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Judiciales

Golpiza al playero: la Justicia cree que al menor acusado lo protege su familia y lo buscan en el interior del país

La Polícia llevó adelante 11 allanamientos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires: secuestraron documentos, 22 celulares y un arma

Mientras Arturo López (66), el playero de un estacionamiento de Monserrat agredido el 19 de noviembre pasado tras una discusión con un cliente, continúa internado y pelea por su vida, Carlos Manuel A., el adolescente de 17 años que lo golpeó, sigue prófugo.

“Estoy cansada, estoy harta de esta rata de mierda que no aparece. Hijo de puta, te odio, nos arruinaste la vida. Y ahora están especulando con que si mi papá se mejora o no se mejora, y para nosotras es una tortura seguir así”, expresó Florencia, una de las hijas de Arturo, a LN+, en la puerta de la clínica del barrio porteño de Flores en la que su padre está internado en terapia intensiva.

En paralelo, la Justicia continúa investigando su paradero y ya realizó once allanamientos en la Ciudad y el Conurbano tras una pista obtenida a través de informantes. Sin embargo, el joven no se encontraba allí. Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan es que está siendo protegido por familiares o miembros de la comunidad gitana.

Según informa La Nación, la familia del adolescente prófugo tiene vasos comunicantes con clanes de Corrientes, Rosario y Santa Cruz dedicados a cometer secuestros virtuales y a “doblar” autos.

El hecho de que el acusado continúe prófugo de la justicia fue motivo para que su abogado, José Pereyra, dejara la defensa de su representado: “Hago saber mi renuncia al cargo de defensor particular del menor, teniendo en cuenta la actual situación de incertidumbre, por la cual dejo en libertad a sus progenitores para decidir el nombramiento de un nuevo profesional o un defensor oficial que continúe la labor en la defensa”, manifestó en un comunicado.

Con respecto a la búsqueda del acusado de agredir a Arturo, la policía allanó once domicilios en territorio porteño, Moreno y en Caleta Olivia, Santa Cruz. En esos allanamientos se secuestraron 22 celulares,un arma y la documentación del Mercedes y el BMW que protagonizaron el incidente en el cual el adolescente noqueó de un golpe al playero. También lo buscan en Corrientes, donde viven algunos de sus familiares.

“Estoy cansada, estoy harta de esta rata que no aparece. Nos arruinaste la vida”, dijo entre lágrimas Florencia, una de las hijas de Arturo López.

En la puerta de la clínica Iteba del barrio de Flores, la mayor de las hijas del empleado del garaje de Monserrat arremetió contra su atacante, a quien acusó “de estar especulando” con la recuperación del hombre. “Para nosotras es una tortura seguir así”, afirmó a la prensa. De tal manera, le pidió al imputado “que se entregue” a la vez que lo señalaron como quien “les arruinó la vida”.

Judiciales

Marcha contra la Corte: el Colegio de Abogados porteño rechazó la convocatoria

Por medio de un comunicado, alertó sobre la gravedad que conlleva este acto promovido por el oficialismo en el marco de “ataque sistemático al poder judicial”

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

Por medio de un comunicado divulgado a través de Twitter, la institución convocó “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtió que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste” incurrirán en el “delito de sedición”.

Además, pusieron de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” que implica que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional adhieran a la convocatoria y pidieron alertar a la sociedad “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.

Finalmente, el Colegio de Abogados porteño adhirió a la contramarcha citada para el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales, “para defender la independencia judicial”.

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Judiciales

Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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Judiciales

Ataque a la Corte Suprema: profesores de derecho rechazaron la marcha kirchnerista

Presentaron un escrito donde reclaman “independencia judicial”. Se manifestarán el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales

Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

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