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El allanamiento en la Obra Social del Poder Judicial se llevó puesto al hombre de Maqueda

Aldo Tonón -hombre de Juan Carlos Maqueda- ya no estará al frente de la Obra Social, tras los allanamientos realizados esta semana en el marco de una causa que lo investiga por malversación de fondos multimillonarios

El allanamiento realizado por la Policía Fedefral Argentina (PFA) el pasado lunes en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) le costó el cargo al hasta ahora director, Aldo Tonón, quien se encuentra investigado por malversación de fondos multimillonarios.

Tonón se desempeñaba al frente de la OSPJN desde el 2008, cuando el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda lo puso al frente de una de las cajas más jugosas del Poder Judicial.

Sin embargo, tal como reveló en exclusiva NEXOFIN, desde su asunción, se acumularon llamativas contrataciones a nuevas empresas que, de manera ininterrumpida, obtuvieron licitaciones millonarias para prestar servicios a la Obra Social. Además, NEXOFIN informó sobre un esquema de “afiliados VIP” que funcionaba bajo el ala de Tolón y de Maqueda, y que habría permitido a personas cercanas al titular de la Corte acceder a prestaciones que la Obra Social no cubre a sus asociados.

Tras el allanamiento de este lunes, NEXOFIN pudo confirmar a través de fuentes internas de la Corte que Tolón ya no estará a cargo del manejo de la OSPJN. Los integrantes de la Corte Suprema acordaron que el manejo de la Obra Social pase a la órbita de la Secretaría General de Administración de la Corte.

La definición finalmente se hizo pública a través de la Acordada 19/2021, publicada en el sitio CIJ.gov.ar.

En la misma se explica que “para un mejor cumplimiento de los propósitos, misiones y finalidades de la Obra Social, resulta conveniente modificar el artículo 1° del Estatuto a fin de establecer que actuará en la órbita de Secretaría General de Administración de esta Corte”.

Al inicio de la Acordada, desde la Corte intentaron despegarse del escándalo de corrupción que salpica a la Obra Social y, en especial, al hombre de Maqueda, al aclarar que “la obra social del Poder Judicial de la Nación es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera”.

Luego, en el segundo punto de la Acordada, el Máximo Tribunal asegura que “ha venido instrumentando diversas medidas para procurar la modernización de los instrumentos y herramienetas técnicas con las que cuenta la institución, garantizando la máxima transparencia en la gestión”.

En uno de los párrafos de la Acordada, agregaron un párrafo que, sin mencionarlo, hace alusión a los desmanejos de Tolón: “Los integrantes del Directorio serán personalmente responsables por los actos que suscriban y realicen, así como de sus consecuencias”.

Además, explican que desde ahora las decisiones que tome el Directorio serán evaluadas mensualmente por la Secretaría General de Administración de la Corte, que a su vez elevará un informe mensual al Máximo Tribunal.

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Fiesta VIP en la Quinta de Olivos: la causa quedará en manos del juez Mirabelli

Lo definió la Cámara Federal de San Martín. El magistrado le ganó la pulseada a su colega Sandra Arroyo Salgado

Novedades en el mundo judicial: la Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por la fiesta en Olivos pase a manos del juez de San Isidro, Lino Mirabelli.

Según indicó el camarista Marcelo Fernández, la resolución fue necesaria para “dirimir la presente contienda positiva de competencia, en favor del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro”. Además, sobre la acumulación de estos procesos, remarcó que se da “para continuar su trámite unificado”.

Cabe destacar que la medida es inapelable ya que involucra a los magistrados superiores de los juzgados, por lo tanto es determinante.

Se busca establecer si el presidente Alberto Fernández junto a la Primera Dama, Fabiola Yáñez, y otros ocho invitados violaron el decreto firmado por el mismísimo mandatario en el que se prohibían las reuniones sociales durante el aislamiento estricto de 2020.

Esta misma se divide en once denuncias, e investiga si esto configura los delitos mencionados en el Código Penal, en los artículos 205 y 248.

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Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan solicitó seguir investigando a Cristina Kirchner

Considera que la vicepresidenta tuvo un importante rol en el lavado de dinero que está bajo la lupa. Por la misma causa ya fue condenado Lázaro Báez

Novedades en el terreno judicial: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó seguir investigando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero k”.

Es en respuesta a un requerimiento del juez Sebastián Casanello quien intenta definir la situación de la Vicepresidenta, a quien hace tres años le impuso la falta de mérito, esto es que no hay mérito para investigarla pero tampoco para desvincularla.

Dentro de este expediente ya fue condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, por el lavado de 55 millones de dólares.

En un extenso escrito al que accedió el canal TN, Marijuan afirmó: “En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”.

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Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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