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Judiciales

Imputaron a Mauricio Macri y Patricia Bullrich por envío de armamento a Bolivia

Los referentes del PRO son investigados por “contrabando agravado” por el “envío irregular de armamento y municiones” tras la salida forzada de Evo Morales en noviembre del 2019.

En medio de la denuncia que el Gobierno de Alberto Fernández impulsó contra varios ex funcionarios de la gestión de Cambiemos por enviar material antidisturbios en el contexto de la crisis institucional que atravesó Bolivia en 2019, Mauricio Macri y Patricia Bullrich quedaron imputados “por contrabando agravado”.

Los referentes del PRO fueron denunciados penalmente, junto a Jorge Faurie y Oscar Aguad, tras por el “envío irregular de armamento y municiones” a aquel país “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.

La demanda fue radicada por los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. A su vez, la investigación fue impulsada por el fiscal Claudio Navas Rial quien este viernes firmó el requerimiento de instrucción con el que abrió el caso. Este mismo, quedó en el juzgado a cargo del juez en lo Penal y Económico Javier López Biscayart.

“Esta denuncia pública dio lugar a una serie de investigaciones administrativas por parte del actual Gobierno Nacional de nuestro país, a través de la cual se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material -el cual se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas”, sostenía la denuncia del Gobierno.

Según pudo saber Clarín, el fiscal sostuvo: “considero investigar a ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino”.

El gobierno de Alberto Fernández, sostiene que la anterior gestión cometió un acto de “gravedad institucional” que podría encuadrarse además en los delitos de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”.

Judiciales

La ONU le pidió información a la Argentina por el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi

Llegó a la Cancillería un pliego de preguntas sobre la situación de los dos integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña

Diego García Sayán, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó informes a la Argentina sobre la situación de los Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que por un fallo de la Corte deberán dejar sus cargos.

El requerimiento enviado a Cancillería, a través de una nota formal y con fecha del martes 16 de noviembre, incluye además un pliego de preguntas para el Estado Argentino, junto a un período estipulado de 60 días para responder.

Dicho pedido surge a más de año de la remoción de ambos jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En julio de 2020, el Gobierno promovió que se revisaran los traslados de los jueces federales dispuestos durante la administración Cambiemos.

En ese entonces, la revisión estuvo amparada por el hecho de que los traslados “eran inconstitucionales”. Desde la oposición, remarcaron que se trataba de una excusa para evitar los procesamientos de Cristina Kirchner en casos de corrupción.

Además de ello, denunciaron que tras su destitución, el oficialismo intentaría poner en su lugar jueces más afines a sus ideales. Según pudo reconstruir el diario La Nación, el asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso que ambos debían dejar sus cargos.

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“Cuadernos va a ser otro gran fiasco”: el pronóstico del abogado de CFK

Carlos Beraldi apuntó a la oposición por criticar a los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta: “Querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de acusados y ante esta frustración dicen cualquier cosa”

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, se refirió a las dos causas en las que la vicepresidenta todavía sigue procesada: Cuadernos de las Coimas y Vialidad.

Sobre la primera, afirmó que “va a ser otro gran fiasco”. En esa línea, apuntó a la oposición por denunciar a los jueces que sobreseyeron a su defendida en la causa Hotesur y Los Sauces: “Querían tener a toda la familia Kirchner sentada en el banquillo de acusados y ante esta frustración dicen cualquier cosa, quieren amenazar a los jueces”.

Durante una entrevista con El Destape Radio, Beraldi afirmó: “La causa Cuadernos va a ser otro gran fiasco. Si eso termina discutiéndose en una audiencia oral y pública van a surgir cosas muy claras de cómo se armaban los expedientes, cómo se extorsionó a la gente haciéndole decir cualquier cosa”.

Por otro lado, volvió a celebrar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces.

“El tribunal dice que hay nuevas pruebas que demuestran que todas las operaciones comerciales eran legítimas, trazables, bancarizadas y que pagaron impuestos. Esto descarta de plano que pueda hablarse de lavado de activos. El lavado implica el ingreso al sistema de dinero negro y acá no había ningún dinero negro”, dijo el abogado.

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La Justicia se retractó y ordenó a Matías Morla no utilizar la marca Maradona

El juzgado aprobó la última medida cautelar que presentaron Dalma y Gianinna Maradona contra el apoderado de la marca que usa la imagen del 10

La batalla legal entre Matías Morla y las hijas del 10 se da otro round. Es que esta tarde el Juzgado Civil n°47 ordenó que Sattvica S.A, la empresa que dirige el abogado, suspenda la comercialización de la marca Maradona hasta que la justicia federal se pronuncie sobre los derechos de autor que corresponden.

De esta manera, el juzgado hizo caso a la medida cautelar “contra Matías Morla, en nombre de Sattvica S.A., Stefano Ceci, Yakuzza SRL, Vulcanizados Marpen S.L., Domenico Paone Spa y Fernando Martín Centeno” que presentaron los defensores de Dalma y Gianinna para resolver cómo debe usarse la imagen, la voz, los pseudónimos y el nombre de Diego Armando Maradona “pues [Morla] se habría abusado de su condición de apoderado para ceder a título gratuito los bienes a favor de la sociedad por él controlada”, apuntaron a los contratos que se firmaron posterior a su muerte, el 25 de noviembre del 2020, en el barrio San Andrés de Tigre.

Como herederas, las hermanas argumentan que Morla estaría usufructuando indebidamente su patrimonio a través de la marca. La demanda también incluía un pedido de indemnización para resarcir el ilícito alegado, pero no se le hizo lugar en el citado fallo.

Ya habían presentado un recurso similar ante la justicia pero con esta cautelar, a diferencia de la anterior, Morla tiene prohibido explotar la marca. La novedad es que el juez se declaró incompetente y giró el expediente a la Justicia Federal en lo civil y comercial, por lo que Morla ya decidió apelar la medida y tiene previsto plantear que cualquier medida de los tribunales locales sólo tendría vigor en Argentina.

“Sattvica tiene presentado todos los papeles en 23 países. Para que cualquier impedimento se aplique en otro lugar, se tendrá que presentar ante los tribunales que correspondan”, afirmaron en el entorno del letrado.

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