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Exclusivo | Una sospechosa licitación por $ 2.600 millones salpica a Maqueda

Fue para contratar el servicio de despacho de medicamentos para la Obra Social del Poder Judicial, manejada por personal jerárquico de máxima confianza ; pese a no ser la empresa con la menor oferta, el Director de la OSPJN, Aldo Tonón, presionó para que la compalía cordobesa Farmandat S.A. -investigada por la Mafia de los Medicamentos- fuera la adjudicataria del jugoso contrato

La contratación de la empresa Farmandat S.A. por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) quedó envuelta en un manto de sospecha en las últimas horas, luego que dos empleados del organismo a cargo de Aldo Tonón aceptaran a hablar con NEXOFIN sobre las irregularidades que existieron en la licitación por el servicio de $ 2.600.000.000.

Todo comenzó a principios del 2019, cuando la Obra Social estaba buscando un servicio para el despacho de medicamentos de todos los afiliados del país por las diferentes farmacias. “Tonón consultó con Maqueda y se aprobó un presupuesto inicial de 1.800 millones de pesos, pero se tiró ese número sobre la mesa sin ningún tipo de informe técnico ni administrativo, como lo exige la reglamentación interna”, comentó un empleado de la Obra Social a NEXOFIN quien pidió mantener el anonimato para evitar represalias internas.

Muchos testigos recuerdan que Tonón -hoy investigado en la Justicia y hombre de máxima confianza del integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda- se hizo presente en persona en el acto de apertura de ofertas. “Fue a fiscalizar en favor de la empresa Farmandat S.A., hubo hasta gritos y presiones para que la ganadora resultara esta empresa cordobesa y no la rival, que había presentado una oferta menor”, reveló a NEXOFIN un testigo directo de aquella jornada.

La otra competidora era la empresa Compañía de Servicios Farmacéuticos, que tras ofrecer una menor oferta, se vio sorprendida ante nuevas observaciones y avales que no estaban contemplados en los pliegos originales. “Tonón se encargó directamente de tomar las observaciones que había hecho Farmandat S.A. y las trasladó por escrito a la otra compañía, que quedó luego fuera de la competencia”, recordó el mencionado testigo a este medio.

Con el fin de no perder el contrato por el cual había ofrecido el menor precio, la empresa Compañía de Servicios Farmacéuticos respondió a las llamativas solicitudes que fueran incorporadas después de la apertura de sobres. Sin embargo, el titular de la Obra Social habría ejercido presión sobre un grupo de técnicos para contar con un dictamen favorable para Farmandat S.A, según contó una fuente interna a NEXOFIN. Así lo recuerda un actual empleado de la Obra Social: “Los que tenían que dar el dictamen técnico son todos pibes contratados y sin estabilidad laboral, que se vieron apretados por el jefe máximo de la Obra Social y no les quedó otra que agachar la cabeza”. El dictamen al que tuvo acceso este medio aseveraba que Compañía de Servicios Farmacéuticos no contaba con la red de farmacias necesaria para dar cobertura medicinal a los casi 100.000 afiliados distribuidos en el país.

Pasaron sólo cuatro meses para que Tonón elevara el presupuetso inicial de $ 1.800 millones a $ 2.600.000 millones. De esa nueva licitación, sólo participó Farmandat S.A., que se quedó así con un negocio multimillonario.

Finalmente, la adjudicación fue firmada el 10 de septiembre del 2020, y contó con las firmas de Maqueda y otros dos de los cinco jueces. Llamativo: en el documento, no se ven las firmas de dos ministros del Máximo Tribunal, acaso alertados ante las desprolijidades que atravesó el proceso.

La sombra de la “Mafia de los Medicamentos”

El 24 de octubre del 2010, la empresa cordobesa Farmandat S.A. saltó a la tapa de algunos medios de comunicación luego de que la ex ministra de Salud Graciela Ocaña pidiera reabrir una investigación que la tenía como centro por presunta adulteración, robo y  falsificación de medicamentos.

