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Notas de Opinión

El Gobierno pretende eliminar la pobreza aniquilando la riqueza

Creer que se puede dividir la riqueza y así lograr multiplicarla es no entender que la torta que se reparte requiere para ser más grande más harina y más relleno para que muchos más personas puedan alimentarse

Columna publicada originalmente en Infobae

Resultan innecesariamente ridículas algunas de las declaraciones que esgrimen algunos funcionarios. Cuando esas frases declaraciones son hechas por el propio Ministro de Economía Martín Guzmán, no sólo resultan ridículas sino además extremadamente preocupantes.

“Necesitamos acciones tributarias para evitar que los ricos se hagan más ricos y los pobres, más pobres”, decía el Ministro sin inmutarse mientras se encargaba de brindar las últimas palabras en el cierre de las “Jornadas Monetarias del Banco Central”. Esta idea tercermundista de creer que el pobre es pobre simplemente porque el rico es rico es una virtual condena a la miseria eterna.

Lo cierto es que en primera instancia lo que hace el ministro es estigmatizar a quien ha logrado algo más que el resto. ¿Qué es lo que considera el ministro Guzmán que significa ser una “persona rica”? ¿Cuál es ese límite que separa en su mente a los ricos de aquellos que no lo son? ¿El empresario de 1.000 millones de dólares o una persona como el propio Martín Guzmán que tiene un puñado de dólares en el exterior lo que de por si es mucho más de lo que pueda poseer gran parte de los argentinos?

Hace algún tiempo el Presidente de la Nación cuestionó duramente las cualidades de la meritocracia, despreciándola sin entender la consecuencia de su deseo. Tal vez sus ministros piensen de igual forma. ¿El ministro Guzmán sentirá culpa de haber estudiado, de haber podido viajar y de tener un mejor nivel de vida que el de muchos argentinos? ¿Sentirá remordimiento por vestirse con trajes que una jubilación mínima no puede pagar? ¿Estará arrepentido de gastar en una comida el equivalente a una o dos (o vaya a saber cuántas) Asignaciones Universales por Hijo? Es primordial que cuando se alguien habla maldiciendo la riqueza, primero la defina, para que todos sepamos exactamente a que se está refiriendo con su crítica.

Supongamos por un instante que la frase del más alto funcionario económico del país esconde detrás únicamente a los “grandes ricos” de la Argentina. Esos empresarios supuestamente inescrupulosos que solo buscan llenar sus bolsillos con grandes utilidades. Seguramente el Gobierno cree firmemente que las motivaciones de inversión, de generar empleo y crecimiento van de la mano de la filantropía y la solidaridad y no del incentivo más perfecto y noble que tiene el mundo capitalista que es precisamente el de ir detrás de un beneficio económico, que no es más ni menos que la retribución a la inversión, al riesgo que cada empresario asume y a desde ya, la oferta que hacen de miles de productos y servicios que la gente demanda para satisfacer sus necesidades. Incluso con todos los intentos que hacen para aniquilar definitivamente al sector privado, los empresarios siguen día a día haciendo lo imposible por subsistir en un país que los está invitando a retirarse para no regresar jamás.

Uno de cada cuatro empleos en el sector privado depende de las grandes empresas, éstas que se encuentran en los patrimonios de cada uno de estos empresarios “ricos” de la Argentina. Creer que porque la torta se va a dividir en más porciones (aunque cada una más pequeña que las anteriores) o que si no le servimos a uno su porción y se la damos a otro, todos van a estar mejor alimentados, resulta al menos inocente. Creer que quitándole al rico le van a solucionar la vida al pobre no es otra cosa que ignorancia disfrazada de demagogia.

Las empresas argentinas que cotizan en la bolsa local hoy tienen un valor aproximado de 35.000 millones de dólares. Supongamos el extremo de aplicarles un impuesto del 100% del capital a sus propietarios que genera que el gobierno se quede con todo ese dinero. En la Argentina hay 19.000.000 de pobres por lo que este impuesto equivale a hacerse de 1.842 dólares por persona pobre. Si lo pesificamos al dólar oficial (que es la cotización que le gusta utilizar al ministro Guzmán para explicar las bondades de la economía local) esto equivale a que cada persona pobre recibiría unos 195.000 pesos. Hoy la Canasta Básica Total (lo que divide a las personas pobres de aquellas que no lo son) se ubica en $23.419 por lo que estarían recibiendo (en caso de que no haya nada extraño en el medio) el equivalente a 8 canastas básicas. La conclusión es sencilla: si se les cobra un impuesto del 100% al patrimonio de sus empresas a los ricos, en 8 meses volveríamos al nivel actual de pobreza con un agravante inevitable: esos empresarios ya no estarían generando trabajo y probablemente la pobreza crezca varios puntos porcentuales, generando millones de nuevos pobres y una degradación aún mayor de la República Argentina en su nivel educativo, social y cultural.

