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Notas de Opinión

Historia a la carta del kircherismo

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

El kirchnerismo no quiere imponer una versión propia de la historia diferente de la real. Es mucho peor: al pasado lo acomoda a sus necesidades de cada momento. Historia a la carta. Acaba de ocurrir con la apropiación del 10 de diciembre, una fecha hasta ahora desdeñada.

Tal vez la percibían ajena. Pero las fechas propias también pueden ser intercambiables. Sin ir más lejos, este año el 17 de noviembre, Día de la Militancia, terminó siendo mucho más importante que el 17 de octubre, onomástico del Movimiento, sólo porque después de las elecciones era lo que había a mano. Para un peronismo que tras su mayor derrota electoral necesita una excusa para festejar la victoria, el recipiente litúrgico está hecho de plastilina.

Claro, está el tema de quién paga estas fiestas en Plaza de Mayo. Pero fuera de eso es un asunto privado, digamos, aunque esta palabra no sea del gusto peronista, que como apropiador del Estado, del “pueblo” y de la patria jamás trepidó, precisamente, en sacar lo que haga falta de las arcas públicas para solventar las alegrías propias.

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Otra cosa es el 10 de diciembre, un día que pertenece a todos, con dos significados trascendentes yuxtapuestos. Primero, es desde 1950 el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue instituido para evocar el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por entonces en la Argentina gobernaba Perón, quien nunca le dio importancia a ese documento mundial ni al concepto de derechos humanos, muchos menos al 10 de diciembre. Para ubicar la época se puede recordar que Cipriano Reyes, el artífice del 17 de octubre de 1945, había pasado de héroe a perseguido y estaba siendo torturado por la “sección especial” de la policía que, mediante picana eléctrica quería hacerle confesar (infructuosamente) que formaba parte de una conspiración para matar al presidente Perón.

Quien rescató el 10 de diciembre y causó la superposición fue Raúl Alfonsín, miembro conspicuo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Escogió la fecha para asumir como presidente. Lo cual determinó que se convirtiera también en el día de la restauración de la democracia, efemérides que en 2007 sería reconocida, con sordina, por ley, iniciativa de una senadora radical.

El 10 de diciembre quedó como fecha fija de los recambios presidenciales, pero la precipitada renuncia de Alfonsín en 1989, la caída de De la Rúa en 2001 y el autoacortamiento del mandato de Duhalde al año siguiente dislocaron el calendario institucional, que recién se normalizó con Cristina Kirchner. Por eso Macri y Alberto Fernández asumieron el 10 de diciembre. Todo viene de Alfonsín.

Dictadura y peronismo
Los militares pensaban entregar el mando el 30 de enero de 1984 al gobierno que surgiera de las elecciones del 30 de octubre de 1983. Estaban convencidos de que el ganador sería el peronismo. Nunca el peronismo había perdido elecciones presidenciales libres. El candidato Ítalo Luder, tras haber prometido convalidar la autoamnistía llamada “ley de Pacificación Nacional”, era a la vez el preferido de la cúpula militar y el favorito en sus pálpitos. Pero por doce puntos porcentuales ganaron los radicales.

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Descascarada desde la derrota de Malvinas el año anterior, la dictadura se caía a pedazos. Al comenzar noviembre de 1983, con un presidente democrático electo, el frente militar partido, el Estado sin reservas, la economía en crisis y un torrente de demandas sociales, era obvio que las Fuerzas Armadas no iban a aguantar tres meses más en el poder, un alargue pensado inicialmente para terminar de imponerle al nuevo gobierno los pormenores de la impunidad.

Alfonsín les reclamó entonces a las Fuerzas Armadas adelantar la entrega y exigió iniciar su mandato, con toda intención, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para el nuevo gobierno el orden democrático se iba a construir encarando dos asuntos urgentes: la política militar (había que efectivizar la subordinación al poder civil) y los derechos humanos (debían juzgarse los responsables de la represión ilegal).

Tres días después de llegar a la Casa Rosada, Alfonsín firmó los decretos 157 y 158 que dispusieron juzgar a los miembros de las tres primeras juntas militares y a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Los métodos de la dictadura fueron allí calificados por primera vez en forma oficial como Terrorismo de Estado, un favor al peronismo que en verdad había introducido el Terrorismo de Estado en la primera mitad de la década anterior, a escala artesanal, con José López Rega.

