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Notas de Opinión

Geopolítica y algo más, detrás de las donaciones de vacunas de EE.UU.

El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente confirmó la  donación de las primeras 25 millones de vacunas alrededor del mundo. De esta manera, Washington se mete de lleno en la diplomacia de las vacunas, herramienta de política exterior que mantuvo dormida en este tiempo. La Casa Blanca mantuvo la línea trumpista del “America first” y centró todos sus esfuerzos en vacunar a su población para poder volver a encender su economía por completo luego de un magro 2020.

Ya con el 40% de los estadounidenses completamente vacunados, el Gobierno de Joe Biden vuelve a centrar su mirada en el exterior y observa que durante los meses que estuvo ocupado puertas adentro, sus dos grandes rivales, China y Rusia, han introducido sus vacunas en sus principales zonas de influencia e interés. Una respuesta rápida y contundente se volvió necesaria para empezar a recuperar su presencia por medio de vacunas. Casualmente, el anuncio de donaciones fue global y, salvo Europa, el resto de las regiones comenzarán a recibir dosis desde los Estados Unidos en las próximas semanas.

“Una respuesta rápida y contundente se volvió necesaria para empezar a recuperar su presencia por medio de vacunas”

Lo cierto es que la cantidad donada es un valor más testimonial que otra cosa, seis millones de dosis a repartirse entre varios países no va a mover el amperímetro en la curva de contagios pero sí tiene un importante valor geopolítico: el hecho de que Estados Unidos desembarque sus vacunas en varias regiones del mundo es una señal de que “están de vuelta” y no van a permitir perder el protagonismo, cedido en los últimos meses, en la región.

El mensaje de Biden anunciando la donación fue muy claro con sus intenciones: “Compartimos estas dosis no para obtener favores ni obtener concesiones. Compartimos estas vacunas para salvar vidas y liderar el mundo para poner fin a la pandemia, con el poder de nuestro ejemplo y con nuestros valores”. Vacunas, sí. Pero con otras cosas más también.

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Esta situación se evidencia claramente en Latinoamérica, “patio trasero” de los Estados Unidos en el que las vacunas de Chinas han sido importantes jugadores en la campaña de inmunización de muchos países. En la región todavía persiste la lentitud para vacunar y quienes han logrado tener números similares a los de Washington o de Europa lo lograron gracias a los inoculantes de China, es el caso de Chile y Uruguay en particular con Sinovac.

Hasta ahora la pata geopolítica comienza a restablecerse, sin embargo faltan muchas vacunas para ser un actor predominante en estas regiones, a la vez que son necesarias para evitar que el virus siga circulando con tanta vehemencia. De aquí se desprende otro interés que tiene Estados Unidos en la donación de vacunas: si se quiere ver desde una posición egoísta, la Casa Blanca necesita que el mundo se vacune para que el virus que ahora se está yendo de Norteamérica no vuelva en algunos meses con otra cepa cocinada en las regiones más complicadas como India y Sudamérica y que vuelva a echar para atrás todos los logros conseguidos con los inoculantes disponibles.

Por lo tanto, no sería sospechoso que más allá de estas donaciones testimoniales, en el corto plazo aparezcan lotes más grandes para países en específico con una situación epidemiológica complicada. Algo de eso ya ocurrió meses atrás cuando Estados Unidos donó dosis a México y Canadá en un intento de acelerar la vacunación y así generar una “barrera sanitaria humana” para evitar que el virus se le siga colando por las fronteras.

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El “America first” precisa que la pandemia quede atrás lo más rápido posible para minimizar su amenaza contra los Estados Unidos y poder retornar a su programación habitual: economía y defensa.

Notas de Opinión

Saquear al contribuyente solo asegura más pobreza

En las sociedades en que hay mucho robo, la producción tiende a disminuir porque la gente no tiene incentivos para generar riqueza. En la Argentina, hay que destinar más recursos a protegerse del estado confiscador en vez de destinarlos a producir

Columna publicada originalmente en Infobae

El ministro de Economía Sergio Massa anunció un acuerdo con EEUU sobre intercambio de información fiscal. Si bien este es un acuerdo cuyos alcances están por verse, es claro que el gobierno está buscando desesperadamente nuevas fuentes de financiamiento para llegar a las elecciones de 2023 con la menor crisis económica posible.

