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Notas de Opinión

Mapuches violentos: sus nexos con una ministra, ex montoneros y La Cámpora

Los vínculos de los usurpadores de tierras con movimientos pro kurdos y pro palestinos. Insólitos apoyos de organismos públicos a la violencia

Columna publicada originalmente en Clarín

La gobernadora de Río Negro caminaba sola por la ruta 40 cuando sintió que un piedrazo le zumbó por un costado. Después otro. Le tiraban desde atrás. Nunca se dio vuelta. Siguió caminando. Intentaban amedrentarla.

Durante esa caminata se convenció de que su agresor le advertía que tenía la pericia suficiente para tirarle rocas con velocidad peligrosa y puntería notable. No la lastimaron. Podrían haberlo hecho.

La mandataria sabía desde donde provenía esa agresión. El 19 de octubre del año pasado iba a bordo de su camioneta para controlar el desalojo de un campo tomado por mapuches violentos. Los dueños de la estancia El Foyel habían quedado “prisioneros” de supuestos aborígenes que entraron en sus tierras para usurparlas, y durante días no les permitieron salir de la casa mientras ellos merodeaban los alrededores.

La Justicia había ordenado que la policía actúe sobre ese grupo de violentos y logró sacarlos de esas tierras privadas. Pero en solidaridad con sus “compañeros” otra comunidad identificada también como mapuche, aunque sin sustento legal que apoye ese origen, había cortado la ruta federal 40 generando un caos de tránsito en el que quedó varada la gobernadora.

Fue por eso que se bajó del vehículo oficial para intentar hablarles a los “piqueteros”. Le gritaron “loca”. Le exigieron a los alaridos que se vaya: “¡Tómesela de acá! ¡Esto es territorio mapuche! Usted no es autoridad mía. Nunca voy a creer en ustedes. Tengo sangre mapuche”.

Ella solo les pedía “diálogo”. No hubo. Pasó un año desde aquel incidente que tomó relevancia nacional. Los “mapuches” que cortaban el tránsito en la zona siguen moviéndose por esas tierras de Villa Mascardi. Y los incidentes graves se multiplicaron tanto en Río Negro como en Chubut y Neuquén.

Carreras se cansó de la falta de ayuda de la Casa Rosada y denunció públicamente que hay funcionarios nacionales que apoyan estas acciones. Algunos de los últimos ataques fueron denunciados por la gobernadora en la Justicia bajo la figura de “terrorismo”. El conflicto se complejizó. Los “mapuches violentos” tiene ahora ascendencia e influencia en el poder político K.

El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, separado de La Cámpora pero con afinidad con su dirigencia, avaló que su organismo retire la querella que Parques Nacionales lideraba contra una comunidad supuestamente aborigen que se adueño de una zona del Parque Nacional Nahuel Huapi. Otras tomas de terrenos reciben “solidaridad” en solicitadas públicas firmadas por organismos del Estado que controla la agrupación juvenil K.

Dos ex jefes de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, con llegada a los Kirchner, asisten a un sector de los “mapuches violentos” cuando tienen problemas con la Justicia. Vaca Narvaja es padre de Camilo Vaca Narvaja, quien fue pareja y tuvo una hija con Florencia Kirchner. Su hermano, Sabino Vaca Narvaja, es embajador argentino en China. El padre, Fernando, fue funcionario de Río Negro.

El trabajo de Vaca Narvaja con los “mapuches” violentos fue confirmado a Clarín por fuentes que dialogaron del tema con el ex montonero.

“Para él, el avance de la RAM es una reivindicación de su pasado guerrillero, la verdad, no lo entiendo”, agregó una fuente inobjetable con respecto a esa interlocución.

La polémica sobre este conflicto patagónico que lleva años pero se profundizó en esta era K, pasó a ser parte de la agenda mediática internacional. Fue cuando trascendió que que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, le prestó asistencia consular en el ámbito jurídico a quien admite ser el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, quien cumple en el país trasandino una condena de nueve años de cárcel, confirmada por la Corte Suprema de Chile, tras comprobarse que fue uno de los autores de la quema de una propiedad en Pisu Pisué, además de haber sido descubierto portando armas ilegales.

