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Judiciales

El macrismo va por un juzgado federal en Mendoza y pide desafuero de un juez

El diputado Pablo Tonelli pidió el desafuero del juez Walter Bento en una causa plagada de irregularidades

A pesar de las denuncias por aprietes, coimas y abuso de la autoridad que ensucian la causa que investiga al juez Walter Bento, el diputado Pablo Tonelli pidió el desafuero del magistrado que lo investiga y la suspensión de su cargo.

Se trata de un nuevo intento de la denominada “mesa judicial del macrismo” de ir por el juzgado federal Nº 1 de Mendoza.

En los últimos días, la investigación desarrollada por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, a cargo del fiscal Dante Vega, sumó nuevas singularidades. La ciudadana chilena Rosa Isabel Fernández Morales, ciudadana chilena investigada en la causa, denunció que un abogado oficial del fuero federal, Santiago Bahamondes, la obligó a declarar en contra de Jorge Miranda, uno de los letrados que están imputados en el expediente.

Fernández Morales aseguró que, en mayo, Bahamondes se comunicó con ella para decirle que iba a ser citada a declarar y que debía manifestarse en contra de Miranda. Después de preguntar acerca de los motivos de dicha orden, según consta en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal 3, el letrado le dijo que “había pruebas” de que ella “había pagado por su libertad”, y que si declaraba lo que le indicaban se iba a “caer el juicio” y todos los involucrados “quedarían libres”.

El Método Bonadío: continúan las irregularidades en la causa contra el Juez Bento en Mendoza

Fernández Morales se negó a proceder de esa manera e insistió con su inocencia. Por el contrario, afirmó que nunca le pagó una coima a Miranda ni a un juez.

No se trata de la única irregularidad en la causa que investiga a Bento por supuestos ilícitos. Omar Rodríguez, otro de los imputados, denunció que personal de “la fiscalía” y “el fiscal” lo entrevistaron en el penal donde se encuentra detenido. Durante aquel encuentro le suministraron datos para construir un relato falso y le dijeron abiertamente que mienta sobre el pago de un supuesto soborno, a cambio de obtener la libertad.

Rodríguez denunció estos hechos el 3 de junio pasado, sin embargo, hasta el día de hoy, a causa de la complicidad y la presión de la mesa judicial, no pudo ratificar la denuncia y no hay investigación alguna en curso.

Estos hechos se suman a la denuncia del abogado Jaime Alba, uno de los señalados como integrante de la supuesta asociación ilícita que lideraba Bento. El hombre también presentó un escrito donde denunció al fiscal Vega y al juez Eduardo Puigdéngolas.

Alba aseguró que le ofrecieron arresto domiciliario a cambio de declarar como arrepentido contra Bento. Las maniobras son calcadas a la llamada “causa de los cuadernos”, donde el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli presionaban y amenazaban a cambio de declaraciones contra el kirchnerismo.

En ese sentido, el propio Bento denunció al fiscal Vega por abuso de poder: “Llegó a solicitar que archiven causas que lo pueden involucrar, dictaminando que son acusaciones falsas, cuando no debería haber tenido ni conocimiento de las mismas”.

Otra demostración de las irregularidades en torno a este caso es que Bahamondes, el abogado oficial designado a la mencionada Fernández Morales, mantiene una relación de amistad cercana con el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, quien fue funcionario de María Eugenia Vidal y nombró a dedo a Puigdéngolas en la causa que investiga a Bento.

“También se puede demostrar que aquí existe una mesa judicial por el hecho que Puigdéngolas fue puesto por Ernesto Sanz, ya que ejerce el cargo en San Rafael, ciudad donde vive Sanz”, aseguró Bento. Además, señaló que el fiscal Vega “engañó” al juez federal Juan Carlos Nacul en el marco de la investigación.

Las numerosas irregularidades tienen lugar en la justicia federal de Mendoza, tal como se explicita en la denuncia número 8472/2021. “Se denunció a Vega y a sus secuaces y el mismo Vega es quien tiene a cargo la investigación. Toda esta maniobra es para poder aplicar el método Bonadio sin ninguna garantía constitucional”, concluyó Bento.

