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Notas de Opinión

La negativa de Vidal a competir en la Provincia desató un terremoto en Juntos por el Cambio

Eugenia Vidal se reafirmó en un concepto básico: para saber lo que se busca primero hay que reconocer lo que no se quiere

Columna publicada originalmente en Tribuna de Periodistas 

Erich Fromm decía que sólo la persona que tiene fe en sí misma es capaz de tener fe en los demás. La cosmovisión del filósofo humanista judío-alemán se ajusta a la realidad de esta nueva etapa política de María Eugenia Vidal. No le resultó fácil ni rápido procesar la aplastante derrota de 2019 a manos de otro porteño (con aires seudo intelectuales cool) que la desplazó del sillón de mando de la Provincia más grande de la Argentina.

En ese año y medio de silencio mediático e introspección reorganizó su vida afectiva. Blanqueó su romance con Quique Sacco, y cerró de manera razonable la siempre inestable relación con el padre de sus tres hijos, el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Y en el medio barrió con la especulación “machirula” que, en los tiempos que las encuestas la mostraban como la candidata a presidente de Cambiemos (todavía se llamaba así ese espacio) que más chance tenía de ganar- le atribuyó affaires sentimentales con empresarios poderosos.

Y una vez que tuvo “la casa en orden”, comenzó a escuchar su voz interior para decidir su futuro político. Porque esa sí fue una convicción íntima: Vidal siempre supo que generacionalmente está en el lote de dirigentes que tiene más proyección en el tiempo que pasado. Para ponerle nombre, Ella, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Máximo Kirchner, son el recambio inexorable a Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Lilita Carrió entre otros sub 70 todavía influencer.

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El tiempo juega a su favor y ella es muy consciente de ese dato.

Por eso resistió la ofensiva sobre su persona desatada desde las barrancas de Acasusso, para que pusiera el cuerpo otra vez en la Provincia. Con elegancia, Vidal pasó la prueba de reunirse con Mauricio (como lo sigue llamando con una cuota de reconocimiento) y no salir con “daños colaterales”.

En su estrategia de bridge, Macri siempre la tuvo (a Vidal) como un as de corazones que le permitiría a Juntos por el Cambio ser competitivo en el estratégico territorio bonaerense. Teniendo en claro que quien se proclame triunfador en la noche del 14N, será el gran triunfador a nivel país. Vale aclarar que no es que Macri la tenga a Vidal en sus oraciones. No. En la intimidad se queja con algo de amargura: “no aprendió nada de economía. Le puse a Lacunza para que le enseñara algo, pero sigue sin entender nada…” Pero la necesitaba para frenar el poderoso aparato camporista en el Conurbano, que con la vacuna contra el Covid en una mano y la tarjeta Alimentar en la otra, tendrá un piso muy alto de votos en setiembre y en noviembre.

Aún sin saber lo que en verdad piensa Macri de su expertise en economía, Vidal ya había tomado una decisión. Después de un riguroso análisis con su equipo chico de colaboradores, María Eugenia Vidal se reafirmó en un concepto básico: para saber lo que se busca primero hay que reconocer lo que no se quiere.

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Y ella no quiere volver a la batallar el inmenso territorio bonaerense y en especial volver a meter los pies en el barro – literal- del Conurbano. Sabe que la inmensa mayoría de los intendentes peronistas y varios de Juntos por el Cambio no olvidan que fue en 2016 y durante su mandato como gobernadora, a instancia de Massa, se eliminó la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en toda la Provincia.

Por eso horas antes de viajar a Washington – sólo acompañada por Hernán Lacunza (el economista que “le puso” Macri) y Axel Campbell – dio un primer gran paso. Marcó el número de los 3 presidentes de los partidos que conforman la coalición Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires y les dijo, palabras más palabras menos, que no será candidata a primera diputada nacional en la Provincia.

Jorge Macri, Maximiliano Abad y Andrés De Leo (según la fuente consultada puede variar el orden en que Vidal realizó las llamadas) recibieron el mismo mensaje: “Por una cuestión de respeto institucional, quiero avisarles hoy que no voy a ser candidata en la Provincia. Aún no decidí si voy a participar en la Ciudad o si voy transitar desde el llano esta etapa. Todavía hay tiempo para eso”.

