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Ricardo Cirielli, en la cuerda floja: una Comisión sospechada de contrabando y denuncias internas contra su gremio

El titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) enfrenta una ola de críticas internas y acusaciones en su contra por amparar a acusados de integrar bandas de contrabando

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) tiene a Ricardo Cirielli como titular desde hace casi 30 años. Sin embargo, en la actualidad, este histórico gremialista atraviesa uno de los momentos más difíciles, con cuestionamientos internos y acusaciones por amparar a presuntos “abrevalijas”.

APTA es uno de los sindicatos más fuertes de la actividad aerocomercial ya que de los mecánicos depende el funcionamiento de las aerolíneas. Sin embargo, en las últimas semanas el malestar ha comenzado a crecer entre los afiliados cuando se enteraron de los despidos injustificados de tres trabajadores de parte de la conducción de Aerolíneas Argentinas.

Martín Radaelli, uno de los mecánicos despedidos, en declaraciones públicas señaló: “Mi caso de despido es ilegal porque Aerolíneas Argentinas incumplió el decreto N°528/2020 que prohíbe los despidos o exige a las empresas que paguen una doble indemnización. Esto a raíz de la crisis económica por el coronavirus. Pero lo cierto es que la empresa que maneja el mismo Gobierno nacional que incumple los decretos del Presidente venía avanzando en la quita de derechos laborales a todos los trabajadores”.

Otro de los mecánicos damnificados sostuvo que “la fusión de Austral y la flexibilización de los convenios son los grandes objetivos del directorio de la línea de bandera. En las dos empresas hay compañeros sancionados y delegados sindicales con juicio de desafuero. Buscan generar temor para que cedamos en las reivindicaciones logradas en nuestro convenio que incluyen horarios flexibles, horas a terceros, refuerzo  nocturno, entre otras conquistas”.

Consultados acerca de la defensa de los integrantes del gremio, Radaelli fue escéptico: “Hubo actitudes raras. Se filtraron falsos rumores sobre nuestros  despidos sin causa. Que fichábamos con dedos de goma o que estábamos en otra provincia. Todo parece indicar que el aparato sindical trabaja en conjunto con el empresarial para aislar a los trabajadores”.

Versiones más críticas de la conducción de Cirielli señalaron a la agencia de noticias NA que “están más preocupados por proteger los ingresos de un abrevalijas que en defender a trabajadores con más de 20 años de trayectoria y conducta laboral ejemplar”.

Se referían al caso que involucra como sospechoso a Fernando García, técnico aeronáutico, empleado de Aerolíneas Argentinas, que fue imputado, sin prisión preventiva, en agosto de 2018, por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, por ser el presunto líder de una banda de abrevalijas que reunió a diez sospechosos más.

Fue una investigación cinematográfica que se extendió por 14 meses, donde la Justicia pudo desarticular la organización que se dedicaba a robar objetos valiosos de las maletas de los aviones que aterrizaban en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Además, se anotaron en el delito de contrabando, cuando se descubrió que otro empleado de la línea aérea de bandera viajaba, junto con cómplices que utilizaba como “mulas”, a Miami para regresar con mercadería de contrabando, apoyándose en la colaboración de personal aduanero que permitía que el equipaje eludiera los controles de los escáneres en la terminal aérea.

Un plan similar al utilizado por la azafata Laura Schulz de American Airlines quien, en octubre de este año, cayó detenida por efectivos de la Policía Aeroportuaria (PSA) con dos kilos de oro y once mil dólares. “intentó sortear el control aduanero valiéndose de su experiencia y habitualidad en el cruce de fronteras“, dejó sentado el juez que procesó a la comisaria de a bordo de 58 años que fue detenida en Ezeiza a punto de embarcar a Miami.

La ciudad más famoso del estado de Florida en EE.UU. era el destino principal, también, de Fernando García, que entre abril y junio de 2017 viajó ocho veces a Miami como parte de un plan delictivo, según la investigación del juez Villena.

La pesquisa judicial, que comenzó con una llamada anónima alertando del accionar de la banda de abrevalijas, finalizó con un saldo de diez sospechosos que fueron detenidos en 21 allanamientos en los que se incautaron cerca de cien mil dólares, 230 mil pesos, armas, perfumes, joyas, relojes y varios artículos de tecnología.

Entre los acusados hubo dos empleados de Aerolíneas Argentinas, un funcionario de la Aduana, siete trabajadores de la empresa Intercargo, compañía encargada de las rampas y el transporte de equipaje y pasajeros. Las valijas se habrían abierto en las bodegas  de los aviones.

Abrevalijas

Una vez realizado el robo, los delincuentes se valieron de una camioneta Renault Master ploteada con el logo de Aerolíneas y conducida por un chofer que  trasladaba el botín y se encargaba de ubicar los productos robados durante el proceso de reventa.