Espectáculos

Giselle Rímolo, en libertad tras nueve años de estar en la cárcel

La emblemática médica trucha de los famosos había sido condenada por homicidio culposo tras la muerte de una paciente

Mónica Cristina María -alias Giselle- Rímolo abandonó este miércoles el Penal de Ezeiza acompañada de su marido. La libertad le fue concedida esa mañana por la jueza de ejecución penal María Jimena Monsalve, luego de cumplir nueve años de condena por homicidio culposo de una paciente, ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos.

Según confirmó su abogado Roberto Schlagel, la falsa médica tenía pensado regresar a su casa de Don Torcuato el mismo miércoles, pero tuvo que desviarse debido a la magnitud de la cobertura periodística que la esperaba allí. “Había móviles de televisión y fotógrafos. Decidió ir a la casa de una pareja amiga y quedarse con ellos hasta que baje la espuma mediática. El problema es que apenas llegó se puso a ver televisión y eso le hizo muy mal”, relataron fuentes cercanas a Infobae.

Para cumplir con la condena efectiva, a Rímolo le faltaban algunos meses en prisión. Sin embargo, la Jueza consideró su conducta “casi perfecta”, y el estímulo educativo con el que realizó cursos de manicuría, marroquinería y armado de calzado a mano. También está a punto de recibirse de abogada en la Universidad Siglo XXI, carrera que comenzó cuando tenía libertad condicional y continuó tras las rejas.

La denuncia que inició el procedimiento judicial fue presentada por la familia de Lilian Díaz, que el 30 de junio de 2001 murió producto de la ingesta de una serie de medicamentos que la falsa doctora le recetó para, supuestamente, bajar de peso.

Recién once años después, en 2012, la ex pareja de Silvio Soldán recibió una sentencia que quedó firme cinco años más tarde todavía, en 2017, debido a las apelaciones de sus abogados.

Cuando llegó al Penal de Ezeiza en 2004 llamó a un programa de televisión denunciando que la querían violar. Pero Silvina Prieto, su compañera de celda durante casi un año, pudo dar cuenta de lo lejano de la realidad de aquella afirmación: “La gente que la rodeaba estaba en la misma situación que ella o peor. Las personas que recién ingresan a un penal suelen tener el ánimo por el suelo, la autoestima baja: obligadas a convivir con treinta y nueve mujeres que no conocen, están preocupadas por sus familias. En ese contexto, no quedaba energía como para pensar en una recién llegada, que solo conocían por los medios”, escribió en la crónica Mis días con Giselle Rímolo en la cárcel, relato que ganó el Primer Premio La Voluntad.

Sin embargo, cuenta que la estrategia en parte fue un éxito: cuando los medios levantaron la noticia y las autoridades fueron alertadas, Giselle Rímolo “fue conducida al Pabellón 6. Si bien continuaba detenida, las celdas eran individuales, había lavadero, cocina- comedor, patio y baño con dos inodoros y tres duchas para nueve personas”, todo un lujo. Pero una jugada así no se olvida en un penal. Rímolo no la tuvo nada fácil entre las rejas: “algunos días de la semana (cuando le tocaba realizar la limpieza del pasillo central y común a todas las internas) tenía que enfrentarse con algunos peces gordos que la asediaban, tanto para la entrega de alguna tarjeta de teléfono, como para recibir piropos y propuestas de los “chongos”.

A pesar de ello, Prieto relata que “nunca pareció una presa común, tampoco lo era, pero se encargó de no sobresalir demasiado”.

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Judiciales

Escándalo en la Corte: Maqueda, salpicado por una denuncia por malversación de fondos

Desde hace años, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación es una estructura controlada por Juan Carlos Maqueda, quien ubicó como director a Aldo Tonón, hoy investigado por el fiscal Carlos Rívolo por presunta malversación de fondos

Con un sigilo digno de una denuncia que salpica a uno de los integrantes de la Corte Suprema de la Nación, el Expediente 5666/2021 llegó a la mesa del fiscal federal Carlos Rívolo en las últimas semanas sin ser detectado por los radares de los principales medios de comunicación.

