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Judiciales

Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

Judiciales

La oposición rechazó el sobreseimiento de CFK y convocó a luchar por una justicia independiente

La reacción de la oposición frente a la absolución de los imputados en la causa Hotesur-Los Sauces acusados de lavado de dinero

La principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, se pronunció tras la noticia del sobreseimiento de CFK, sus hijos y los demás imputados en la causa por lavado de dinero Hotesur-Los Sauces en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal n°5. Por Twitter, distintos dirigentes del bloque manifestaron su enojo y aseguraron que darían batalla por terminar con la impunidad.

En ese sentido escribió Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que recordando los resultados electorales se propuso el objetivo de “tener una justicia independiente”. Con esa meta, convocó a luchar a los casi diez millones de argentinos que votaron a JxC.

Por su parte, Lilita Carrió denunció un “dolo” en el accionar de los magistrados del TOF n°5 y aseveró que, a su debido momento, desde la coalición iniciarían un juicio político a la Vicepresidenta.

Entretanto el presidente del interbloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, se refirió a los cacerolazos frente a la casa de la Vicepresidenta replicados en otros barrios de la Ciudad y del país. Más abajo escribió: “El único plan del Gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la Vicepresidenta. Tercer juicio oral que evita Cristina Kirchner este año. Logró sobreseimientos en las causas Dólar Futuro, Tratado con Irán y ahora en la del lavado en #Hotesur y Los Sauces. Triste récord”.

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Fútbol

Allanaron Villa Dálmine por la denuncia por pago de coimas a jugadores que salpica a Tapia

Así lo ordenó la Secretaría Penal N° 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que investiga un presunto pago de dádivas en el partido que Barracas Central ganó ante el Viola

La Justicia de Campana ordenó allanar la sede de Villa Dálmine, en el marco de la denuncia por presunto pago de coimas a jugadores del Viola a cambio de que se dejaran perder ante Barracas Central, club conducido por la familia del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La información fue confirmada en exclusiva por NEXOFIN. La Justicia, además, accedió a las cámaras de seguridad del club, con el fin de observar lo que ocurrió durante el entrenamiento en el que jugadores de Villa Dálmine acusaron a un grupo de cuatro profesionales de haber aceptado coimas de Barracas Central a cambio de “ir para atrás” durante el partido que el Guapo ganó y que lo habilitó a disputar la final ante Tigre.

La notificación que recibió Dálmine comienza: “Queda Ud. notificado de que deberá proceder al allanamiento a cumplirse a partir de las 18 00 horas del día de la fecha, con habilitación de día y hora (artículos 224 y 225 del Código Procesal Penal de la Nación), de la sede central del Club Villa Dálmine (…) y de todas sus dependencias, como terrazas, patios, bauleras, sótanos, garajes, depósitos y terrenos que hagan al predio considerando sus conexiones internas”.

Durante el allanamiento procedieron al secuestro de “toda documentación (planillas, archivos digitales, notas, informes, filmaciones, imágenes, etc.) relacionada con el partido de fútbol disputado el día 15 de noviembre de 2021 entre los planteles de primera división de los clubes Villa Dálmine y Barracas Central, incluyendo nómina de jugadores convocados (con todos sus datos personales, incluyendo de ser posible sus teléfonos celulares), nómina del plantel y cuerpo técnico, personal administrativo en funciones durante el mes de noviembre, nómina de los asistentes a todos los entrenamientos la semana previa al partido y las filmaciones de los mismos correspondientes a las cámaras de seguridad que hubiere instaladas, así como todo otro elemento que resulte de interés y guarde relación con la presente investigación”.

La Justicia, durante el allanamiento, también accedió “a la lectura y copia de la información contenida en soportes magnéticos, computadoras y demás bases de datos que guarde información relacionada con la presente pesquisa y en caso de no tener acceso a los mismos, se deberá proceder a su secuestro, con autorización para la apertura de cajas, cofres y depósitos cerrados”.

Al incluir el acceso a computadoras, durante el allanamiento participaron peritos especializados de la División Pericias Informáticas de la Policía Federal Argentina.

La denuncia que complica a Lammens y Tapia

Denuncian en la Justicia a Tapia por pagar coimas para que rivales “vayan para atrás” contra Barracas

El abogado denunciante Javier Ferreira pidió a la Justicia investigar a dirigentes y jugadores de ambos clubes por el delito tipificado en el artículo 24 de la Ley del Deporte (20.655), que refiere un mes a tres años de prisión para aquel que ofreciera dádivas para obtener un resultado irregular.

Además, el letrado explicó en su denuncia que se vio obligado a asistir a la Justicia Federal, ya que desde el Ministerio de Turismo y Deportes -autoridad de aplicación de sanciones para casos como éste- “se hizo la vista gorda ante estas graves denuncias”. Por este considerando, también presentó una denuncia contra las autoridades del ministerio conducido por Matías Lammens por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

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Judiciales

La Justicia determinó que Romina Picolotti sabía que estaba usando fondos públicos para cubrir gastos personales

La ex ministra de Medio Ambiente durante la gestión de Néstor Kirchner fue condenada a tres años de prisión en suspenso por defraudación en contra de la administración pública

La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del kirchnerismo, Romina Picolotti, fue recientemente condenada a tres años de prisión en suspenso por defraudación en contra de la administración pública. Se conoció el contundente fallo de la Justicia, que advierte que la exfuncionaria era consciente de sus operaciones fraudulentas.

Los jueces del Tribunal Oral Federal n°6 Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel resolvieron que Picolotti “obró en todo momento conociendo las circunstancias que configuraron la maniobra delictiva, obligando a la Secretaría con la voluntad de procurar un fin indebido para ella o para terceros”.

Más aun, “sin vacilaciones, un mayor poder de reflexión por parte de Picolotti a la hora de cometer el injusto, puesto que se trató de una persona experta e instruida, quien desde su posición de poder abusó de su cargo y aprovechó su conocimiento para delinquir”.

Los magistrados recordaron además las circunstancias sociohistóricas en que asumió la funcionaria. Fue en el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003, en el marco de una feroz campaña contra la corrupción. “No cabe duda que Romina Picolotti, al realizar gastos ajenos a los fines y objetivos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, obligó de manera abusiva a ese organismo sin que le importase el cuidado del patrimonio perjudicado por dichas maniobras, que era precisamente para lo que, entre otras cosas, había sido designada”, sostuvieron.

Romina Picolotti fue condenada por usar dinero público en gastos varios que fueron desde pasajes de avión y hospedajes en hoteles, hasta compras insólitas como pilas, sahumerios o golosinas. La resolución judicial dictaminó que la ex secretaria del kirchnerismo deberá devolver unos siete millones de pesos al Estado.

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