Las llamadas provocaron un efecto derrame casi inmediato. El flamante presidente de la UCR bonaerense, Maxi Abad, quedó estupefacto. Al día siguiente del llamado de Vidal, el jueves, los dos caciques radicales del interior, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo, ya salieron a agitar la candidatura “puramente radical y sin ningún “elemento” PRO” del neurocirujano, divulgador científico y ahora pre-candidato Facundo Manes. Un terremoto que atenta directamente contra los planes de Larreta, que quiere rodear y proteger la candidatura de Diego Santilli en la boleta opositora bonaerense.

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La segunda derivación de la negativa de Vidal a jugar en Provincia, es que por acción refleja el tándem peronista-radical de Emilio Monzó y Gustavo Posse podría cobrar más fuerza y pasar de ser una jugada de posicionamiento en la cartelería callejera a ser una realidad efectiva. ¿Qué hará uno de los principales armadores políticos que tuvo Vidal entre el 2015 y el 2019? Se supone que Joaquín De la Torre – de él hablamos- sabía con anticipación la negativa de Vidal a jugar en la Provincia. En los días previos ya había anticipado que si la ex gobernadora daba un paso al costado él quedaría liberado para armar una “Tercera Posición” peronista por fuera de Juntos por el Cambio. Si esa alternativa no cuajara, tal vez De la Torre podría engordar y mucho el espacio de Monzó-Posse, en especial por el fuerte ascendiente que tiene sobre una masa de dirigentes peronistas no K de la primera sección electoral. Aunque lo más probable es que De la Torre termine orientando ese caudal a una eventual candidatura de Florencio Randazzo.

María Eugenia Vidal, más cerca de la política internacional que de Juntos por el Cambio

El otro al que sacudió la negativa de Vidal es José Luis Espert. “Avanza Libertad” había logrado un acuerdo de palabra con Mauricio Macri y de traslación real con Larreta, para participar en la interna opositora en las PASO de setiembre y después entrar a Diputados por efecto del sistema D ´Hont.

Pero claro, una cosa era una interna Santilli versus Espert, donde éste último casi se garantizaba el ingreso al tiempo que se evitaba el desgaste de los ataques de Juntos por el Cambio por “ser funcional al kirchnerismo”, y otra muy diferente es si esa interna es de cuatro (4) participantes, incluido el poderoso aparato bonaerense de la UCR que hace menos de un mes se mostró muy activo en las internas Abad- Posse.  Y si, además, por afuera finalmente Randazzo se aúpa a la estructura que le armen los díscolos peronistas que no encuentran lugar en el oficialista Frente de Todos, las cuentas no empiezan a cerrar para Espert. El riesgo de volver a quedar último o tercero en esa interna de cuatro, es muy alto.

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Igual, quien más ve afectadas sus chances es Diego Santilli. Así planteada, esa interna que en principio estaba pensada para mejorar sus chances y protegerlo, se transforma en una verdadera ruleta rusa, donde nadie puede controlar en qué tambor estará la bala.

Como pequeña conclusión, para Vidal su decisión de no jugar en la Provincia la reafirma en un concepto. Decir que no, muchas veces es muy positivo. Y decirle que no a los deseos de su ¿ex? Jefe puede implicar una liberación sicológica muy importante para el futuro de una dirigente que piensa en el sueño gran de ser Presidente, sea en el 23 o en el siguiente turno.

El jefe de la OEA, Luis Almagro, le ofrece un trabajo muy prometedor: ser jefa de misiones de contralor electoral en América Latina. Tarea que Vidal hizo de manera exitosa en las pasadas elecciones en El Salvador. Después de todo, ella quería ser diplomática cuando se anotó en la UCA para cursar Ciencias Políticas.

Si las horas transcurridas en Washington completan su valija de opciones, lo que suceda en Nueva York tendrá otro peso específico. Allí se verá con Christian Ritondo, el jefe de Juntos por el Cambio en Diputados, y casi con seguridad también con Sergio Massa, el joker de la política nacional.

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Esos almuerzos en las cercanías del Ground Zero de Manhattan terminarán de darle forma a su próxima decisión. Si se presta a una interna contra Patricia Bullrich, en la que promete ser de esas donde corre “sangre”, por más que Larreta le meta en la elección a Ricardo López Murphy y deje afuera a Javier Milei, para licuar las chances de Bullrich, o si preserva su imagen hasta la próxima estación en el ´23.

Por estas horas Vidal también tiene otra certeza. No se aplicará ninguna vacuna en territorio americano. Ni la de Pfizer, ni la Moderna y ni la de Jhonson&Jhonson.

