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Judiciales

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

El titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, se encuentra investigado por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria de la Obra Social; en las últimas horas, NEXOFIN tuvo acceso a nuevas denuncias que rodean la gestión de este hombre del riñón de Juan Carlos Maqueda

Los allanamientos de este lunes realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación sacudió al estamento judicial.

Se trata de una caja que maneja de manera indirecta la Corte Suprema de la Nación y, en particular, Juan Carlos Maqueda, a través de su brazo ejecutante Aldo Tonón, quien hoy se encuentra investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por desmanejos financieros en su gestión.

La existencia de la causa contra el hombre de confianza de Maqueda fue revelada en exclusiva por NEXOFIN la semana pasada y este lunes ya tuvo su primer coletazo público tras la orden de la magistrada a cargo de la investigación.

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Tal como explicó este medio, el expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves en Comodoro Py y son muy pocos los que lograron acceder al contenido del mismo. Sin embargo, fuentes internas de la propia Obra Social contaron a este medio algunas de las irregularidades que se le achacan a la gestión de Tolón al frente de la misma.

¿Una obra social con “VIP”?

“En la OSPJN funciona una suerte de ‘VIP’ al cual sólo acceden aquellas personas cercanas a Maqueda. Hay casos de asociados que acceden a tratamientos que la obra social no cubre, e incluso afiliaciones que no corresponden”, revelaron a NEXOFIN desde adentro de la Obra Social. Al consultar por los nombres detrás de este presunto funcionamiento VIP, la misma fuente acotó: “Para que te des una idea, la Tesorera de la OSPJN se llama María Guadalipe Burgos y es la sobrina de Maqueda; no hay afiliado VIP que no cuente con el OK de ella o de Federico Morando, yerno de la Secretaria de Maqueda y ex directora de la Obra Social”. 

Dentro de la Obra Social, además, trabajan personas relacionadas de manera indirecta al miembro de la Corte Suprema: dos hijas de ordenanzas del juez del Máximo Tribunal y el hijo de su chofer personal también se desempeñan en la Obra Social ahora investigada.

Contrataciones llamativas

La llegada de Tolón al frente de la Obra Social se dio aparejada a la aparición de nuevos operadores a cargo de prestar los servicios médicos que el organismo a cargo de la salud de los empleados y magistrados requiere para su funcionamiento.

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Una de las contrataciones que cambió de manos con la llegada de Tolón a la Obra Social es la empresa Emergencias Médicas Integrales S.A., que se quedó desde el 2008 con la prestación de servicios de emergencia para los afiliados del interior del país.

Desde el interior de la Obra Social no ven con buenos ojos el origen de los empresarios a cargo de esta compañía“Se la conoce como EMI a esta empresa, pero lo más curioso es que los dueños son cordobeses, coprovincianos de Maqueda”.

Y agregaron: “No estamos hablando de monedas, sino que se queda con licitaciones por 100 millones de pesos anuales desde el mismo año en que entró Tolón como Director”.

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Marcelo Balcedo solicitó refugio en Uruguay para no ser extraditado a la Argentina

El ex titular de SOEME fue condenado en el país vecino a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas

Novedades desde el ámbito judicial. Durante las últimas horas, Marcelo Balcedo y su mujer, Paola Fiege, presentaron un pedido para convertirse en refugiados en Uruguay y evitar de ese modo su extradición a la Argentina

El ex titular Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Fiege confirmó al diario uruguayo El Observador el pedido presentado ante el vecino país, dado a conocer por Telenoche.

Fuentes cercanas al caso dijeron al canal TN que la notificación formal de la solicitud de refugio al Uruguay llegó ya a la justicia argentina.

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Por ello, quedó suspendida la entrega de ambos en el marco de la extradición solicitada por la Argentina. Además, la justicia uruguaya determinó la retención del pasaporte de Fiege, quien no podrá salir del país.

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En la Argentina, Balcedo está procesado en una causa que investigó el desvío de casi 600 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados del SOEME entre 2012 y 2018.

La cifra representa más del 75% de los ingresos de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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Comodoro Py: se retira otro juez y se amplían las vacantes en los tribunales que investigan los casos de corrupción

Se trata de Luis Rodríguez, que deja su cargo tras once años y ya son cuatro los puestos vacantes en uno de los fueros más controversiales del país.

