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Judiciales

Joe Biden ordenó desclasificar documentos de la investigación del 11S

Ante la presión de la familias que perdieron seres queridos en el atentado, el Presidente de EEUU ordenó que dentro de los próximos seis meses se hagan públicos los documentos que desde la administración Bush permanecen como secreto de Estado

A 20 años del atentado al World Trade Center y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, y a la luz del fortalecimiento de los grupos extremistas en el poder afgano, Joe Biden busca ganarse de algún modo a las familias de las víctimas del terrorismo. Es por ello que este viernes ordenó desclasificar documentación de la causa 11S que hasta ahora el FBI había mantenido en secreto.

El presidente de Estados Unidos firmó este viernes una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia y a otras agencias gubernamentales revisar los documentos con el objetivo de que el fiscal general, Merrick Garland, los publique durante los próximos seis meses, según indicó la Casa Blanca en un comunicado.

“Los acontecimientos significativos en cuestión ocurrieron hace dos décadas o más, y se refieren a un momento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de tantos estadounidenses”, afirma la orden ejecutiva. “Por lo tanto, es fundamental garantizar que el Gobierno de los Estados Unidos maximice la transparencia, recurriendo a la clasificación sólo cuando sea estrictamente necesario”, prosiguió.

Tres grupos extremistas cohabitan en un juego de poder en Afganistán: el Talibán, Al Qaeda y Estado Islámico. Los últimos dos, que comparten una ideología fundamentalista pero no así metodología con el Talibán, puede que hayan sido debilitados en los últimos años, pero siguen activos y ahora podrían tomar un renovado impulso.

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La reciente retirada de las fuerzas norteamericanas de Afganistán y el 11S son acontecimientos inseparables. Es que el decreto firmado hoy responde en concreto a la petición de más de 1.600 familiares de las casi 3.000 víctimas mortales, que habían advertido al Presidente que no sería bien recibido en Nueva York en el acto de conmemoración si no respondía a su promesa de campaña de revelar la información que desde la administración Bush permanece como secreto de Estado.

La cuestión es que los familiares de las víctimas habían reclamado poco antes la publicación de todos los documentos que demuestran la implicación de Arabia Saudita en los ataques, pero la buena relación entre ambos países, aunque no exenta de tensiones, parece guardar un fin diplomático más importante.

Judiciales

Marcelo Balcedo solicitó refugio en Uruguay para no ser extraditado a la Argentina

El ex titular de SOEME fue condenado en el país vecino a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas

Novedades desde el ámbito judicial. Durante las últimas horas, Marcelo Balcedo y su mujer, Paola Fiege, presentaron un pedido para convertirse en refugiados en Uruguay y evitar de ese modo su extradición a la Argentina

El ex titular Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Fiege confirmó al diario uruguayo El Observador el pedido presentado ante el vecino país, dado a conocer por Telenoche.

Fuentes cercanas al caso dijeron al canal TN que la notificación formal de la solicitud de refugio al Uruguay llegó ya a la justicia argentina.

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Por ello, quedó suspendida la entrega de ambos en el marco de la extradición solicitada por la Argentina. Además, la justicia uruguaya determinó la retención del pasaporte de Fiege, quien no podrá salir del país.

La CGT se mete en la carrera electoral y exige más “amplitud” al kirchnerismo para el armado de las listas

En la Argentina, Balcedo está procesado en una causa que investigó el desvío de casi 600 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados del SOEME entre 2012 y 2018.

La cifra representa más del 75% de los ingresos de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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Judiciales

Comodoro Py: se retira otro juez y se amplían las vacantes en los tribunales que investigan los casos de corrupción

Se trata de Luis Rodríguez, que deja su cargo tras once años y ya son cuatro los puestos vacantes en uno de los fueros más controversiales del país.

Luego de tomarse unos días de licencia, el magistrado Luis Rodríguez anunció su retiro como titular de uno de los juzgados federales de Comodoro Py. Con la salida del juez, ya son tres quienes dejan su cargo, en el fuero que lleva adelante las causas por delitos de corrupción, entre otros.