 

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Judiciales

El principio de reserva de ley en relación a la libertad personal

Nicolás Fernández analiza el fallo de la CIDH Fernández Prieto y Tumbeiro Vs Argentina

A manera de introito es destacable reflejar que se han ido transformando las soberanías jurídicas de los Estados, en tanto se han ido abriendo al menos instancias de interpretación a las exigencias de instrumentos internacionales de derechos humanos, que se valen de principios, reglas y valores que garantizan a las personas individuales frente al poder político local.

En este sentido, con la firma de los sucesivos tratados internacionales se ha ido forjando la idea de una instancia de al menos observación supranacional. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo que denomina “control de convencionalidad”, en virtud del cual es obligación de las instancias judiciales del orden nacional determinar la congruencia de la legislación y las decisiones tomadas con fundamente en este mismo control enunciado.

Asimismo, conforme lo enunciara Boggiano en el fallo Arancibia, “Los estados y entre ellos la Argentina han reducido grandemente el ámbito de su respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos y participando en la formación de un delineado cuerpo de derecho consuetudinario internacional sobre derechos humanos”

Como enfatizamos supra, analizaremos la exigencia mencionada ut supra, en relación a la restricción del derecho a la libertad personal. En ese sentido es imperioso advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos la regula en su art. 7.

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Como primera medida es importante señalar que el derecho a la libertad comprende la facultad de realizar los comportamientos corporales vinculados con la actividad física que se expresan normalmente con el movimiento del cuerpo sin limitaciones o restricciones impuestas por terceros (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iniguez). En un mismo sentido, la misma Corte ha señalada que a los efectos del articulo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una detención, sea por un breve periodo, una “demora”, así sea con meros fines de identificación, constituyen formas de privación a la libertad física (Fleury y otros Vs. Haití).

Con referencia a la exigencia de reserva de ley, por imperativo del art. 7.2 “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.” Con estas aclaraciones, pasaremos a analizar al principio enunciado en aras al fallo Fernandez Prieto y Tumbeiro Vs Argentina en su sentencia del 01 de septiembre del 2020.

En ese sentido el principio de reserva de ley también prohíbe la detención que se funde en causas y condiciones establecidas en la ley que se hallen ausentes en el caso concreto, asi como también cualquier privación de la libertad producida a partir de una deficiente interpretación de la norma jurídica que las prevea (Palmara Iribarne Vs. Chile).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo que cualquier requisito establecido en la ley que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, originara que tal restricción sea ilegal y contraria a la CIDH (Garcia Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú).

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Pues bien, volviendo al fallo que nos compete, el 1 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto sentencia determinando la responsabilidad internacional de la Republica Argentina, por las violaciones de los arts. 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dicho caso se correspondió con dos premisas distintas de restricción de derechos por el accionar de la policía; la interceptación y registro de un automóvil por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata en 1992, y la detención con fines de identificación y posterior requisa del señor Tumbeiro por parte de la Policía Federal Argentina en 1998.

Pues bien, El 26 de mayo de 1992, un inspector y dos sargentos que se encontraban recorriendo la jurisdicción, divisaron un automóvil, en una zona casi despoblada de la ciudad de Mar del Plata, advirtiendo que los tres hombres dentro del automóvil contenían una “actitud sospechosa”. Razón por la cual, procedieron a interceptar el vehículo, requisándolo y encontrando tanto estupefacientes como también armas de fuego. Los sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Fernandez Pietro, fueron condenados por el delito de trafico de estupefacientes.

En otro hecho, el 15 de enero de 1998, el señor Tumbeiro fue interceptado por agentes de la Policía Federal Argentina “con fines de identificación”. Dichos agentes manifestaron que al notarlo “sumamente nervioso”, lo “invitaron a subir” al patrullero hasta tanto se comprobara su identidad. Seguidamente, mientras esperaban la comprobación de antecedentes penales, uno de los agentes diviso que el señor Tumbeiro portaba dentro de un diario una sustancia que parecía resultar cocaína, con lo cual, previo requerir la presencia de testigos, procedieron a su detención. Pues bien, según la versión de dichos agentes, la actitud del señor Tumbeiro “resultaba sospechosa” porque “su vestimenta era inusual para la zona”.

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Lo primero y llamativo para enunciar es que este fallo se expide justamente sobre detenciones que se dieron en una situación de normalidad jurídica en el país. En otros fallos también de la CIDH, por supuesto ya se habían analizado estas cuestiones, pero siempre en torno a cuestiones de índole anormal de las instituciones, situaciones en las cuales se palpaba de manera manifiesta su arbitrariedad y su encuadramiento dentro de las limitaciones a la libertad personal.

