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Judiciales

Desde que Alberto Fernández asumió como Presidente, Cristóbal López recibió una larga lista de beneficios

La AFIP se retiró como querellante del juicio en su contra, una moratoria fiscal le permitió salvar Oil Combustibles pagando su deuda en cuotas, y le dieron nuevas obras públicas

Por Lucía Salinas

Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) en el primer juicio que afrontaron por presunta corrupción. Desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, el dueño del Grupo Indalo se vio beneficiado por diversas medidas. Concluye el año con una decisión judicial que echó por tierra la acusación sobre la defraudación al Estado por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 5.900 millones de pesos

El 10 diciembre de 2019, López, que pocos meses atrás había recuperado la libertad, fue a la Casa Rosada para acompañar a Fernández el día de su asunción. Es conocido el vínculo que tienen, y en aquella ocasión el empresario estuvo junto a Aníbal Fernández, quien además fue su abogado en el fuero comercial en el marco de la quiebra de Oil Combustibles.

Para entonces, López ya había regado de críticas a la gestión de Mauricio Macri, algunas de las cuales derivaron en un expediente judicial donde denunció una persecución política en su contra que pretendió la quiebra de su holding. Palabras similares fueron reiteradas durante el juicio por la presunta defraudación al Estado a través de Oil Combustibles.

La absolución dictada por el TOF 3 se conoció dos semanas después del sobreseimiento que otro tribunal dictó a favor de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en las causas Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria). En este segundo expediente, también estaban procesados por lavado de dinero Cristóbal López y Fabián De Sousa, la decisión de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, también los alcanzó. Los empresarios pagaron a los Kirchner el 65% de la facturación de su empresa Los Sauces.

En estos dos años de gobierno, por fuera de las decisiones judiciales, Cristóbal López se vio beneficiado por otras medidas impulsadas por el propio presidente Fernández como también por otros organismos del Estado.

Moratoria fiscal
El año pasado, en plena pandemia, el Presidente remitió al Congreso una nueva ley de moratoria fiscal que contaba con una modificación clave: permitía que las empresas quebradas accedan a planes de facilidad de pagos de la AFIP. Era justo lo que necesitaba el grupo empresario de López, que tenía a Oil, su principal compañía, con una quiebra decretada.

Después de que el Congreso convirtió en ley aquel texto y fue reglamentado, el abogado de López pidió ingresar a la moratoria fiscal inmediatamente. El letrado solicitó que se suspendiera la liquidación de Oil, es decir, el reparto de los 100 millones de dólares entre los acreedores de la petrolera quebrada, que surgían de la venta de sus activos. Dentro de esa nómina, la AFIP fue el principal damnificado en la quiebra.

Dos planes de pago
Como correlato de aquella normativa y el ingreso a la moratoria, López y Fabián De Sousa obtuvieron por parte de la AFIP -dirigida por Mercedes Marcó del Pont desde que asumió+ó Fernández-, dos planes de pago extraordinarios por la deuda que Oil Combustibles mantiene con el Estado.

Uno de los planes concedido por el fisco para cancelar la multimillonaria deuda generada por la petrolera es de 49 cuotas. Es plan es por un total de $ 628.582.546,27 y se empezó a pagar el 8 de septiembre. El primer depósito percibido por el fisco fue de $ 25.143.301,85.

La AFIP firmó además otro plan de 97 cuotas para Oil. Es por un total de 12.055.278.292,52 pesos. La primera cuota abonada fue de $ 482.211.131,70.

En total, López deberá pagar al Estado más de 12.000 millones de pesos.

La AFIP desistió de acusarlo
Con estos planes de facilidades de pago en marcha, la AFIP entendió que no debía continuar con la acusación contra Oil en el juicio que concluyó este jueves. Desde el Gobierno explicaron que el objetivo del organismo “es recaudar y con estos planes se van a recuperar más de 12.000 millones de pesos”.​

La cifra final es cercana a lo que la AFIP de la gestión anterior le iba a reclamar en una demanda civil a López, De Sousa y a Ricardo Echegaray, los tres imputados en la causa que tramitó en el fuero penal. El empresario K siempre sostuvo que la deuda con el fisco no superaba los 650 millones de pesos.