Ese hecho ocurrió en el 2013 y es un indicio más de cómo la pelea mapuche a través de la violencia tiene alianzas a un lado y otro de la cordillera. Antes de ser extraditado desde Argentina a Chile, y mientras duró el caso de Santiago Maldonado, quien antes de morir ahogado en un territorio usurpado por la RAM protestaba en una ruta por la liberación del reo.

La abogada de Facundo Jones Huala era en ese momento la actual ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

Hasta ahora, la funcionaria no hizo declaraciones al respecto.

Defendió siempre la inocencia de su cliente, como corresponde en un país bajo estado de derecho.

Días antes de recibir la asistencia de Bielsa, Jones Huala había lanzado una arenga para movilizar aun más la violencia de las tomas de tierras, incendios y diversos ataques en la Argentina.

Desde la cárcel en Chile, envió una carta que se difundió en la Argentina.

Entre otras frases, Jones Huala le pedía a sus seguidores “menos llanto y más combate”, y agregó: “Quienes no nos sentimos representados por los institucionales y cobardes no tenemos por qué obedecerlos ni seguirlos, ni seguir dejando que se impongan. ¿Ellos se imponen y los agresivos somos nosotros?”.

Al texto de Jones Huala le siguieron más incidentes muy violentos que provocaron la reacción de Carreras, la respuesta fría que recibió de la Casa Rosada, y declaraciones en cadena de dirigentes ultra K, como el senador Oscar Parrilli, que defendió a los “mapuches” (es originario de Neuquén y conoce muy bien la trama y el conflicto desde hace casi una década); o de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.

Carreras recibió la solidaridad de otro gobernador de la región que sufre los ataques de los “mapuches” violentos. Mariano Arcioni, de Chubut.

Los últimos ataques que se adjudicó la RAM fueron los siguientes:

El 20 de septiembre pasado esta organización usurpó tierras privadas en el paraje Cuesta del Ternero: de la toma participa, como anticipó Gonzalo Sánchez en Clarín, la hermana de Jones Huala.

El 3 de octubre un incendio intencional arruinó la oficina de atención turística de El Bolsón. Al día siguiente se prendió fuego con combustible, adrede, un campamento que Vialidad Nacionalidad montó en el Cerro Catedral, corazón del turismo de Bariloche. Una familia que vive cerca de ese lugar fue atada por los atacantes de la RAM. Ellos se identificaron como los autores del desastre. Dejaron carteles llamando a una guerra contra la Argentina. Y otros con amenazas con la gobernadora Carreras. La mandataria denunció esos hechos con la calificación de “terroristas”.

Lo mismo hizo el 20 de octubre pasado cuando de nuevo se prendió fuego de modo intencional al club Andino Pilquitrón, utilizando combustible para que todo arda.

Otra vez quedaron escritas amenazas contra ella y contra el intendentes de El Bolsón, Bruno Pogliano.

Este fin de semana, la mandatario rionegrina denunció en Radio Mitre que al menos un organismo estatal ayuda a la usurpación de tierras de supuestas comunidades originarias. Es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al mando de su coterránea, Magdalena Odarda. Y cuyo vicepresidente es Luis Pilquimán, antes “mapuche” en lucha, hoy procesado porque siendo funcionario usó su cargo y bienes del Estado para mantener y ayudar a usurpadores de tierras ajenas. Como las que aun persisten en Villa Mascardi.

La RAM, de acuerdo a informes de las fuerzas de seguridad nacionales a los que accedió Clarín, tendría apoyo financiero y político de dirigentes vinculados a la reivindicación de los kurdos, un pueblo que pelea por su independencia dentro de un Estado que no reconocen, como Turquía y Siria. Lo mismo con dirigentes que pelean por la causa pro Palestina en contra de Israel. Hay documentación indubitable del apoyo de dirigentes kurdos a la RAM. Igual que investigaciones que intentan establecer lazos entre ex cuadros de la guerrilla Sendero Luminoso con este pelea de supuestos aborígenes argentinos.

Se podrían dar detalles de esos otros nexos.

