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Judiciales

Funcionarios de AFIP aseguraron que Báez usó facturas truchas para quedarse con fondos de la obra pública

Los funcionarios de la AFIP empezaron a declarar en esta etapa del juicio contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez ante los jueces, que buscan desentrañar la presunta existencia de una estructura administrativa y estatal para quedarse con la plata pública

Un grupo de funcionarios de la AFIP describió, durante sus declaraciones en las últimas audiencias en el juicio por corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez, una maniobra con facturas truchas que el empresario K usaba para quedarse con el dinero de la obra pública. En total, estimaron que con la maniobra se quedaron con unos US$ 120 millones.

Según informó Clarín, los funcionarios de la AFIP (parte de la regional de Comodoro Rivadavia) confirmaron que se emitían facturas truchas a través de la empresa constructora Gotti, que era parte del grupo Báez, por los fondos de las obras viales.

Este es el primer juicio por corrupción que enfrenta la expresidenta. Los fiscales sostiene que desde el Gobierno kirchnerista y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública”, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por esa suma multimillonaria.

Los funcionarios del organismo recaudador contaron a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu que detectaron una usina de facturas apócrifas que utilizaba Gotti Hermanos, integrante del holding de Lázaro Báez. Esas cifras reflejadas en la facturación “correspondía a obra pública”, indicaron ante el TOF 2 y el fiscal del juicio, Diego Luciani.

Gotti Hermanos SA fue adquirida por Lázaro Báez para “simular licitaciones, con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar”.

Se presentaban las empresas del Grupo a la misma licitación con escasa diferencias en sus ofertas. Un ejemplo: las obras sobre la Ruta Nacional N ° 3 tramo Rada Tilly Km 1867. Gotti ofertó 216.284.948 pesos (con garantía de $ 2.162.849), KyC 214.046.867 pesos, (con garantías por $ 2.140.468). Como ambas empresas eran de Báez correspondía la pérdida de ambas garantías, algo que no sólo no ocurrió sino que el Estado no rechazó las ofertas asignándole la obra al socio comercial de los Kirchner. Esto fue calificado como una “simulación” de la competencia de precios, ya que se buscaba “asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”.

En ese marco, los funcionarios de AFIP hablaron de facturas apócrifas por más de “500 millones de pesos de evasión que al pasarlo a dólar daba un promedio de 120 millones de dólares “, explicaron fuentes judiciales.

En cinco casos, el holding con Gotti se presentó a licitaciones públicas en UTE, asegurando que la participación mayoritaria en la inversión y ganancia la realizaba o Gotti o Sucesión Adelmo Biancalani. Así se realizó en las obras básicas de pavimento en Ruta Provincial 43 (tramo Fitz Roy-Pico Truncado), su presupuesto era de 75,8 millones de pesos y la capacidad de contratación anual exigida era de 38 millones.

“La obra se atrasó puesto que se confió a una empresa que no podía ejecutarla”, señalaron los fiscales. En consecuencia el gasto se incrementó a 150 millones de pesos.

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Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan solicitó seguir investigando a Cristina Kirchner

Considera que la vicepresidenta tuvo un importante rol en el lavado de dinero que está bajo la lupa. Por la misma causa ya fue condenado Lázaro Báez

Novedades en el terreno judicial: el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó seguir investigando a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero k”.

Es en respuesta a un requerimiento del juez Sebastián Casanello quien intenta definir la situación de la Vicepresidenta, a quien hace tres años le impuso la falta de mérito, esto es que no hay mérito para investigarla pero tampoco para desvincularla.

Dentro de este expediente ya fue condenado el empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión, por el lavado de 55 millones de dólares.

En un extenso escrito al que accedió el canal TN, Marijuan afirmó: “En relación al motivo de la vista conferida y respecto de Cristina Elisabet Fernández, esta parte considera que la investigación no se encuentra acabada, estimando necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización de las diligencias que se mencionaran en adelante”.