Uno de los acusados, Luis Vera, debió declarar, además, por el hallazgo de 16 kilos de cocaína encontrados en su domicilio de la localidad bonaerense de  Monte Grande. Alejandro Itzcovich, jefe de  la PSA hasta el 2020, afirmó que “en el mercado internacional, esa cantidad de droga vale cerca de un millón de dólares. No estaba en los planes hallar droga”.

Pero, lo insólito es que Fernando García continúa desempeñándose como vocal titular de la comisión directiva de APTA que lidera Ricardo Cirielli. Un hecho que le permite continuar cobrando una remuneración acorde con su representación sindical.

La comisión directiva que lidera Cirielli hasta el año 2023 no parece estar exenta de problemas. El 3 de marzo de 2020 debió suspender, de manera permanente, a Jorge Álvarez, secretario gremial del sindicato, cuando quedó detenido por una causa que investiga el intento de contrabando de 87,5 kilos de cocaína desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Un gremio que está sumido en las preocupaciones por la deriva de la actividad aerocomercial en esta nueva normalidad post cuarentena de Covid-19  y que soporta trabajadores despedidos sin justa causa, con miembros de la comisión directiva sospechados en causas graves de contrabando, narcotráfico y asociación ilícita y con un malestar creciente entre sus afiliados ha comenzado a alentar las chances de una oposición a la hegemonía de Ricardo Cirielli que pone en duda que pueda volver a vencer en el próximo turno electoral para perpetuarse en el poder sindical.

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Causa Camioneros: dictaron prisión preventiva para los sindicalistas pero les otorgaron arresto domiciliario

Se trata de Cabaleyro y Espíndola, acusados de extorsión a una empresa alimenticia del interior bonaerense.

La Justicia dictaminó la prisión preventiva para dos referentes del Sindicato de Choferes de Camiones, que dirige Hugo Moyano, por el bloqueo a una planta distribuidora de alimentos en la localidad bonaerense de San Pedro.

Se trata del delegado regional del gremio, Maximiliano Cabaleyro y el concejal del Frente de Todos, Fernando Espíndola, también representante de Camioneros. Ambos se encuentran detenidos, desde febrero de este año, tras protagonizar una violenta protesta.

El juez de la causa determinó que ambos permanecer detenidos mientras se lleva a cabo el proceso que los llevará a juicio, al menos por los próximos ocho meses, plazo en el que recién podrán revisar la medida.

Sin embargo, el abogado Mauricio Gugger, que defiende a ambos imputados por extorsión y coacción, logró que se los beneficie con arresto domiciliario, por lo que los dos sindicalistas permanecerán detenidos pero en sus viviendas, con pulsera electrónica y bajo la tutela de sus esposas.

Esta medida despertó el enojo por parte de la querella, en ese sentido la abogada Florencia Arietto que representa al Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), anunció que apelará la decisión de beneficiarlos con el arresto domiciliario y destacó que la prisión preventiva era inevitable por la gran cantidad de pruebas que constan en la causa.

Durante la audiencia, el defensor de los sindicalistas había pedido la libertad, que fue denegada, por lo que rápidamente solicitó el arresto domiciliario, argumentando que por el mal “estado de los establecimientos carcelarios”, los acusados se ven en situación de vulnerabilidad por no gozar de “salud plena”.

Cabe destacar que Cabaleyro dijo ser un adicto en recuperación, que hace cuatro años y nueve meses que no consume marihuana y cocaína. Además señaló que en la DDI las condiciones de detención eran precarias, que comparte celda con otras nueve personas y que comía solo cuando su familia le llevaba alimentos.

Por su parte, Espíndola había señalado que tiene asma, úlcera de duodeno y gastritis crónica, que en la DDI no cuentan con agua caliente por lo que se tenía que bañar “por partes con un tacho”.

El origen de la denuncia

El hecho por el que se encuentran acusados los sindicalistas cercanos a Hugo Moyano, se originó en febrero de 2021, cuando la empresa de alimentos “Rey Distribución” denunció a los gremialistas de Camioneros, Cabaleyro y Espíndola y a algunos empleados de la firma, por un supuesto “pedido de coimas” a cambio de que puedan “trabajar tranquilos”.

La situación se agravó cuando se generó una protesta en la fábrica, que el sindicato atribuyó a irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados, aquí es donde entra Moyano quien viajó al interior bonaerense para respaldar la medida de fuerza y acusó al Intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, de provocar estas acciones.

Finalmente, todo terminó en la Justicia cuando el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), que representa Florencia Arietto, acusó a los manifestantes por “extorsión”, ya que impedían a los camiones salir a trabajar.

Por dicha razón, el magistrado a cargo de la imputación, dispuso la prohibición de contacto por cualquier medio con los integrantes de la familia Rey, sus familiares, la firma comercial o cualquier integrante de la empresa o testigo vinculado. Además abstenerse de “realizar actos de perturbación y/o intimidación” en relación a Rey Distribución.

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Solicitaron prisión preventiva a dos sindicalistas cercanos a Moyano por el bloqueo en San Nicolás

Es en el marco de una causa por extorsión contra una empresa de alimentos de la localidad bonaerense de San Pedro.

