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Notas de Opinión

Crisis del Mercosur: Argentina aislada del mundo

Alberto Fernández apuntó contra Lacalle Pou y Jair Bolsonaro, oponiéndose a las negociaciones comerciales por fuera del bloque regional

Columna publicada originalmente en TN.

Los discursos que los mandatarios emitieron el jueves en la Cumbre del Mercosur pusieron en evidencia, una vez más, las diferencias significativas que existen entre los socios. El resto de los miembros pretende un Mercosur más abierto al mundo, algo que Argentina rechaza, poniendo trabas y ralentizando todas las negociaciones abiertas, en particular con la Unión Europea.

Alberto Fernández apuntó contra Lacalle Pou y Jair Bolsonaro, oponiéndose a las negociaciones comerciales por fuera del bloque. A su vez, el mandatario brasileño criticó con dureza la presidencia pro tempore de Argentina, ya que “dejó pendientes resultados concretos en los dos temas que más movilizan los esfuerzos recientes: la revisión del Arancel Externo Común (AEC) y la flexibilización de las negociaciones comerciales con socios extrabloque”.

La diferencia de sintonía es tajante y los intercambios discursivos con cada nueva cumbre o encuentro, lejos de servir para acercar posiciones o atemperar los ánimos, terminan por acrecentar la tensión y el clima de ruptura. Aún resuena la frase que Alberto Fernández le dedicó a Lacalle Pou: “Si somos un lastre, que tomen otro barco”.

Mercosur: Casa Rosada solo emitió el mensaje de Alberto Fernández y cortó a los otros presidentes

Mientras tanto, el presidente uruguayo insiste en que su país buscará acuerdos comerciales por fuera del bloque. De hecho, Lacalle Pou participó ayer junto a Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador) y Sebastián Piñera (Chile) de un foro organizado en Madrid (donde también expuso Mauricio Macri en un panel dedicado al populismo) y ratificó sus intenciones: “Uruguay y el Mercosur tienen una posición privilegiada. El tema es que somos una región proteccionista. El mundo va hacia allá y obviamente Uruguay tiene más poder negociador si es con el Mercosur. Si no vamos todos juntos, a nuestros socios le decimos: ‘Déjennos avanzar’. Esto no supone romper el Mercosur ni la regla del consenso. Uruguay sin duda va a avanzar”.

El gobierno argentino rechaza la apertura comercial con una visión sesgada, ideológica y cortoplacista que no corresponde con la realidad a nivel global ni con los objetivos de largo plazo que debería pregonar nuestro país. Los procesos de libre comercio adoptados de forma lucida y responsable no solo conllevan efectos económicos positivos, sino también políticos e incluso culturales.

A nivel económico, el comercio permite sumarse a las cadenas globales de valor, ganar en economías de escala, aumentar la productividad y generar divisas (este último punto representa una necesidad imperiosa para la Argentina). Además, las naciones que más comercian con el mundo son las más prosperas. Cuando la economía se abrió entre los siglos XIV y XV, esto provocó la transición del feudalismo al capitalismo, generando un aumento exponencial en el nivel de riqueza disponible.

A nivel político, el comercio acerca a los Estados generando alianzas que trascienden más allá de los cambios de gobierno. Con los socios comerciales se genera una dinámica de win-win, en el que cuando uno gana el otro también lo hace: es decir, un país se beneficia del éxito de su socio porque esto le permitirá venderle más.

De hecho, el proceso de integración iniciado entre Alfonsín y Sarney a partir de la Declaración de Foz de Iguazú (que sentó las bases para lo que luego se convertiría en el Mercosur) no solo pretendía alcanzar los beneficios del comercio, sino también a partir de este eliminar toda hipótesis de conflicto armado entre Argentina y Brasil (en este punto el Mercosur tuvo un éxito rotundo).

¿Por qué los países hacen proteccionismo?