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Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

Se trata de la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que presta servicios a la obra social desde que la conducción de la misma quedó en manos del ahora investigado Aldo Tonón; un informe reveló que la empresa contratada no tiene otros clientes y cuenta con patrimonio cero, y ordenaron que se declare desierta a la ya adjudicada licitación

La contratación multimillonaria de una empresa sin patrimonio ni clientes por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación despertó una serie de intrigas internas en la Corte Suprema, que inició semanas atrás una auditoría en el organismo a cargo de manejar la salud de los empleados judiciales, luego que se conociera una investigación judicial por malversación de fondos por parte de su director, Aldo Tonón.

Tonón llegó en 2016 al frente de la Obra Social, y fue elegido por el ministro Juan Carlos Maqueda, quien tenía la potestad dentro de la Corte de armar el equipo que conduciría la Obra Social. “Eligió a personas de su máxima confianza como Tonón, e incluso a su secretaria la puso como Tesorera, con la intención de poder manejar cada decisión que se tomraa ahí adentro”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN.

Fue así como, tras el desembarco de Tonón y del equipo elegido por Maqueda, comenzó a contratarse en 2016 a la empresa Emergencia Médica Integral S.A., que pasó a quedarse, de manera inintuerrumpida, con uno de los contratos más jugosos de la caja del organismo que depende de la Corte Suprema de la Nación. La compañía cordobesa -coterránea de Maqueda- fue contratada para hacerse cargo de los servicios de ambulancia.

Las licitaciones que ganó de manera ininterrumpida desde 2016 fueron creciendo de manera acelerada, muy por encima de la inflación: por caso, en 2016, el contrato fue de $ 120 millones y en 2021 la licitación adjudicada a Emergencia Médica Integral S.A. por el servicio fue de casi $ 1.000 millones.

Sin embargo, la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN- reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. El pliego exige que las empresas participantes tengan un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Sin embargo, este piso fue modificado de manera llamativa a 12 meses, y muchos leyeron este cambio como un favor hacia Emergencia Médica Integral S.A que cuenta con patrimonio cero.

“Están escondiendo el dictamen porque es una bomba”, comentaron fuentes internas de la Obra Social a NEXOFIN. Y agregaron: “Cuando salga a la luz van a tener que dar explicaciones Tonón, Maqueda y todos los que estuvieron detrás de estas contrataciones a los cordobeses”, en alusión a la empresa radicada en Córdoba que se vio beneficiada con las licitaciones.

Quien se sumó a denunciar este intento de ocultamiento del dictamen fue el propio titular del sindicato judicial, Julio Piumato, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter: “¿Será cierto q el director autocrático de la OSPJ está presionando a la dirección de adjudicaciones para cambiar dictamen q rechazó a “su” empresa de ambulancias en el interior del país x no cumplir con el servicio x el cual se le paga? Basta de negociados!”, escribió el sindicalista, al tiempo que anunció una movilización en contra de estos presuntos desmanejos.

La situación pasó a la órbita judicial, donde el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo tendrán la tarea de indagar en estas presuntas contrataciones irregulares que afectaron a las arcas de la Corte.

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Pacto con Irán: la DAIA apelará el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

Se le pedirá a la Justicia que revise la decisión del Tribunal Oral Federal 8 en la causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA

Novedades en el terreno judicial: la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) anunció que resolvió apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a otros imputados en la causa por encubrimiento del Memorándum con Irán.

“La decisión fue tomada por su Consejo Directivo, tras la realización de una convocatoria histórica, en la que las entidades adheridas y filiales expresaron sus distintas posiciones sobre los pasos procesales a seguir”, informó el espacio.

“Tras haber escuchado a la comunidad en su diversidad, el Consejo Directivo definió esta tarde apelar la decisión del tribunal en un hito trascendental para el organismo y consecuente con la posición sostenida durante los últimos tres años de llevar la causa a juicio oral”, siguió el comunicado.

“En ese sentido, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó que ‘resultó de enorme importancia que nos hayamos escuchado, porque a partir de allí hemos tomado una decisión colectiva, lo que en los hechos significa darle volumen político y legitimidad a esa resolución’”, agregó.

La apelación de la DAIA será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

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