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Judiciales

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

El titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, se encuentra investigado por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria de la Obra Social; en las últimas horas, NEXOFIN tuvo acceso a nuevas denuncias que rodean la gestión de este hombre del riñón de Juan Carlos Maqueda

Los allanamientos de este lunes realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación sacudió al estamento judicial.

Se trata de una caja que maneja de manera indirecta la Corte Suprema de la Nación y, en particular, Juan Carlos Maqueda, a través de su brazo ejecutante Aldo Tonón, quien hoy se encuentra investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por desmanejos financieros en su gestión.

La existencia de la causa contra el hombre de confianza de Maqueda fue revelada en exclusiva por NEXOFIN la semana pasada y este lunes ya tuvo su primer coletazo público tras la orden de la magistrada a cargo de la investigación.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Tal como explicó este medio, el expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves en Comodoro Py y son muy pocos los que lograron acceder al contenido del mismo. Sin embargo, fuentes internas de la propia Obra Social contaron a este medio algunas de las irregularidades que se le achacan a la gestión de Tolón al frente de la misma.

¿Una obra social con “VIP”?

“En la OSPJN funciona una suerte de ‘VIP’ al cual sólo acceden aquellas personas cercanas a Maqueda. Hay casos de asociados que acceden a tratamientos que la obra social no cubre, e incluso afiliaciones que no corresponden”, revelaron a NEXOFIN desde adentro de la Obra Social. Al consultar por los nombres detrás de este presunto funcionamiento VIP, la misma fuente acotó: “Para que te des una idea, la Tesorera de la OSPJN se llama María Guadalipe Burgos y es la sobrina de Maqueda; no hay afiliado VIP que no cuente con el OK de ella o de Federico Morando, yerno de la Secretaria de Maqueda y ex directora de la Obra Social”. 

Dentro de la Obra Social, además, trabajan personas relacionadas de manera indirecta al miembro de la Corte Suprema: dos hijas de ordenanzas del juez del Máximo Tribunal y el hijo de su chofer personal también se desempeñan en la Obra Social ahora investigada.

Contrataciones llamativas

La llegada de Tolón al frente de la Obra Social se dio aparejada a la aparición de nuevos operadores a cargo de prestar los servicios médicos que el organismo a cargo de la salud de los empleados y magistrados requiere para su funcionamiento.

Una de las contrataciones que cambió de manos con la llegada de Tolón a la Obra Social es la empresa Emergencias Médicas Integrales S.A., que se quedó desde el 2008 con la prestación de servicios de emergencia para los afiliados del interior del país.

Desde el interior de la Obra Social no ven con buenos ojos el origen de los empresarios a cargo de esta compañía“Se la conoce como EMI a esta empresa, pero lo más curioso es que los dueños son cordobeses, coprovincianos de Maqueda”.

Y agregaron: “No estamos hablando de monedas, sino que se queda con licitaciones por 100 millones de pesos anuales desde el mismo año en que entró Tolón como Director”.

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El embajador argentino en Chile viajó al sur de ese país para defender a Facundo Jones Huala ante la Justicia

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encuentra cumpliendo una condena de 9 años de prisión en territorio chileno, y el embajador argentino asistió a una audiencia del juicio oral para pedir que le otorguen en beneficio de la libertad condicional

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, participó del proceso judicial en el que se juzga a Facundo Jones Huala por un episodio de violencia armada contra una propiedad privada en aquel país. En nombre del Gobierno, el diplomático pidió la libertad condicional del acusado, que se encuentra cumpliendo una condena de nueve años de prisión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue extraditado a Chile desde la Argentina en septiembre del 2018, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo encontró culpable de los delitos de incendio en propiedad y portación ilegal de armas, al interior del fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, región de Los Ríos, el 9 de enero de 2013.

Según reportó el diario local El Mercurio, tras la lectura de los alegatos Bielsa “refutó los argumentos entregados por el abogado de la Intendencia Regional de Los Ríos, don Hernán Valdebenito Castillo”, que contemplaban los antecedentes de violencia encabezados por el líder mapuche.

Mientras tanto, desde Cancillería se ampararon en la normativa internacional vigente para argumentar que la actitud de Bielsa responde a la “asistencia consular” que se le da a “todo ciudadano”. “Es una actividad rutinaria, prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares“, sostuvieron. Sin embargo, la propia página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que ahora conduce Santiago Cafiero,  advierte que los embajadores no poseen esa facultad.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, ordenó la “militarización” en Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, zonas afectadas por la violencia de este conflicto entre el Estado y los mapuches. El nivel de tensión es tal, que el caso de Jones Huala es analizado a la luz de las leyes antiterroristas chilenas.