La fiscal María del Valle Viviani presentó este lunes, el pedido de prisión preventiva, contra dos referentes del Sindicato de Choferes de Camiones, que dirige Hugo Moyano, por el bloqueo a una planta distribuidora de alimentos en la localidad bonaerense de San Pedro.

Se trata del delegado regional del gremio, Maximiliano Cabaleyro y el concejal del Frente de Todos, Fernando Espíndola, también representante de Camioneros. Ambos se encuentran detenidos, desde febrero de este año, tras protagonizar una violenta protesta.

Según informó la fiscalía, la disposición preventiva se toma por considerar que los detenidos podrían entorpecer la investigación y que los allanamientos que se realizaron la semana pasada en la sede del sindicato de camioneros, en el barrio de Constitución, agravaron la situación de los dos gremialistas.

Tras la medida, la imputación, que comenzó como una “turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción”, pasó a considerarse una “extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico”, por lo que los referentes sindicales, que responden a Hugo Moyano permanecerán detenidos en la DDI de San Nicolás.

De acuerdo a los elementos que consideró la fiscal para agravar su situación judicial, existen “peligros procesales”, por lo que se les negó la prisión domiciliaria, además, de acuerdo a la pena estipulada para este tipo de delitos, no puede ser excarcelable.

Por su parte, Hugo y Pablo Moyano no dudaron en vincular lo sucedido a un nuevo “lafware” político- judicial encabezado, según su criterio, por el “Procurador Julio Conte Grand”. Así lo hicieron saber a través de una conferencia de prensa en la sede gremial, en donde denunciaron operaciones contra los dirigentes detenidos.

Cabe destacar que, semanas atrás el dirigente Hugo Moyano no dudó en calificar la detención de los gremialistas como “un disparate” y “una aberración”, lo que lo llevó a encabezar una serie de protestas que paralizaron el servicio de recolección de residuos y el transporte de alimentos en San Nicolás.

Además según denuncio el propio intendente local Manuel Passaglia, habría amenazado con dejar “morir de hambre” a todo la localidad, bloqueando el abastecimiento de productos esenciales.

El origen del conflicto

La situación se originó en febrero de 2021, cuando la empresa de alimentos “Rey Distribución” denunció a los gremialistas de Camioneros, Cabaleyro y Espíndola y a algunos empleados de la firma, por un supuesto “pedido de coimas” a cambio de que puedan “trabajar tranquilos”.

La situación se agravó cuando se generó una protesta en la fábrica, que el sindicato atribuyó a irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados, y que terminó en la Justicia cuando el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), acusó a los manifestantes por “extorsión”, ya que impedían a los camiones salir a

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“Murió antes de nacer”: decidió cerrar por los constantes bloqueos de Camioneros

“Le dijeron a uno de los trabajadores que se pase a Camioneros o lo mataban a piñas. Y de paso le escupieron en la cara”, contó el dueño de una empresa de Chaco

Dramática historia en el interior del país. Un empresario denunció que el gremio de Camioneros le bloqueó un corralón que recién había abierto durante un mes y lo tuvo que cerrar: “Murió antes de nacer”.

El dueño del negocio en Resistencia, Chaco, aseguró que no le quedó otra que cerrar esa sucursal. Según relató, en un mes, Camioneros le realizó tres bloqueos seguidos en reclamo del reencuadramiento sindical para los choferes de los vehículos del negocio, que están bajo el convenio de Comercio.

El empresario Matías Morante afirmó que la de ellas no es una empresa de transporte. “La primera vez estuvimos 15 días bloqueados. Ayer vinieron a bloquearnos y el fiscal tomó la determinación de una orden de desalojo rápida. Esta mañana arrancamos de nuevo”, expresó en diálogo con TN.

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Hoy volvieron a sufrir el bloqueo que les impedía la salida y entrada de material. “La verdad que no podemos continuar porque esto es todos los días. Es una historia que no termina. No podemos seguir”, dijo.

“Se crearon siete nuevos puestos de trabajo en ese negocio y no podemos mantenerlo. Hoy tengo que pagar los sueldos y no tengo la plata, porque el negocio no funcionó nunca“, señaló.

Asimismo, sobre el gremio que controlan Hugo y Pablo Moyano, añadió: “Hoy el sindicato de Camioneros llamó a los proveedores más grandes nuestros y les prohibió que nos carguen y vendan porque si no los van a bloquear. También fue a nuestros clientes más grandes a lo mismo”.

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Finalmente, afirmó que durante el bloqueo “le dijeron a uno de los trabajadores que se pase a Camioneros o lo mataban a piñas”.

“Le escupieron en la cara, le abrieron la puerta del camión. Tengo temor a que esto termine mal, que la situación se vaya de las manos y que tengamos que lamentar otra cosa. No puedo arriesgar, tengo que parar acá porque soy yo el que tomo las decisiones y el responsable de toda la gente que trabaja con nosotros​”, concluyó.

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