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Notas de Opinión

Atacar a un medio es atacar al derecho de cada argentino a estar informado

La periodista y conductora repudió el accionar de encapuchados en el edificio del diario Clarín y alertó sobre los mensajes que desde el poder no promueven la tolerancia

* Editorial de Cristina Pérez en “Confesiones en la noche” (Radio Mitre)

La intolerancia es lo contrario a la democracia. El respeto al que piensa distinto es, en cambio, su esencia. Y la convivencia en la diversidad, es su orden pacifico y armónico, que discurre como un contrato implícito en la voluntad colectiva de paz social.

Convivir, “vivir con”, no es vivir contra. Los argentinos, hemos elegido ese camino desde 1983 aunque también hemos aprendido que debe sustentarse todos los días. Que aún bajo el amparo de la Constitución y las leyes, el Estado de derecho se ve asediado incluso desde el poder. Pero en cada oportunidad en que mayoritariamente asistimos a las urnas para ejercer nuestro poder de elegir como ciudadanos, renovamos esa decisión de convivencia, aceptando la decisión de las mayorías pero sin que eso sofoque o disminuya ningún derecho de las minorías.

Ese es el orden cívico cuyos vínculos ocurren en el ámbito de las ideas expresadas libremente a través de la prensa, mediante la discusión institucional de los legisladores, la comunicación pública de los gobiernos, el intercambio horizontal en las redes o el cumplimiento de las leyes y la justa sanción de su contravención.

En medio de una crisis durísima como la que atravesamos con el drama social intolerable de casi medio país sumido en la pobreza, los argentinos arbitraron su voluntad de cambio o continuidad mediante el voto, no mediante la violencia. Por eso, en este contexto y nueve días después de las elecciones legislativas, el ataque con bombas molotov a las instalaciones del diario Clarín, es un ataque a esa decisión de vida conjunta, un ataque a la democracia.

Los que encapuchados y bajo la cobardía de las sombras buscan sembrar violencia y confusión merecen el repudio absoluto de la sociedad toda. La sociedad también es agredida en la agresión a un medio de comunicación. Un ataque a un medio periodístico o a un periodista es un ataque al derecho de cada argentino a estar informado.

La condena unánime desde la más alta autoridad del í pasando por todo el arco político y el llamado conjunto a que la justicia actúe con todo el imperio de la ley constituyen en estas horas una confluencia esperanzadora. Los que no condenan la violencia son sus cómplices por silencio y omisión.

Es auspicioso que el Presidente haya condenado la violencia contra Clarín y que la Vicepresidenta haya compartido un hilo de Twitter en que La Cámpora repudia el ataque. Sin embargo cabe recordar que en varias oportunidades durante la campaña y antes también se escuchó a dirigentes oficialistas de las más altas jerarquías atacar a los medios. Ese tipo de mensaje no propicia la tolerancia.

El Presidente no sólo se quejó de la crítica sino que descalificó en forma personal a varios periodistas. La vicepresidenta Cristina Kirchner recientemente llegó a afirmar que los medios “amargan, ponen histéricos, nerviosos y mal a los argentinos”. Su hijo Máximo en ocasión de un ataque a tiros a un legislador correntino dijo que el periodismo “genera este caldo de cultivo” y el intendente Mario Ishi llamó directamente a un levantamiento contra los medios. Sólo por dar algunos ejemplos. Es auspicioso que el gobierno haya condenado la violencia contra Clarín pero es imperioso que cese todo mensaje que desde el poder pueda promover la intolerancia u hostilidad contra el periodismo.

Sin periodismo no hay democracia. No por un privilegio de los periodistas sino por su misión de informar a los ciudadanos sobre el poder, de ejercer la crítica, de dar voz a los protagonistas de la realidad.

Economía

El tiempo se termina, las opciones también

El posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es el fin del camino, sino apenas el principio

Columna de opinión publicada originalmente en Infobae

Más allá del relato oficial, no será este un fin de año con buenas noticias. La pobreza no cesa, la inflación en niveles record, las inversiones y la generación de empleo que no son una realidad y los dólares que ya prácticamente no se encuentran en las arcas del Banco Central, o al menos eso es lo que muestran sus números.

