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Política Internacional

Un error en un decreto presidencial provocó un conflicto militar con Chile

Increíblemente la orden presidencial dispone mantener el control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes a 140 años de haber quedado esa vía marítima en manos de Chile

El 19 de julio pasado, Alberto Fernández firmó un decreto de actualización de la llamada “Directiva de Política de Defensa Nacional” que generó un pedido de rectificación por parte de Chile.

Mediante un oficio fechado en Santiago el pasado 4 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno presentó una réplica ante la embajada argentina en aquel país por la taxativa alusión que en el decreto 457/21 (que actualiza el accionar militar argentino) se hace al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces a los que erróneamente se considera como, “espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y control conjunto”. Esto obligó al gobierno chileno a enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”.

El cuestionado párrafo del anexo del decreto argentino añade que estos “espacios” son ”estratégicos tanto por su rol como vías navegables entre el “Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente Antártico”.

Si bien el gobierno de Chile tomó conocimiento de la situación el mismo día en que la norma apareció publicada en el Boletín Oficial (19 -07-21), las autoridades trasandinas habrían considerado prudente esperar algunos días en la certeza de que el error sería pronto subsanado por la Argentina. Rafael Bielsa, embajador argentino en Santiago, fue notificado enseguida pero de modo informal del tema, reconoció de inmediato que se estaba en presencia de una equivocación y lo notificó a la Cancillería argentina. Pero hasta el presente el documento no fue modificado por lo que el propio presidente Sebastián Piñera ordenó efectivizar una protesta formal sin más dilación.

La respuesta chilena

La carta chilena señala que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno en conformidad con lo dispuesto por el Tratado de 1881, lo que ha sido reiterado en el artículo 10º del Tratado de Paz y Amistad de 1984″. La nota de la Cancillería del país vecino agrega: “En consecuencia Chile rechaza lo planteado por Argentina en la DPDN sobre un supuesto control conjunto por carecer de sustento jurídico y no resultar procedente el virtud de los tratados aplicables”.

“En relación con el ‘Mar de Drake’-para Argentina ‘Mar de Hoces’- que se ubica al sur del Mar de la Zona Austral definido en los artículos 7º a 9º del Tratado de Paz y Amistad, Chile expresa que tampoco existe allí un control conjunto y que, de conformidad con el derecho internacional del mar, seguirá ejerciendo todos los derechos soberanos que le corresponden, así como las libertades reconocidas por la Convención de Naciones Unidas sobre derecho del Mar”, indica también la protesta.

“El párrafo es definitivamente muy poco feliz; en la redacción primaria de la DPDN interviene el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa y resulta evidente que han confundido el patrullado antártico combinado (PANC) que desde hace varios años realizan ambas armadas en un sector del mar austral con fines de preservación del medioambiente y de prevención de la seguridad de la vida humana en el mar, con actividades en Magallanes que nunca ejercimos”, sostuvo un ex Comandante Conjunto Antártico consultado por Infobae.

La conocida en el mundo castrense como DPDN, puede definirse, según reconocen los propios uniformados, como “la Biblia” de la actividad militar. El documento analiza y resume el contexto internacional, regional y local en un determinado momento y a partir de allí se dictan las consignas directrices al Instrumento Militar de la Nación para encaminar sus esfuerzos en determinada dirección.

 

Las sucesivas DPDN -al decir de los especialistas- más que consolidar una política de Estado coherente y continuada en materia de defensa, reflejan la impronta ideológica de distintas administraciones. Así la puesta en vigencia el pasado 14 de julio, complementa a las anteriores emitidas en 2009 y 2014, pero da por tierra con la implementada por Mauricio Macri en 2018.

De acuerdo a lo prescripto por el decreto 1729/07 la DPDN es confeccionada por un grupo de trabajo interjurisdiccional que depende funcionalmente de la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa en el marco del Consejo de Defensa Nacional que integran distintos organismos entre los que se destaca el Estado Mayor Conjunto de las FFAA.

Política

El embajador argentino en Chile, sobre su asistencia a Jones Huala: “No pedí en ningún momento su excarcelación”

Rafael Bielsa sostuvo que es su “obligación” asistir a un nacional y justificó porqué estuvo él y no un diplomático de menor jerarquía

Mientras de este lado de la cordillera los mapuches han venido realizando diversos actos calificados como “terroristas” -con un leve accionar del Gobierno nacional-, en Chile, el embajador argentino, Rafael Bielsa, añadió más polémica a la situación cuando trascendió que estuvo presente en una audiencia judicial en la que el líder de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), Facundo Jones Huala, pedía su excarcelación en una condena de 9 años que pesa sobre él.

Tras las críticas sufridas por lo ocurrido, el diplomático brindó sus explicaciones sobre su presencia en el tribunal: “Jones Huala fue juzgado y condenado en Chile, y está cumpliendo su prisión”, comenzó en diálogo con C5N. Bielsa aseveró que como embajador tiene la “obligación” de asistir a un nacional a partir de lo que sostiene la Convención de Viena.

