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Judiciales

El abogado de la familia de Lucas Gónzalez se retractó de haber criticado a Santoro por “oportunismo político”

Gregorio Dalbón, quien primero había sido muy crítico con el diputado electo del Frente de Todos, dio marcha atrás y reconoció que su denuncia puede ser de utilidad para el caso

Gregorio Dalbón, abogado representante de la familia de Lucas Gónzalez por el asesinato del joven en manos de la policía, había criticado duramente a Leandro Santoro por su denuncia contra la policía de la Ciudad por “oportunismo político”.

Sin embargo, él mismo salió a cambiar de opinión públicamente respecto al hecho, debido a que reconoció que “acompaña y respeta” el accionar llevado a cabo por el último candidato a diputado por CABA del Frente de Todos.

“Desde que la Policía de la Ciudad es policía, desde hace cinco años, se habla que son agresivos y que tiran balas de goma en las manifestaciones. ¿Y ahora se les ocurre hacer la denuncia? ¿Cuando se muere Lucas?”, había declarado el abogado previamente.

Además, había agregado con respecto al tema: “Tiene razón Santoro que hay que investigar a la Policía de la Ciudad, pero cuando la tuvieron que investigar no pasó nada. Ahora que murió Lucas, vuelven sobre la historia. Me parece que hay un oportunismo político”.

Sin embargo, Dalbón cambió de parecer con el paso de las horas:  “Lo que está buscando Leandro Santoro es la conexión entre funcionarios y la Policía de la Ciudad; yo no la entendí al principio, ahora sí la entiendo, la acompaño, la respeto y me parece que quizás ayude en nuestra causa”.

 

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La Justicia se retractó y ordenó a Matías Morla no utilizar la marca Maradona

El juzgado aprobó la última medida cautelar que presentaron Dalma y Gianinna Maradona contra el apoderado de la marca que usa la imagen del 10

La batalla legal entre Matías Morla y las hijas del 10 se da otro round. Es que esta tarde el Juzgado Civil n°47 ordenó que Sattvica S.A, la empresa que dirige el abogado, suspenda la comercialización de la marca Maradona hasta que la justicia federal se pronuncie sobre los derechos de autor que corresponden.

De esta manera, el juzgado hizo caso a la medida cautelar “contra Matías Morla, en nombre de Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno” que presentaron los defensores de Dalma y Gianinna para resolver cómo debe usarse la imagen, la voz, los pseudónimos y el nombre de Diego Armando Maradona “pues [Morla] se habría abusado de su condición de apoderado para ceder a título gratuito los bienes a favor de la sociedad por él controlada”, apuntaron a los contratos que se firmaron posterior a su muerte, el 25 de noviembre del 2020, en el barrio San Andrés de Tigre.

Como herederas, las hermanas argumentan que Morla estaría usufructuando indebidamente su patrimonio a través de la marca. La demanda también incluía un pedido de indemnización para resarcir el ilícito alegado, pero no se le hizo lugar en el citado fallo.

Ya habían presentado un recurso similar ante la justicia pero con esta cautelar, a diferencia de la anterior, Morla tiene prohibido explotar la marca. La novedad es que el juez se declaró incompetente y giró el expediente a la Justicia Federal en lo civil y comercial, por lo que Morla ya decidió apelar la medida y tiene previsto plantear que cualquier medida de los tribunales locales sólo tendría vigor en Argentina.

“Sattvica tiene presentado todos los papeles en 23 países. Para que cualquier impedimento se aplique en otro lugar, se tendrá que presentar ante los tribunales que correspondan”, afirmaron en el entorno del letrado.

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Piden 8 años de prisión para Jaime y 4 para De Vido por la compra de trenes chatarra

La fiscal Gabriela Baigún pidió que los ex funcionarios kirchneristas cumplan condenas en la cárcel y además paguen millonarias cifras para resarcir al Estado por la compra de trenes en condiciones paupérrimas

En el marco de la causa por la compra de trenes “chatarra” durante el gobierno de Néstor Kirchner, la fiscal Gabriela Baigún pidió hoy que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusados por “administración fraudulenta y cohecho”, sean condenados a ocho y cuatro años de prisión respectivamente. Pide también que Jaime cargue con una multa de casi 16 millones de pesos.

La fiscal argumentó que, por un lado, el negocio con las ferroviarias de España y Portugal fue un fiasco en tanto los trenes que se adquirieron eran inútiles y su acondicionamiento en los talleres locales, como se había especulado, nunca se realizó. Por el otro, que Jaime cobró un soborno de casi un millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.

Este último tampoco queda limpio en la causa, ya que Baigún pidió cinco años y ocho meses de cárcel, más un castigo civil por el que tendría que resarcir al Estado con una multa de 11 millones de pesos.

La fiscal sostuvo: “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”.

Los ex funcionarios están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

Para la representante del Ministerio Público, con la compra de coches en malas condiciones que no se ajustaban al sistema ferroviario argentino, ambos violaron las obligaciones del “buen administrador”.

Baigún asimismo investiga por enriquecimiento ilícito a Ricardo Jaime, que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza por estrago culposo después de la tragedia ferroviaria de Once. Antes había sido condenado por peculado e instigación al falso testimonio. Mientras que De Vido se encuentra libre, a la expectativa de una definición sobre la condena por el fatídico episodio en la estación de trenes aquel 22 de febrero de 2012.

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López Murphy pidió el juicio político contra los jueces que sobreseyeron a CFK por Hotesur y Los Sauces

El diputado nacional electo por Juntos realizó una presentación formal ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, a los que acusó de mal desempeño y del delito de prevaricato

Los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces podrían enfrentar un juicio político en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, que dispusieron el viernes último que no se hiciera el juicio del caso Hotesur-Los Sauces, donde investigan un presunto retorno de dinero por parte de empresarios de la construcción a la familia Kirchner, a través del alquiler de habitaciones en los hoteles de la actual presidenta del Senado.

Causa Hotesur y Los Sauces: el fiscal apelará el sobreseimiento de Cristina Kirchner

El encargado de llevar adelante el pedido de juicio político es el diputado electo por Juntos, Ricardo López Murphy, quien acusó a los magistrados por “mal desempeño” de sus cargos y prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

Esta mañana, López Murphy firmó el pedido de juicio político junto a María Eugenia Talerico, que fue vicepresidenta de la Unidad de Información Finaiciera (UIF), el organismo antilavado, durante el gobierno de Mauricio Macri.

¿Quiénes son los jueces que sobreseyeron a la familia Kirchner en la causa Hotesur?

Qué dice la denuncia

De acuerdo con la denuncia, Grünberg y Obligado “han adecuado su decisión con la finalidad de obturar la celebración del juicio oral y público” y firmaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner “desatando un verdadero escándalo jurídico.”

Además, según explica el diputado en la acusación presentada este lunes, “los magistrados tergiversaron de manera intencionada el sistema penal formal y sustancial, dando privilegios procesales a Cristina Kirchner y al resto de los acusados so pretexto de supuestas ‘novedades’ que jamás podrían reputarse como tales y que exceden los supuestos legalmente habilitados por las normas procesales para tratar la cuestión”.

Además, los acusó de haber omitido “considerar todo lo actuado y decidido durante años” por los jueces que intervinieron antes en la causa y consideraron que debía ir a juicio, “eliminando con este plumazo” la instancia del debate oral y público, teniendo incluso prueba pendiente que el propio tribunal había ordenado.

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