En el medio de este desaguisado estamos a días de tener que cumplir con el último vencimiento del año con el FMI: algo más de 1.800 millones de dólares que se irán (sin fecha de regreso) a la espera de un acuerdo con el organismo que nos permita refinanciar cerca de 45.000 millones de dólares, refinanciación esta que será acompañada seguramente con algunos años de gracia para que seguramente dentro de algún tiempo no muy lejano volvamos incumplir, obligándonos nuevamente a tener que renegociar lo que se pacte también en esta oportunidad. Padecemos de incumplimiento crónico.

Lo cierto es que el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es el fin del camino, sino apenas el principio. Si bien el final feliz con el organismo debe llevar consigo un plan que implique la posibilidad de en algún momento podamos hacer honor a nuestros compromisos, sabemos que esto será un cúmulo de buenas intenciones que no resolverán los verdaderos problemas del país.

Desde ya que el desafío principal que tiene la República Argentina es el de la generación de empleo a través de la inversión y el impulso del sector privado, aunque para que esto ocurra hacen falta reformas estructurales que lejos están de figurar en la hoja de ruta de la política argentina. La creación de empleo es lo importante, lo verdaderamente crítico.

Luego existen cuestiones de carácter urgente que deben resolverse en el corto plazo. La falta de dólares es una de ellas. Increíblemente en uno de los países que ostenta tener la mayor cantidad de dólares físicos por habitante, el BCRA está prácticamente sin reservas. El cepo al dólar y por sobre todo la brecha cambiaria hacen cada vez más crítica la situación. Por un lado quienes exportan y generan los dólares están sin incentivos para hacerlo: un dólar que ostenta un valor en torno a los 200 pesos al exportador se lo pagan en el mejor de los casos 106 pesos (si es que tienen la suerte de no estar sujeto a retenciones). Por otro lado (siguiendo con la misma lógica) el apetito del importador se dispara: con un dólar en torno a los 200 pesos, nada más apetecible que importar comprando bienes en el exterior con un dólar a 106 pesos. Incluso con la expectativa que este tipo de cambio se encuentra por debajo del valor que algún día alcanzará, las compras se incrementan por sobre lo habitual.

La solución que le ha encontrado el Gobierno al problema de los dólares es rudimentariamente sencilla y se basa en simplemente no permitir a absolutamente nadie hacerse de unos dólares, no importa el motivo. Si uno quiere viajar, no se le permite hacerlo (o al menos no a toda la clase media que gustaba de viajar al exterior y su única posibilidad era hacerlo financiado). Si uno desea importar, las autorizaciones tardan e incluso muchas veces nunca llegan. Si uno quiere comprar para ahorrar, no es posible hacerlo en el mercado oficial.

Ante la limitada visión del Gobierno esto roza la perfección: esquilmo al exportador, le compro los dólares baratos y los uso solo yo, sin vendérselos prácticamente a nadie. Si bien en algún punto dentro de la lógica kirchnerista esto podría resultar auspicioso, cometen el error de olvidar un pequeño detalle: el 80% de lo que se importa está ligado a la industria y a la producción. Buena parte de los productos que existen dentro de las fronteras del país tienen algún componente importado. No permitiendo importar indefectiblemente generan un estancamiento profundo de la economía y aquí tendrán que tomar una decisión: corregir el mercado cambiario y permitir que se importe libremente o tendrán que enfrentar el costo de un nuevo freno a la actividad económica en una sociedad que ya no puede más. No existirá crecimiento si no se permiten importar insumos, maquinarias y demás bienes necesarios para poder crecer.

El otro gran desafío que reviste urgencia es el de resolver (en lo que ellos llaman el “Plan Plurianual”) un presupuesto que se ajuste a las necesidades que imperan en virtud del posible acuerdo con el fondo: achicar el agujero fiscal. Entender que no se puede gastar más de lo que ingresa implica entender que para pagar las deudas nos debe sobrar dinero. En la práctica lo que el Ministro de Economía Martín Guzmán pretende es exponer números más acordes con un déficit que ronde el 3%. Lo interesante es que esto se lograra en parte ajustando las tarifas de los servicios públicos (tarifas que están atrasadas más del 100%) y deberán aquí pagar el costo del impacto inflacionario que generarán estos ajustes en los subsidios a las tarifas.

