Seguinos en nuestras redes

Judiciales

Exclusivo | Corrupción en la Obra Social de los judiciales: amenazas, alianzas cortesanas y denuncias por encubrimiento

A un mes de los allanamientos en la sede de la prestadora y en el domicilio de su director, Aldo Tonón, el supremo Juan Carlos Maqueda comenzó a mover fichas, en alianza con personas cercanas al presidente del Máximo Tribunal, para intentar bajar el tono a un caso que incluye desvío de fondos multimillonarios y licitaciones digitadas

A un mes de los allanamientos realizados en el domicilio personal del entonces director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Tonón, por un megacaso de corrupción en la prestadora de salud controlada por personas de confianza del juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, comenzaron a darse llamativos movimientos internos que podrían perjudicar la investigación.

Según pudo confirmar NEXOFIN con fuentes judiciales, en las últimas semanas se presentaron nuevas denuncias penales contra la gestión de la Obra Social. Se trata de denunciantes que pidieron ante la Justicia investigar más licitaciones irregulares realizadas en la etapa de Tonón, como la ya revelada contratación de la empresa Farmandat S.A., que incluyó presupuestos multimillonarios sin respaldo técnico, gritos y aprietes en la apertura de sobres y hasta trabas a las competidoras, con el fin de que la compañía beneficiada pudiera quedarse con el servicio por 1.800 millones de pesos, pese a no contar con la mejor oferta.

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

“Maqueda está intentando borrar las huellas que fue dejando a lo largo de tantos años”, figuró ante NEXOFIN una fuente judicial al tanto de los movimientos subterráneos que despertó la primera denuncia, realizada a mediados de septiembre por un empleado de la obra social. Consultado por este supuesto intento de “borrar huellas”, la misma fuente profundizó ante este medio: “Basta con mirar los nombres de los auditores que eligieron para revisar, entre muchas comillas, lo que hizo Tonón y el círculo de confianza de Maqueda en la Obra Social; es toda gente vinculada de alguna u otra manera a la Corte”.

Sin embargo, el vínculo de amistad y confianza que unió durante años a Tonón y Maqueda comenzó a resquebrajarse en las últimas semanas ante el temor de este último de que “el Doctor” hable: “El propio Tonón contó ante allegados que recibió un llamado de la esposa de Maqueda, María Belén Ferrer Deheza, amenazándolo y diciéndole que era un traidor“, contó una fuente interna de la Obra Social a este medio.

Pero no fue el único mensaje que recibió Tonón: la secretaria de Maqueda, Maribe Bounichelli, usó el mismo tono para dirigirse al ahora ex director investigado por la Justicia.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Las acusaciones por intentos de encubrimiento que rodean a Maqueda deben entenderse en perspectiva: dentro de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, el integrante de la Corte ubicó a personas de su máxima confianza en roles fundamentales. Hoy, estas personas quedaron en una situación delicada ante la Justicia. Uno de estos lugares sensibles lo ocupó su sobrina, María Guadalupe Burgos, a quien Maqueda sentó en la oficina principal de Tesorería, desde donde manejó un presupuesto mensual de 1.232,3 millones de pesos entre aportes y contribuciones de los afiliados.

Además, según pudo confirmar NEXOFIN, dos de los nuevos directores nombrados que estarán a cargo de gestionar la Obra Social son personas con ligaduras directas con Maqueda o bien con el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien funcionó de nexo inicial entre el ahora investigado Aldo Tonón y el juez del Máximo Tribunal. Otro de los directores, como veremos a continuación, generó aún más ruido interno en la Obra Social.

“Hay una alianza entre Rosatti y Maqueda para salvarle el pellejo al cordobés”, soltó un hombre con más de diez años en la gestión diaria de la Obra Social y que hoy se muestra descontento por la situación en la que quedó la prestadora. Sobre esta acusación, ahondó: “Nombraron a Cora Borensztein como parte del directorio de la Obra Social del Poder Judicial y muchos la vnicularon a Maqueda y a Ginés; es verdad, pero también es la pareja del principal colaborador de Carlos Rosatti”, reveló.

Dentro de la Obra Social, no recibieron con buenos ojos el aterrizaje de Borensztein: “No podés nombrar a la pareja del ladero de Rosatti para investigar. Sería todo mucho más transparente si se nombrara una auditoría externa o si fuera un organismo externo a la Corte”. Y completó: “Además, la presentaron en algunos medios como colaboradora de Eduardo Mertehikian como si estuvieran hablando de un jurista de alto vuelo”.

Judiciales

Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

Continuar leyendo

Judiciales

Ataque a la Corte Suprema: profesores de derecho rechazaron la marcha kirchnerista

Presentaron un escrito donde reclaman “independencia judicial”. Se manifestarán el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales

Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

Continuar leyendo

Judiciales

“El Presto” anunció que irá al juicio con Fabiola Yáñez disfrazado del “dictador de Costa Pobre”

El influencer se presentará en el juzgado el 1 de febrero acompañado de una murga y arrojando polenta.

El periodista e influencer, Eduardo Prestofelippo, deberá concurrir el próximo 1 de febrero a una audiencia de juicio oral y público por “hostigar digitalmente” a Fabiola Yáñez. La primera dama fue quien inició la denuncia contra “El Presto” quien podría recibir un castigo de 30 días de arresto.

Según indicó Daniela Dupuy, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el influencer “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yáñez, a través de medios digitales”.

La fiscal remarcó que “El Presto” actuó “mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y el honor de la víctima”.

Mientras CFK zafa por corrupción, El Presto va a juicio oral por “hostigamiento”

Con rapidez, el juzgado de primera instancia en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 11, a cargo de Marcelo Bartumeu Romero, instó al periodista a concurrir a una audiencia de juicio oral y público el 1 de febrero a las 10. “El Presto” asistirá y ya está organizando una entrada colorida para las 9:30 de ese día.

Bajo la consigna “Si quieren circo, vamos a darle circo”, el influencer llegará acompañado por una colorida murga que le pondrá música al evento judicial. “El Presto” arribará disfrazado del “dictador de Costa Pobre”, arrojando polenta sobre los asistentes y acompañado de una modelo representada como “la Justicia prostituida”.

Continuar leyendo

TE PUEDE INTERESAR