Este fallo establece de manera contundente que tanto para la situación de detención en flagrancia como en la requisa están involucrados aspectos que hacen a la libertad personal. No contempla per se la posibilidad de afectación mínima de la libertad, sino que afectan claramente y de manera absoluta a la libertad personal.

En ese sentido en el fallo interesa respecto al principio de reserva de ley en cuanto estipula la necesidad al referirse a las injerencias de legalidad de las detenciones, que justamente las detenciones estén previstas por ley, que dicha ley fije los casos y condiciones particulares para que esta prospere, y como tercer estamento, que dicha ley sea clara y de calidad o grado de determinación a los efectos de un buen entendimiento y que no se tergiverse su aplicación; presupuestos estos que no se dieron en los casos según la Corte IDH violentando el principio enunciado.

Asimismo, determina esta Corte, que a los efectos de una detención legitima es importante analizar la necesidad de datos suficientes capaces de satisfacer un observador objetivo, como parámetro para establecer el estándar de sospecha. Ergo, las referencias a actitud sospechosa, nerviosismo, intuición policial y vestimenta inadecuada, no proceden y tornan ilegitima la detención.

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Ahora bien, independientemente de lo enunciado precedentemente, que en algunos aspectos hasta puede rozar lo discriminatorio y así lo hace ver la CIDH, lo verdaderamente relevante y que determina la Corte es que se infringe la legalidad propiamente dicha, por tanto, que los supuestos enunciados no eran compatibles con las letras de los códigos vigentes en ese momento.

Por otro lado, la Corte también critica la calidad de las normas internas argentinas en cuanto a lo concerniente a las detenciones privativas de la libertad y las requisas enunciando que las mismas no serian satisfactorias. No resulta muy claro en este sentido y quizá se entiende que lo que pretende esbozar es que no están suficientemente aclarados los supuestos. En los supuestos de las requisas, la Corte también dictamina que los códigos internos no definen la “urgencia” que posibilita al funcionario policial sin la orden judicial a proceder.

Pues bien, como una critica a dicho fallo, quizá no resultaría posible detallar minuciosamente y prever todos los supuestos posibles que se podrían subsumir a los posibles casos que pudiesen surgir.

Ahora bien, con respecto a la normativa aplicable del caso en ese contexto histórico, en relación al señor Fernandez Pietro, la Corte noto que el art. 4 del Código de Procedimientos en lo Criminal, vigente en la época que fue detenido, disponía que: “El jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente”. Al examinar los hechos, la CIDH considero que la presunta “actitud sospechosa” que motivo la interceptación del vehículo no era un presupuesto asimilable a la fragancia o bien un posible indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad, y por lo tanto no era un supuesto previsto por el Código de Procedimientos en lo Criminal.

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En un sentido asimilable al anterior, con respecto a la detención del señor Tumbeiro, el Código Procesal Penal de la Nación, establecía en su articulo 284 que “los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aun sin orden judicial a quien intentare un delito de acción publica reprimido con pena privativa de la libertad, en el momento de disponerse a cometerlo; a quien se fugare, estando legalmente detenido; de manera excepcional, contra quien hubiere indicios vehementes de culpabilidad y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención; y por ultimo quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción publica reprimido con pena privativa de libertad”.

Pues bien, la CIDH considero que ninguna de las razones que dio la policía para detener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en si mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitieran a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estado por cometer una infracción penal o contravencional. Aquí notamos como la CIDH hace suyas las palabras del Tribunal Europea de Derechos Humanos, desterrando, pareciera, como se enfatizo ut supra, la idea de calificativos como actitud sospechosa, vestimenta inadecuada y/o intuición policía.

Otra critica que se le podría esbozar al fallo es que no hace ninguna mención al argumento de la requisa por motivo de seguridad del funcionario policial, argumento que había sido mencionado en el proceso judicial interno y que tomaba como referencia el fallo Terry Vs. Ohio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, a modo de colofón, se podría interpretar entonces que hasta que los códigos internos no prevean estos casos y condiciones en sus cuerpos, se debería intuir que no es un caso previsto por la ley y por lo tanto ilegitimo por contario al principio de reserva de ley conforme lo plantea el art. 7.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Notas de Opinión

Interna en la PFA: cuestionamientos contra el comisario preferido de Aníbal

El frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y la ineficiencia en la investigación dejaron en evidencia la interna dentro de la cúpula. Pelea entre el jefe Hernández y el número dos Matto. El predilecto del ministro avanza pero genera cuestionamientos

Columna publicada originalmente en MDZ

La ineficiencia y las desprolijidades que se generaron antes, durante y después del intento de ataque a Cristina Fernández de Kirchner han puesto en evidencia la dura interna que se vive en la conducción de la Policía Federal con críticas al comisario preferido del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alejandro Ñamandu y peleas porque nadie quiere pagar el costo político de la mala praxis.