La fórmula general marca que cuanto más comercio, más riqueza, más prosperidad, más paz y una mejor relación entre los pueblos. Sin embargo, en todo sistema económico hay intereses particulares que temen perder con la apertura y que logran imponer su posición. En el corto plazo, la apertura puede generar desempleo en sectores específicos y no competitivos de la economía.

Muchos dirigentes políticos terminan patrocinando estos intereses, representando los lobbies de algunos empresarios o sindicatos. Así, favorecen el cortoplacismo y renuncian a hacer lo que sería correcto: ayudar a las empresas a ser más competitivas y mejorar su productividad para competir en un esquema más abierto, lo cual traería aparejados beneficios sociales más generalizados y significativos.

Esto no implica abrir la economía de una manera irracional e ingenua, ya que cualquier proceso de apertura debe compensar costos y beneficios, para que a la larga los últimos superen a los primeros. Pero precisamente para eso es que existen los tratados de libre comercio. Los tratados nacen producto de una negociación, en la que seguramente ambas partes deberán ceder en algunas de sus intenciones originales, y permiten administrar el comercio para salvaguardar a los sectores más débiles o considerados estratégicos.

Cuando un tratado de libre comercio se negocia de manera correcta los firmantes al final se encontrarán mejor a como estaban al inicio y con un nivel de riqueza mayor. La visión sesgada e ideológica del gobierno argentino no permite ver que el libre comercio a secas no es lo mismo que un tratado de libre comercio. Negarse directamente a negociar con el otro resulta incomprensible.

Es cierto que un proceso de apertura pondría en evidencia las cargas ridículas de nuestro sistema tributario. Nadie puede competir con el peso del Estado argentino sobre sus hombros. También desnudaría las deficiencias en términos logísticos y la falta de financiamiento doméstico.

En este sentido, el comercio internacional puede ser también un prisma a partir del cual las sociedades comprenden todo aquello que deben mejorar para ser mejores y poder competir con el resto del mundo. Por eso, lo que está en juego no es solamente el Mercosur o la renuencia del gobierno a comerciar, lo que está realmente en juego son las falencias estructurales de nuestro sistema político y económico.

Notas de Opinión

El Presidente, la fiesta y un cheque será un misil al sistema de derecho penal

La solución que ofreció Alberto Fernández para terminar con la causa penal que se le sigue por el festejo en la quinta presidencial podría generar un antecedente para que se extingan miles de causas.

Columna publicada originalmente en La Nación.

Hay una primera lectura que dispara la propuesta del presidente Alberto Fernández para extinguir la acción penal por su festichola en Olivos. Es poco o mucho 1,6 millones de pesos para finalizar el pleito y resarcir el daño. Pero quedarse apenas con esa mirada menuda es perder de vista el daño irremediable que la solución presidencial le hará al derecho penal argentino.

Si finalmente, el Jefe de Estado arrima el cheque para cancelar el pleito, se confirmará un antecedente que podría inundar de pedidos la justicia penal. Además, y quizá lo más graves, es que se consagraría una de las situaciones más injustas que se podría esperar de una sistema normativo que tiene penas privativas de libertad: la posibilidad de que quienes tengan dinero podrán desactivar sus acusaciones penales.

Pero como se dijo, quedarse apenas con la oferta presidencial es una mirada incompleta. La secuencia que se dio desde aquella publicación de la foto que sacó a la luz en LN+ Guadalupe Vázquez fue un compendio de ataques la la institucionalidad que podría terminar con un misil al sistema penal. Por un lado, impactaría porque la jurisprudencia podría usarse para miles de casos en los que se terminaría la acción penal. Por otro, porque se da una particularidad propia de los monarcas: el emisor de norma aplica la ley a sus súbditos pero no a si mismo. El Presidente destrozó una legislación no sólo que él mismo redactó sino que fue con la que construyó el único verano de aceptación que tuvo con la opinión pública.

El presidente, Alberto Fernández, junto a Fabiola Yáñez, en la presentación de su hijo Francisco

La primer reacción de Olivos fue matar al mensajero. En esa zona de confort del kirchnerismo, las voces que salían desde la cercanía de Alberto Fernández apuntaban a la malicia de la prensa y dejaban correr la certeza de que se trataba de una foto trucada.