Creer que se puede dividir la riqueza y así lograr multiplicarla es no entender que la torta que se reparte requiere para ser más grande más harina y más relleno para que muchos más personas puedan alimentarse: esto es el equivalente a agregarle a la economía más trabajo y más inversión para generar crecimiento, más trabajo y como consecuencia, la disminución real de la pobreza. No hay otra fórmula que no sea la del sentido común, la cordura y por sobre todo, la del mérito y el esfuerzo.

Pretender eliminar la pobreza eliminando la riqueza, es simplemente un absoluto gran absurdo.

Notas de Opinión

El crecimiento del PBI es un resultado, no una meta

En la Argentina, los desequilibrios económicos hacen que los empresarios, a la hora de invertir, deban consultar más a su contador que a sus ingenieros

Columna publicada originalmente en La Nación

No conozco país que se haya propuesto lograr el estancamiento secular de su economía, y luego de verificar que durante 10 años seguidos el PBI total no creció, haber festejado por haberlo logrado. De manera que el estancamiento económico siempre es un fracaso, y la cuestión referida a qué tiene que ocurrir para volver a crecer, pertenece al plano de los instrumentos.

El economista que afirma que si durante una década el PBI total creciera 5% anual, al terminarla “la torta” aumentaría 63%, y que si la deuda permaneciera constante, pero el PBI se duplicara, la relación deuda/PBI caería a la mitad, está haciendo aritmética, no economía. Porque el análisis económico usa la aritmética, el álgebra, la geometría, pero también la historia, la psicología, la geografía, etcétera; pero no es ninguna de ellas.

El análisis económico reflexiona sobre un aspecto de la decisión humana, el que tiene que ver con el hecho de que el PBI no cae del cielo, como el maná, sino que resulta del esfuerzo concreto, y la asunción de riesgos, por parte de los seres humanos.

En todo proceso de crecimiento, la inversión es clave. La decisión de inversión es instrumental: nadie compra una heladería porque le gusta comer helados. La fabricación y venta de cualquier producto requiere mano de obra, maquinarias, energía, pero por sobre todo, la decisión empresaria.

Si les exigimos a los empresarios que sean tan inteligentes como Einstein y tan buenos como la Madre Teresa, estamos en problemas. Afortunadamente esto no es necesario. Pero entendamos que la Argentina es un caso de energías distraídas, no de energías inexistentes.

Lo que hoy ocurre en nuestro país es que, para decidir la compra de una nueva máquina, el empresario consulta menos a su ingeniero que a su contador y a su abogado, y encima tiene que procesar las advertencias de los economistas, los analistas políticos y los intelectuales.

Algunos por ingenuidad, otros por ejercicio de poder, creen que están en condiciones de determinar qué y cuánto debe producir cada fabricante. Prefiero reglas de juego generales, con la menor cantidad de excepciones posibles, dentro de las cuales cada empresario elegirá qué hacer.

Luego de lo cual, los funcionarios del Indec recogerán la información y la sistematizarán, creando sectores, regiones, etc.

Capaz que existe algo mejor que esto, lo que sé es que esto es mucho mejor que lo que existe ahora.

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Notas de Opinión

Con los peores violadores de DD.HH.

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

Los gobiernos de la Argentina y México se merecen el escándalo en el que se encuentran tras desafiar el boicot de las democracias occidentales y asistir a la nueva toma de posesión del dictador nicaragüense Daniel Ortega, el 10 de enero. Resulta que compartieron la ceremonia con uno de los sospechosos de terrorismo más buscados del mundo. La Argentina y México participaron en la ceremonia inaugural de Ortega con un alto funcionario iraní buscado por Interpol como uno de los autores intelectuales del atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA de la Argentina que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Mohsen Rezai, vicepresidente para asuntos económicos de Irán y excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, fue uno de los invitados de honor de Ortega en la ceremonia, junto con el dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, el presidente saliente de Honduras y funcionarios de China y Rusia. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y la mayoría de las democracias occidentales no enviaron representantes a la ceremonia, como una forma de protestar por la farsa electoral del 7 de noviembre en Nicaragua.

