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Notas de Opinión

Los delirios cristinistas junto a los empobrecidos jubilados

Los 2,5 millones de pesos que recibirá la Vicepresidenta exhiben la inequidad que reina entre los privilegiados que viven del poder y todos aquellos que no gozan de ningún atributo excepcional

Columna publicada originalmente en Infobae

Estos días hemos tomado nota acerca de la opulenta cifra que la Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner percibirá en concepto de pensiones y sus correspondientes retroactivos (ya que cobrará cada peso que no se le ha abonado desde que estos beneficios ya representaban su aparente legítimo derecho hace algún tiempo atrás).

Lo interesante no son ya las cuestiones jurídicas y las desprolijidades de Anses para defender el derecho de todo el sistema jubilatorio (lo que de por sí amerita una investigación y, en caso de corresponder, un castigo ejemplar a quienes actuaron con negligencia, desidia o falta de escrúpulos), sino la inequidad que reina entre los privilegiados que viven del poder y todos aquellos que no gozan de ningún atributo excepcional.

La ex Presidente cobrará un retroactivo aproximado de 120.000.000 de pesos y dos beneficios mensuales que totalizan unos 2.500.000 pesos. La primera aclaración ante estos exorbitantes números es algo burda pero vale la pena recordarla: el sistema jubilatorio está absolutamente quebrado y desfinanciado.

El kirchnerismo cometió con Anses varios actos de terrorismo fiscal. En primer lugar, la “década ganada” permitió durante los primeros años del siglo incorporar al sistema unas 3.000.000 de personas que no estaban en condiciones de jubilarse o pensionarse por carecer de aportes suficientes, prácticamente duplicando así los beneficiarios. En segundo lugar, la estatización de las AFJP: más allá de las críticas al sistema, lo cierto es que las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones privadas eran optativas para aquel que aportaba y no obligatorias. Además se las obligaba a comprar bonos del Estado y no tenían independencia para elegir sus inversiones. Luego, con los fondos estatizados allá por el 2008 se creó lo que se denominó “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, una especie de fondo de inversión manejado por la propia Anses siempre al servicio del gobierno de turno, donde los activos que abundan en él son títulos públicos de dudosa cobrabilidad.

Independientemente de las cuestiones técnicas algo tediosas, cabe destacar que el sistema jubilatorio argentino subsiste gracias al aporte de los trabajadores activos (un 65%, de acuerdo a las partidas presupuestarias estimadas) y a los impuestos que pagamos todos (el otro 35%). Simplificando: de una jubilación de 30.000 pesos, 19.500 pesos son aportados por los trabajadores en actividad y 10.500 pesos son aportados entre todos nosotros cada vez que pagamos impuestos. Solo como ejemplo (y simplificando al extremo), si vamos a hacer las compras al supermercado y gastamos 10.000 pesos, estamos aportando de ese monto 190 pesos para pagar alguna de las tantas jubilaciones.

Todo esto implica claramente dos cuestiones: por un lado, la gran inequidad. Quienes aportaron toda la vida a un sistema que les prometía un retiro digno, hoy cobran una suma miserable. Quiénes no aportaron nunca, son acreedores de la misma jubilación miserable. Por otro lado, quienes están debajo de la línea de pobreza, aquellos que no se logran alimentar ni educar como deben, están pagando impuestos en cada gasto que realizan para adquirir productos de primerísima necesidad para soportar un sistema previsional desfinanciado y que solo ha empobrecido a cada uno de los jubilados y pensionados que dependen de él.

En este contexto analicemos por un instante las dos pensiones otorgadas a la actual Vicepresidente de la Nación, una en su calidad de ex Presidente de la Nación y la otra en su calidad de viuda de un ex Presidente. Como dijimos, la doctora va a hacerse de 2.500.000 pesos mensuales. Dentro de este sistema empobrecido e injusto, podemos decir también que va a cobrar a razón de 3.472 pesos por hora, algo así como una jubilación mínima cada 8 horas. Mientras que un jubilado cobra una jubilación mínima al finalizar el mes, Cristina lo habrá hecho unas 97 veces, a razón de 3 veces por día. Más impactante es aún el número cuando lo llevamos a dólares: hoy el 70% de los argentinos que cobran una pensión o una jubilación ganan menos de 132 dólares mensuales: a Cristina le va un poco mejor, con estas dos pensiones ganará cerca de 12.652 dólares.