Como resultado de los planes de pago concedidos, Marcó del Pont firmó la resolución a través de la cual la AFIP se retiró del juicio penal. Entonces, argumentó que López y su socio habían sido víctimas de una persecución política por parte de la gestión macrista y que esa decisión condujo a Oil a una situación de cesación de pagos.

Obra pública vial
La justicia peritó en el juicio contra Cristina Kirchner tres contratos de obra sobre la Ruta 3, en el tramo que une Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia. Ese informe arrojó sobreprecios de 170 a 200 millones de dólares. Ese contrato había estado desde 2006 en manos de Lázaro Báez, pero fue rescindido por el gobierno de Cambiemos: calcularon sobreprecios del 300% y un avance promedio del 35%. Al licitarla en 2016 nuevamente, la obra fue otorgada a CPC SA, de López, que terminó denunciado por abandono de obra e incumplimiento de los plazos.

Ahora, uno de los tramos fue adjudicado por más de $ 6.700 millones (US$ 65 millones al cambio oficial al dueño del Grupo Indalo, de López. Otra vez.

Pero además, previo a ello, el Gobierno le había concedido un contrato por 400 millones de pesos, para que realice el mantenimiento y reparación de esa ruta, la misma que según la anterior gestión de Vialidad Nacional abandonó.

López siempre dijo que el gobierno macrista lo asfixió financieramente y que por ese motivo no logró concluir con los planes de obra. La acusación del anterior director de Vialidad sostenía que la obra no había progresado más del 5%.

Columna publicada en Clarín

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Juicio de Alberto contra Bullrich: el estudio de Dalbón pagó la tasa judicial

El abogado del Presidente señaló que está seguro de que el dictamen le dará la razón y que se unieron a su causa la demanda de Ginés González García y la de Hugo Sigman

Gregorio Dalbón reveló que su estudio fue quien pagó los tres millones de pesos correspondientes a la tasa de Justicia en el juicio que Alberto Fernández le inició a Patricia Bullrich por daños y perjuicios.

“Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia, la pagó mi estudio, con cheque a mi nombre. ¿No miró el expediente? Deje de mentir”, fue el tuit que le dedicó el abogado del presidente. La titular del PRO había cuestionado que el Presidente hubiera abonado la mencionada cifra para poder iniciarle una demanda.

“Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, había escrito la ex ministra de Seguridad.

La causa por “daños y perjuicios” la iniciaron de manera separada el mandatario así como el ex ministro de Salud Ginés González García y el empresario farmacéutico Hugo Sigman, luego de que Bullrich acusara al Gobierno de intentar colocar un socio local en la compra de vacunas del laboratorio Pfizer contra el coronavirus.

Crédito exprés para cerrar el Olivos Gate: el Presidente recibió $ 3.000.000 para pagar el acuerdo judicial

¿Qué es la tasa de Justicia?

La explicación sobre el abono de ese dinero se remonta al funcionamiento del sistema judicial argentino, que obliga al demandante a abonar una tasa del 3% de la suma que se demanda para poder iniciar el juicio.

Alberto Fernández ingresó al podio de los Presidentes con mayor desaprobación en el continente

 

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Marcha atrás: anularon el procesamiento de Cristina Kirchner por el uso de aviones oficiales de forma discrecional

Se trata de la causa por el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de diarios, muebles y otros objetos hacia Santa Cruz.

La Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que abriera en su contra el fallecido Claudio Bonadio por el envío de diarios, muebles y otros objetos a Santa Cruz en el avión presidencial entre 2003 y 2015.

La ex mandataria había sido procesada por el entonces Juez, en 2019 bajo el delito de “peculado”, decisión que fue parcialmente avalada por la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La controversial investigación por los “Vuelos canillitas”, que es una de las ocho indagatorias simultáneas que dispuso Bonadio para la ex presidenta, como derivación del expediente de los Cuadernos de las Coimas, también imputó al senador Oscar Parrilli, que ejercía entonces como Secretario General de la Presidencia.