Se podría trazar una ilusión y pensar que todo el país haya creído que se trataba de una manipulación fotográfica. Eso hubiera sido posible. Pero hay una certeza: los participantes de la acalorada y prohibida mesa sabían que aquella estrategia era mentira. Ellos y sólo ellos, con el Presidente incluido, sabían que esa escena efectivamente había ocurrido. Fue el engaño y la agresión al periodismo la primer reacción para ocultar el escándalo.

Tras el fracaso de la mentira se intentó con la culpa. Como esta vez no podía usarse el “Ah, pero Macri”, el Presidente utilizó otra línea argumental: “Fue Fabiola”.

El tiempo pasó y la tercera solución ya no es ante la opinión pública sino ante la Justicia: se optó por pesos. Y es aquí donde el Presidente tirará un misil contra el sistema penal argentino.

En principio, se debe encuadrar el hecho y la solución planteada. El origen del asunto es el nuevo Código Procesal Penal, que ya rige plenamente en Sala y Jujuy. El 13 de noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Implementación del Código del Congreso dispuso poner parcialmente en funcionamiento el sistema a través de la aplicación de ciertos institutos procesales en el ámbito de la justicia federal y nacional. Autorizó, así, la utilización del algunos artículos.

Ese código se inclina por un sistema denominado acusatorio en el que, que a diferencia del anterior llamado inquisitivo, el fiscal asume la investigación de los delitos. Justamente, esta nueva función más aquellos artículos del nuevo código son los que se utilizaron para que el Presidente intente terminar con la acusación. Y acá empiezan el camino de las secuelas que podría dejar la solución del 1,6 millones.

Como se dijo, hay varios artículos que se aplican en todo el país. En este caso, aplican dos. El primero es el 31, que habla de los “criterios de oportunidad. La norma le entrega al Fiscal la posibilidad de extinguir o limitar la acción penal si se dan algunas de las siguientes condiciones. La primera, si se “tratase de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público”.

Una Comisión Bicameral puso en vigencia varios artículos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación

La segunda, “si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional; y la tercera “si el imputado [el Presidente y su pareja, en este caso] hubieran sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena; y finalmente, “la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta”.

Podrá el lector sacar sus conclusiones, sin necesidad de ser abogado, respecto de la posibilidad de encuadrar o no la errática conducta del Presidente y sus invitados a entonar el feliz cumpleaños en Olivos. Pocas cosa son más relevantes para el ordenamiento jurídico de una sociedad moderna que la necesidad de que sus autoridades respeten las normas que hacen cumplir a sus administrados. Eso, claro, sin llegar al extremo de pensar que el infractor es el emisor de ley.

Pero en el supuesto caso que el fiscal haya visto que la aquel hecho se podría encuadrar en ese artículo, pues viene el segundo. El 34 es el que dispone la conciliación: “El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación”.

Ahora bien, la primer pregunta que seguramente el Fiscal no llegó a hacerse es quién es la víctima. El delito contra la salud pública que el Presidente cometió es de los llamados de “peligro abstracto”. Es decir, no hay un damnificado directo sino que van contra el bien jurídico protegido. En este caso, como se dijo, “la salud pública”. Para que se entienda, son también de peligro abstracto, por ejemplo, la tenencia de armar o la de estupefacientes. En ninguno de los dos casos hay una víctima concreta sino que lo que busca el derecho al penar esas conductas es una suerte de protección social.

A diferencia de los delitos llamados de resultado, donde claramente es necesaria la acción que lo produzca o lo intente producir, los de peligro abstracto no tienen víctima. Las irregularidades brotan por donde se analice la solución planteada por el Presidente y aceptada por el Fiscal. Justamente esta conciliación fue diseñada para realizar acuerdos conciliatorios suponen un imputado y una víctima, que, suponen delitos patrimoniales cuya reparación se limite al contenido económico.

