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Judiciales

Exclusivo | Piden investigar a Maqueda en el escándalo de corrupción en la Obra Social del Poder Judicial

El titular de uno de los principales sindicatos judiciales se presentó como querellante y pidió ampliar la investigación para incluir en la misma al juez del Máximo Tribunal, salpicado en la causa que investiga desvío de fondos de la obra social, una red de afiliados VIP y licitaciones digitadas en favor de empresas cordobesas, de donde es oriundo el propio magistrado

Los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial se transformaron en los últimos meses en uno de los mayores golpes a la imagen institucional de la Corte Suprema, a cargo de gestionar esta multimillonria caja. Particularmente, el nombre de Juan Carlos Maqueda quedó vinculado a irregularidades de todo tipo: desvíos de fondos, licitaciones dudosas y la existencia de afiliados VIP a los que se le otorgaban prestaciones que la obra social no cubría.

NEXOFIN tuvo acceso exclusivo al pedido realizado por Hugo Agustín Bruera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU), quien se presentó como querellante en la causa que investiga la red de presuntos delitos y pidió al juez subrogante ampliar la investigación e incluir a Maqueda en la posible comisión de delitos.

El denunciante explicó su pedido de incluir a Maqueda al mencionar la red de familiares de éste en funciones clave dentro del manejo de la Obra Social, hoy auditada e investigada por la Justicia. “El magistrado no sólo no cumplió con su función y con su deber de fiscalización sobre la Obra Social, sino que además en virtud del manejo efectivo que el nombrado tuvo mediante la designación de personal de su confianza, como su propia sobrina, María Guadalupe Burgos en el cargo de tesorera, o su secretaria privada Maribe Bonucelli, en el Directorio de la Obra Social, entre muchos otros funcionarios y empleados. Es posible suponer que estos habrían participado en la actividad ilícita que se le reprocha al Dr. Aldo Tonón”.

El allanamiento en la Obra Social del Poder Judicial se llevó puesto al hombre de Maqueda

Al inicio de su presentación, Bruera explica: “Vengo por el presente a efectuar formal denuncia contra los Dres. Aldo Tonón y Diego Taetti, este último auditor médico de la Obra Social, por la posible comisión de delitos contenidos en el Código Penal de la Nación Argentina y sus leyes complementarias debido a las diversas irregularidades en la falta otorgamientos de las prestaciones de salud a nuestra/os afiliada/os”.

Y aclara que sus representados “se acercaron a nuestro sindicato para que los ayudemos jurídicamente en los casos”. Además, al explicar las razones que lo empujaron a presentarse como querellante, Bruera aclara que los presuntos desmanejos causaron “perjuicio no sólo de los fondos públicos, sino de los aportes que realizan los trabajadores mes a mes, a los fines de recibir las correspondientes prestaciones médicas”.

Puntualmente, el pedido del sindicato exige a la Justicia indagar en dos licitaciones millonarias ya informadas en exclusiva por NEXOFIN semanas atrás. “Estamos convencidos que la licitación particularmente del servicio de Emergencias Médicas debe ser investigada en profundidad por el Sr. Juez, a efectos de determinar con precisión posibles vínculos de los dueños de la Empresa en cuestión, con funcionarios/as de la OSPJN y determinar la presunta comisión de delitos por parte de los mismos y/o de quien en definitiva resulte responsable de los ilícitos en cuestión”.

Además, el denunciante aseguró que otra de las empresas beneficiadas con las contrataciones millonarias era una “compañía fantasma”. “La otra licitación millonaria es la contratación de la empresa Farmadant, otra empresa cordobesa, cuya función por lo que conocemos era la de controlar las recetas que presentaban las farmacias, pero que control podía efectuar de las recetas de distintas farmacias del país, si la empresa tiene domicilio en Avda. Colón 610 de la ciudad de Córdoba, donde además señor Juez no existiría ninguna infraestructura de empresa y sólo sería una empresa fantasma”.

Denuncia contra Maqueda

Escándalo en la Corte: Maqueda, salpicado por una denuncia por malversación de fondos

Una de las novedades del pedido realizado por el titular del sindicato judicial es que solicitó al juez subrogante que lleva adelante la causa incluir en la investigación al juez Maqueda “a efectos de determinar su responsabilidad y/o su posible participación criminal”.

“El magistrado no sólo no cumplió con su función y con su deber de fiscalización sobre la Obra Social, sino que además en virtud del manejo efectivo que el nombrado tuvo mediante la designación de personal de su confianza, como su propia sobrina, María Guadalupe Burgos en el cargo de tesorera, o su secretaria privada Maribe Bonucelli, en el Directorio de la Obra Social, entre muchos otros funcionarios y empleados. Es posible suponer que estos habrían participado en la actividad ilícita que se le reprocha al Dr. Aldo Tonón, debiendo en todo caso mediante el análisis de la prueba secuestrada, y los demás elementos que deban incorporarse como declaraciones testimoniales de empleados, ex empleados, proveedores, afiliados, etc. determinar las personas que han intervenido en los distintos ilícitos cometidos en el ámbito de la Obra Social”.

Luego, en su pedido de ampliación de la investigación, Bruera vinculó a Maqueda directamente con las licitaciones bajo sospecha: “Resulta más que sospechoso que las dos licitaciones millonarias más escandalosas que se investigan, se habrían cometido durante el período en que estuvo a cargo de supervisar y controlar la gestión de la Obra Social, el ministro de la Corte Dr. Juan Carlos Maqueda; y que ambas empresas (EMI S.A, y FARMANDAT S.A.) sean de Córdoba, provincia de la que es oriundo el antes nombrado”.

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Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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Ataque a la Corte Suprema: profesores de derecho rechazaron la marcha kirchnerista

Presentaron un escrito donde reclaman “independencia judicial”. Se manifestarán el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales

Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

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“El Presto” anunció que irá al juicio con Fabiola Yáñez disfrazado del “dictador de Costa Pobre”

El influencer se presentará en el juzgado el 1 de febrero acompañado de una murga y arrojando polenta.

El periodista e influencer, Eduardo Prestofelippo, deberá concurrir el próximo 1 de febrero a una audiencia de juicio oral y público por “hostigar digitalmente” a Fabiola Yáñez. La primera dama fue quien inició la denuncia contra “El Presto” quien podría recibir un castigo de 30 días de arresto.

Según indicó Daniela Dupuy, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el influencer “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yáñez, a través de medios digitales”.

La fiscal remarcó que “El Presto” actuó “mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y el honor de la víctima”.

Mientras CFK zafa por corrupción, El Presto va a juicio oral por “hostigamiento”

Con rapidez, el juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 11, a cargo de Marcelo Bartumeu Romero, instó al periodista a concurrir a una audiencia de juicio oral y público el 1 de febrero a las 10. “El Presto” asistirá y ya está organizando una entrada colorida para las 9:30 de ese día.

Bajo la consigna “Si quieren circo, vamos a darle circo”, el influencer llegará acompañado por una colorida murga que le pondrá música al evento judicial. “El Presto” arribará disfrazado del “dictador de Costa Pobre”, arrojando polenta sobre los asistentes y acompañado de una modelo representada como “la Justicia prostituida”.

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