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Judiciales

Sinopharm: Denuncian al Gobierno por permitir la vacunación en menores sin los resultados de los estudios de fase 3

Un equipo de seis abogados presentó un escrito ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para que se investigue si existió dolo o negligencia

Seis abogados, todos padres de chicos y adolescentes con patologías de riesgo frente a Covid-19, en representación de la Red Vacuname y Minivacuname, un grupo de padres y madres que se había autoconvocado para pedir “una vacunación segura para chicos con factores de riesgo”, presentaron este martes una denuncia ante la justicia para que se investigue supuestas irregularidades administrativas y se definan las responsabilidades en la decisión oficial de aplicar en los menores de 12 años la vacuna china de Sinopharm cuando no estaban los resultados de fase 3.

“Se estarían violando derechos de niños consagrados en tratados internacionales, la Constitución Nacional y leyes nacionales, en forma inminente”, argumentan los letrados en el escrito que entregaron esta mañana en la sede de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que conduce Marisa Graham.

También apuntan a “las circunstancias y las responsabilidades” del Ministerio de Salud de la Nación cuando piden un informe “sobre las gestiones para la adquisición de vacunas de ARN mensajero (tecnología diferente a la de la vacuna china, que cuenta con estudios públicos de fase 3 y aprobada por la FDA)” que no se concretaron antes de autorizar en Argentina la vacunación pediátrica contra el covid.

La denuncia radica a partir de los dichos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, cuando el primero de octubre anunció el comienzo de la inoculación en chicos amparándose en que “China ya había vacunado a quinientos millones de chicos y adolescentes”. Algo que no sucedió.

En el texto instan a la acción de la Defensora, porque se estarían “violando derechos de los niños consagrados en tratados internacionales”. Marcan que, bajo recomendación de la Anmat, se autorizó la aplicación de las vacunas chinas en niños “cuando los informes no mostraban contagio o muerte en niños de 0 a 9 años”, por lo que no entienden “cual fue la razón de oportunidad, mérito y conveniencia que llevó al Ministerio de Salud de la Nación y a los Ministerios Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a ordenar de forma tan abrupta la vacunación”.

“El mismo día del anuncio, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado donde ponía en duda la existencia de los informes vinculados a la vacuna de Sinopharm para el rango etario que se la pretendía utilizar. Un día hábil después, y luego de una breve reunión con Salud del Presidente de dicha entidad, acompañado de las doctoras Angela Gentile y Carlota Russ, con Vizzoti, se emitió una conferencia de prensa en la que se anunció el apoyo de la entidad pediátrica a Sinopharm”, cuestionan.

“Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite”, repiten cuando denuncian que “Sinopharm se habría aplicado en niños en nuestro país cuando se hallaba aún en etapa de investigación científica”.

 

Con información de Clarín

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“Cuadernos va a ser otro gran fiasco”: el pronóstico del abogado de CFK

Carlos Beraldi apuntó a la oposición por criticar a los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta: “Querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de acusados y ante esta frustración dicen cualquier cosa”

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, se refirió a las dos causas en las que la vicepresidenta todavía sigue procesada: Cuadernos de las Coimas y Vialidad.

Sobre la primera, afirmó que “va a ser otro gran fiasco”. En esa línea, apuntó a la oposición por denunciar a los jueces que sobreseyeron a su defendida en la causa Hotesur y Los Sauces: “Querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de acusados y ante esta frustración dicen cualquier cosa, quieren amenazar a los jueces”.

Durante una entrevista con El Destape Radio, Beraldi afirmó: “La causa Cuadernos va a ser otro gran fiasco. Si eso termina discutiéndose en una audiencia oral y pública van a surgir cosas muy claras de cómo se armaban los expedientes, cómo se extorsionó a la gente haciéndole decir cualquier cosa”.

Por otro lado, volvió a celebrar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces.