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“Tranca, soy la mejor”: quién es la azafata que cayó por contrabandear joyas, relojes y oro en un vuelo de Buenos Aires a Miami

La “mula VIP”, como se las conoce en la jerga aeroportuaria, fue procesada por intentar contrabandear una suma de US$ 210.000 desde Ezeiza hacia Miami. La justicia cree que se trata de una red de comercio ilegal, no de un caso aislado

Laura Diana Schulz (58) bien podría formar parte de la tripulación de Frank Abagnale Jr., el falso piloto de Catch me if you can que burló y estafó a la aerolínea norteamericana PanAm por años.

Es azafata de American Airlines, y fue procesada por el contrabando de oro, joyas, relojes, fajos de dinero y productos electrónicos, según la requisa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Ezeiza, a fines de septiembre.

“Todo tiene arancel de aduana que yo dejo al pasar un porcentaje, salvo electrónica que eso sí tiene su precio fijo, pero también todo depende del día aduanero, humor etc, etc. Por eso los precios de cualquier cosa que no sea electrónica los digo cuando las tenga en mano y cuando regrese. Igual tranca que yo soy barata, jaja. Por eso soy la mejor“, dice uno de los diálogos de WhatsApp que le descubrieron a Schulz.

Su ruta era Miami-Buenos Aires, pero lejos de tratarse de favores particulares, la investigación sugiere que se trata de toda una red negocios que cuenta con más tripulantes cómplices en Aduana y conexiones privadas en Estados Unidos. De hecho, si uno da un paseo por la calle Libertad, puede oír hablar de las “palomas”. De la misma manera, en la jerga aeroportuaria las llaman “mulas VIP”.

El juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 6, encontró pruebas en contra de Schulz por tentativa de contrabando y lavado de activos, en una investigación realizada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación.

Si bien Schulz está en libertad porque los delitos de los que se la acusa son excarcelables, los US$ 210.000 que suman los productos que se le secuestraron (gramos de oro en pequeños lingotes, brazaletes, pulseras, aritos, cadenitas y colgantes, prendedores, relojes marca Rolex) antes de embarcar al vuelo AA900, saliente de Ezeiza, complican su argumentación. Según su abogado, ese monto se correspondería con una herencia familiar que la imputada iba a depositar en una caja de seguridad en Estados Unidos.

Con ese panorama, Aguinsky la embargó este viernes por 93 millones de pesos, le retuvo el pasaporte -estaría suspendida de su trabajo- y le prohibió salir del país.

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Confirmaron la fecha de inicio del juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

Será el 2 de enero de 2023. La familia del joven asesinado a golpes a principios de 2020 esperaba que la instancia oral comenzara antes del segundo semestre del año que viene. La carátula contra los acusados reza “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) n° 1 de Dolores finalmente confirmó la fecha de inicio del juicio a los ocho rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Pero en vez de traer alivio, la familia lo vive como un golpe porque tendrán que esperar al 2 de enero, no del próximo año, sino del 2023. Aún así, no pierden la esperanza de que se hará justicia.

“Necesitamos que determinen a los culpables y que paguen si es posible con la perpetua. Necesitamos que esto quede en la retina de todos los padres, de todos los argentinos lo que hicieron estos muchachos; porque yo todavía no entiendo porqué a mi hijo. No puede ser que pibes de la edad de mi hijo tuvieran tanta maldad en la cabeza o en la sangre para hacer eso. Para mi es imperdonable”, dijo Silvino, el padre de Fernando Báez.

La carátula que enfrentan los imputados es “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, delito que prevé la prisión perpetua, y las pruebas son elocuentes. Es por ello que la familia apuntaba a dar inicio a la instancia oral antes del segundo semestre de 2022. Sin embargo, en la burocracia del sistema judicial no se encontró un espacio en la agenda, por lo que se decidió posponer la causa 14 meses.

“Teniendo todas las pruebas, tenés que esperar igual. Los familiares de la víctima no tienen Justicia, tenés que estar peleando todo esto con dolor en el alma. En ese sentido, los asesinos tienen más privilegios”, cuestionó Silvino. “Mi hijo fue asesinado en el 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio”, reclamó.

Cómo será el juicio

El proceso constará de 22 audiencias a realizarse de lunes a viernes durante el período de feria judicial, y prestarán testimonio 130 testigos ante el tribunal compuesto por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

De acuerdo con la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22). Los otros dos imputados en principio, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20), fueron sobreseídos de la causa.

La prensa tendrá acceso a las audiencias, con la excepción de que por pedido expreso de las partes alguna jornada se realice a puertas cerradas.

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