Cabe mencionar también cada una de las miles de sentencias que esperan por su cobro: los jubilados a través de los años han sido estafados sistemáticamente por los diferentes gobiernos. Luego de iniciarles el juicio correspondiente al Estado para cobrar lo que les corresponde, en muchos casos las dilaciones son tales que muchos de ellos mueren sin lograr cobrar.

La Anses se ha convertido en una gran caja de subsidios y nada más. Las pensiones de la Vicepresidente no son más que el triste reflejo de la enorme distancia que existe entre la política privilegiada y la triste realidad argentina.

Notas de Opinión

La batalla final contra la Corte

El kirchnerismo quiere impedir que el presidente del Tribunal controle también la Magistratura. Planea una ofensiva contra los cuatro jueces, que incluye una marcha. Busca renuncias y la ampliación del número de miembros.

Gerónimo Ustarroz es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Una clave de carga. Hermano del ministro del Interior camporista, Eduardo De Pedro. El funcionario, oriundo de Mercedes, estuvo en los últimos días dedicado a una misión discreta: dialogar con consejeros de la oposición para encontrar de acuerdo sobre la nueva ley de aquel Consejo que el Congreso debería sancionar antes de que concluya abril. La vigente ahora, reformada en 2006 por Cristina Fernández, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Presentada de esa manera, la gestión de Ustarroz no resultaría llamativa. La impresión podría cambiar al revisar la entretela. En la pretendida búsqueda de una coincidencia, el consejero arrimó un par de sugerencias. La primera, convocante: la disposición del kirchnerismo para tratar en el Senado la designación de un nuevo procurador general, que sustituya al interino Eduardo Casal. El único postulante que permanece es el juez Daniel Rafecas, impulsado por Alberto Fernández. Que terminó recibiendo el apoyo de Juntos por el Cambio. La segunda, disruptiva: la posibilidad que la futura ley no contemple al presidente de la Corte Suprema como titular del organismo.

Nadie descubre si la propuesta de Ustarroz forma parte de un arresto personal o una estrategia del Gobierno. Sucede algo similar en otros planos. Alberto y Martín Guzmán, el ministro de Economía, escenifican la necesidad de consenso con Juntos por el Cambio para la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero vituperan a sus principales dirigentes cada vez que pueden por el endeudamiento tomado.

Uniendo los cabos que deja sobre la escena la política se podría arribar a una conclusión. El objetivo central del Gobierno reside ahora en la desestabilización de la Corte Suprema. La propuesta de Ustarroz no puede desvincularse de otro hecho. La marcha convocada para el primer día de febrero contra el máximo Tribunal, espoleada hasta ahora por el Presidente, el ministro y el vice de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena. Detrás está encolumnado todo el kirchnerismo rabioso.

La determinación K de impulsar una ofensiva final tuvo su hito, justamente, en la inconstitucionalidad que los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y, con matices, Ricardo Lorenzetti) estamparon al Consejo de la Magistratura tergiversado en su versión original. Ordenaron reponer los 20 miembros reducidos luego a 13. No se trata de un asunto matemático: la recomposición dificultaría el margen que siempre dispuso el kirchnerismo para designar y destituir magistrados. Amén del manejo de una caja millonaria. Herramientas que supo manipular Cristina. El desencuentro entre la Corte y el kirchnerismo reconoce antecedentes que fueron olvidados. En su último ciclo como jefe del cuerpo, Lorenzetti exhortó a la política a que fuera respetado el espíritu original del Consejo. En 2009, con otra conformación del Tribunal, el fallecido juez Carlos Fayt reclamó la modificación del organismo.

El pasado y el presente ofrecen un puente visible. Los gobiernos kirchneristas siempre probaron cambios en las reglas de la institucionalidad para edificar un sistema judicial acorde a sus necesidades. Alberto también lanzó su propia reforma. Esas necesidades aumentaron desde que la hoy vicepresidenta quedó embretada en un cúmulo de causas judiciales por corrupción.

La sanción de una nueva Ley de la Magistratura, que promete ser tratada en sesiones extraordinarias, no augura un tránsito apacible. Quedó claro, en los sondeos de Ustarroz, que Juntos por el Cambio no parece dispuesto a retacearle al titular de la Corte (ahora Rosatti) su condición de rector del organismo. El diputado Mario Negri presentó un proyecto con dicha premisa. Sorprendente unanimidad, para estos tiempos, en la coalición opositora. Se trata de la mayor disyuntiva, aunque no la única. Está en discusión, entre varios, la nominación de dos abogados y dos académicos que deberían surgir por elecciones del Colegio de Abogados y el Consejo Interuniversitario Nacional. El calendario es muy apretado y la pandemia estorba.