La legisladora había denunciado a la empresa cordobesa por una serie de presuntas facturas truchas, pero la Justicia decidió cerrarla. Sin embargo, ante los avances de la causa denominada “Mafia de los Medicamentos”, Ocaña presentó un pedido para reabrir la investigación que, bajo su mirada, tenía vínculos con los delitos que se investigaban en esa megacausa.

Una investigación de La Voz del Interior reveló en 2010 que la empresa elegida por Maqueda-Tonón para quedarse con el multimillonario negocio de medicina usa testaferros para operar. Según el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba del 30 de marzo de 2006, Farmandat fue constituida con el fin de desarrollar una variedad de actividades ligadas a la medicina y entre sus socios fundadores figuran Juan Carlos Montamat y Juan Horacio Carreño.

¿Quién es Carreño? Un ex menemista de La Rioja que cobró notoriedad pública en la década de 1990, cuando se descubrió que figuraba como empleado jerárquico del Pami, aunque no prestaba servicios efectivos en ninguna de las sedes de la entidad. “Es conocido también de Maqueda”, acotaron fuentes cordobesas a NEXOFIN.

La Voz del Interior logró contactar entonces a Carreño para consultarlo sobre su condición de directivo de Farmandat. Admitió entonces que él aceptó poner su nombre como socio de la firma, pero por una cuestión de “confianza” con la gente que maneja el negocio. “Había que poner a gente de confianza para formar la sociedad y me pusieron a mí, pero yo no manejo nada. Mi participación es simbólica. Yo soy un seco”, sostuvo Carreño, prestanombre al frente de Farmandat S.A..

Licitaciones a dedo en la Obra Social

La jueza María Eugenia Capuchetti tiene en su escritorio una denuncia por presunta malversación de fondos que jaquea a Tonón. Entre la documentación que maneja la magistrada, se encuentra otra contratación llamativa por parte de la Obra Social: la empresa cordobesa Emergencia Médica Integral S.A. se quedó, de manera ininterrumpida, con contratos por el servicio de ambulancias, pese a no contar con las mínimas condiciones de contratación, según reveló una auditoría interna reciente revelada por NEXOFIN.

La Comisión de Preadjudicaciones de la Corte Suprema -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN– reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. Pese a ello, se quedó con contratos anuales de hasta 1.000 millones de pesos.

Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

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Golpiza al playero: la Justicia cree que al menor acusado lo protege su familia y lo buscan en el interior del país

La Polícia llevó adelante 11 allanamientos en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires: secuestraron documentos, 22 celulares y un arma

Mientras Arturo López (66), el playero de un estacionamiento de Monserrat agredido el 19 de noviembre pasado tras una discusión con un cliente, continúa internado y pelea por su vida, Carlos Manuel A., el adolescente de 17 años que lo golpeó, sigue prófugo.

“Estoy cansada, estoy harta de esta rata de mierda que no aparece. Hijo de puta, te odio, nos arruinaste la vida. Y ahora están especulando con que si mi papá se mejora o no se mejora, y para nosotras es una tortura seguir así”, expresó Florencia, una de las hijas de Arturo, a LN+, en la puerta de la clínica del barrio porteño de Flores en la que su padre está internado en terapia intensiva.

En paralelo, la Justicia continúa investigando su paradero y ya realizó once allanamientos en la Ciudad y el Conurbano tras una pista obtenida a través de informantes. Sin embargo, el joven no se encontraba allí. Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan es que está siendo protegido por familiares o miembros de la comunidad gitana.

Según informa La Nación, la familia del adolescente prófugo tiene vasos comunicantes con clanes de Corrientes, Rosario y Santa Cruz dedicados a cometer secuestros virtuales y a “doblar” autos.