Sin embargo la situación parece no importarle a los funcionarios de turno: dicen que este año se crecerá un 10% (ya no tienen en cuenta la brutal destrucción económica que se propició durante el año 2020), que la inflación se encuentra atravesando un proceso de desaceleración (a pesar de estar en torno al 50% anual), y que el año que viene el país crecerá un 4% (sin absolutamente ningún argumento) y por sobre todo, el Estado está y seguirá presente.

Sin demasiado sustento hay que tener expectativas y ser optimista en que el nivel de delirio que impera hoy en quienes gobiernan la Argentina no esté por encima de la imperiosa necesidad de enfrentar de una buena vez los problemas reales, estructurales, serios y urgentes y evitar así lo que pueda ser una nueva crisis de proporciones incalculables en la República Argentina.

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Notas de Opinión

¿Y si lo que va camino a Venezuela no es la Argentina, sino la oposición?

Algo crucial para comprender el fenómeno del país caribeño es la fragmentación y descoordinación de los líderes y partidos opositores

Columna publicada originalmente en La Nación

Hasta hace unos meses, algunos líderes opositores, entre ellos, Mario Negri (enfocado en estos días en mantener su papel como jefe de la bancada de JxC en la Cámara de Diputados), repetían un mantra con el que aspiraban a alertar sobre el riesgo institucional que según ellos vivía el país y, al mismo tiempo, a galvanizar al electorado en unos comicios que lucían muchísimo más competitivos de lo que terminaron siendo: “Estamos a siete diputados de ser Venezuela”.

Muchos observadores descontaban que el oficialismo seguiría controlando el Senado y advertían sobre el hecho de que en la Cámara baja la oposición debía reemplazar las bancas obtenidas en las elecciones de 2017, antes del desbarranco económico y con el peronismo todavía dividido. ¿Sería posible superar el umbral del 40% de los votos con el FDT gobernando la Nación y la enorme mayoría de las provincias, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos? Excepto CABA y Mendoza, se trata de los distritos más relevantes desde el punto de vista demográfico.

“Y con La Cámpora controlando el proceso electoral, incluido el crítico Correo”, se preocupaba un dirigente opositor convencido de que “las redes del castro-chavismo” habían penetrado el aparato del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, con lo cual, a diferencia de lo que venía ocurriendo en este sinuoso período democrático a punto de cumplir 38 años, la transparencia de las elecciones estaba en riesgo.

En perspectiva, el escenario actual es diametralmente opuesto. A pesar de las típicas irregularidades que ocurren en todos los comicios, y sin olvidar la necesidad de agilizar el sistema de votación, por ejemplo, con la incorporación de la boleta única de papel, entre otras medidas para mejorar la calidad del proceso electoral, las últimas elecciones fueron libres y justas. Más, la diferencia en la crucial provincia de Buenos Aires fue de alrededor del 1% y, sin embargo, los derrotados no cuestionaron el resultado, sino que curiosamente prefirieron festejarlo. A primera vista, la Cámara de Diputados quedó idéntica en términos de correlación de fuerzas, aunque experimentará un salto extraordinario con la incorporación de importantes figuras que en principio permiten ser más optimistas en cuanto a la calidad del debate y el prestigio del cuerpo. En el Senado, por el contrario, se produjo un cambio histórico con la pérdida del quorum propio por parte del peronismo, un hecho inédito desde 1983 hasta la fecha. Es difícil aún definir hasta qué punto esto va a transformar viejas prácticas y valores característicos de la cultura política argentina. ¿Continuará el viejo criterio según el cual el Senado no acepta pedidos de desafuero hasta que no haya una sentencia firme por parte de la Corte Suprema? Seguramente la Cámara alta se convertirá en un cuerpo mucho más alineado a lo que supone la letra y el espíritu de la Constitución. Por eso, CFK pretendía convalidar una centena de DNU justo un día antes de que lo que hasta ahora era su “zona de confort” se convirtiera en un potencial dolor de cabeza.