La principal interna, al igual que en la Policía bonaerense, se da entre el jefe de la Federal, comisario Juan Carlos Hernández y el número dos, comisario Osvaldo Matto. El titular de la fuerza no es percibido por los efectivos como un jefe operativo, sino más bien un “jefe de relaciones públicas”, comentan a MDZ fuentes policiales. “Ni siquiera estaba en el país cuando le gatillaron a Cristina, vive viajando y no es un verdadero conductor de nuestra institución”, comentan en el edificio de la calle Moreno.

También destacan que nunca quedó claro el sospechoso choque que protagonizó a fines de 2020 con una camioneta Ranger que provocó heridos en los ocupantes de otros autos. Se comenta entre los hombres de azul que Hernández llegó al cargo mayor exclusivamente por su amistad con el amigo del presidente Alberto Fernández, Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña. El dirigente del PJ de CABA pasó por las filas de la Federal y perteneció a la promoción 82 al igual que Hernández donde se hicieron muy amigos.

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De todas formas, también exhibe un CV muy completo ya que es licenciado en Ciencia Política y Gobierno, egresado de la UCES, con posgrados en Historia Política y en Estudios Estratégicos y Prospectiva. Aunque sus detractores sostienen que aprovechó muy bien su larga estadía en el área de Custodias que le permitió construir excelentes vínculos políticos.

Lo concreto es que Matos, el números dos, intenta consolidarse por mayor liderazgo. Pero también tiene algunas cuestiones que hacen ruido dentro de la fuerza. Fue parte del Centro de Entrenamiento y Doctrina Policial, que enfocaba a los policías en cuestiones de derechos humanos, un programa del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Nilda Garré que no dejó precisamente buenos recuerdos.

Pero tiene una trayectoria de un cuadro muy operativo. Se trata del primer efectivo del GEOF llega a comisario general y a subjefe de la fuerza. Un activo valioso para una policía que está en plena transición a convertirse en una especie de FBI local al no tener más el manejo de las comisarías de CABA.

Precisamente, por esa nueva función es que resulta inaceptable la ineficiencia demostrada por la conducción policial donde quedaron en evidencia las diferencias internas y el poder ascendente del comisario preferido de Aníbal. Ñamandu es el hombre de mayor confianza del jefe de cartera de Seguridad desde hace varios años. El vínculo comenzó cuando fue de la custodia de Fernández. Las fuentes policiales y expertos en inteligencia cuentan que Ñamandu desautorizó a Matto en la madrugada del intento de ataque a la vicepresidenta y quedó a cargo de la investigación. “El desastre comenzó ahí cuando decidieron enviar el celular del detenido en forma improvisada y estropearon todo”, comenta un vocero de Seguridad.

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“Sospechosamente la movida de ese día se pareció mucho a lo qué pasó con el teléfono de Alberto Nisman, embarraron la cancha y por eso hay malestar contra el ministro y Ñamandu”, comentan con preocupación en fuentes de la Justicia Federal. Aníbal ha quedado golpeado luego de la ineficiencia demostrada por el manejo de la custodia y lo que ocurrió con el celular del detenido.

Seguramente el presidente Alberto Fernández lo va a sostener esperando que baje la espuma del escándalo, aunque sea el blanco de duras críticas provenientes del camporismo. “También aprovechan para pegarle porque fue uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional que se animaron a criticar a Máximo Kirchner por su renuncia a la presidencia del bloque y por haber militado contra el acuerdo con el FMI”, sostienen en la Casa Rosada.

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Notas de Opinión

El problema de la inflación es la distorsión de los precios relativos

La Argentina está enfrentando los efectos del exceso de emisión de pesos en los últimos dos años para financiar la expansión del gasto público. Brecha con los países vecinos

Columna publicada originalmente en Infobae

A punto de salir el IPC de agosto del Indec, todas las estimaciones muestran que la inflación del mes último mes se acercó al 7 por ciento.