Según pudo confirmar en exclusiva NEXOFIN, incluso en Comodoro Py son contadas las personas que tomaron conocimiento de este expediente, que incluye una extensa denuncia por presunta malversación de fondos millonarios contra el director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón.

Tonón se encuentra desde hace años al frente de una caja multimillonaria, cargo al que accedió a partir de la venia del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

“Está bajo siete llaves; es el expediente 5666/2021, pero no vas a poder acceder de manera online porque lo están cuidando a Maqueda”, explicó una fuente interna de la Corte Suprema ante la consulta de este medio.

Y acotó: “La denuncia es sólida y, si me preguntás, hay pruebas como para que no solo le cueste el cargo sino que haya consecuencias penales”.

Según pudo confirmar NEXOFIN, la denuncia por presunta malversación de fondos está en el juzgado de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien asumió su cargo en mayo de 2019. Actualmente, Capuchetti ocupa el juzgado N°5, que años atrás había dejado libre el recientemente fallecido Norberto Oyarbide.

Tal como se mencionó, el fiscal a cargo de investigar a Aldo Tolón es Carlos Rívolo.

María Eugenia Capuchetti quedó a cargo de la denuncia contra el titular de la Obra Social del Poder Judicial

De esta manera, Capuchetti suma una nueva causa sensible a las investigaciones que debió asumir en el último año y medio. Recordemos que, tras conocerse las fotos y videos de los festejos del presidente, Alberto Fernández, y la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, se radicó una denuncia que recayó en el juzgado de la magistrada federal. Luego, la denuncia pasó a la Justicia de San Isidro.

Capuchetti, de 48 años, instruye, además, la causa conocida como “vacunatorio vip” por la distribución discrecional de vacunas contra el coronavirus dentro de la órbita del Ministerio de Salud, del Hospital Posadas y el desvío de dosis a la ciudad de El Calafate.

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Judiciales

El periodista Ezequiel Guazzora a un paso de prisión por violencia de género

Estaba condenado a tres años en suspenso, pero ahora la Cámara de Casación pidió fijar la pena de forma urgente.

La Cámara de Casación avanzó sobre la situación judicial del periodista y militante kirchnerista, Ezequiel Guazzora. En marzo había sido condenado a tres años de cárcel en suspenso por amenazar y coaccionar a su ex pareja Victoria Stella Maris Córdoba, ex diputada tucumana del Frente para la Victoria.

En principio, el Tribunal Oral Federal 3 había decidido que Guazzora quede en libertad bajo reglas de conducta. Estas eran: permanecer alejado de su ex pareja y hacer un curso de perspectiva de género.

Ante la gravedad de los hechos, el caso se volvió a estudiar y la Sala Tercera de Casación indicó que “a la hora de calificar los hechos no reparó en tan delicado aspecto, pues descartó la figura agravada cuya aplicación resultaba indiscutible e impuso una irrisoria sanción de cumplimiento condicional que lejos se condice con la gravedad del caso”.

El nuevo fallo señaló que el periodista “no dudó en amenazarla con contar todo lo sucedido al Grupo Clarín, llegando incluso a enviar, con inusitado despecho, correos electrónicos a funcionarios del más alto rango para perjudicar la carrera política de su ex pareja”.

“El objetivo fue finalmente logrado, pues la nombrada jamás volvió a ser incluida en una lista de candidatos. Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género”, indica la condena compartida por el medio El Ciudadano.

El texto concluye: “A fin de no privar de instancias a las partes, se habrán de reenviar las actuaciones al tribunal de procedencia para que en forma urgente proceda a fijar la pena que corresponda”.

Las respuestas del abogado de Guazzora

Adrián Albor, defensor legal del periodista, se refirió al tema como un “escandaloso fallo”. El abogado agregó: “Los jueces del Lawfare: Catucci, Gemignani y Riggi se han cobrado una nueva víctima. Parece que con un celular y un micrófono le hiciste mucho daño a la oligarquía que digita todo en las sombras”.

Y luego citó al presidente de la Nación: “Espero que Alberto Fernández cambie de posición respecto del indulto. Hay que ponerle un freno al lawfare, Presidente”.

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