Luego de tomarse unos días de licencia, el magistrado Luis Rodríguez anunció su retiro como titular de uno de los juzgados federales de Comodoro Py. Con la salida del juez, ya son tres quienes dejan su cargo, en el fuero que lleva adelante las causas por delitos de corrupción, entre otros.

Actualmente, de los 12 juzgados federales que hay en Comodoro Py 2002, tres están vacantes, uno de ellos lo ocupaba el fallecido juez Claudio Bonadio; otro, el renunciado juez Rodolfo Canicoba Corral, y el tercero, el juez Sergio Torres, quien pasó a ocupar una de las vocalías de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Con la jubilación de Rodríguez una cuarta silla quedará libre, en el emblemático tribunal. “No se sabe cuándo, pero para abril ya no estará más. Quizás antes”, indicaron fuentes cercanas al funcionario judicial, que al parecer tomó la decisión por un grave problema familiar.

Si bien el desembarco de Rodríguez a la justicia federal, en 2012, generó una fuerte controversia, ya que su concurso quedó envuelto en un escándalo político, el magistrado bajó su perfil y se ocupó de pocas tareas, y desde la pandemia dejó de acercarse a los tribunales y de presentarse a concursos de subrrogancia.

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Vale destacar que sin el apoyo de PRO, el magistrado no hubiera logrado los votos necesarios para pasar de ser un juez de instrucción a convertirse en juez federal tras el concurso 140, tildado de irregular. Además, Rodríguez contaba con el apoyo determinante del auditor general Javier Fernández, cercano al entonces jefe operativo de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso.

La polémica se dio cunado circuló la versión de que el juez había accedido a las preguntas de las pruebas que se tomarían en el examen, ya que había solicitado acceso a uno de los casos que entrarían en el temario, finalmente el funcionario obtuvo 90 sobre 100 en el resultado del análisis.

Entre los casos más resonantes en los que se involucró el juez, se encuentran las causas por amenazas de muerte que había recibido el fiscal Alberto Nisman, también elevó a juicio una causa por antisemitismo contra el dirigente Luis D’Elía y sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de Legal y Técnica.

También procesó al periodista de Clarín Daniel Santoro, en sintonía con las sucesivas denuncias judiciales motorizadas por el kirchnerismo, aunque luego fue sobreseído.

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La Justicia rechazó el pedido para que prescriba la causa por la valija de Antonini Wilson

La medida había sido presentada por los ocho imputados en la investigación que irá  juicio el próximo 8 de marzo, entre ellos el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el ex funcionario k, Julio De Vido.

La Justicia rechazó un pedido de anulación presentado por las defensas de ocho ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la causa que investiga el intento del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, de introducir unos 800 mil dólares a la Argentina en un vuelo privado en 2007.

De este modo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, desestimó una medida introducida por el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, para declarar prescripta la causa que lo involucra.

A través de un fallo unipersonal, el juez Luis Losada dispuso “diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal solicitada a favor del imputado Ricardo Echegaray por lesión al plazo razonable para ser juzgado a las resultas del próximo debate”.

Es que Echegaray, deseaba que se le otorgue la proscripción antes del inicio del juicio oral, que tiene fecha para el próximo 8 de marzo, en donde deberá enfrentar los cargos que se le computaron en 2018.

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La investigación estuvo a cargo del juez Pablo Yaradola, quien fue recusado ante el Consejo de la Magistratura, por haber participado del viaje secreto de magistrados y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido.

Por su parte, el tribunal que juzgará a Echegaray y a los demás imputados, entre los cuales estarán Antonini Wilson y el ex ministro de planificación federal, Julio de Vido, estará integrado además de Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari, y el fiscal será Marcelo Agüero Vera.

Siendo inminente la celebración del debate no resulta razonable su tratamiento con antelación, atento a no resultar evidente la existencia de tal extinción, sino sujeta a amplia contradicción entre las partes”, indica el fallo que ratificó el inicio del juicio.

Vale recordar que el caso sucedió en la madrugada del 4 de agosto del 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con 790.550 dólares disimulados como libros en su equipaje de mano, que traía en un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), proveniente desde Caracas, Venezuela.

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