Estados Unidos y la UE también impusieron nuevas sanciones a la dictadura nicaragüense el mismo día de la nueva toma de posesión de Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Ortega arrestó a los siete principales candidatos de la oposición antes de las elecciones del año pasado y luego se proclamó ganador. También es responsable del asesinato de por lo menos 317 manifestantes opositores durante las protestas callejeras de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar del boicot de las democracias occidentales, la Argentina y México enviaron a los encargados de sus respectivas embajadas en Nicaragua a la ceremonia, reconociendo de hecho el régimen ilegítimo de Ortega. Horas después, luego de que la oposición argentina denunciara la presencia de Rezai en el evento, el gobierno del presidente Fernández emitió un comunicado condenando la asistencia del funcionario iraní, señalando que la Argentina tiene una orden de arresto pendiente contra Rezai por el ataque terrorista de 1994. Pero la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, exige que el gobierno de Fernández “explique por qué el embajador argentino (en Nicaragua) no se retiró de la ceremonia”.

El congresista opositor Waldo Wolff me dijo que planea presentar una denuncia penal contra el canciller argentino por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público” al no exigir el arresto inmediato de Rezai. “La obligación del gobierno argentino era de denunciar y procurar la detención de Rezai”, me dijo Wolff. “Emitir una declaración de condena no es suficiente”.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo horas antes de la toma de posesión de Ortega que, en ausencia de un embajador mexicano en Nicaragua, enviaría al encargado de negocios de la embajada mexicana a la ceremonia. “Lo mínimo que podrían haber hecho era abandonar la sala en señal de protesta”, me dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de Human Rights Watch, refiriéndose a los diplomáticos argentinos y mexicanos.

Dina Siegel Vann, directora de la división de América Latina del Comité Judío Americano, AJC, me dijo: “Es vergonzoso que no solo la Argentina, sino también México, que dice ser un adalid de los derechos humanos, de hecho hayan respaldado con su presencia a un individuo buscado por la Argentina e Interpol por actos de terrorismo”. Una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Tammy Rahamimoff-Honig, tuiteó que es “indignante” que Rezai “viaje por el mundo con impunidad”.

Nadie debería sorprenderse por la presencia de las peores dictaduras del mundo en la asunción de Ortega, porque los tiranos se apoyan entre ellos. Pero los gobiernos democráticamente elegidos de la Argentina y México merecen una condena especial por haber abandonado la defensa mundial de la democracia. Ambos gobiernos no pueden ser tomados en serio cuando dicen que la presencia de Rezai en la ceremonia los tomó por sorpresa. Si Fernández y López Obrador se codean con los peores violadores de derechos humanos, era obvio que tarde o temprano iban a quedar manchados. Se merecen una fuerte condena de todos los defensores de la democracia, los derechos humanos y la dignidad.

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Notas de Opinión

Volnovich, otro sapo que traga la debilidad del Presidente

La jefa del PAMI es intocable, muy cercana a Cristina y Máximo Kirchner

Columna publicada originalmente en Clarín

Existieron dos mojones que establecieron límites férreos a la autoridad del Presidente en su gestión de gobierno y el manejo político en el Frente de Todos, la coalición oficial. El primero y más importante fue aquella renuncia inconsulta de Eduardo De Pedro, luego de la derrota en las PASO, que obligó a Alberto Fernández a realizar un cambio de gabinete que no estimaba conveniente.

No se fue ningún funcionario cercano a Cristina Fernández ni a La Cámpora. Incluso el ministro del Interior permanece hoy en su sillón.

El otro episodio fue una grave mentira presidencial. Mantenida oculta casi un año: la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en Olivos. Realizada de modo clandestino mientras la Argentina atravesaba el trance más severo de la cuarentena (julio del 2020) a raíz de la pandemia que pervive.

A la inicial delimitación política que trazó De Pedro se añadió entonces otra de carácter ético y moral que horada a Alberto. Aunque la atención pública esté colocada ahora en la potencia de contagio de la variante Òmicron, del Covid, la inflación, o la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las secuelas del capítulo de la pareja presidencial no dejan de hacer daño.

Antes que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hiciera alguna consideración sobre el llamado Olivosgate, Alberto consideró que no había cometido ningún delito. Ofreció como reparación donar parte de su salario al Instituto Malbrán.

Luego su mujer propuso la donación de un respirador artificial (utilizado en tratamientos graves contra el Covid) para intentar algún acuerdo con la Justicia. Las ofertas se desmoronaron cuando Mirabelli dispuso la continuidad de la causa y la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia.