En este sentido, parece intentar que la gente se asuste y haga un nuevo blanqueo para aportar más fondos al Tesoro y, de esta manera, obtener más recursos para sobrellevar el camino hacia las elecciones.

Hay varias aristas que tiene este tema de las cuentas en el exterior. Por un lado, la carga tributaria que se paga en la Argentina es gigantesca comparada con la calidad del gasto público que se ofrece, pero este tema se explicará más adelante.

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Por otro lado, la gente lleva sus ahorros al exterior porque el estado argentino ha confiscado varias veces el fruto de su trabajo. El Plan Bonex en 1989, el corralito en 2001, la pesificación asimétrica en 2002 y la confiscación de los ahorros en las AFJP son algunos ejemplos que pueden darse como antecedentes de la desconfianza en dejar los ahorros en el país.

La combinación de carga tributaria con los antecedentes de confiscación de los ahorros es suficiente estímulo como para que la gente busque refugio para su dinero en otra parte, lejos de la mano de los políticos argentinos.

Es más, si bien se argumenta que es delito no pagar los impuestos, también es un robo legalizado, utilizando las palabras de Bastiat, cuando el estado se apropia del fruto del trabajo ajeno para repartirlo entre quienes no generaron riqueza y así obtener votos.

En otros términos, cobrar impuestos descomunales para financiar el populismo que brinda votos es propio de los estados saqueadores. Nada muy diferente a lo que hacía el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra por lo que fue forzado a firmar la Carta Magna.

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En Poder y Prosperidad, el economista Mancur Olson que trabajó en profundidad la relación entre crecimiento económico y calidad institucional, sostiene que en las sociedades en que hay mucha delincuencia, se produce menos riqueza.

En este caso, habla de los robos comunes, los de aquellos delincuentes que roban a punta de pistola el trabajo de los demás.

Dice Olson que cuando hay mucha inseguridad, la sociedad asigna una mayor cantidad de recursos a protegerse del robo, como puede ser contratar más policías, cerraduras en la casa, sistemas de alarma, etc.

En otros términos, se destinan menos recursos a producir y más recursos a proteger lo que se produce. Pero en las sociedades en que hay mucho robo, la producción tiende a disminuir porque la gente no tiene incentivos para generar riqueza.

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Llevada esta línea de razonamiento al estado, cuando los gobiernos, utilizando el monopolio de la fuerza que le fue otorgado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, utilizan ese monopolio de la fuerza para llevar a cabo el robo legalizado, es decir, se apropia de lo ajeno mediante una ley, haciendo el trabajo de los que le piden que le quite a otro para darle a ellos.

Así, se produce el mismo efecto: la gente tiene que destinar más recursos a protegerse del estado confiscador, en vez de destinar esos recursos a producir.

El negocio de los piqueteros es un ejemplo contundente. En vez de ir y robar directamente, los gerentes de la pobreza presionan a los gobernantes para que le roben a quienes producen y, mediante una ley, el fruto de ese robo se transfiera a quienes decidieron vivir del trabajo ajeno, con los consabidos casos de “filtraciones” de recursos que se quedan en el camino.

Pero no son solos los piqueteros. El costo de las promociones industriales son otra forma de robo legalizado, al igual que el proteccionismo y otros mecanismos de transferencias compulsivas de recursos de los sectores que los generan hacia sectores que no los generan.

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Utilizando la curva de Laffer, que fue hecha para el income tax en EE.UU., podemos ver que llega un punto en que la carga tributaria puede seguir aumentando, pero cada vez se recauda más.

El eje vertical se muestra la recaudación y en el horizontal la tasa de impuestos que deben pagar los contribuyentes.

Si el estado cobra 0% de impuestos, recauda cero, pero si cobra el 100% de lo que se genera, también recauda cero porque no hay estímulos para producir.

