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Exclusivo | Una explosiva auditoría interna sacude a la Corte Suprema de la Nación

Tras el escándalo revelado en exclusiva por NEXOFIN, una auditoría interna realizada a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación por el secretario general de Administración del Máximo Tribunal reveló “destrucciones masivas de medicamentos”, “sistemas informáticos vulnerables” y licitaciones poco transparentes

La Corte Suprema de la Nación decidió avanzar con una profunda auditoría interna en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que presta servicios a 99.700 afiliados en todo el país, luego que se revelaran múltiples irregularidades y desmanejos financieros durante la gestión de Aldo Tonón, el removido titular de la obra social.

La gestión de Tonón -hombre muy cercano al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda- está siendo investigada no sólo por la Justicia Federal sino también por el Máximo Tribunal, a través del secretario general de Administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi, quien el pasado 4 de octubre elevó al Maximo Tribunal una explosiva auditoría que revela numerosas irregularidades en la gestión de una caja de $ 1.232 millones de pesos mensuales.

Ya desde el comienzo del informe, el nombre de Tonón queda salpicado por la auditoría. “Existe un alto riesgo de de concentración de las decisiones de gestión y debilidad en la cadena de responsabilidades”, advierte el documento, tras recomendar completar los dos puestos vacantes en el Directorio de la Obra Social, organo que hasta hoy estaba sólo en manos de Tonón como único director.

En la auditoría preliminar que realizó Marchi -y a la que tuvo acceso NEXOFINse detectaron numerosas irregularidades: desde la inexistencia de un presupuesto que guíe el día a día de la obra social, hasta la falta de información sobre movimientos financieros y gastos regulares que permitan auditar las cuentas de la OSPJN. En esta línea, advierte que “existe un alto riesgo en la confiabilidad e integridad de la información y por ende en la toma de decisiones inherentes a la gestión”.

Además, en su primera parte de la auditoría a la OSPJN, Marchi denuncia un escaso número de oferentes en las licitaciones millonarias de la obra social y exige poner un límite a las “importantes compras directas de medicamentos, insumos y prótesis”.

Por otro lado, el informe pone la lupa sobre la compra de medicamentos, prótesis e insumos, y expone “la existencia sostenida en el tiempo de diferencias en el inventario” y advierte sobre “un nivel de destrucción de medicamentos que conlleva pérdidas para la institución”. Esto último se explica por supuestas compras excesivas de medicamentos que, una vez vencidos, deben destruirse.

Si bien la auditoría reconoce que le falta información para poder medir las pérdidas dinerarias provocadas por las “diferencias de inventario” en los medicamentos, sí menciona cifras que dan cuentas de que los daños económicos son millonarias: “En forma provisoria se estima una diferencia de inventario que al cierre del 2020 acumula un desvío de 26.260 unidades físicas entre medicamentos e insumos faltantes”. Y agregan: “Si tomamos el stock del 2020, la pérdida acumulada equivaldría al 21,2$ del stock de medicamentos”.

Otro de los puntos que cuestiona el informe es la gran cantidad de contrataciones de personal que realizó Tonón en el último tiempo: “En lo referente a la planta total de personal, ésta se incrementó en poco más de 2 años en un 50% con locaciones de servicio”. En este sentido, el informe presentado por el secretario general de Administración del Máximo Tribunal explica que desde la reciente intervención “se suspendió toda nueva contratación bajo la modalidad de locación de servicios y se indicó que cualquier nueva contratación debe ser considerada por el Alto Tribunal”.

Por otro lado, la información personal de los afiliados y prestadores también está en riesgo, según denuncia la auditoría. “Los subsistemas informáticos utilizados no están integrados, son precarios y vulnerables; lo que provoca un alto riesgo sobre la información existente y no constituye una herramiena eficaz para la gestión de la OSPJN”, explica el denominado “Informe 1° de Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial”.

Tal como el nombre dle documento indica, se trata del primer informe de supervisión, ya que hasta el momento hubo faltantes de información financiera y contable, según informó a la Corte el propio Dnaiel Marchi.

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Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan solicitó seguir investigando a Cristina Kirchner

Considera que la vicepresidenta tuvo un importante rol en el lavado de dinero que está bajo la lupa. Por la misma causa ya fue condenado Lázaro Báez

Novedades en el terreno judicial: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó seguir investigando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero k”.

Es en respuesta a un requerimiento del juez Sebastián Casanello quien intenta definir la situación de la Vicepresidenta, a quien hace tres años le impuso la falta de mérito, esto es que no hay mérito para investigarla pero tampoco para desvincularla.

Dentro de este expediente ya fue condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, por el lavado de 55 millones de dólares.

En un extenso escrito al que accedió el canal TN, Marijuan afirmó: “En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”.

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Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Pacto con Irán: la DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Se le pedirá a la Justicia que revise la decisión del Tribunal Oral Federal 8 en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA

Novedades en el terreno judicial: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció que resolvió apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán.

“La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó el espacio.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, siguió el comunicado.

“En ese sentido, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que ‘resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución’”, agregó.

La apelación de la DAIA será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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