A la hora de interpretar el derecho a la manera del poder, el Presidente usó un vericueto más para eludir el peso de la ley. Si bien Comisión Bicameral no ha puesto en vigor a todo el Código, hay una pauta que no puede soslayarse ya que que sienta los principios y la base interpretativa del sistema. El artículo 30 dice: “No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo”.

Es posible que el Presidente diga que esa torta prohibida se comió en el marco de su vida privada y no en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, cada uno de los que llegó a Olivos esa noche donde todo el país se quedaba quieto por pedido, justamente, del anfitrión, pudieron circular por ir a la casa presidencial.

El presidente Alberto Fernández anuncia nuevas restricciones durante la pandemia

Llegado el caso de que la solución se acepte, pasará algo mucho más grave que la devaluación moral la figura del Presidente y de la Justicia. Quedará estampado un antecedente que se podría utilizar en miles de casos donde el delito sea de peligro abstracto. Las defensas de quienes delinquen podrían aducir esta jurisprudencia para arreglar causas por tenencias de armas o de drogas. Exclamarán “Gracias Presidente” a los gritos. Porque ya no sólo irán por evitar la cárcel para sus defendidos sino que podrán apuntar a la extinción de la acción penal.

Y si este desatino es poco, una cosas más: se instalará la Justicia de la billetera ya que sólo será posible la extinción para los solventes. O los que puedan conseguir un crédito, como dijo el Presidente que hará en el caso de que acepten su fallida solución.

Para el final, Tom Tyler un enorme profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Su trabajo apunta a la obediencia del derecho. Su axioma es fácil de entender: “El estado de derecho solo será posible si los ciudadanos se sientan obligados -no solo jurídicamente- a cumplir con las normas. Esta es y será la condición más importante para hablar de Estado de Derecho”. Pero el hombre agrega algo más: “El cumplimiento por parte de los ciudadanos no es un acto de fe; y si los ciudadanos respetan las normas es porque además de conocerlas y tener noción de la importancia de su cumplimiento, saben que tienen un origen democrático, que están orientadas a salvaguardar sus derechos y que no están diseñadas para el beneficio de las autoridades o los poderosos”. El profesor, agrega, además, una gran verdad: “El cumplimiento se basa en que los ciudadanos sepan que los funcionarios son los primeros en cumplirlas”.

Como se dijo al principio, todo va mucho más allá que los millones de pesos que ofreció el Presidente; las consecuencias de semejante interpretación del derecho son mucho más profundas. Afectan el sistema normativo y particularmente, el ordenamiento penal. Se trata, quizá, de un compendio de miserias y egoísmos que, lamentablemente, la Argentina toma como naturales.

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Notas de Opinión

La presión de Cristina y los proyectos detenidos

La vicepresidente defiende los acuerdos con China, paralizados por impericia o influencia de los Estados Unidos en el gobierno.

Columna publicada originalmente en Clarín.

Cristina presiona al gobierno desde el Parlamento. Lo hace con proyectos de ley vinculados a lo económico (anticipo del pago del salario mínimo vital y móvil, moratorias previsionales, blanqueo para pagar la deuda con el Fondo), a lo judicial (modificación del Consejo de la Magistratura, ampliación de la Corte) y la política exterior: la vicepresidente defiende los acuerdos con China, paralizados por impericia o influencia de los Estados Unidos en el gobierno.

Su correveidile el senador Oscar Parrilli, presentó el 26 de abril una nota en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles pidiendo que se cite a Gustavo Beliz para que informe el estado de una lista de programas de infraestructura con participación china.

Para la Cámpora, Beliz -a quien llaman “Lopecito”- es, como Guzman, un “empleado” de la embajada de Estados Unidos y bajo su área pasan todos los proyectos con financiamiento internacional. Para la Casa de Gobierno la agenda con China no está postergada y el kirchnerismo “debería dejar de ver Netflix”.

La paranoia k sobre el punto se reavivó con la visita de Ana Ganzer, subsecretaria adjunta de Política de No Proliferación del Departamento de Estado.