Originalmente, la actual Presidenta del Senado, estaba acusada de “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”.

“Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera Senadora Nacional o Presidenta, en tanto que Oscar Parrili era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostenía la acusación en su contra.

La vicepresidenta y el senador, también habían sido acusados de “haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”.

En esta ocasión, el máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la ex presidenta por la presunta falta de imparcialidad del juez Bonadio, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.

“La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal”, señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.

Además, el veredicto evaluó que ante los argumentos de la ex presidenta y de Parrilli “se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso”.

Por su parte, el tercer miembro del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de Cristina Fernández de Kirchner porque “no se dirige contra una sentencia definitiva”.

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La Justicia italiana sobreseyó a Paolo Rocca por el pago de sobornos millonarios a Petrobras

El empresario ítalo-argentino y titular de Techint, fue absuelto este jueves por un tribunal de Milán, tras considerar que la causa por el pago de más de 6,5 millones de euros a un gerente de la petrolera brasilera, no debía tramitarse en Italia.

El tribunal de la séptima sección penal de Milán rechazó emitir una sentencia en el juicio contra los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por el delito de corrupción internacional.

Bajo la presidencia de la magistrada Ombretta Malatesta, el juzgado resolvió la “falta de jurisdicción italianapara analizar y dictar sentencia en el presunto pago de sobornos desde una empresa del holding, Confab, a ejecutivos de la petrolera estatal brasileña, Petrobras.

Aunque los abogados defensores de los Rocca y Bonatti tomaron la decisión del tribunal como una victoria, aduciendo que “el juicio ni siquiera debería haber comenzado”, el sobreseimiento no determinó la inexistencia del delito. Sino que sólo dirimió si el juicio debió haber comenzado o no en Milán.

Los tres jueces del Tribunal rechazaron así la posibilidad de que el caso se juzgue en Italia porque los hechos no se habrían cometido en ese país, sino en todo caso en otras jurisdicciones, como Brasil, Suiza y Argentina.

Desde la Fiscalía cuestionaron esto, por tratarse “de tres ciudadanos italianos, y la empresa tiene oficinas muy cerca de Milán”. En tanto, la fiscal Donata Costa aún no decidió si apelará esa decisión, y esperaría a conocer los argumentos de los tres jueces para proseguir.

Los hermanos Rocca y Bonatti estaban acusados de pagar presuntamente coimas por 6,5 millones de euros, entre 2009 y 2013, a un ex directivo de Petrobras en Brasil arrepentido para la provisión de tubos industriales a esa petrolera estatal.

Rocca es la cabeza de la multinacional ítalo-argentina y, actualmente, presidente de Tenaris, líder en la producción de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera.

“Con satisfacción damos la bienvenida a la absolución pronunciada hoy en contra de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la compañía de San Faustín con respecto a los casos de presunta corrupción en los años 2009-2013, que se refiere a la empresa brasileña Confab y algunos funcionarios de Petrobras”, señalaron los abogados de los directivos de San Faustín SA, la firma con sede en Luxemburgo que actúa como holding accionario del Grupo Techint.

“Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado”, remarcó la firma a través de un comunicado.

Cabe destacar que el 22 de marzo último, la fiscal italiana Donata Costa había solicitado a los jueces del tribunal de Milán que condenen a los Rocca y a Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Así mismo que se multe a San Faustin, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público” brasileño, Renato Duque.

Según la investigación que se desprende de los expedientes judiciales, los tres empresarios habrían pagado coimas para garantizarse contratos con Petrobras por más de 1.418 millones de euros entre 2009 y 2013, ya que Duque siguió cobrando a través de una red de sociedades offshore manejadas por Techint desde Suiza incluso después de haber dejado el cargo en la petrolera.

Renato Duque, ex gerente de Petrobras juzgado por recibir sobornos.

Vale resaltar que los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la segunda familia más rica de Argentina y están entre los doce más ricos de Italia, según el último ranking Forbes de 2021. Así mismo, las edades avanzadas de los tres acusados los favorecerían en caso de recibir una condena.

 

 

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