Lo que muestra el gráfico es que la recaudación aumenta a medida que crece la presión impositiva, pero llega un punto en que la carga tributaria es tan alta que ya no es negocio producir y se cierran empresas o bien aparece el mercado informal, porque el premio por evadir impuestos es lo suficientemente alto como para afrontarlo.

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Un ejemplo numérico puede ayudar a entender porque es falso que los impuestos haya que bajarlos cuando disminuya la evasión. Al contrario, cuando baje la carga impositiva, es que puede conseguirse que disminuya la evasión.

Supongamos que el estado cobra un impuesto que se apropia del 60% de la riqueza que genera la gente. Bajo esa carga tributaria y condiciones institucionales que desestimulan la inversión y la producción, la riqueza que genera el país es de $6.000, con lo cual la recaudación es de $3.600 para los que tributan.

Ahora supongamos que la tasa impositiva es del 20% y la riqueza que se genera gracias a la baja carga tributaria y las condiciones institucionales, es de $30.000, la recaudación pasa a ser de $6.000.

En otros términos, el estado puede recaudar más en términos absolutos con una menor tasa de impuestos si la gente tiene estímulos para producir riqueza.

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Un simple ejemplo, en 2021 el PBI de Argentina fue de USD 491.493 millones y el de Japón fue de USD 4.937.422 millones. Japón tiene un PBI 10 veces mayor al de Argentina, que tiene 2,78 millones de km2 de territorio y Japón 377.915 km2, pero Japón no tiene la pampa húmeda, ni Vaca Muerta, ni el litio, pero tiene condiciones institucionales que estimulan la inversión y la producción.

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en 2021 Argentina tuvo un PBI per capita de USD 10.792 en dólares corrientes y Japón USD 39.285. Cobrar más impuestos y saquear la riqueza de los que producen no sirve por más pampa húmeda que se tenga.

En definitiva, aún firmando un acuerdo con EEUU, lo que eventualmente podría conseguir el gobierno argentino en el futuro es recaudar más impuestos sobre un stock de riqueza dada, pero no aumentar la generación de riqueza, porque para que aumente la riqueza que se genera hacen falta otras condiciones institucionales, incluyendo la carga impositiva.

No es una cuestión de recaudar más buscando dónde rascar el fondo de la olla, sino de lograr que la economía tenga más inversiones, más productividad, más riqueza y, por lo tanto, mejor nivel de vida.

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En la Argentina el gobierno se fue del otro lado de la curva de Laffer, es decir, está moviéndose a la derecha del gráfico y lo que tiene que hacer es moverse hacia la izquierda bajando impuestos, lo cual requiere de una disminución del gasto público y de condiciones institucionales que permitan generar más riqueza.

Seguir este camino es terminar repartiendo miseria y nunca conseguir que el país salga de la pobreza.

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Notas de Opinión

Corrupción: Cristina busca sacar del escenario a los otros condenados K

La vice se planta como víctima de un complot y deja de lado los casos de Boudou, José López, De Vido y Jaime, todos exfuncionarios K presos por corrupción.

Cristina Kirchner intenta instalar una nueva “épica” entre su militancia más intensa y fanática. A la espera de lo que –está convencida-, será una condena en su contra en un juicio oral y público en una causa de corrupción, ya concluidas las audiencias, la vice centra su defensa política en sí misma.

El veredicto de los jueces de la causa conocida como “Vialidad” se conocerá en pocas horas. Los fiscales pidieron una pena de 12 años de cárcel para la vice, asegurando que está probado que cometió los delitos de malversación de fondos públicos, y que además lideró una asociación ilícita para beneficiar con contratos multimillonarios a su ex socio, Lázaro Báez, cuyo supuesto objetivo era construir obra pública sólo en Santa Cruz.

Fernández de Kirchner se defiende afirmando que la Justicia busca lacerarla jurídica y políticamente a ella, solo a ella, debido a los “logros” de sus presidencias, acciones imperdonables en su relato para el poder económico concentrado, la prensa y el Poder Judicial. Hay un presunta persecución, un complot, de la que es principal víctima.