La primera ley que Alfonsín envió al Congreso fue la derogación de la autoamnistía. El juicio a las juntas y otros juicios contra sanguinarios represores como el general Ramón Camps se llevaron adelante cuando las Fuerzas Armadas todavía representaban un peligro para la estabilidad democrática. Recién en los noventa Menem terminaría de sacar a los militares del juego político (por si hiciera falta ilustrarlo, hace pocas horas el gobierno echó al jefe del Ejército, un general llamado Agustín Cejas, y fue apenas una noticia de tercera categoría).

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Amedrentado por un sector militar que entre 1987 y 1990 se levantó contra los juicios, Alfonsín impulsó las leyes de punto final y de obediencia debida que liquidaron los juicios contra la oficialidad media bajo el argumento de evitar una guerra civil. Luego Menem, con el apoyo de prácticamente todo el peronismo, incluidos los Kirchner, expandió los beneficios hacia arriba mediante el recurso de ofrecer indultos al por mayor, también a los jefes guerrilleros.

Todo esto es conocido, pero el gobierno, que insiste en tergiversarlo, acaba de llegar a límites ridículos.

Se puede no estar de acuerdo con la política de derechos humanos de Alfonsín, se puede disentir con su decisión medular de juzgar no sólo a los militares sino también a los líderes guerrilleros. O con las leyes de impunidad, que ni siquiera sirvieron para apaciguar a los carapintadas, si bien en nada menoscabaron el coraje institucional que significó el juicio a las juntas. Pero tergiversar la historia no es disentir, es otra cosa. Significa mentir. Y hacerlo desde el Estado siempre es más grave.

¿Por qué el kirchnerismo nunca le prestó atención al 10 de diciembre? Porque lo veía asociado con Alfonsín, a quien había borrado de la historia especialmente en lo referido a derechos humanos, asunto que los Kirchner, operadores inmobiliarios devenidos millonarios durante la dictadura, buscaron monopolizar y a la vez parcializar. La parcialización –lo opuesto al concepto de universalidad que consagró la Declaración Universal de los Derechos Humanos- fue uno de los modos de captación de los sectores más duros de los organismos, que siempre quisieron reivindicar a la guerrilla.

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Del destrato de los Kirchner a Alfonsín hay dos episodios conocidos. El primero ocurrió el 24 de marzo de 2004 en terrenos de la ESMA, cuando el entonces presidente pidió “perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Como Alfonsín se mostró en público muy dolorido por la grosera omisión, que además causó considerable revuelo político, Kirchner lo llamó por teléfono y, sólo en privado, le pidió disculpas. Pero en el sentido dogmático la falsificación no fue corregida. El año pasado La Cámpora hizo un video para homenajear a Kirchner en el que destacó el párrafo de la ESMA en el que Alfonsín es ninguneado. El juicio a las juntas militares, insisten hoy, nunca sucedió.

El segundo episodio fue el 28 de junio de 2006 cuando Kirchner no dejó a entrar a Alfonsín a la Casa Rosada. Nunca había ocurrido algo así. Alfonsín quiso dejar una corona de laureles en el busto de Illia al cumplirse 40 años de su derrocamiento, pero le impidieron el ingreso. Después Kirchner lo mandó a Oscar Parrilli a pedir disculpas en privado, estéril reparación del desplante.

Con la misma desvergüenza que animaría la voltereta pegada en el aire con Jorge Bergoglio después de tenerlo por violador de derechos humanos, los Kirchner repentinamente descubrieron que Alfonsín representaba la restauración de la democracia. Eso sólo pasó cuando el líder radical, ya enfermo, se alejó de la política y se acercó al bronce. Metáfora interpretada en forma literal: poco antes de que Alfonsín muriera, Cristina Kirchner lo convocó en octubre de 2008 a la Casa Rosada para la ceremonia de colocación de su busto en el hall de entrada. La entonces presidenta lo homenajeó con un discurso en el que lo conminaba a aceptar (“le guste o no le guste”) que él era quien había encarnado la restauración de la democracia. Desde luego, la presidenta no hizo mención en la ocasión del espinoso tema de los derechos humanos apropiados, aunque tampoco se privó de decir que en 1983 cuando Luder perdió a ella “se le caían las lágrimas”. Lo que significaba reconocer sin rodeos que con pasión, no por mera rutina, había apoyado a quien proponía convalidar la autoamnistía militar. Jamás hubo un arrepentimiento, una autocrítica, una explicación sobre tamaña incoherencia ideológica.