Ese panorama potencia para el Gobierno en el mundo judicial las incertidumbres que soporta en la política. Explica el embate contra la Corte Suprema que, bajo la óptica del sentido común, estaría fuera de contexto. ¿Por qué lanzarse a semejante aventura en una coyuntura objetiva de debilidad? Después de dos derrotas electorales consecutivas. ¿Cómo harían para cubrir hipotéticas vacantes con un Congreso tan equilibrado, donde el oficialismo formalmente resignó el quórum en el Senado? Algo más en qué reparar: Alberto ni siquiera se ocupó de proponer un reemplazante luego de la dimisión de Elena Highton.

Las argumentaciones lógicas suelen ser consumidas demasiadas veces en el kirchnerismo por las urgencias. Desata el ímpetu ciego de un tapir, con el perdón para el fallecido frondicista Rogelio Frigerio y el desarrollismo. Las urgencias son claras: después de la feria judicial la Corte Suprema puede expedirse sobre asuntos muy sensibles. El conflicto sobre coparticipación planteado por Horacio Rodríguez Larreta, por la quita dispuesta por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a Axel Kicillof. Nueve recursos presentados por la defensa de Cristina en la causa por la obra pública. El único juicio oral y público que está en curso desde mayo del 2019 administrado por el Tribunal Oral Federal 2.

En los primeros días de febrero ese trámite recibirá cuatro testimonios estelares. Los de Alberto, Sergio Massa, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Jefes de Gabinete en diferentes épocas kirchneristas. También hablará Carlos Zannini, el procurador del Tesoro. Ya expuso Roberto Lavagna, ex ministro de Economía hasta el 2006. Corroboró la existencia de una cartelización de la obra pública. Vale un recordatorio breve: la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

En este marco de desesperación se inscribiría la aceptación de Ustarroz para considerar la designación de otro procurador. No sólo porque se trata del jefe de los fiscales. Serán ellos que los ganan protagonismo en el sistema acusatorio penal. La opinión del procurador, además, antecederá a cualquier fallo de la Corte. El consejero kirchnerista deslizó, en verdad, una postura moderada. En la “mesa judicial” K (Oscar Parrilli, Eduardo Valdes, Roberto Taihade y Lepoldo Moreau), impera una ambición más drástica: barrer además con Julio Conte Grand, procurador en Buenos Aires, y Juan Mahiques, fiscal general de la Ciudad. Propuesto por Rodríguez Larreta. También nativo de Mercedes, como Ustarroz y De Pedro.

En todos los casos se vislumbra la misma dificultad. El Frente de Todos tiene imposibilidad de reunir los dos tercios en la Legislatura bonaerense. Se ilusionaron con la diáspora que generó en el vidalismo la desobediencia que habilitó otra reelección a los intendentes del Conurbano. La avanzada contra la ex gobernadora por el supuesto armado de causas contra la mafia sindical volvió a abroquelarlos. Tampoco los K tienen los votos en la Ciudad.

El empeño por chocar contra los muros es una condición del Gobierno. O del Frente de Todos. Obedece, sin dudas, a dos razones: no hay una conducción en la gestión; no existe una estrategia esbozada cada vez que aborda un problema. El único liderazgo lo representa la primera minoría de la vicepresidenta en la coalición oficial. Insuficiente.

Alberto asoma demasiado desprotegido. Cualquiera se anima a desafiarlo. La máxima expresión fue aquella renuncia de De Pedro, después de las PASO, que abrió la crisis en el Gabinete. Se advierten ahora episodios que desnudan la vacuidad de sus órdenes y palabras. Pidió a los funcionarios que no fueran de vacaciones al exterior. Luana Volnovich, la titular del PAMI, apareció en una isla mexicana. Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda, prefirió descansar en Cuba.

Tal desaprensión se extiende a casi todos los terrenos. Es muy difícil, por ejemplo, seguir el hilo de la política exterior. Salvo que se convenga que es solo un enmarañado reflejo de la interna del FdT y de las exigencias de Cristina. El Presidente pidió un gesto de apoyo explícito de Joe Biden a la negociación con el FMI. Santiago Cafiero, el canciller, tiene una audiencia prevista en Washington con el secretario de Estado, Anthony Blinken. La tercera figura en importancia de la Casa Blanca.