En sus últimas palabras frente al Tribunal Oral Federal 2, describió a los tres magistrados que lo integran como “un verdadero pelotón de fusilamiento” que “tuvo por objeto estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.

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O sea: ella es la gran perjudicada en este juicio, por encima del resto de los imputados. Ese relato suma a su plan el intento de vincular el caso “Vialidad” con el intento fallido de matarla. “Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros, tergiversaron, mintieron y finalmente, un 1 de septiembre (…), una persona intentó matarme y el tiro no salió”, declaró sobre ese ataque con arma que efectivamente sufrió, pero que nada une a las acusaciones por corrupción que tendrán sentencia en pocas horas.

Falsa épica

La vice olvida así, o intenta hacer olvidar a la opinión pública, que esta causa es la única en la que se la investiga por adueñarse de fondos estatales mediante la ayuda de funcionarios y un empresario amigo.

“Nos bancamos la lluvia/ Los tiro de la yuta/ Y todo lo demás”, enumera una canción de la agrupación La Cámpora, con ritmo de cántico de las barras del fútbol: “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, termina diciendo esa creación que la militancia joven baila a los gritos en actos o movilizaciones K.

Esa “canción” es el resumen perfecto de la épica falsa que creó la vice respecto al final de infortunio que puede sufrir en su primer juicio oral y público.

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El complot que encarnan los jueces y el fiscal Luciani, si termina en condena, es condena para una sola persona.

Ella.

A pesar de los deseos o el error, cometido adrede o por desconocimiento de los jóvenes que lo gritaron en diversas movilizaciones desde que Fernández de Kirchner tiene un pedido de condena, borra al resto de los procesados en este caso.

Y busca borrar, como en efecto ella misma lo hace, a una cantidad considerables de funcionarios K que ya fueron condenados por corrupción en gestiones de Cristina Presidenta.

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La ex mandataria, si se quiere usar la metáfora del cancionero “camporista”, ya fue “tocada” por el Poder Judicial. Ocurre que nunca se hizo cargo de los infortunios de los suyos, con quienes trabajó décadas en la función pública y a quienes les dio desde sus cargos ejecutivos enorme poder y manejo de presupuesto de miles de millones de pesos.

El vicepresidente de su último mandato, Amado Boudou, fue condenado y cumplió su pena de cárcel por adueñarse de modo ilegal de una imprenta privada, la única del país, con capacidad para imprimir dinero.

Otro condenado por corrupción, con el que comparte pedido de cárcel en “Vialidad”, es el ex súper ministro Julio De Vido. Jamás lo defendió en público y en el juicio en el que son parte de la misma acusación, no lo nombra.

Es el mismo ejemplo que podría enumerarse si se piensa en José López, ex secretario de Obras Públicas. Fue detenido in fraganti en una noche alocada intentado esconder bolsos con nueve millones de dólares, euros, relojes de lujo, y hasta llevaba metralleta a cuestas en su raid fallido. La vice nunca se hizo cargo de ese funcionario tan afín, pero tan afín, que llegó a compartir con él una pequeña oficina cuando ambos eran asesores de Néstor Kirchner en la intendencia de Río Gallegos.

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López también está acusado de haber cometido corrupción en el proceso de “Vialidad”. Solo De Vido podría comparársele a López en cuestión de cercanía y crecimiento político y enriquecimiento personal gracias al trabajo que hicieron durante décadas junto a los Kirchner.

Boudou fue su vicepresidente pero no llegó desde Santa Cruz como los demás “olvidados” por la vice en la defensa y ataques que hizo contra sus investigadores de la causa Vialidad.

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, es tal vez el único ex funcionario K que sigue en la cárcel tras múltiples condenas en juicios de corrupción, incluso uno en el que admitió los hechos para abreviar la pesquisa.

Se podría seguir enumerando hasta llegar a casi cien en el listado de ex funcionarios que aun no cerraron sus causas judiciales por actos corruptos en la administración CFK.