El hecho de que el acusado continúe prófugo de la justicia fue motivo para que su abogado, José Pereyra, dejara la defensa de su representado: “Hago saber mi renuncia al cargo de defensor particular del menor, teniendo en cuenta la actual situación de incertidumbre, por la cual dejo en libertad a sus progenitores para decidir el nombramiento de un nuevo profesional o un defensor oficial que continúe la labor en la defensa”, manifestó en un comunicado.

Con respecto a la búsqueda del acusado de agredir a Arturo, la policía allanó once domicilios en territorio porteño, Moreno y en Caleta Olivia, Santa Cruz. En esos allanamientos se secuestraron 22 celulares,un arma y la documentación del Mercedes y el BMW que protagonizaron el incidente en el cual el adolescente noqueó de un golpe al playero. También lo buscan en Corrientes, donde viven algunos de sus familiares.

“Estoy cansada, estoy harta de esta rata que no aparece. Nos arruinaste la vida”, dijo entre lágrimas Florencia, una de las hijas de Arturo López.

En la puerta de la clínica Iteba del barrio de Flores, la mayor de las hijas del empleado del garaje de Monserrat arremetió contra su atacante, a quien acusó “de estar especulando” con la recuperación del hombre. “Para nosotras es una tortura seguir así”, afirmó a la prensa. De tal manera, le pidió al imputado “que se entregue” a la vez que lo señalaron como quien “les arruinó la vida”.

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La ONU le pidió información a la Argentina por el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

Llegó a la Cancillería un pliego de preguntas sobre la situación de los dos integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña

Diego García Sayán, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó informes a la Argentina sobre la situación de los Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que por un fallo de la Corte deberán dejar sus cargos.

El requerimiento enviado a Cancillería, a través de una nota formal y con fecha del martes 16 de noviembre, incluye además un pliego de preguntas para el Estado Argentino, junto a un período estipulado de 60 días para responder.

Dicho pedido surge a más de año de la remoción de ambos jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En julio de 2020, el Gobierno promovió que se revisaran los traslados de los jueces federales dispuestos durante la administración Cambiemos.

En ese entonces, la revisión estuvo amparada por el hecho de que los traslados “eran inconstitucionales”. Desde la oposición, remarcaron que se trataba de una excusa para evitar los procesamientos de Cristina Kirchner en casos de corrupción.

Además de ello, denunciaron que tras su destitución, el oficialismo intentaría poner en su lugar jueces más afines a sus ideales. Según pudo reconstruir el diario La Nación, el asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso que ambos debían dejar sus cargos.

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“Cuadernos va a ser otro gran fiasco”: el pronóstico del abogado de CFK

Carlos Beraldi apuntó a la oposición por criticar a los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta: “Querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de acusados y ante esta frustración dicen cualquier cosa”

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, se refirió a las dos causas en las que la vicepresidenta todavía sigue procesada: Cuadernos de las Coimas y Vialidad.

Sobre la primera, afirmó que “va a ser otro gran fiasco”. En esa línea, apuntó a la oposición por denunciar a los jueces que sobreseyeron a su defendida en la causa Hotesur y Los Sauces: “Querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de acusados y ante esta frustración dicen cualquier cosa, quieren amenazar a los jueces”.

Durante una entrevista con El Destape Radio, Beraldi afirmó: “La causa Cuadernos va a ser otro gran fiasco. Si eso termina discutiéndose en una audiencia oral y pública van a surgir cosas muy claras de cómo se armaban los expedientes, cómo se extorsionó a la gente haciéndole decir cualquier cosa”.

Por otro lado, volvió a celebrar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces.

“El tribunal dice que hay nuevas pruebas que demuestran que todas las operaciones comerciales eran legítimas, trazables, bancarizadas y que pagaron impuestos. Esto descarta de plano que pueda hablarse de lavado de activos. El lavado implica el ingreso al sistema de dinero negro y acá no había ningún dinero negro”, dijo el abogado.

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