El ex secretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Millman, que indagó en la problemática mapuche, afirma que está convencido que “los montoneros son el sustento ideológico de los violentos de la Comarca Andina. Si dejamos que esa violencia avance la usurpación puede convertirse en ocupación y tenemos un espejo doloroso en el que mirarnos; son las Malvinas”.

En un sentido similar se expresó la senadora nacional de Neuquén, Lucila Crexell. Las actuales autoridades nacionales parecen restan importancia a lo que gobernadores y ex funcionarios no.

En rigor, el poder K parecen alentar a la violencia que no repudia públicamente.

El INAI, por caso, depende del Ministerio de Justicia. Su titular es el rionegrino Juan Martin Soria. No hizo declaraciones sobre los “mapuches” violentos.

Un ejemplo de la politización K de este tipo de hechos ocurrió en la usurpación de las tierras en Cuesta del Ternero, Río Negro.

Mapuches con aval normativo y personería jurídica repudiaron esos hechos.

Mientras quienes tomaron esas tierras privadas recibieron apoyos en una solicitada de gremios docentes K y de hasta entes públicos manejados por La Cámpora: entre quienes rubricaron ese texto se puede leer a “Radio Nacional Bariloche” y “Radio Nacional El Bolsón”. Medios públicos a favor de la RAM.

Algo cambió en el poder.

Aunque Carreras lidera ahora las quejas de provincias cansadas de convivir con ataques amenazantes de encapuchados impunes.

Notas de Opinión

Manejo de crisis, redes y cancelaciones: el nuevo rol del abogado

No solo ha cambiado la foto del abogado, también han cambiado sus funciones

Columna publicada originalmente en Infobae

Maletín en mano, traje de algún color oscuro, camisa blanca abrochada hasta el último botón, corbata con el nudo siempre tenso, zapatos recién lustrados: la representación popular del abogado -la descripción del prototipo que suele hacer el cine y la literatura- suele ir orientada a estos clichés.

En el caso de las abogadas, el “modelo televisivo” también sigue estos patrones (salvo por la corbata). Lo cierto es que esta imagen forma parte de una concepción clásica, de hace unos doscientos años, aceptable quizá para Juan Bautista Alberdi o los célebres juristas que nos enseñaron en el colegio.

La actualidad es otra: no solo ha cambiado la foto del abogado, también han cambiado sus funciones, y es aquí donde el ejercicio del Derecho ha tenido incluso más cambios que en las cuestiones de etiqueta. Hoy el abogado hace mucho más que litigar, asesorar en materia contractual o interpretar una norma. En las últimas décadas, la profesión ha dado un giro, rompiendo las fronteras de lo jurídico.

Según la Real Academia Española, “abogar” es “defender en juicio, por escrito o de palabra”, pero también es “interceder, hablar en favor de alguien o de algo”. La segunda de estas acepciones tiene mucho más que ver con el nuevo rol del abogado, que implica no solo dominar el campo normativo -conocer las leyes y saber usarlas en favor de los propios intereses o los del cliente-, también es necesario trabajar la vocación de diálogo, la negociación, el espíritu conciliador, la contención del problema o el término que hoy está de moda para describir esta función: el manejo de crisis.

¿Qué implica el manejo de una crisis y por qué es importante que sea monitoreado por un abogado? El manejo de crisis aborda la solución frente a un conflicto padecido por un determinado cliente: una campaña de difamación en redes sociales, la acusación (real o ficticia) de un delito y sus repercusiones en otros ámbitos, el efecto causado por una noticia periodística sobre una compañía, la existencia de un conflicto que promete arrastrar a una persona o empresa por el barranco del desprestigio social o comercial.

Tiene sentido la presencia de un abogado detrás de este manejo de crisis porque ciertos problemas pueden encontrar límites en una norma o aún habiéndose roto ciertos preceptos legales, la respuesta a cómo proceder suele tener repercusión en el plano legal.

Por otro lado, las agencias de comunicación -que son las unidades que suelen trabajar el manejo de una crisis- no siempre cuentan con la batería de recursos jurídicos que sí domina un abogado: muchas veces no se trata solo de cómo comunicar sino de qué comunicar, cuándo y por qué, e imaginar cuál será la respuesta frente a esa estrategia (¿sirve una medida cautelar? ¿el hecho tiene repercusiones en el plano civil, comercial, laboral, penal o en todos estos ámbitos a la vez? Estas son algunas de las preguntas que solo puede responder un abogado). Que no sea peor el remedio que la enfermedad, que la postura adoptada no pueda abrir un frente en tribunales o que sirva para evitar consecuencias dañosas en el cliente son tan solo algunos de los factores a evaluar.