Las elecciones de mitad de mandato ratificaron que tenemos un sistema político basado en dos grandes coaliciones que, al menos de 2015 a la fecha, representan entre el 70% y el 90% del electorado, según se elija presidente o legisladores. Como ocurría con el viejo bipartidismo imperfecto vigente hasta la gran crisis de 2001, surgen terceras fuerzas que pujan por desafiar a los actores dominantes, aunque por lo general terminan pactando con el ganador. Ocurrió con el Partido Federal de Manrique y el radicalismo, con la UCD y el menemismo y con Acción para la República y el gobierno de Fernando de la Rúa. Eso le reclamaban muchos a Mauricio Macri en relación con el Frente Renovador, y de hecho incorporó a su gobierno a algunos funcionarios de ese espacio, pero sus diferencias con Sergio Massa fueron y son irreconciliables. Excepciones no menores: los derrotados de 1995 conformaron la Alianza, y los de 2017, el FDT. Y López Murphy, tercero en 2003, siempre estuvo en las antípodas del kirchnerismo.

Aún más importante, considerar opción posible una eventual “venezolanización” del país suponía ignorar que el chavismo es una dictadura militar, que Hugo Chávez fue un líder carismático que llenó un vacío de poder generado por el colapso del viejo orden bipartidario (Adeco-Copei) a partir del Caracazo (1989) y que se consolidó gracias a los recursos petroleros que el Estado venezolano controla mediante una empresa pública hoy arrasada, como Pdvsa. Por el contrario, nuestras FF.AA. son profesionales y respetuosas del orden institucional (a pesar de los intentos del general Milani en la segunda presidencia de Cristina Kirchner), el sistema político está consolidado y la revuelta fiscal de la 125 puso límites al avance depredador del kirchnerismo. Puede que en la coalición gobernante haya segmentos radicalizados que sueñan con parecerse a Venezuela y de hecho algunos integran la flamante agrupación Soberanxs. Pero que logren su cometido parece, con suerte, un evento de bajísima probabilidad.

Sin embargo, existe un elemento crucial para comprender el fenómeno del país caribeño que no se puede soslayar: la fragmentación, descoordinación y disfuncionalidad de los líderes y partidos de la oposición. La historia del régimen chavista habría sido muy distinta si la oposición hubiera actuado como un bloque homogéneo o, al menos, unido por el espanto. Nada de eso ocurrió. Y no solo por cuestiones de egos y diferencias ideológicas: el régimen se encargó de profundizar rivalidades y sospechas mutuas con todo tipo de artimañas.

La Argentina conoce algo parecido. Para las elecciones de 2011, la oposición hizo todo lo posible para facilitar el triunfo de CFK, despreciando el entonces debutante mecanismo de las PASO y presentando demasiadas opciones, lo que pavimentó el camino para una victoria arrolladora por más del 54% de los votos. Semejante acto de irresponsabilidad política e institucional pudo haber costado mucho más caro de no haber sido por los innumerables errores no forzados y las muestras permanentes de ineptitud de un gobierno que pretendió ir por todo y se quedó sin nada, incluyendo la derrota en la provincia de Buenos Aires en 2015.

Desde la notable y menospreciada victoria del 14 de noviembre, los principales dirigentes opositores tendieron a comportarse de una manera peligrosamente parecida a los que protagonizaron aquella patética elección hace justo una década y a sus fatigados colegas venezolanos que son víctimas y a la vez facilitan los atropellos de la narcodictadura chavista, hace más de dos. Los tempraneros animal spirits de algunos precandidatos se combinan con los codazos para ocupar espacios de poder y otros recelos personales e ideológicos para mostrar, en conjunto, la peor imagen de una coalición heterogénea y, por eso, competitiva de cara a 2023. Si el Gobierno saliera de la fracasada comodidad del “ah, pero Macri” y no estuviera viviendo situaciones parecidas podría hacerse una panzada con los cortocircuitos de la oposición.

No solo hay problemas entre los partidos, sino también en el interior de cada uno de los componentes. Y lo más importante: la profunda crisis actual y el fresco recuerdo del fracaso económico de la experiencia 2015-2019 constituyen razones contundentes como para que los esfuerzos estén puestos en diseñar un plan de gobierno serio, consensuado e integrador, así como equipos de gestión capaces de implementarlo. No queda más espacio para las promesas, la improvisación ni el relato. Es hora de grandes decisiones, no de politiquería barata o devaneos personalistas.