Ganzer expresó su preocupación sobre la construcción de Atucha III, que está en una etapa de cuenta regresiva; en las reuniones técnicas cuestionó la capacidad de China para construir centrales nucleares tipo Hualong, como la que construirían en el país. Atucha III costará unos 8.300 millones de dólares y tendrá un plazo de ejecución de ocho años.

El proyecto está en el convenio marco con China desde 2014 y hoy sigue demorado. Desde 2013 y con financiamiento de un consorcio de bancos chinos se anunció la construcción de las represas Kirchner y Cepernic. Cinco mil millones de dólares y 66 meses de gracia para que Argentina evitara hacer desembolsos y empezara a pagar recién cuando las centrales generaran energía.

El plazo ya se cumplió y Argentina debería ahora pagar 1.500 millones de dólares que no tiene, ante lo cual China cortó el resto de los desembolsos. Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en Beijing, anunció en febrero un acuerdo para saldar las diferencias, pero según los K los papeles quedaron cajoneados seis meses en el despacho de Beliz.

Ahora esperan un DNU del Ejecutivo saldando el tema. Los técnicos del gobierno argumentan que no hay malas intenciones: en la original represa bautizada Nestor Kirchner están realizando estudios de suelo porque se rajó en parte de la construcción.

Tanto la Néstor como la Cepernic son represas de paso, donde se acumula el agua naturalmente y se administra el paso por las turbinas para generar electricidad. Según los técnicos el caudal del río Santa Cruz no permitiría generar una cantidad de energía suficiente que facilite el repago de la obra.

La suerte de la central térmica Manuel Belgrano II fue peor: ni siquiera empezó. Fue adjudicada en el segundo mandato de Cristina; una UTE entre Electroingeniería (el viejo tallercito cordobés de Ferreyra) con la empresa china CNTIC, financiada por el Exim Bank de China con 1.122 millones de dólares.

El proyecto AMBA I, para reforzar el “anillo energético” en el conurbano está en el banco esperando el financiamiento del ICBC y del Bank of China, y la Represa Chihuido I ya lleva siete años desde su lanzamiento esperando un financiamiento de Rusia que nunca llegó. En marzo de 2021 la firma Power China intentó manotear el proyecto pero finalmente el gobierno decidió que fuera Alemania quien lo llevara a cabo. Llevar a cabo es una metáfora, ya que tampoco empezó.

La pelea que encabeza la agenda económica con Estados Unidos es la del 5G. La Madre Patria (Washington, claro) ya empezó a recorrer distintas oficinas del gobierno con folletos del proyecto Open RAN, la tecnología de Ericcson y Nokia que compite con la china Huawei. Quienes decidirán finalmente el asunto (para los K, el “Eje atlántico” del gobierno) son la Secretaria de Comunicaciones que depende del Jefe de Gabinete , el Negro Juan Manzur, la Cancillería de Cafierito y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Beliz.

Hace un tiempo el gobierno miró de cerca el modelo 5G de Brasil, que dividió el negocio entre la china Huawei y otra concesión destinada a proveer 5G al gobierno local donde los inversores chinos estaban bloqueados, modelo que tenía el visto bueno del gobierno americano. Hoy sin embargo se decidió demorar la instalación del 5G con el argumento de extender el 4G instalando fibra óptica en la última milla de las localidades del interior. Julio será el mes en que el gobierno decidirá volver sobre el 5G y la batalla con los K volverá a recrudecer.

La Hidrovía es, por último, el otro negocio conflictivo. Son 1.635 kilometros que permiten salida hacia el Océano de distintas embarcaciones de carga; por ella sale el 80% de las exportaciones del país. El negocio está en el cobro de peajes a los barcos que entran y salen por el corredor.

La Hidrovía tiene una larga historia de denuncias y escándalos, y en septiembre el gobierno decidió llamar a licitación internacional por el dragado, balizamiento y servicios. China estaba especialmente interesada (es nuestro principal comprador de soja) y Estados Unidos también estaba interesado, pero en que China no ganara la licitación.