“El tribunal dice que hay nuevas pruebas que demuestran que todas las operaciones comerciales eran legítimas, trazables, bancarizadas y que pagaron impuestos. Esto descarta de plano que pueda hablarse de lavado de activos. El lavado implica el ingreso al sistema de dinero negro y acá no había ningún dinero negro”, dijo el abogado.

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La Justicia se retractó y ordenó a Matías Morla no utilizar la marca Maradona

El juzgado aprobó la última medida cautelar que presentaron Dalma y Gianinna Maradona contra el apoderado de la marca que usa la imagen del 10

La batalla legal entre Matías Morla y las hijas del 10 se da otro round. Es que esta tarde el Juzgado Civil n°47 ordenó que Sattvica S.A, la empresa que dirige el abogado, suspenda la comercialización de la marca Maradona hasta que la justicia federal se pronuncie sobre los derechos de autor que corresponden.

De esta manera, el juzgado hizo caso a la medida cautelar “contra Matías Morla, en nombre de Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno” que presentaron los defensores de Dalma y Gianinna para resolver cómo debe usarse la imagen, la voz, los pseudónimos y el nombre de Diego Armando Maradona “pues [Morla] se habría abusado de su condición de apoderado para ceder a título gratuito los bienes a favor de la sociedad por él controlada”, apuntaron a los contratos que se firmaron posterior a su muerte, el 25 de noviembre del 2020, en el barrio San Andrés de Tigre.

Como herederas, las hermanas argumentan que Morla estaría usufructuando indebidamente su patrimonio a través de la marca. La demanda también incluía un pedido de indemnización para resarcir el ilícito alegado, pero no se le hizo lugar en el citado fallo.

Ya habían presentado un recurso similar ante la justicia pero con esta cautelar, a diferencia de la anterior, Morla tiene prohibido explotar la marca. La novedad es que el juez se declaró incompetente y giró el expediente a la Justicia Federal en lo civil y comercial, por lo que Morla ya decidió apelar la medida y tiene previsto plantear que cualquier medida de los tribunales locales sólo tendría vigor en Argentina.

“Sattvica tiene presentado todos los papeles en 23 países. Para que cualquier impedimento se aplique en otro lugar, se tendrá que presentar ante los tribunales que correspondan”, afirmaron en el entorno del letrado.

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Piden 8 años de prisión para Jaime y 4 para De Vido por la compra de trenes chatarra

La fiscal Gabriela Baigún pidió que los ex funcionarios kirchneristas cumplan condenas en la cárcel y además paguen millonarias cifras para resarcir al Estado por la compra de trenes en condiciones paupérrimas

En el marco de la causa por la compra de trenes “chatarra” durante el gobierno de Néstor Kirchner, la fiscal Gabriela Baigún pidió hoy que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusados por “administración fraudulenta y cohecho”, sean condenados a ocho y cuatro años de prisión respectivamente. Pide también que Jaime cargue con una multa de casi 16 millones de pesos.

La fiscal argumentó que, por un lado, el negocio con las ferroviarias de España y Portugal fue un fiasco en tanto los trenes que se adquirieron eran inútiles y su acondicionamiento en los talleres locales, como se había especulado, nunca se realizó. Por el otro, que Jaime cobró un soborno de casi un millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.

Este último tampoco queda limpio en la causa, ya que Baigún pidió cinco años y ocho meses de cárcel, más un castigo civil por el que tendría que resarcir al Estado con una multa de 11 millones de pesos.

La fiscal sostuvo: “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”.

Los ex funcionarios están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

Para la representante del Ministerio Público, con la compra de coches en malas condiciones que no se ajustaban al sistema ferroviario argentino, ambos violaron las obligaciones del “buen administrador”.

Baigún asimismo investiga por enriquecimiento ilícito a Ricardo Jaime, que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza por estrago culposo después de la tragedia ferroviaria de Once. Antes había sido condenado por peculado e instigación al falso testimonio. Mientras que De Vido se encuentra libre, a la expectativa de una definición sobre la condena por el fatídico episodio en la estación de trenes aquel 22 de febrero de 2012.

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