Como hemos mencionado, las redes sociales cumplen un rol fundamental en todo esto: los operadores jurídicos de vanguardia no pueden trabajar careciendo de conocimientos técnicos y prácticos en relación a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Se necesita conocer los engranajes, cómo hacerse de prueba a partir de estas redes, cómo paliar los efectos de un comentario desafortunado y cómo apagar un incendio sin expandir el foco. Este necesario dominio también implica un buen manejo personal: las redes del abogado o de la abogada son parte de su CV, del bagaje profesional, hablan del trabajo que se realiza o se realizó, por lo que la prolijidad en este aspecto también es un asunto de importancia.

Cuando un cliente busca asesoramiento legal, contrata la estrategia para el caso concreto pero también acuerda con los aciertos y desaciertos del experto a lo largo de su carrera (más aún, si el tema es sucesible de ser abordado por los medios de comunicación). El cliente se queda con el conjunto. Eso no le quita importancia a las labores tradicionales del abogado, como es litigar. Una buena defensa en juicio jamás pasará de moda.

Y si de moda se trata, quienes ejercen el Derecho también deben estar atentos al fenómeno de “la cancelación”: vedar a un sujeto por opiniones que suenan controvertidas o por actos cuestionados en un determinado momento, hacer de cuenta que su obra no existió, invitar a que nadie jamás vuelva a escuchar su música o leer sus libros.

Internet es un océano de información cuyas aguas fluyen rápido, a veces, sin que exista siquiera un mínimo chequeo. Las fake news y las campañas de desprestigio también son materia de análisis jurídico, ya que ensuciar a una persona en redes puede llevar minutos, mientras que depurar esa imagen -muchas veces, marcada por datos falsos- puede ser una tarea que demande meses, años o que no llegue a concretarse. Los abogados tenemos algo que hacer allí, frente a injusticias en la web y comentarios cuyo objetivo puede ser dañar a personas sin responsabilidad.

Aún queda mucho por hacer. Lo que es seguro es que este es solo el comienzo del nuevo rol del abogado, destinado a ser protagonista en la resolución de contiendas que están en expansión y que en muchísimos casos, ni siquiera llegarán a tribunales.

Twitter: @jorgemonasok

Instagram: @jorgemonastersky

www.jorgemonastersky.com

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Notas de Opinión

Los radicales, con la cepa incurable del internismo

La ruptura en el bloque de Diputados adelanta la batalla por el 2023, que también complica al PRO

Columna publicada originalmente en Clarín

No hay nada que hacer. Los radicales llevan el internismo en la sangre. Pocas cosas le hicieron tanto daño a Yrigoyen como su enfrentamiento con Alvear. Balbín combatió más a Frondizi que al adversario, y al final amigo, Juan Domingo Perón. Alfonsín soportó el fuego de los radicales cordobeses y De la Rúa sufrió más a Alfonsín y a Moreau que al peronismo y al Oso Arturo. Toda confrontación en política es un camino hacia algo nuevo. El problema es cuando la confrontación pasa a ser permanente y se convierte en una imagen repetida y desgastada.

Algo de eso está viviendo el radicalismo en estos días. La buena performance electoral de Juntos por el Cambio en todo el país fortaleció también a la UCR. Ganaron muy bien en Mendoza, en Corrientes y en Jujuy, tres provincias que gobiernan. Perdieron en las PASO, pero recuperaron competitividad con Facundo Manes en Buenos Aires. Y obtuvieron una formidable victoria en Córdoba, aventajando al peronismo de Juan Schiaretti y dejando en un dígito muy lejano al kirchnerismo. Tanto como para que varios de sus dirigentes piensen ahora en disputarle al PRO la candidatura presidencial en 2023.