El panorama permite comprender las dificultades internas que debió atravesar el Presidente para abordar un conflicto en el Gobierno que, en otras circunstancias, pudo saldarse fácilmente. Fue el desafío que planteó la titular del PAMI, Luana Volnovich, de La Cámpora, cuando decidió pasar sus vacaciones en una isla mexicana. Junto a su pareja y también autoridad de la entidad, Martín Rodríguez. Alberto había pedido con énfasis a sus funcionarios que no salieran del país.

Volnovich no fue la única. Jorge Ferraresi, el ministro de Vivienda, optó por descansar en Cuba. Claudio Moroni, de Trabajo, en Uruguay. Ninguno de ellos, a diferencia de la titular de PAMI, se expuso a la mirada pública. Quizás Luana no lo hizo provocativamente: fue filmada, sin embargo, en la barra de un bar isleño conversando atentamente con su pareja, Rodríguez. Situación que, dado lo avanzado del siglo XXI, debió haber tenido en cuenta.

Hubo algo que agravó aquel desenfado. Volnovich y Martínez son la conducción del PAMI. Directora y Subdirector. En el mismo momento de sus paseos por México, la Secretaría Administrativa de la entidad también quedó vacante por vacaciones. Un vacío temporario pero muy inoportuno. Fueron los días del calor agobiante que impacta siempre sobre las personas de mayor edad. También días en los cuales se afianzó la inflación elevada (50,9% en 2021) y siguió creciendo el valor del dólar blue. Las magras jubilaciones y pensiones sufrieron otra pérdida.

Los hombres más cercanos al Presidente, sólo un puñado, entendieron la necesidad de un gesto firme de su parte. Después de ocho días de iniciado el escándalo prevalece la indefinición. El Presidente carecería de alguna dosis de autonomía política para proceder.
Volnovich es intocable. Muy cercana a Cristina Fernández y al titular de La Cámpora, Máximo Kirchner. Vale recordar algo para comprender de qué se trata: Luana acompañó a De Pedro con aquella renuncia después de la derrota en las PASO. Nunca se le pasó por la cabeza a Alberto aceptársela.

La historia se repite. El Presidente indagó la posibilidad de una señal a la sociedad apartando a Rodríguez. Conjeturó la chance de un traslado a otro organismo del Estado. Para no dejarlo sin conchabo ni salario. Hasta este martes a la noche tampoco parecía lograrlo. En los pliegues de todas las conversaciones está el diputado Máximo. No desea ninguna baja entre sus filas.

El caso de Volnovich y su pareja se asemeja a otro sapo que estaría forzado a tragar la fragilidad de Alberto. Tampoco parece sería el único infortunio condenado a padecer en estas horas. Basta para entenderlo con reponer a De Pedro en la escena. Empeñado, sin dudas, en complicar más de lo que están las relaciones con la oposición de Juntos por el Cambio.

El ministro del Interior hizo un viaje repentino a Jujuy junto a la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta. Fue para realizar una visita a la piquetera Milagro Sala, con condena judicial y prisión domiciliaria. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se enteró cuando el hecho había sido consumado.

Morales fue, hasta ahora, el principal interlocutor del Presidente en medio de las opacas negociaciones con el FMI. Fue quien resolvió, para disgusto del PRO, que los tres mandatarios radicales (también Rodolfo Suarez de Mendoza y Gustavo Valdes, de Corrientes) enviaran delegados a la reunión que Martín Guzmán mantuvo hace 10 días con los gobernadores del PJ.

Se estableció, entre ambos, como una condición para que, posteriormente, el ministro de Economía se juntara con los mandatarios de Juntos por el Cambio, incluido el titular de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y los jefes parlamentarios a fin de rastrear algún consenso en la negociación con el FMI. Ese encuentro fue desgajado de a poco por el Gobierno.

El Presidente construyó con Morales una relación basada en una premisa: que no tendría injerencia sobre la situación de Sala. Cuya detención significa probablemente el mayor aval social a la gestión del gobernador de Jujuy. Parece claro que Alberto posee demasiadas dificultades para cumplir con cada palabra. No habla sobre Sala. No puede impedir que La Cámpora y el Frente de Todos hagan del encarcelamiento de la mujer una campaña pública.

Tampoco el Presidente logró garantizar aquella reunión prometida sobre el FMI. Tal vez Morales, en pocos días, haya recibido una inmersión política: el profundo baño de realismo.

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