Actualmente, de los 12 juzgados federales que hay en Comodoro Py 2002, tres están vacantes, uno de ellos lo ocupaba el fallecido juez Claudio Bonadio; otro, el renunciado juez Rodolfo Canicoba Corral, y el tercero, el juez Sergio Torres, quien pasó a ocupar una de las vocalías de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Con la jubilación de Rodríguez una cuarta silla quedará libre, en el emblemático tribunal. “No se sabe cuándo, pero para abril ya no estará más. Quizás antes”, indicaron fuentes cercanas al funcionario judicial, que al parecer tomó la decisión por un grave problema familiar.

Si bien el desembarco de Rodríguez a la justicia federal, en 2012, generó una fuerte controversia, ya que su concurso quedó envuelto en un escándalo político, el magistrado bajó su perfil y se ocupó de pocas tareas, y desde la pandemia dejó de acercarse a los tribunales y de presentarse a concursos de subrrogancia.

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Vale destacar que sin el apoyo de PRO, el magistrado no hubiera logrado los votos necesarios para pasar de ser un juez de instrucción a convertirse en juez federal tras el concurso 140, tildado de irregular. Además, Rodríguez contaba con el apoyo determinante del auditor general Javier Fernández, cercano al entonces jefe operativo de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso.

La polémica se dio cunado circuló la versión de que el juez había accedido a las preguntas de las pruebas que se tomarían en el examen, ya que había solicitado acceso a uno de los casos que entrarían en el temario, finalmente el funcionario obtuvo 90 sobre 100 en el resultado del análisis.

Entre los casos más resonantes en los que se involucró el juez, se encuentran las causas por amenazas de muerte que había recibido el fiscal Alberto Nisman, también elevó a juicio una causa por antisemitismo contra el dirigente Luis D’Elía y sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de Legal y Técnica.

También procesó al periodista de Clarín Daniel Santoro, en sintonía con las sucesivas denuncias judiciales motorizadas por el kirchnerismo, aunque luego fue sobreseído.

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Judiciales

La Justicia rechazó el pedido para que prescriba la causa por la valija de Antonini Wilson

La medida había sido presentada por los ocho imputados en la investigación que irá  juicio el próximo 8 de marzo, entre ellos el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el ex funcionario k, Julio De Vido.

La Justicia rechazó un pedido de anulación presentado por las defensas de ocho ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la causa que investiga el intento del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, de introducir unos 800 mil dólares a la Argentina en un vuelo privado en 2007.

De este modo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, desestimó una medida introducida por el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, para declarar prescripta la causa que lo involucra.

A través de un fallo unipersonal, el juez Luis Losada dispuso “diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal solicitada a favor del imputado Ricardo Echegaray por lesión al plazo razonable para ser juzgado a las resultas del próximo debate”.

Es que Echegaray, deseaba que se le otorgue la proscripción antes del inicio del juicio oral, que tiene fecha para el próximo 8 de marzo, en donde deberá enfrentar los cargos que se le computaron en 2018.

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La investigación estuvo a cargo del juez Pablo Yaradola, quien fue recusado ante el Consejo de la Magistratura, por haber participado del viaje secreto de magistrados y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido.

Por su parte, el tribunal que juzgará a Echegaray y a los demás imputados, entre los cuales estarán Antonini Wilson y el ex ministro de planificación federal, Julio de Vido, estará integrado además de Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari, y el fiscal será Marcelo Agüero Vera.

Siendo inminente la celebración del debate no resulta razonable su tratamiento con antelación, atento a no resultar evidente la existencia de tal extinción, sino sujeta a amplia contradicción entre las partes”, indica el fallo que ratificó el inicio del juicio.

Vale recordar que el caso sucedió en la madrugada del 4 de agosto del 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con 790.550 dólares disimulados como libros en su equipaje de mano, que traía en un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), proveniente desde Caracas, Venezuela.

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