El viernes pasado Alberto Fernández, quien cada tanto se dice influenciado por Alfonsín, retomó el ninguneo originario de Kirchner. Explicó que el Día de la Democracia “coincide” (¿casualidad?) con el Día Internacional de los Derechos Humanos “en un país que, de Néstor en adelante, con una interrupción en el medio, ha hecho gala de trabajar incansablemente porque los derechos humanos se respeten y porque los derechos humanos violados en el pasado sean enjuiciados y castigados como corresponde”. De Néstor en adelante quiere decir que antes no hubo nada, tal como sentenció Kirchner en la ESMA, y lo de la interrupción se refiere, obviamente, a Macri, si bien Fernández no explicó qué fue lo que se vio interrumpido.

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Pero ahí no terminaron los recortes de la historia. Esto sucedía minutos antes de ir a hablar de la deuda y del FMI en Plaza de Mayo. El presidente estaba entregando los premios Azucena Villaflor, instituidos por Kirchner en 2003. Y entre los premiados de este año sobresalía alguien ajeno al planeta kirchnerista, el ex senador radical Hipólito Yrigoyen, quien no asistió a la ceremonia.

El gobierno lo premió porque como abogado “defendía a gente perseguida en la dictadura”. Fue lo que explicó Fernández. Se olvidó de mencionar que Solari Yrigoyen está vivo por casualidad, ya que fue la primera víctima de la Triple A, que el 21 de noviembre de 1973 trató de asesinarlo. En su Renault 6 le puso una bomba que explotó cuando Solari Yrigoyen encendió el motor (en el garaje de Marcelo T. de Alvear 1276, donde puede verse una placa que recuerda el trágico debut de la Triple A), lo que le provocó severas heridas. Resistió seis operaciones. Las secuelas perduran.

En 1975 consiguió dejar la silla de ruedas, pero la Triple A volvió a la carga. Le puso otras dos bombas sincronizadas en su casa de Puerto Madryn que lo hicieron volar por los aires (literalmente: chocó con el techo de su dormitorio). Ya en la dictadura Solari Yrigoyen fue secuestrado. Estuvo desaparecido, fue torturado, luego “blanqueado” (puesto a disposición del Poder Ejecutivo) y tras un año de cárcel, expulsado del país.

Quien conocía este calvario al detalle era el senador Edward Kennedy, que hace muchos años le hizo un homenaje en Washington a Solari Yrigoyen, cuyo repaso le hubiera venido bien al presidente antes de hablar en la entrega de premios del viernes. A Solari Yrigoyen la Triple A lo eligió como su primera víctima no por defender perseguidos, ya que no ejercía como abogado. Asesoraba a los gremialistas combativos Agustín Tosco y Raimundo Ongaro y venía de ser la figura central en el Senado en el debate de la ley de Asociaciones Profesionales, lo que valió que Lorenzo Miguel, horas antes del primer atentado, lo llamara “enemigo público número uno”.

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Se ve que para el presidente los crímenes de la Triple A, autora de 600 o 700 asesinatos durante el tercer gobierno peronista, no son del rubro derechos humanos: no venían al caso.

Sobre los dislates de Cristina Kirchner en la plaza partidaria del viernes, en particular la antidemocrática equiparación de Macri con la dictadura, ya se ha dicho y escrito mucho.

Sólo falta recordar que el kirchnerismo se opuso en varias oportunidades a la idea de que el Día de la Democracia fuera feriado nacional, porque prefirió reservar ese status no para el día que terminó la dictadura sino para el que comenzó, el 24 de marzo. Que también sirvió para marcar una barrera con lo precedente, el gobierno de Isabel Perón y de López Rega. Una barrera robusta y amnésica.

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Economía

La renuncia de CFK a las candidaturas impulsó la suba de los bonos y las acciones

A contramano de los mercados globales, los activos argentinos tuvieron una recuperación como respuesta al impacto del nuevo escenario electoral para 2023.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que no será candidata y los mercados respondieron con una fuerte suba de los bonos de la deuda en dólares. Títulos como el Global 2035 subieron 2% y fueron responsables de que el riesgo país caiga 60 unidades (-2,5%) a 2.326 puntos básicos. La Argentina estuvo a contramano de la región donde el EEM, el índice de mercados Emergentes, cayó 0,6%. Perú, a pesar de la crisis política, no afectó a la región y su riesgo país quedó sin cambios en 165 puntos básicos.

También al mercado bursátil llegó el optimismo por la noticia. De hecho, las Bolsas del mundo bajaron. En Nueva York el S&P 500 perdió 0,20% y el Nasdaq, 0,51%. El Ibovespa de San Pablo bajó 1,02% y las Bolsas europeas cerraron en rojo.

La Argentina se desacopló del mundo. La Bolsa negoció un volumen elevado de $3.057 millones y el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 1,83% en pesos y 2,5% en dólares. Lo más destacado pasó por CableVisión que subió 6,06%, seguida de Banco Supervielle (4,49%) y Transportadora Gas del Norte (+4,32%).