Todo iba bien hasta que se pusieron a discutir quién iba a ser el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados. Allí lleva cinco mandatos el cordobés Mario Negri, dueño de una muñeca negociadora que nadie le discute y apoyado desde el off radicalismo por la temida Elisa Carrió. El problema es que, justamente en Córdoba, Negri perdió las internas por 250 mil votos contra Rodrigo Loredo, aliado de Martín Lousteau. Y ese sector planteó desde un principio quedarse con ese espacio de poder levantando las banderas de la renovación.

Entonces apareció el ADN autodestructivo de los radicales. Detrás de Negri y de De Loredo se alinearon los dirigentes que miran hacia el 2023. Lousteau dio la batalla con el expertise nosiglista de Emiliano Yacobitti y la habilidad mediática de Martín Tetaz. Pero Negri sumó a los diputados de Gerardo Morales, los de Alfredo Cornejo y a los correntinos de Gustavo Valdes. Los números le sonrieron y se dispuso enseguida a hacerse reelegir otra vez.

Hubo hasta respaldos cruzados. Manes decidió apoyar a Negri y la segunda en su lista, Danya Tavela, terminó del lado de Lousteau y De Loredo. Se multiplicaron en las redes las acusaciones de traidores, hacia uno y otro lado. Y el lunes temprano, comenzó la ruptura. Evolución Radical junto a 12 legisladores y se independizó como mini bloque. Horas más tarde, Negri anunció los nombres de la nueva conducción, con la bonaerense Karina Banfi como su segunda.

La sensación de resquebrajamiento entre los radicales se volvió tan desconcertante que hasta logró doblarle el optimismo a Andrés Malamud, politólogo con base en Lisboa y poseedor de una de las miradas mas agudas sobre la política argentina. Integró la lista de Manes en un lugar secundario y fue quien, en su cuenta de Twitter, emitió la opinión más psicológica sobre el conflicto. “El radicalismo olfatea el poder y corre para el otro lado”. Hay que leer su tweet line para comprobar la pasión incandescente de la UCR para las internas.

Como sucede en el PSOE y en el Partido Popular de España, en el radicalismo el candidato que quiere ser presidente tiene que quedarse con la conducción partidaria. Por eso, Morales pidió que se vote este 17 de diciembre la presidencia del Comité Nacional para tratar de aprovechar la ventaja conseguida en el Congreso. Ese día habrá una nueva batalla. El jujeño, pero también Cornejo (actual titular de la UCR), Manes, Valdés y ¿Lousteau?, sueñan con una postulación que les devuelva el protagonismo opositor y una chance de regresar al Gobierno.

​Internismo contagioso​

Como la cepa ómicron del Covid, el internismo de los radicales también parece ser contagioso. El bloque de Juntos por el Cambio va camino a tener seis mini bloques que volverán un infierno cada una de sus discusiones por las leyes fundamentales. Además de los dos bloques de la UCR, está el mayoritario del PRO, otro que formaron Emilio Monzó y la nacida en el radicalismo Margarita Stolbizer, más un par de bloques con legisladores provinciales que prefieren la unidad en la diversidad. Además, digamos todo. Los mini bloques tienen autoridades propias, oficinas propias, pasajes y viáticos propios. Las efectividades conducentes de las que hablaba Don Hipólito.

Está claro que el virus internista de la UCR también circula sin frenos entre las celebridades del PRO. Ni siquiera la campaña electoral de los últimos meses pudo acallar las disputas entre Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Los tres creen que el 2023 será su momento para pelear por llegar a la presidencia (los dos primeros), y por volver a ese cargo el ex presidente, tras su experiencia fallida en la que no logró obtener su reelección.

En estos dos años, nada será ajeno a la batalla interna de Juntos por el Cambio. Este martes, por ejemplo, está en Buenos Aires Pablo Casado, el líder del Partido Popular español, candidato a suceder al jefe de gobierno Pedro Sánchez si se mantienen las encuestas como hasta ahora. Al mediodía estará en la sede de la calle Uspallata para reunirse con el jefe del gobierno porteño. Y un rato después, almorzará con el ex presidente, como parte de una gira sudamericana que incluye encuentros con Luis Lacalle Pou en Uruguay, y con Sebastián Piñera en Chile.

