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Judiciales

Renunció Highton de Nolasco: cómo va a ser el proceso para poder cubrir la vacante

Su salida se oficializará el próximo 1 de noviembre. Por ese entonces, Alberto Fernández deberá presentar un candidato al cargo y su posterior nombramiento dependerá de la Cámara de Senadores

Un temblor en el ambiente judicial: la jueza Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia. La salida se hará efectiva el 1° de noviembre.

¿Cómo se cubre su vacante? Según establece la Constitución (Art. 99, inciso 4) el Presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Sin embargo, el procedimiento es más extenso y está regulado por el decreto 222/03, el cual indica que “una vez producida la vacante” el Ejecutivo tiene un “plazo máximo de 30 días” para “publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares” de la persona en consideración para el cargo.

Acto seguido, y tras efectuarse la publicación, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entre otras entidades, contarán con 15 días para presentar ante el Ministerio de Justicia sus apoyos o impugnaciones.

Concluido ese período, se abre un nuevo plazo de 15 días para que el Ejecutivo decida si eleva o no el pliego al Senado para su tratamiento. En caso de enviarse, es la Comisión de Acuerdos la que deberá activar el mismo procedimiento.

Dicha Comisión emitirá la publicación del nombre del candidato y sus antecedentes en diarios de circulación nacional y otorgará otros 15 días para recibir observaciones. Asimismo, ese cuerpo parlamentario convocará a una audiencia pública.

En ella, el candidato propuesto por el Presidente defenderá su postulación y responderá preguntas de los senadores nacionales. Si obtiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, el pliego pasará a la Cámara Alta para su votación.

Su aprobación requiere de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un total de 48 votos si asisten los 72 senadores que componen a la Cámara alta.

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Fiesta VIP en Olivos: rechazan pedido de Alberto para cerrar la causa

El mandatario había reclamado que la investigación se archivara por “inexistencia de delito”, pero el magistrado Lino Mirabelli lo desestimó

Durante las últimas horas, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el planteo del presidente Alberto Fernández para cerrar tempranamente la causa por el “Olivos Gate” por inexistencia de delito.

Por medio de una resolución de 21 páginas, el magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia de coronavirus.

Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta.

Según consta en la resolución, Mirabelli planteó que “el objeto procesal comprende múltiples hechos hipotéticamente constitutivos prima facie del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

“Corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”, señaló el juez.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que “sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, e indicó que “el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”.

Mirabelli entendió que los argumentos del Jefe de Estado “adolecen de las condiciones necesarias para su procedencia en el caso” para determinar la inexistencia del delito.

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Revés para CFK: un juez de la causa Cuadernos fue designado en Hotesur-Los Sauces

Fue elegido por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en lugar del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre

Novedades en el ámbito judicial. Uno de los jueces que integra el tribunal oral que se encargará del juicio por la Causa Cuadernos fue designado como subrogante en lo que queda todavía en pie del expediente por la explotación de las empresas hoteleras de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces.

Se trata de Fernando Canero, un ex secretario de la Corte Suprema que fungió también como secretario de un tribunal oral penal ordinario.

Fue designado por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en reemplazo del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre.

Según detalla el diario Clarín, el lugar sobreseyó a todos los imputados por las causas Los Sauces y Hotesur, pero ese fallo será apelado en las próximas horas y será la propia Cámara de Casación la que deberá resolver si lo confirma o lo revoca. En el caso de revocarlo, deberá volver a la instancia anterior, probablemente con el mandato de realizar el juicio oral.

En esa instancia, ya no podrá estar el otro juez que conformó mayoría con Grunberg, Daniel Obligado, porque él ya opinó que no hubo delito, de modo que emitió una opinión definitiva previa a la eventual celebración del debate. La tercera jueza es Adriana Palliotti, quien falló en contra de la mayoría en Los Sauces y Hotesur y se inclinó por la realización del juicio.

A propósito de Obligado, también fue designado (por sorteo( para subrogar en el Tribunal Oral Federal número seis, en reemplazo de Rodrigo Giménez Uriburu.

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Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

El ex Presidente de la Nación tiene prohibido salir del país y fue embargado por la suma total de 100 millones de pesos.

Tras una decisión del juez Martín Bava, Mauricio Macri quedó procesado en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del ARA San Juan, el submarino en el que viajaban 44 tripulantes y que estuvo desaparecido entre noviembre de 2017 y fines del 2018.

“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez Federal de Dolores en su resolución.

Según Bava, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes y amigos de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los autorizó. Por eso, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

Además de prohibirle salir del país y embargarlo por la suma de 100 millones de pesos, el magistrado dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, “cualquier cambio de domicilio”.

Para quien fue ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, (Macri) ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

Actualmente, el ex mandatario argentino se encuentra en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. La causa ya tenía once procesados, entre los que se encontraban los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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