El dólar padeció una jornada en la que muchos jugadores se fueron temprano del mercado por el fin de semana largo y quedó casi sin cambios. El contado con liquidación tuvo un ligero retroceso de 0,7% y cerró a $338,09. El dólar libre, que llegó a cotizar a $318, cerró a $316 (+$1).

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En la plaza mayorista, el dólar subió 40 centavos a $169,90. Los exportadores liquidaron USD 151 millones de los que el Central se quedó con USD 71 millones, el 47% de lo operado. La cuenta da que la soja le costó $297,60 porque le vendió dólares a $170 a los exportadores. Esos dólares le costaron $230 al Central.

Las reservas subieron USD 312 millones a 39.005 millones por la compra de dólares a exportadores, pero también porque habría ingresado una parte del crédito del BID.

Pero surgió un problema que el lunes puede perturbar estas operaciones. “El lunes se publicó la modificación del decreto del dólar soja y en el artículo 5 hubo una reforma que afecta a los productores porque ahora todos los que accedan al dólar soja tienen que estar respaldados por una liquidación primaria que es la que hace el productor. La secundaria es la que interviene cualquier operador de la cadena. Pero sucede que cooperativa y corredores, que con el correr del tiempo compraron soja, ahora no la pueden vender porque tienen que presentar una comprobante de que la compraron este mismo mes. Ese comprobante no lo tienen porque la liquidación la hicieron antes. En la cadena hay una figura que es la del corre-acopio, que es un símil del acopio creada por los corredores que mueve mucho volumen y les da fuerza para obtener mejores precios”, explicó el analista financiero y experto en agronegocios, Salvador Vitelli.

“El problema es que son liquidaciones secundarias y por eso el productor ahora no les puede vender lo que afectará sus precios. En el ambiente creen que es un arreglo entre los exportadores y el Gobierno que está causando muchos problemas en la cadena porque genera un obstáculo más para la comercialización”, señaló.

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El fin de semana largo llegó en el momento justo con un mercado que cerró con euforia y no hay forma de que tome ganancias hasta el lunes. Tiene el hándicap que tendrá 48 horas para observar al mundo. Pero el miércoles de la semana próxima se avecina el examen clave de la licitación de Bonos del Tesoro. Este mes, debe recaudar $1 billón para cubrir vencimientos y déficit. Una misión imposible de acuerdo a los últimos eventos, que obligaría al Banco Central a emitir para cubrir el bache.

 

Nota publicada originalmente en Infobae.

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Notas de Opinión

En la política, nadie se quiere hacer cargo de la casta judicial y de inteligencia

El presidente Alberto Fernández decidió subirse institucionalmente a una operación contra la cofradía de la que forman parte algunos de sus amigos. Una movida para quedar bien con Cristina Fernández de Kirchner. La transversalidad judicial y de inteligencia

Columna publicada originalmente en MDZ

“Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”, lanzó en su discurso ante un aplauso generalizado el presidente Alberto Fernández el día de su asunción en el Congreso.

La descripción es realmente precisa y real. Pero ese 10 de diciembre de 2019 algunos legisladores presentes sonrían con desconfianza sobre esa promesa conociendo muy bien al jefe de Estados y sus relaciones en el mundo judicial. Arrancaba con Marcela Losardo en el Ministerio Justicia y Juan Manuel Olmos como jefe de asesores.

Claro, en octubre de ese año Juan Bautista Mahiques, un integrante destacado de esa cofradía, asumió como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires en el Salón Dorado del Teatro Colón, con más de doscientos invitados.

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Además de sus familiares, el funcionario se sacó muchas fotos y exhibió su vínculo con el resto de la mesa judicial. En primera fila aparecían Losardo y Olmos.

También el ex secretario Legal y Técnico de Mauricio Macri, Pablo Clusellas; y Cristian Gribaudo en representación de su jefe Daniel Angelici. Una clara demostración de que la grieta no penetra en la rosca judicial.

Mahiques fue el representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura. Su padre, Carlos, fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, y uno de sus mejores amigos, Ignacio Jakim, también fue funcionario bonaerense en esa gestión. Gracias a Angelici logró un cargo ad honorem en la FIFA, el Tribunal Arbitral, donde se definen los laudos internacionales.

“El Tano se movió para conseguirle el cargo en la FIFA, pero fue clave la gestión del Chiqui Tapia, amigo personal del Mahiques padre”, comenta a MDZ un conocedor de estos entresijos. También operaron para que tenga un cargo en Conmebol Diego Pirota, socio de Darío Richarte, ex N°2 de la Side con la Alianza y entonces vicepresidente de Boca. Rosca judicial, futbol y servicios de inteligencia.