En simultáneo, el Gobierno envió una delegación a la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua. Reelecto con los opositores encarcelados. Estuvo presidida por el embajador Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco. En la misma ceremonia se vio a Mohsen Rezai, el iraní con pedido de captura internacional por el atentado en la AMIA. El Gobierno protestó a Managua luego de la divulgación periodística y de un comunicado de Juntos por el Cambio. Luego saludó a Ortega. Muy tarde explicó que Managua había desoído una solicitud de Interpol para la captura de Rezai. Comportamiento trágico y esperpéntico.

El Presidente se hizo cargo de la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde no figura EE.UU. Tampoco Brasil. Sí, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aclaró que no se trata de enfrentar a nadie, en alusión a la OEA. El bloque podría servir a la estrategia de China en la región. Dispondrá para su expansión de una plataforma unificada de naciones que le simplificará la trabajosa negociación bilateral que desarrolla hace décadas. Detalle que tampoco pasaría inadvertido para Washington.

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Notas de Opinión

Inflación: todo el pasado por delante

Pisar el dólar y las tarifas, sumar todo tipo de controles sobre los precios, además de prohibiciones a las exportaciones de alimentos (carne, trigo, maíz), son un clásico en Argentina, pese a que está probado su fracaso

Columna de opinión publicada originalmente en Infobae

Pisar el dólar y las tarifas, sumar todo tipo de controles sobre los precios, además de prohibiciones a las exportaciones de alimentos (carne, trigo, maíz), son un clásico en Argentina para intentar frenar la inflación. Estas prácticas se realizan desde 1936 a la fecha por todos los gobiernos, democráticos o no, salvo la pausa en la década de los 90. Es sabido que este manual de la heterodoxia criolla que todavía se enseña en casi todas las facultades de economía del país, no frena la inflación.

Este recetario estancado en los setenta lo único que genera es un descomunal atraso de precios en los sectores afectados, que hace colapsar la inversión del sector en el corto y la oferta del bien o servicio en el largo.

La inflación de los últimos dos años acumuló un 105%, según datos oficiales, pero en los principales sectores regulados como son los servicios públicos de electricidad y gas, el aumento de tarifas fue de sólo 11% en igual período. Ello implica que para igualar la inflación de los últimos dos años, las tarifas de gas y electricidad necesitarían un aumento del 85%. En breve, implica que se necesitará duplicar las tarifas.

Otros sectores como telefonía e internet necesitan aumentos del 42% para igual la inflación de los últimos dos años. Las prepagas necesitan un incremento del 26%, y el transporte público del 24%, sólo por mencionar algunos de los sectores más afectados.

Más aún, eliminar todos los controles de precios de la economía de los últimos dos años, generaría un impacto directo sobre la inflación de 6,8 puntos porcentuales, y sobre eso falta sumar el impacto indirecto.

Dicho en otros términos, todos los controles de precios de los últimos dos años “restaron” a la inflación 6,8 puntos porcentuales, equivalente a dos meses de inflación de 3,4% mensual.

La misma política económica, la misma crisis

La historia demuestra que los controles de precios acumulan tensiones en la economía que se hacen imposibles de sostener. Es que pisar precios y tarifas sale plata. Pisar precios hace volar el gasto público porque lo que no paga el privado, lo tiene que pagar el Estado. La cuenta de los subsidios escala en forma exponencial y a gatas el Estado cubre el gasto corriente, generando una descapitalización del sector porque no cubre las inversiones necesarias.

La dinámica es todavía peor. El creciente gasto en subsidios que le genera el control de precios, usualmente lo cubre con más emisión monetaria, generando más inflación y ampliando la brecha entre los precios reales y los precios controlados por la política. El déficit energético llega con una brecha cambiaria creciente y una inflación que, pese a todos los controles, no frena. La crisis culmina en colapso energético, cambiario y fiscal, todo en simultaneo.

Ya no hay reservas en el BCRA para pisar el dólar y menos para esconder el déficit energético que vuelve a toda velocidad. El desenlace en este contexto no tardará en llegar.

El “Rodrigazo” de 1975 fue la crisis económica que llegó cuando se acabaron las reservas del BCRA y el poder político para seguir pisando las tarifas. La explosión de precios todavía se recuerda entre argentinos que peinan canas porque tras esa crisis, argentina empezó a vivir con tres dígitos de inflación la siguiente década. Pero no fue la primera gran crisis por esta política económica.

