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Escándalo en la Obra Social de Judiciales: ¿pacto de impunidad entre Piumato y Maqueda?

Tras ser uno de los principales impulsores de la denuncia, el titular del principal gremio judicial se llamó a silencio en los últimos meses, despertando una ola de rumores internos en la Corte sobre su alianza con el magistrado cordobés

La ola de irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) durante los últimos dos años llevó a que múltiples voces que integran el día a día de la Justicia se sumaran con nuevos detalles a los expedientes judiciales.

Actualmente, la Justicia abrió dos investigaciones: en un primer tramo, a manos del juez federal Daniel Rafecas, se encuentra la primera denuncia realizada por un empleado de la Obra Social que reveló presiones y desmanejos internos, y que tiene como principal apuntado a Aldo Tonón, director del organismo, y una persona clave en el entramado de poder que ejerce Juan Carlos Maqueda en la obra social.

A partir de los allanamientos ordenados por Rafecas, se detectaron nuevas irregularidades, entre otras, por licitaciones multimillonarias que fueron adjudicadas durante años a empresas cordobesas, que muchos ligaron por su origen a Tonón y a Maqueda. A cargo de esta causa se encuentra la magistrada federal María Romilda Servini.

Ante este avance judicial, Maqueda comenzó a tejer alianzas internas con figuras del sector. Según revelaron fuentes gremiales a NEXOFIN, una de las personas contactadas por el círculo de Maqueda es el titular de UEJN, Julio Piumato.

Piumato fue una de las voces más potentes al inicio de las investigaciones que hoy tienen a Maqueda y a Tonón en la mira. Sin embargo, en todos sus reclamos, dejó en claro su intención detrás de las quejas: deseaba que un representante de su sindicato ocupara un lugar en el directorio de la Obra Social. Así lo hizo saber numerosas ocasiones a través de su cuenta personal de Twitter, desde donde reclamó por un sillón en el directorio de la OSPJN para representantes de los trabajadores: “Por una Obra Social que proteja la salud de los Judiciales. Los trabajadores no deben ni pueden ser excluidos de su dirección! Por no estar, así estamos!”, escribió a comienzos de octubre pasado.

Pero estos reclamos públicos, con el correr de las semanas, fueron desapareciendo.

“Piumato ya no se refiere al tema, ni en público ni en privado”, comentaron a este medio fuentes judiciales.

Semanas atrás, NEXOFIN reveló que uno de los sindicatos de los empleados judiciales, el Sitraju, había pedido ser admitido como querellante en el expediente. Se trata de un gremio que viene creciendo a mayor velocidad que el de Piumato. “Este último ve con malos ojos cómo muchos empleados judiciales se inclinan por sus rivales”, acotó una fuente.

“Esto llevó a Piumato y a Maqueda a sellar una alianza: Piumato sigue con intenciones de sentarse en el directorio de la Obra Social lo que le daría fuerza a su gremio, y Maqueda está preocupado en que la causa no avance y para eso necesita aliados de peso. Es un win-win”, resumió a este medio una fuente cercana a la Corte Suprema de la Nación.

Según la versión que en la Corte dan como un hecho, la alianza estratégica entre ambas figuras incluiría el silencio en el que Piumato se sumergió durante las últimas semanas, luego de haber encabezado los pedidos de investigación sobre los desmanejos en la obra social.

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Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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Denuncian penalmente a José Luis Espert por proponer “meter bala” a los mapuches

El diputado liberal había respondido a preguntas de sus seguidores en redes sociales sobre el conflicto con los pueblos originarios en la Patagonia y los tildó de “son falsos mapuches y terroristas”.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, fue denunciado en la Justicia por “apología del crimen e intimidación pública”, luego de que se expresara en las redes sociales en contra de las protestas mapuches en el sur argentino y pedir “encarcelar o meter bala” a los manifestantes.

Las declaraciones del legislador se dieron días después del ataque en Chubut que se vincula a la organización Resistencia Ancestral Mapuche, cuando en un vivo de Instagram, ante la consulta de una seguidora: “cómo resolverías la situación con los pseudo mapuches en nuestra Patagonia?”, el economista respondió: “Yo creo que hay que declarar un Estado de sitio en esa zona, encarcelar o meterle bala a los mapuches si se resisten”.

En realidad no son mapuches, son falsos mapuches, son terroristas”, prosiguió en su vociferación el Diputado. Sus palabras iniciaron una catarata de opiniones, a favor y en contra de este tipo de expresiones que fomentan el odio.

En ese sentido, el diputado provincial de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, denunció penalmente al legislador por “apología del crimen e intimidación pública”.

Mansilla formalizó la presentación ante la Oficina de Recepción de Denuncias de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya que consideró que “los dichos de Espert encuadran perfectamente en lo establecido en el artículo 212 del Código Penal y también constituyen apología del crimen por lo que podría ser investigado de acuerdo a lo previsto en el artículo 213 del mismo Código”.

Las expresiones de Espert no hacen más que estigmatizar al pueblo mapuche y desconocer profundamente su cultura”, señaló el diputado sureño, que se mostró muy molesto por este tipo de insinuaciones.

Por su parte, Espert hizo eco de las denuncias, a través de sus redes sociales en donde publicó el video y escribió: “Buscate un trabajo digno Mansilla”. A lo que el legislador neuquino respondió: “Laburo desde pibe, búscame en la Afip hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito. Espero no te escondas en los fueros, que no son para eso”.

En cuanto al hecho que desató la furia del economista liberal y ex candidato a Presidente, aun se investiga el supuesto atentado y la aparición de panfletos de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que fueron encontrados entre los restos de un incendio que destruyó la cabaña donde funcionaba la Dirección de Bosques, en el paraje El Pedregroso, ubicada sobre la ruta 40 de Chubut.

 

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