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Esta trilogía está relacionada con el polémico viaje de integrantes de la “familia judicial” a Bariloche que fue sugestivamente difundido por Horacio Verbitsky. No cabe ninguna duda que esta movida, que huele a operación de inteligencia, apunta a subir la tensión a horas de conocer el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Tal es así que el presidente se vio obligado, no solo a usar la cadena nacional para congraciarse con la vicepresidenta, sino además romper la promesa de su discurso de asunción y hacerse eco en términos institucionales de una operación de inteligencia, más allá de la aparente veracidad de lo denunciado. Y encima sigue sin pedirle la renuncia a su asesor Julián Leunda, nexo con su amigo y excliente, Cristobal López.

“Alguien rompió los códigos y armó la operación de inteligencia, los muchachos se cuidan entre sí, esto no es habitual, es producto de la desesperación del kirchnerismo”, reflexiona un integrante de la cofradía. Llamó la atención la presencia en el viaje a Lago Escondido del exjefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke, quien supo tener muy buenos contactos con el kirchnerismo. Alguno de los viajeros sospecha de Esteban Carella, titular de Contrainteligencia de la AFI y cercano a Máximo Kirchner.

La explosión mediática del viaje a Bariloche explotó fuerte en Qatar donde se encuentra Angelici disfrutando del Mundial de fútbol junto a su grupo de amigos. Pudo verse en las tribunas a los nombrados Pirotta y Richarte, al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, su vocero Hernán Nisembaum y a Juan José Galea, exdirector de Finanzas del organismo de inteligencia.

“Están preocupados porque había un pacto de convivencia con los amigos de Alberto y dentro de la AFI, pero algo se rompió”, dicen en el sector judicial del PRO.

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Notas de Opinión

Cristina Kirchner no irá presa por ahora y podrá ser candidata el año próximo

Es porque el fallo solo quedará firme cuando lo ratifique la cámara de Casación y la Corte. En cambio, podría perder su jubilación de privilegio y la administración de sus bienes.

Cristina Kirchner fue condenada 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el tribunal oral federal 2 y el fallo abre una serie de interrogantes.

¿Puede ir presa y quedar inhabilitada para ser candidata el año próximo?, entre otras dudas.

El constitucionalista Félix Lonigro explicó que “la condenaron sólo por administración fraudulenta en el máximo de la escala, no por asociación ilícita” y por ahora no irá presa porque la condena no está firme.

Además, en febrero cumple 70 años y si la condena queda firme no irá a la cárcel sino tendrá el derecho de la prisión domiciliaria.

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“La condena sólo rige desde que quede firme, para lo cual faltan al menos dos o tres años”, dijo. Es así porque la vicepresidenta apelará a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Corte. Incluso, dijo que irá a la Corte Interamericana de Justicia.

Intervendrá a Sala IV de la Cámara de Casación integrada por Mariano Hernán Borinsky –Presidente-, Javier Carbajo y Gustavo Hornos a los que Cristina Kirchner también incluyó en su ataque, al igual que a los cuatro miembros de la Corte.

Entonces, la condena no estará firme hasta que falle la Corte y “podrá ser candidata y seguramente tendrá fueros” que le dan inmunidad de arresto, dijo Lonigro.

Aunque si el año que viene es elegida “legisladora, cuando la sentencia quede firme, esos fueros podrán ser removidos por la Cámara a la que eventualmente acceda en 2023” si tiene los dos tercios de los votos.

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De todos modos, Cristina Kirchner afirmó esta tarde que no “será candidata a nada” el año que viene.

También debería “perder la jubilación de privilegio de unos 10 millones de pesos que cobra todos los meses y la administración de sus bienes” por el decomiso de 84 mil millones de pesos que dispuso el tribunal oral federal 2.

Por otra parte, Lonigro dijo que el presidente Alberto Fernández no puede indultar a Cristina aún si la condena quedara firme durante su mandato porque el artículo 36 de la constitución impide ese beneficio para los delitos de corrupción.

Además, Cristina aún debe afrontar otros juicios orales en las que también puede ser condenada lo que complicaría su situación judicial aún más. Se trata de la causa de los Cuadernos de las Coimas, de la causa Hotesur y Los Sauces y el pacto con Irán, entre otras. Y quedó demostrado que el delito precedente del lavado de dinero de la Ruta del Dinero K fueron los fraudes en la obra pública, como lo dijo el Tribunal Oral Federal 4.

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Columna publicada originalmente en Clarín.

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