El concurso se frenó en marzo pasado, porque solo una de las cuatro propuestas supero la etapa técnica: la empresa belga Jan de Nul fue la única habilitada para presentarse en la segunda etapa. En abril, se conoció una carta de la empresa china Communications Construction Company (CCC) al embajador argentino Vaca Narvaja haciendo lobby por la Hidrovía ya que el proyecto ”está altamente alineado con los principios de cooperación del programa de la nueva Ruta de la Seda”.

La Coalición Cívica hizo una denuncia ante la justicia por “tráfico de influencias” y el fiscal Guillermo Marijuan dispuso varias medidas de prueba.

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Notas de Opinión

Aislada de la realidad, la política acelera la crisis

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

El debate público en la Argentina tiene dos focos principales. Por un lado, la dinámica que puede tomar una crisis en la que sobresalen la aceleración de la inflación y el fracaso del programa con el FMI para influir en las expectativas de los agentes económicos. El atraso cambiario incrementa las especulaciones respecto de una nueva devaluación, con las obvias secuelas en términos de caída de ingresos y presión sobre los precios. Por el otro, la profundidad y las eventuales consecuencias de la ruptura dentro de la coalición gobernante que desdibuja la autoridad tanto de Alberto como de Cristina, cuyas imágenes siguen cayendo. En la práctica, ambos aspectos están íntimamente relacionados: el avance en las negociaciones con el Fondo precipitó el cisma entre ellos, aunque su vínculo ya venía desgastado y carcomido por la mutua desconfianza y había sufrido una honda fractura a partir y como resultado de las elecciones de mitad de mandato.

La política actúa como si tuviera margen de maniobra para continuar procrastinando y mirándose el ombligo. Pero considerando experiencias como el Rodrigazo (1975), la hiperinflación (1989-90) y el colapso de la convertibilidad (2001), el debilitamiento del liderazgo presidencial puede convertirse en el disparador de una severa corrección macroeconómica. De consolidarse el “debate de ideas” dentro del FDT, con el consecuente desprestigio adicional de un mandatario caracterizado por pulsiones autodestructivas sin precedentes y por lo devaluadas que están su palabra y su investidura, la crisis podría escalar y hasta precipitar problemas de gobernabilidad.

¿Tienen los principales protagonistas de la vida institucional del país conciencia de los costos económicos, políticos y sociales que semejante escenario podría implicar? ¿Actúan con un mínimo de responsabilidad frente al abismo en el que la Argentina se encuentra? Todo lo contrario: como en la legendaria canción de Antón Pirulero, cada cual está metido en su propio juego. Ni los actores más relevantes demuestran capacidad para advertir el potencial efecto agregado de estos comportamientos egoístas ni para influir y evitar los escenarios más dramáticos.

Desde su perspectiva individual o sectorial, es muy probable que muchos de ellos hagan “lo correcto”. En conversaciones con líderes de virtualmente todo el espectro político y social, es posible identificar motivos bastante razonables para justificar sus comportamientos. Todos creen tener razón de acuerdo con sus principios e intereses; sienten que pierden con el actual estado de cosas; tienen una larga lista de reclamos ignorados; y, lo más interesante, exhiben una aparente voluntad y hasta la decisión de cambiar el orden establecido. Ninguno tiene claro cómo hacerlo, ni planes consistentes o equipos para lograrlo más allá de algún aspecto puntual.