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La furia de “Antonio” Báez​

La “estrategia” de víctima única de la vicepresidenta de la Nación es particularmente enervante para quien fue su socio en papeles y contratos, el súbito constructor de obra pública, el magnate veloz de Santa Cruz, Lázaro Antonio Báez, para quien también los fiscales de “Vialidad” pidieron 12 años de cárcel, lo mismo que para ella. Báez está preso. Con arresto domiciliario, pero preso al fin, después de pasar cuatro años y cinco meses encerrado en el Complejo Penitenciario Federal 1, Ezeiza.

“Antonio”, como se hace llamar Báez, es quien mejor conoce la injusticia que supone que los Kirchner, con los que militó e hizo negocios durante cuarenta años, lo “invisibilicen” cuando se defienden a ellos mismos.

Los restos de Néstor Kirchner descansan en un Mausoleo que él le construyo a su “amigo”, como dice una placa tallada en bronce en el lugar. Néstor y Cristina fueron sus grandes benefactores, su empresa constructora tuvo al Estado K como único cliente. Él fue el principal inquilino de sus hoteles, el más grande de ellos comprado con dos millones de dólares que él supuestamente les prestó. Igual singularidad de otro de esos emprendimientos turísticos, levantado en un terreno suyo.

La vice, en una entrevista con el diario Folha de Sao Pablo negó haber sido socia de Báez: afirmó que para eso se debe firmar alguna vez un “contrato de sociedad”.

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Cristina Fernández, viuda de Kirchner, firmó un contrato de sociedad con Lázaro Antonio Báez, al menos uno. Fueron socios en la construcción de 10 departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz. El representante de ella y su marido en ese negocio, quien firmó en nombre de ambos para sellar la sociedad con “Antonio” fue Máximo Kirchner. Así consta en la creación de un fideicomiso que ambas familias crearon para ganar plata. Juntos.

 

Columna publicada originalmente en Clarín.

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Notas de Opinión

El mensaje de una condena a Cristina en el país de Messi

Preocupada por el Mundial, la sociedad se muestra indiferente al veredicto sobre la Vicepresidenta en la causa Vialidad. El legado histórico es más importante que la magnitud del fallo

Columna publicada originalmente en Infobae

Este martes, poco después de las 9.30, la mayor parte de la sociedad argentina estará preocupada por los rivales de la Selección en el Mundial de Qatar. Ya se sabe que el viernes es el partido de cuartos de final con Países Bajos. Y que la final de la Copa podría ser contra Francia o Inglaterra. O contra España o contra Portugal. Y que Brasil puede ser el escollo en las semifinales.

Puede resultar desagradable para aquellos a los que no les gusta el fútbol. Y hasta banal para los intereses de un país en crisis y con la economía destrozada. Pero es así. Y negarlo sería querer ocultar la realidad del impacto global que provoca un fenómeno de masas. Los artículos más leídos y las imágenes más visitadas de los websites y las redes sociales tienen que ver con las palabras de Messi, las reacciones de los hijos de Messi o las fotografías que los rivales de Messi se quieren sacar con Messi.

El país de Messi tiene su centro de atención puesto en el Mundial y el resto de las noticias ocupan un lugar secundario. Ese es el escenario que va a tener que afrontar la noticia política del martes, que es la noticia política del año. Entre la victoria esforzada contra Australia y la incertidumbre ante el decisivo match contra Países Bajos, se conocerá la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La que hizo millonario a Lázaro Báez y la que complica como nunca a la Vicepresidenta.

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Ya se ha dicho en esta columna, y en otras crónicas, que la mayoría de los especialistas penales esperan una condena cercana a los seis años para Cristina y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como también se ha dicho que la Vicepresidenta no irá a prisión porque el fallo puede ser apelado a la Cámara de Casación, y luego a la Corte Suprema, trámite que llevará bastante tiempo: seguramente mucho más de un año.

Cristina tampoco tendrá inconvenientes para ser candidata en 2023. A presidenta, si quisiera correr ese riesgo. O a senadora por la provincia de Buenos Aires si, como todo indica en los últimos tiempos, prefiere refugiarse en la seguridad de los fueros parlamentarios. En febrero próximo, la Vicepresidenta cumplirá 70 años y desde entonces el mayor peligro que podría sufrir en términos de libertad es el destino de la prisión domiciliaria.