Aun suponiendo una inflación del 6,7%, una vez más el aumento del IPC en Argentina estuvo muy por encima de la tasa que registraron los países vecinos. El más “complicado” parece ser Chile que tuvo una aceleración a 1,2%, en tanto, por el contrario, Brasil registró deflación por segundo mes consecutivo.

El gráfico más abajo muestra cómo se cae el relato del Gobierno cuando sostiene que la inflación es culpa de los que remarcan los precios, de los que ganan “mucho”, de los especuladores y demás argumentos de política de barricada, porque eso significaría afirmar que solo en Argentina están los empresarios malvados que remarcan precios.

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Lo concreto es que la expansión monetaria de 2020 hasta julio de 2022 generó una depreciación del peso que, aún sin que en agosto se haya emitido moneda para financiar al Tesoro, igual el deterioro continúa como consecuencia de la caída en la demanda de moneda.

Pero el problema principal de la inflación no es que los precios suben, en realidad es una ilusión óptica porque es el peso el que se deprecia. El problema principal de esta emisión es que se distorsionan los precios relativos, lo que implica que unos sectores salen ganadores y otros salen perdedores.

Es que cuando el gobierno expande moneda para financiar el gasto público, el proceso de aumento de los precios no ocurre en todos los bienes y servicios al mismo tiempo y a la misma velocidad, sino en la medida que los pesos emitidos empiezan a circular en la economía y van llegando a diferentes sectores vinculados inicialmente con el Estado.

Este proceso es más instantáneo en Argentina que en otros países, por la larga tradición inflacionaria y porque la caída en la demanda de moneda ya es casi simultánea. Es más, el rechazo a los nuevos pesos emitidos por el BCRA se produce ni bien entran en circulación. Un país como Argentina que destruyó 5 signos monetarios, que tuvo procesos inflacionarios, megainflacionarios e hiperinflacionarios tiene entrenada a la población para defenderse de la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

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Si todos los precios aumentaran en el mismo momento y a la misma tasa, el único problema que habría es que las transacciones se harían con valores nominalmente más altos, pero no habría ganadores y perdedores porque todos mantendrían su capacidad de compra y de ahorro.

Este ya no es el caso de Argentina porque la gente sabe que la suba de precios es producto de la emisión monetaria y, por lo tanto, no aumenta la demanda real de bienes y servicios, y los productores tratan de defender su capital de trabajo. Esta defensa del capital del trabajo es los que los populistas llaman especulación para buscar un culpable y no hacerse cargo del problema que ellos generan.

Si, llegado un punto, el gobierno, ante la espiral inflacionaria, decide bajar el gasto público para dejar de emitir, el que primero recibió la emisión e invirtió para abastecer la mayor demanda artificial descubre que le cae la demanda de sus bienes y se queda con lo que se dice en economía capacidad ociosa, que en realidad no es la consecuencia de una inversión errada basada en la distorsión de precios relativos que generó la emisión monetaria inicial.

Un ejemplo de este proceso se puede observar en EE.UU. ya que el mismo presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, advirtió que bajar la inflación llevará tiempo y provocará “algo de dolor” para las familias y para las empresas, pero también agregó que no frenar la inflación sería más doloroso: “Es probable que la reducción de la inflación requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten. Mientras que los tipos de interés más altos, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación. Pero si no se restablece la estabilidad de los precios, el dolor será mucho mayor”.

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Lo que está diciendo Powell es que se acabó el efecto de la droga de la emisión de moneda de los dos años anteriores y que ahora habrá que asumir el costo que produce la inflación, porque de lo contrario el sacrificio posterior será mayor.

En el caso argentino, la droga inflacionaria ya ha hecho tal desastre que hoy quitarse de encima esa adicción de emitir pesos para financiar el gasto público tiene el costo no solo de pésimas inversiones, que ya no las hay, sino que mucha gente vive sin trabajar.

¿En qué sentirá la gente el impacto para frenar la inflación?

En tasas de interés más altas; planes sociales insostenibles; caída del salario real; menor actividad; más desocupación; caída del poder de compra de las jubilaciones; y suba de las tarifas de los servicios públicos, entre otros efectos. Más aún cuando todavía no hay como contrapartida un plan económico y condiciones institucionales que permitan vislumbrar una salida de crecimiento.

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Una política antinflacionaria que se limita a frenar la emisión, pero que no tiene detrás un plan económico que atraiga inversiones y condiciones institucionales que lo respalden, tendrá un costo elevado y pocos beneficios.

El costo del populismo finalmente llega, y mayor es cuanto más precario es el plan antinflacionario que busque implementar en la emergencia.

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