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Judiciales

Liberaron a José López, el ex funcionario K que escondió bolsos con 9 millones de dólares en un convento

La Justicia aceptó el aporte de tres fiadores, que pusieron a disposición un inmueble y vehículos como garantía de pago reuniendo 14,5 millones de pesos

La Justicia aceptó que la fianza de José Francisco López sea abonada por tres amigos en calidad de fiadores, y ordenó la “inmediata libertad” del ex secretario de Obras Públicas, acusado de enriquecimiento ilícito tras el episodio de los bolsos con 9 millones de dólares que quiso esconder en un convento de General Rodríguez.

El Tribunal Oral Federal n°1 había fijado en primera instancia una fianza de 85 millones de pesos, en agosto pidió una “caución juratoria”, que es el beneficio de libertad bajo palabra, y el tribunal lo rechazó. Tras seis meses de negociación, los magistrados redujeron el monto casi a la mitad (48 millones) pero López aseguró que tampoco podía acceder a esa cifra. Esta tarde trascendió que había ofrecido 14,5 millones de pesos y la Justicia evaluaba su veredicto.

Hace instantes se confirmó que el dinero había sido aportado por tres fiadores que pusieron a disposición de la Justicia un inmueble y vehículos como garantía de pago.

Los jueces del TOF n°1 José Michilini y Ricardo Basílico fijaron lo que se llama una “caución personal”, donde un fiador se compromete a pagar el monto fijado si el imputado se diera a la fuga, explicaron a Infobae fuentes judiciales.

López, que había sido condenado a siete años de prisión pero no tenía sentencia firme, se refugió en la figura del “arrepentido” en la causa Cuadernos, y ya tenía dos tercios de la condena cumplidos. En ese marco obtuvo la libertad condicional.

Por orden del Tribunal Oral, el dinero que se le había incautado en el convento fue destinado a los hospitales Juan Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

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Marcha contra la Corte: el Colegio de Abogados porteño rechazó la convocatoria

Por medio de un comunicado, alertó sobre la gravedad que conlleva este acto promovido por el oficialismo en el marco de “ataque sistemático al poder judicial”

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

Por medio de un comunicado divulgado a través de Twitter, la institución convocó “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtió que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste” incurrirán en el “delito de sedición”.

Además, pusieron de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” que implica que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional adhieran a la convocatoria y pidieron alertar a la sociedad “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.

Finalmente, el Colegio de Abogados porteño adhirió a la contramarcha citada para el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales, “para defender la independencia judicial”.

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Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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Ataque a la Corte Suprema: profesores de derecho rechazaron la marcha kirchnerista

Presentaron un escrito donde reclaman “independencia judicial”. Se manifestarán el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales

Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

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