La gran novedad de la debacle judicial de Cristina es la indiferencia de la sociedad ante la posibilidad de su condena a prisión por un gravísimo hecho de corrupción. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 dirán si le corresponden doce años de cárcel, como lo piden los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, o la condenan con una pena menor. Y si la consideran responsable de formar parte de una asociación ilícita, o si solo toman el argumento de la defraudación al Estado, lo que podría rebajarle la condena pedida a entre cinco y ocho años. En los dos casos, es un castigo que no tiene antecedentes en la historia argentina.

Y eso que Cristina y el kirchnerismo lo han intentado todo. La Vicepresidenta intentó construir la narrativa de una gran conspiración en su contra para proscribirla como candidata electoral. Intentó reflejarse en el espejo brasileño de Lula, preso por corrupción también y ahora electo presidente, y en la novela de Perón, exiliado en España y proscripto durante 18 años por las dictaduras y por las democracias restringidas de aquel tiempo.

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Nada de eso funcionó para Cristina. Como tampoco parece funcionar el cóctel de presiones contra la Justicia. No le dieron resultado los proyectos para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, ni le están resultando los conflictos en el Senado y en la Cámara de Diputados para congelar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La semana pasada, a través de una gestión personal del diputado Leopoldo Moreau, llegó a ejercer presión sobre su hija Cecilia, quien preside la Cámara Baja para que invalide la designación de cuatro diputados (dos por el Frente de Todos y otros dos por la oposición) en la Magistratura.

La maniobra familiar le dio muy buenos resultados a Cristina. Logró bloquear la designación de los dos diputados opositores (la radical Roxana Reyes y Alvaro González, del PRO), y complicó la reelección de Cecilia Moreau, quien se quedó sin el acuerdo institucional que habían negociado junto con Sergio Massa. Cristina se salió con la suya, y debilitó el poder parlamentario del ministro de Economía. Los jugadores de billar la reconocerían como una jugada a dos bandas. Complicó a los enemigos y también al adversario interno en la misma carambola.

Es que Massa, mientras Cristina se dispone a recibir la condena judicial por el escándalo Vialidad, intenta mostrarse como un dirigente alternativo al kirchnerismo. Una de esas apuestas la hará este lunes, cuando anuncie un acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos. Lo hará en el Centro Cultural Kirchner y con la presencia del embajador Marc Stanley.

El acuerdo se pondría en marcha el 1º de enero próximo y con efecto retroactivo de los datos al 2021. Massa deberá sortear la desconfianza del poder político y financiero estadounidense que guarda como antecedente la utilización de datos confidenciales aportados por ese país en 2009 sobre el patrimonio del entonces candidato opositor, Francisco De Narváez, para difundirlos a través de la prensa kirchnerista. El ministro de Economía reavivó esa desconfianza cuando, hace una semana, advirtió en público que se pondría a investigar a quienes participaron del blanqueo impulsado en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri.

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¿El año electoral arrancará acompañado de una guerra de carpetazos con los datos fiscales de los argentinos aportados por EEUU? La AFIP, dirigida hoy por el ultra kirchnerista Carlos Castagneto, es una oficina estratégica controlada por Cristina. Hay empresarios y financistas preocupados por lo que podría suceder con esa información. Y la novedad es que ese temor incluye también a los emprendedores cercanos al Gobierno. Nadie se siente seguro cuando empiezan a volar las carpetas.

La otra apuesta de Massa con horizonte de futuro electoral era sostener los acuerdos institucionales con la oposición en su territorio de la Cámara de Diputados. Con el escándalo que protagonizó la familia Moreau, esa pretensión del ministro de Economía también voló por los aires. No es fácil querer diferenciarse del kirchnerismo en el fragor de los conflictos.

Las dudas sobre las puebaldas K

En la vigilia del fallo judicial contra Cristina, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, el kirchnerismo evalúa hasta donde llevar las protestas callejeras para montar el espectáculo de una enorme reacción popular a la eventual condena contra la Vicepresidenta.