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Notas de Opinión

El “Plan retirada” de Cristina está en marcha

Es directamente proporcional a la resolución de sus causas judiciales. Nada dice de la Justicia en su última carta. Para la Vicepresidenta el lawfare terminó. Ella sobreseída y Mauricio Macri procesado

Columna publicada originalmente en El Cronista

Ulises aferrado al mástil de su barco, se amarró de pies y manos para poder oír el canto de las sirenas, sin sucumbir ante él. La mitología griega cuenta que cualquier hombre o mujer que lo escuchase entregaba su vida. Sin embargo, las sirenas callaron frente al engaño de Ulises. Pero el silencio también forma parte del canto y frente al silencio no hay escapatoria.

Cristina Fernández de Kirchner no puede aferrarse a un mástil, a ninguna idea dogmática en relación con el Fondo Monetario Internacional. Para mantener su capital simbólico requiere flexibilidad en el posicionamiento. Eso lo evidenció en su carta. En ella recordó su protagonismo y el de Néstor Kirchner en lo que ella denominó “la reestructuración más exitosa de deuda soberana de la que se tenga memoria”, al tiempo que le advirtió a Alberto Fernández que no olvide las palabras que él mismo había pronunciado en un discurso el 9 de Julio. Allí, el Presidente afirmó “nunca esperen de mi que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, antes me voy a mi casa”.

Un eventual acuerdo con el FMI implica costos políticos y sociales que CFK no está dispuesta a pagar. Por eso necesita flexibilidad. Al mismo tiempo que recuerda que la fuerza política que integra ha sido “pagadora serial de deudas contraídas por otros” le dice al Jefe de Estado, al Congreso y a la oposición que serán ellos los responsables de los costos del eventual acuerdo.

El “Plan retirada” de Cristina ya está en marcha. Es directamente proporcional a la resolución de sus causas judiciales. Nada dice de la Justicia en su última carta. Para la Vicepresidenta el lawfare terminó. Ella sobreseída y Mauricio Macri procesado.

Cuando asumió como Vicepresidenta, tenía cinco pedidos de prisión preventiva, contaba con siete causas elevadas a juicio oral, todas ellas por corrupción. Ya logró tres sobreseimientos, sin ir siquiera a juicio oral y público.

En un tuit de inédita gravedad institucional, el ministro de Justicia Martin Soria afirmó: “Hotesur, Dólar Futuro, Qunita, Memorándum. Cuando no hay una mesa judicial con funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación”. Lo hizo horas después del ataque intimidatorio con bombas molotov al grupo Clarín.

Sin embargo, quien está hoy detrás del seguimiento y resolución de las causas de Cristina y sus hijos es Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro y ex Secretario de Legal y Técnica durante toda la gestión kirchnerista.

En paralelo, Máximo Kirchner también ha logrado parcialmente su objetivo: dotar a La Cámpora de mayor volumen político. A nivel parlamentario lo consiguió con el armado de listas en esta última legislativa. Para el caso de los ejecutivos provinciales depende del acuerdo que se alcance en relación con las relecciones de los intendentes.

El costo político y social de su plan de retirada aún no lo conocemos. Puede darse en un marco de tensiones simbólicas o en uno de quiebre institucional. Cristina es indescifrable.

La Vicepresidenta conducirá el Senado pero, por primera vez, sin quórum propio. A pesar del regreso a la presencialidad, aún no permite el acceso al recinto de asesores o periodistas.

La sesión del próximo 9 de diciembre promete ser épica. Jurarán los nuevos legisladores pero no estarán habilitados para votar hasta el día 10. Todo puede pasar.

Un viejo senador repite una frase muy oportuna: “¿Viste que aquí los pisos están lustrados? Es para que los que vayan muy rápido se patinen”.

Los partidos políticos suelen trabajar sobre dos objetivos: la conquista del mundo exterior y la disputa interna. Hoy en la Argentina lo segundo parece imponerse. Un riesgo inaceptable en un país que se desmorona.

En las democracias se garantiza que el Presidente que se impone por mayoría tiene la legitimidad y el poder. Cristina rompió esa lógica con su anómala fórmula presidencial. Hoy nos dice por carta “la lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Ya es tarde, rápidamente detectamos el truco. Habla en tercera persona de sí misma, y finaliza su texto diciendo “que Dios y la Patria los ilumine a todos y todas”. Hasta de eso se excluye.

Ella ya se considera una iluminada, por eso cree que las sombras caerán sobre los otros. Para Cristina todos son responsables de la debacle presente y futura… menos ella. A no dejarse engañar por el canto de las sirenas.

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