“Si me pide asistencia tengo la obligación de asistirlo, y su representante legal me la pidió”, sostuvo. Sin embargo, nada indica que sea el embajador (máxima representación de un país en el extranjero) quien tenga que hacerse cargo de la situación, lo que esconde la existencia de un interés nacional que él haya estado presente en la audiencia.

Facundo Jones Huala

Sobre esto último afirmó: “Esto no es una orden ni está escondido detrás de mi Alberto Fernández ni el ministro Santiago Cafiero. Yo me hago responsable de todo, de lo que hice y de lo que dejé de hacer, pero no me puedo hacer responsable de lo que la gente inventa”.

Continuando con su defensa, Bielsa afirmó que nunca pidió la exarcelación de Jones Huala: “Yo dije que no era función de un embajador emitir un juicio sobre el ordenamiento jurídico del país donde estaba ni tampoco sobre la relaciones del gobierno con el pueblo mapuche. Yo no pedí en ningún momento nada, ni que le denegaran ni que le otorgaran la excarcelación”.

Tras ello, el embajador argentino en Chile detalló que Jones Huala esta condenado por dos delitos: incendio simple y portación de un arma casera. “No está condenado por terrorismo, si hubiera sido así yo no hubiera tenido ninguna audiencia a la que ir porque las normas de libertad condicional se aplican a todos menos a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad o de terrorismo”.

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Política Internacional

Uruguay y un duro cuestionamiento a Argentina por no condenar crímenes en Nicaragua

Washington Abdala, representante uruguayo ante la OEA se mostró furioso con el rechazo de algunos países a condenar al gobierno de Daniel Ortega: “Muchos se hacen los distraídos”

El representante uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó en duros términos la decisión argentina de no condenar los actos de violencia política protagonizados por el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega.

El representante argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, expresó: “No consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea”.

Luego de Raimundi habló el represéntate diplomático de Uruguay, Washington Abdala, que no ocultó sus críticas hacia la postura de Argentina. “No se si estoy en otra sintonía; no termino de comprender a los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema”.

Y, visiblemente ofuscado, agregó: “¡¿Qué se necesita para comprender que no se les está permitiendo a los candidatos ser libremente candidatos, que hay un pueblo desesperado clamando por libertad!? ¡¿Qué pruebas hay que ofrecerles para que adhieran a un razonamiento que hacemos todos para enfrentar a este tipo de dictaduras?!”.

Raimundi, además, puso como elemento para justificar la abstención de Argentina la proximidad de las elecciones en Nicaragua, que se celebrarán el 11 de noviembre.

Ante esto, Abdala señaló: “¿Qué es esto de la injerencia? Sean claros. Lo único que estamos haciendo en el plano internacional es expedirnos, razonar, algo que no hace la dictadura, que mata, asesina y priva de la libertad”.

Se trata de la segunda resolución de estas características que la OEA aprueba para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales. El posicionamiento es una advertencia sobre el deterioro de la situación de los derechos políticos del país.

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Política

Argentina se abstuvo de exigir en la OEA la liberación de presos políticos en Nicaragua

El Gobierno se negó a apoyar una resolución en la que expresa “grave preocupación” por el accionar del régimen de Daniel Ortega; Para Argentina la misma era “improcedente y extemporánea”

En una nueva polémica decisión relativa a la política exterior del país, argentina le dio un implícito respaldo al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua al abstenerse de votar sobre la liberación de presos políticos en el país caribeño: una maniobra del oficialismo para garantizarse la victoria en las elecciones de noviembre al ir deteniendo a todos los candidatos que competirían con Ortega en los comicios.

La resolución en cuestión contó con el voto afirmativo de 26 países, 7 abstenciones (Argentina, Barbados, Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y Las Granadinas) y 1 negativo (Nicaragua).

Se trata de la segunda resolución que la OEA aprueba para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales. El posicionamiento es una advertencia sobre el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. En aquel momento Argentina también se abstuvo de votar junto con los mismos países y optó por elaborar una estrategia conjunta con México por fuera del organismo que cuenta con la presencia de Estados Unidos y con cuyo secretario General, Luis Almagro, la cancillería mantiene diferencias irreconciliables.

En un comunicado publicado por ambos países sí hablaron de “persecución política” pero no de presos políticos: “Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.

La resolución votada en la OEA en la mañana de hoy el documento expresa su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”.

Además, el bloque resuelve en “urgir con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos” a fin de garantizar una competencia electoral “creíble”, y bajo observación internacional.

Al respecto, el embajador argentino ante el organismo, Carlos Raimundi, manifestó: “Más allá de que podemos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración. La consideramos improcedente y extemporánea. Punto”

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