Rodríguez Larreta y Macri comparten la fundación del PRO, el crecimiento desde la Ciudad y una parábola parecida que debería terminar con el heredero en la Casa Rosada. Pero la política tiene sutilezas que no se basan en la lógica cartesiana.

Son las pasiones las que gobiernan en estas horas los movimientos de los hombres y mujeres de Juntos por el Cambio. Demasiada pasión cuando faltan todavía dos años largos y los observa con extrañeza una sociedad que acaba de votarlos para ponerle precisamente algo de racionalidad y de expectativa al país dominado por la inflación, por la pobreza y por la desesperanza.

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Notas de Opinión

Los argentinos y su postura frente al acuerdo con el FMI

La sociedad se muestra dispuesta a cumplir con los pagos. El electorado de Juntos por el Cambio siempre mostró una mayor voluntad de hacerlo. Los votantes del Frente de Todos muestran una intención mucho menor.

Columna de opinión publicada originalmente en TN.com.ar

Son días decisivos en lo que respecta al acuerdo con el FMI y, por lo tanto, al futuro económico de la Argentina. Ayer un equipo del Ministerio de Economía y del Banco Central arribó a Washington para avanzar en los aspectos técnicos, sin embargo, desde el FMI prefieren ser cautos: “Todavía queda mucho por hacer”, sostuvo Georgieva.

A pesar de la total falta de certezas, el gobierno tiene planeado enviar el “plan plurianual” al Congreso el 15 de este mes. ¿Conoceremos en ese momento la letra chica de lo ya acordado o serán tan solo expresiones de deseo?

La incertidumbre es tal que ni siquiera los legisladores saben muy bien qué es lo que tiene previsto enviar el ministro de Economía. “Espero que Martín Guzmán no mande un plan plurianual. Eso no lo vamos a discutir. Lo que envíe tiene que ser el acuerdo con el Fondo”, afirmó el diputado Luciano Laspina en la Conferencia de la UIA.

Consenso amplio para un acuerdo con el FMI

A pesar de la incertidumbre, lo que prácticamente no está en discusión es la necesidad de arribar a un acuerdo. Las voces más radicalizadas de grupos cercanos o pertenecientes a la coalición oficialista generan algo de ruido cuando manifiestan su oposición (Hebe de Bonafini le pidió a Alberto Fernández que no acuerde con el FMI: “Ojo con traicionarnos”), pero se trata de grupos minoritarios.

Existe un amplio consenso en la clase política de que el acuerdo es indispensable para el futuro de la Argentina y que sin este el caos económico sería aún mayor.

Este consenso, además de incluir al sector mayoritario del oficialismo y la oposición, involucra a la CGT que se manifestó a favor de un acuerdo (por fuera quedan los movimientos sociales de izquierda). Lo que en todo caso sí estará en discusión es quién cargará con el peso de las correcciones que deban hacerse. Esa será otra discusión que inevitablemente comenzará cuando el Ministerio de Economía muestro los primeros números.

El índice de la voluntad de pago al FMI

Al margen del consenso político, resulta crucial también monitorear el nivel de adhesión que existe en la ciudadanía en general, ya que sin el apoyo social necesario el acuerdo con el FMI será para el gobierno mucho más difíciles de presentar y de implementar.

En este sentido, desde D’Alessio IROL – Berensztein venimos confeccionando desde diciembre de 2019 el Índice de Voluntad de Pago de la deuda argentina (IVP). Dicho índice toma en consideración cinco aspectos:

  • La posición frente al pago de la deuda contraída por Argentina con acreedores privados, el FMI y otros organismos multilaterales de crédito.
  • Las consecuencias que traería aparejadas un incumplimiento;
  • El grado de importancia en evitar el default.
  • La tolerancia de la ciudadanía ante un mayor ajuste fiscal en pos de cumplir con los compromisos crediticios.
  • El lugar del pago de la deuda en el ranking de las prioridades en que deberían gastarse los recursos del Estado nacional. Cuando el número que marca el IVP sube, aumenta la voluntad de pago, y viceversa.