No debería llamarnos la atención: hace cuatro décadas, en Rational Men, Irrational Society (Sage, 1982), Russell Barry y Brian Hardin seleccionaron las mejores contribuciones sobre dos conceptos fundamentales en las ciencias sociales: el dilema del prisionero (actos o decisiones que benefician a algunos individuos, pero pueden ser perjudiciales para una mayoría) y el teorema de la imposibilidad de Arrow (no existe forma de ordenar mediante el voto las preferencias de actores diferentes de forma tal de que el resultado final sea beneficioso para todos). A menudo, los comportamientos de los protagonistas económicos, políticos y sociales de un entorno social pueden tener lógica y comprenderse desde su perspectiva personal, pero precipitan situaciones muy perjudiciales para el conjunto e incluso para ellos mismos. De este modo, acaban siendo devorados por la propia dinámica de los acontecimientos que desencadenan: contextos caracterizados por la confusión, las peleas constantes y a menudo triviales y una maraña de cuestiones que parecen urgentes y gravísimas, pero que se agotan en la más absoluta inmediatez e irrelevancia. La interacción y las pujas se tornan ridículas: se preocupan y pierden tiempo en cuestiones minúsculas que, lejos de apuntar hacia las variables estratégicas, se desgastan y desaparecen fugazmente de la escena. Así, la discusión pública transcurre entre árboles que tapan bosques y que la tornan superficial, anodina y, lo más importante, desacoplada de las prioridades de la sociedad.

Frente a una inflación y una inseguridad galopantes, ingresos que no alcanzan y un marcado deterioro que se verifica en todos los planos de la vida cotidiana, el sistema político carece de respuestas lógicas, concretas, creíbles e implementables que hagan la diferencia si no en el corto, al menos en el mediano plazo. En lugar de eso, se entretiene en materias que si bien son trascendentales, como el Consejo de la Magistratura o la boleta única, en el escenario actual para el ciudadano promedio equivalen a especular sobre el sexo de los ángeles. La mayor parte del tiempo se desperdicia en especulaciones electorales obsesivas, apariciones mediáticas repetitivas y con escaso impacto, actos públicos para exponer relativa capacidad de convocatoria o satisfacer las demandas de alguna facción en particular, negociaciones estériles y una infinidad de nimiedades muy poco edificantes vinculadas a las típicas y constantes competencias de egos.

Este estado de cosas no resulta original ni novedoso, pero llama la atención que no surja un intento visible de alguno de los integrantes más influyentes del sistema político por diferenciarse, denunciar con claridad los riesgos existentes, precisar las eventuales consecuencias y ofrecer una salida aunque sea parcial que evite o acote esos daños potenciales. Pretender actitudes de estadista es exagerado: bastaría con un enfoque preventivo y en todo caso de autodefensa.

Lo más preocupante es que algunos de los que podrían ser candidatos especulan con que una crisis aguda podría mejorar sus chances. Por ahora sus perspectivas son opacas, pero un episodio que conmocione a la sociedad y altere el humor social implicaría un terreno menos estéril. Por otro lado, hay quienes consideran que si la dinámica actual empeora de manera significativa y el mercado hace a su manera las correcciones macroeconómicas que el Gobierno se niega a implementar, la próxima administración tendría en principio el camino algo más despejado para aprovechar la eventual recuperación e instrumentar una agenda de reformas procompetitividad, aunque enfrente las consecuencias de otro ajuste caótico en una Argentina que ya tiene 50% de pobres. Como estipula la máxima trotskista: “Cuanto peor, mejor”.

¿Hay alguna chance de que sea este gobierno el que intente revertir la compleja dinámica económica y sus pésimas expectativas electorales a partir de un programa de estabilización heterodoxo, como en su momento fueron el Plan Austral o incluso la convertibilidad? Ambos modificaron de cuajo las expectativas y fueron políticamente redituables. Eso implicaría por parte del Presidente y sus aliados un grado de liderazgo, autonomía y visión que hoy resultan utópicos. Sin embargo, ¿para qué tentaron a economistas como Roberto Lavagna, Martín Redrado y Emanuel Álvarez Agis para que se sumen al Gabinete en reemplazo de Martín Guzmán?

Aunque parezca un escenario de muy baja probabilidad, el riesgo para las distintas expresiones de oposición es que el oficialismo, por pragmatismo, desesperación u oportunismo y a pesar de las peleas que obstaculizan la gestión, intente un volantazo y plantee un programa de gobierno más ambicioso, pertinente y alineado con las preferencias y demandas sociales más representativas.

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