionaron esto, por tratarse “de tres ciudadanos italianos, y la empresa tiene oficinas muy cerca de Milán”. En tanto, la fiscal Donata Costa aún no decidió si apelará esa decisión, y esperaría a conocer los argumentos de los tres jueces para proseguir.

Los hermanos Rocca y Bonatti estaban acusados de pagar presuntamente coimas por 6,5 millones de euros, entre 2009 y 2013, a un ex directivo de Petrobras en Brasil arrepentido para la provisión de tubos industriales a esa petrolera estatal.

Rocca es la cabeza de la multinacional ítalo-argentina y, actualmente, presidente de Tenaris, líder en la producción de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera.

“Con satisfacción damos la bienvenida a la absolución pronunciada hoy en contra de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la compañía de San Faustín con respecto a los casos de presunta corrupción en los años 2009-2013, que se refiere a la empresa brasileña Confab y algunos funcionarios de Petrobras”, señalaron los abogados de los directivos de San Faustín SA, la firma con sede en Luxemburgo que actúa como holding accionario del Grupo Techint.

“Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado”, remarcó la firma a través de un comunicado.

Cabe destacar que el 22 de marzo último, la fiscal italiana Donata Costa había solicitado a los jueces del tribunal de Milán que condenen a los Rocca y a Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Así mismo que se multe a San Faustin, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público” brasileño, Renato Duque.

Según la investigación que se desprende de los expedientes judiciales, los tres empresarios habrían pagado coimas para garantizarse contratos con Petrobras por más de 1.418 millones de euros entre 2009 y 2013, ya que Duque siguió cobrando a través de una red de sociedades offshore manejadas por Techint desde Suiza incluso después de haber dejado el cargo en la petrolera.

Renato Duque, ex gerente de Petrobras juzgado por recibir sobornos.

Vale resaltar que los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la segunda familia más rica de Argentina y están entre los doce más ricos de Italia, según el último ranking Forbes de 2021. Así mismo, las edades avanzadas de los tres acusados los favorecerían en caso de recibir una condena.

 

 

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