En noviembre 2021, el IVP creció un 6,5% en comparación a octubre, arrojando un valor de 63,02 (que lo acerca al pico de 63,41 alcanzado en septiembre de 2020). Es decir, justo en el momento en el que el acuerdo con el FMI parece estar por concretarse, el IVP muestra uno de sus registros más altos (solo superado en septiembre 2020 y enero 2021).

A su vez, en noviembre cuatro variables experimentaron crecimientos: aversión al default, cumplimiento, percepción de los riesgos y tolerancia al ajuste. La única que se mantuvo igual (y hace varios meses se mantiene estancada) fue prioridad en el gasto público, que conserva el histórico octavo lugar en el ranking de las prioridades en que deberían gastarse los recursos del Estado Nacional.

La sociedad argentina se muestra dispuesta a cumplir y perceptiva de los riesgos de no hacerlo, pero al momento de asignar los recursos para el pago de la deuda, esta queda muy por debajo en el orden de prioridades.

En lo que respecta al nivel socioeconómico, el IVP es más alto en el nivel medio. Contrario a lo que muchos podrían pensar, los sectores más altos se encuentran por debajo del promedio total. A su vez, en lo que respecta al voto en 2019, el electorado de Juntos por el Cambio siempre mostró una mayor voluntad de pago, alcanzando en noviembre un puntaje de 78,57 (el valor más alto desde febrero de 2021). Los votantes del Frente de Todos muestran una voluntad de pago mucho menor.

Índice de voluntad de pago al FMI por género y grupo etario

En lo que respecta al género, el IVP es más alto entre hombres y en esta medición crece 5,6% en comparación de octubre (alcanzando un puntaje de 63,96). Aunque el incremento es aún mayor entre las mujeres, del 7,7% (pasando de 56,91 a 61,31).

Analizado por grupo etario, el IVP tiene un mejor desempeño entre los adultos mayores de 55 años, experimentando este mes un crecimiento del 4,8% (alcanza un valor de 63,83). En los restantes tramos etarios, también aumenta, en especial en los comprendidos entre los 35 y 44 años (+17%, pasando de 52,27 a 61,17). Le siguen los menores de 34 años (+9,9%) y finalmente el tramo entre 45 y 54 años (+8,2%).

El acuerdo con el FMI exigirá una reducción del déficit fiscal (está por verse la velocidad de dicha reducción). El gobierno deberá definir cuál será el camino para lograrlo, pero probablemente no logre escapar a una reducción de los subsidios y, por lo tanto, a un aumento por encima de la inflación de las tarifas de servicios públicos y del transporte.

Un achicamiento del déficit fiscal sin una rebaja del gasto sólo podría ser posible por medio de más impuestos (mayor recaudación) o de más inflación (mayor emisión). ¿El gobierno optará por alguna de estas alternativas?

Por otra parte, el FMI también requerirá una reducción de la brecha cambiaria, para esto probablemente sea necesario que la devaluación del dólar oficial se acelere, lo cual a su vez podría tener impacto sobre la inflación. Son solo especulaciones muy generales de un acuerdo del que hasta ahora nada se conoce.

A pesar de lo poco que se sabe hasta ahora, difícilmente el gobierno pueda dar buenas noticias cuando el acuerdo con el FMI sea presentado. No tanto por las exigencias que impondrá el organismo que conduce Georgieva, sino porque quedaran al desnudo los desbalances que la economía argentina acumuló y para los cuales la clase política ha ido postergando recurrentemente una corrección.

En este marco, el gobierno tendrá un panorama muy complejo, ya que una vez que empiece a implementarse el acuerdo, el desgaste social probablemente sea mayor en el corto plazo.

De todas formas, el oficialismo parece contar con una herramienta a su favor: la ciudadanía se manifiesta mayoritariamente a favor de un acuerdo con el FMI, sin que las voces disidentes y más radicalizadas estén logrando hacer mella en este consenso.

De hecho, tal como lo muestra el IVP, la voluntad de acordar y pagar se encuentra en uno de sus niveles más altos desde que comenzó la medición. Será tarea del gobierno capitalizar esta adhesión, logrando que los eventuales costos de corto plazo se transformen en beneficios de largo, para que la percepción que tiene la ciudadanía, de que un acuerdo con el FMI es la mejor alternativa, efectivamente lo sea.

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