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Judiciales

Un fiscal pidió el procesamiento de dirigentes de la TV Pública por el retiro de $11,4 millones de pesos en bolsos

Se trata de cinco dirigentes de alto rango y una proveedora de servicios escenográficos para una producción que nunca salió a la luz. Las penas incluyen la inhabilitación de la función pública y hasta seis años de prisión. Según el fiscal, la presidente de RTA, Rosario Lufrano, estaría exenta de toda sospecha

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de cinco funcionarios de la TV Pública y RTA (Radio y Televisión Argentina), la empresa pública que preside Rosario Lufrano, en el marco de la causa que investiga el retiro irregular de $11,4 millones de pesos en efectivo del cajero ubicado dentro del edificio. En ese sentido, el fiscal los acusó de los cargos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La maniobra involucraría a los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, todos ubicados en puestos de jerarquía, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri y otros empleados. Por su parte Rosario Lufrano, máxima autoridad de la empresa, estaría exenta de toda sospecha. Más aún, la línea argumental de Pollicita es que los inculpados habrían actuado “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado”. Sin embargo, hace seis meses renunciaba Eliseo Álvarez, mano derecha de la presidente de RTA.

Pollicita señaló que al retirar el efectivo, “el escenario descripto basta para tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE (…) perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Cuando se destapó el escándalo el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, admitió que hubo tres extracciones por un total de $11.400.000 de la sucursal del Banco Itaú que está dentro del edificio de la TV Pública: dos por 5.000.000 y una restante por 1.400.000 de pesos. La suma fue extraída de la cuenta oficial de la empresa estatal, con la supuesta intención de pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Quiénes son los acusados

Las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión y la inhabilitación en la función pública.

Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas; Ernesto Molinero, gerente de Producción, tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.

Lo misma suerte corrió el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, tienen prohibido el ingreso al canal en tanto los sumarios administrativos estén abiertos. Una vez concluida la investigación se determinará si permanecerán o no en sus cargos.

Adriana Maestri es la única que no ocupa un cargo en la función pública, sino que fue señalada por el fiscal por obtener “indebidos beneficios” porque cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie.

Judiciales

Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan solicitó seguir investigando a Cristina Kirchner

Considera que la vicepresidenta tuvo un importante rol en el lavado de dinero que está bajo la lupa. Por la misma causa ya fue condenado Lázaro Báez

Novedades en el terreno judicial: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó seguir investigando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero k”.

Es en respuesta a un requerimiento del juez Sebastián Casanello quien intenta definir la situación de la Vicepresidenta, a quien hace tres años le impuso la falta de mérito, esto es que no hay mérito para investigarla pero tampoco para desvincularla.

Dentro de este expediente ya fue condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, por el lavado de 55 millones de dólares.

En un extenso escrito al que accedió el canal TN, Marijuan afirmó: “En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”.

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Judiciales

Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Pacto con Irán: la DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Se le pedirá a la Justicia que revise la decisión del Tribunal Oral Federal 8 en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA

Novedades en el terreno judicial: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció que resolvió apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán.

“La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó el espacio.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, siguió el comunicado.

“En ese sentido, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que ‘resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución’”, agregó.

La apelación de la DAIA será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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