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Pero lo que tienen es muy débil. Apenas las amenazas de paro que hace un ignoto gremialista estatal (Daniel Catalano, de ATE); la caminata que publicitó el piquetero retro Luis Delía; una “pueblada” propuesta por el polémico juez, Juan Ramos Padilla. Y un desfile de celebridades K por el despacho de Cristina en el Senado. Demasiado poco para competir con las noticias que van llegando desde Qatar. “Una lesión del `Huevo’ Acuña tiene más prensa que cualquiera de nuestras puebladas”, exagera un legislador K que extraña los tiempos en los que el lawfare era tendencia global en las redes sociales. ¿Exagera? Parece que no.

Con la cabeza ocupada por Messi, Scaloni y el resto de los integrantes de la Selección en Qatar, los argentinos con problemas reales no parecen dispuestos a movilizarse en apoyo a Cristina. Las protestas se reducirían a la militancia rentada, a grupos piqueteros en busca de alguna compensación económica y a dirigentes necesitados de raciones de protagonismo perdido.

“Si Cristina Kirchner es condenada, se termina de destruir su imagen ante la mayoría de la sociedad argentina y ante el resto del mundo, que es algo que a ella la preocupa mucho”, ha dicho esta semana el abogado y constitucionalista Daniel Sabsay. No terminarían ahí sus preocupaciones. La Vicepresidenta debería pedirle permiso a un juez cada vez que quiera salir del país.

Aquellas imágenes de multitudes reclamando la libertad de Perón en octubre de 1945 no parece que vayan a tener correlato en estos días de veredictos judiciales. El impacto que generan las 415.000 hectáreas en la Patagonia y las 293 propiedades que adquirió Lázaro Báez en todo el país de la mano de los Kirchner, o los inolvidables bolsos voladores de José López con nueve millones de dólares en una noche del Gran Buenos Aires, conducen mucho más a la indignación que a la solidaridad.

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Una encuesta reciente, aunque previa al Mundial, de Opina Argentina consultó en qué está hoy la cabeza de los argentinos. La inflación, la desocupación y la corrupción, en ese orden, son los tres temas que más preocupan a la sociedad y que el gobierno de Alberto y Cristina debería dedicarse a solucionar.

El 56% de ellos cree que, en los próximos meses, su situación económica personal estará peor. Y que ellos, o alguien de su familia, perderá muy pronto el trabajo. Dos tercios de los encuestados temen que la inflación y la situación del dólar se compliquen cada vez más y le echan la culpa al Gobierno.

El mismo sondeo arroja datos significativos sobre la imagen de los dirigentes argentinos. Alberto Fernández encabeza el ranking negativo (76%), seguido por Cristina (70%), Axel Kicillof (69%), Massa (66%) y Mauricio Macri (61%), el único opositor que aparece con números tan adversos. Hay otras encuestas de alcance nacional que muestran números muy parecidos.

Este es el contexto social en el que se va a conocer una muy posible condena por corrupción a Cristina Kirchner. La segunda que recibiría un ex presidente argentino de jueces democráticos. El anterior fue Carlos Menem, quien debió purgar prisión domiciliaria por la la venta ilegal de armas de guerra a Ecuador y a Croacia. Hay quienes creen que un veredicto de magnitud menor al esperado podría perder el impacto en la sociedad.

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Tal vez se pierde la dimensión de lo que podría suceder este martes. Del fallo del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad habrá que analizar dos aspectos fundamentales. Con cuántos años se sanciona el delito cometido, una cuestión técnico jurídica para establecer la pena que se debería cumplir. Pero lo más importante es la calificación del acontecimiento histórico, que calificaría como culpables a Cristina y al resto de los imputados.

Quizás, como lo dice el actor que representa al fiscal Luis Moreno Ocampo en la película “Argentina, 1985″ al evaluar las sanciones a las Juntas Militares por la represión ilegal, no importa tanto el resultado numérico de las condenas como el impacto simbólico que queda para las generaciones futuras.

Si una defraudación al Estado cometida por altos funcionarios es condenada, será más difícil que se repitan en los años por venir. El legado, en definitiva, es siempre lo que perdura en la historia de un país y es más importante que la batalla de un momento.

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