En 1955 pasó lo mismo tras una década de pisar dólar, precios y tarifas y comerse todas las reservas del BCRA para sostener los “precios cuidados” de la época. La década kirchnerista fue lo mismo pero en este siglo. La crisis demoró en llegar porque, así como Perón se comió todas las reservas del BCRA que dejó la segunda guerra mundial, el Kirchnerismo se comió todas las reservas que dejó la soja y las inversiones de la década de los 90. Cuando se agotaron las reservas, llegó la crisis fiscal, energética y cambiaria, en simultaneo.

1955, 1975, 2015, no sólo son años que terminan con 5. Son años que estalla la misma política económica de pisar dólar, tarifas y comerse las reservas del BCRA. Alberto no tendrá la suerte de patear la crisis que gesta hasta el 2025 porque arranca el 2022 ya sin reservas, con brecha del 100% y dudoso poder político.

Este modelo económico no sólo no tiene solución, sostenerlo sólo aumenta la deuda y la crisis que gesta. No es un comentario apresurado, hay 80 años haciendo lo mismo con los mismos resultados.

Argentina se hizo grande exportando y comenzó su colapso cuando se alejó del comercio exterior. Cuando abrazó todas estas prácticas que llenan los diarios hace décadas: retenciones, desdoblamiento cambiario, control de precios, del comercio exterior, gasto público y maquinita. Colapsó cuando hizo carne el “vivir con lo nuestro”, el “Estado presente” y coquetear con el “Che”.

Pero el problema económico es sólo el reflejo del problema sociológico que hay de fondo. Hay que preguntarse por qué siendo un país democrático, no sorprende el apoyo de Argentina a las dictaduras de la región. Cuando eso indigne a todos, recién ahí arrancará la solución porque será el reflejo de un cambio cultural.

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Notas de Opinión

Moldavsky, preocupado: no puede competir con Stiglitz

Resulta técnicamente indefendible la supuesta racionalización académica que el Premio Nobel hace de las políticas económicas de los Kirchner y de Alberto Fernández

Columna publicada originalmente en La Nación

Dentro de una misma persona, habitan dos Joseph Eugene Stiglitz. Uno, en 2001 compartió el Premio Nobel de Economía con George Arthur Akerlof y Andrew Michael Spence; el otro, con referencia a la economía argentina, a partir de 2003 se convirtió en una máquina de decir barbaridades.

Aprendí de ellos que cuando oferentes y demandantes no cuentan con la misma información, esta asimetría tiene consecuencias. Akerlof lo ilustró con el caso del mercado de autos usados, Spence lo aplicó al mercado de seguros, mientras que Stiglitz encontró la solución al problema en la intervención estatal.

En la década de 1960 aprendí en la facultad que detrás de cada “falla de mercado” existe la correspondiente intervención estatal. Ahora sabemos que junto a las fallas del mercado están las “fallas del Estado”, por lo cual antes de recomendar la intervención estatal hay que averiguar qué es peor, si la falla del mercado o la del Estado. Mi papá, que solo cursó la escuela primaria, lo tenía bien en claro cuando afirmaba que “a veces es peor el remedio que la enfermedad”.

Stiglitz ignora esto olímpicamente, y sin prestarles atención a las limitaciones prácticas de los Estados de los diferentes países sigue recomendando la intervención estatal.

Nunca me peleo por diferencias de opinión, pero en el caso de Stiglitz lo que verdaderamente me saca de quicio es la racionalización académica que otorgó a las políticas económicas implementadas por Néstor Carlos y Cristina Fernández de Kirchner, y ahora por Alberto Ángel Fernández. Dijo en su momento que se jugaba el prestigio a la política económica implementada por la Argentina a partir de 2003, y si en el plano internacional la profesión evaluara las opiniones como es debido, le quedaría muy poco prestigio.

Si tanto le entusiasmaron y entusiasman las políticas económicas de los Kirchner, lo que tendría que haber hecho es haberlos asesorado en privado, mostrándoles las limitaciones de sus esquemas, en vez de racionalizar públicamente lo que resulta técnicamente indefendible.

Estas líneas fueron inspiradas por un reciente artículo suyo, donde calificó de “milagro económico” la recuperación del nivel de actividad de la Argentina en 2021, casi el doble de la de Estados Unidos; sin mencionar que en 2020 la caída del PBI argentino fue muy superior a la de Estados Unidos. Por eso digo que el talentoso Roberto Moldavsky está preocupado.

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