Policiales
Condenaron al empresario que rompió a martillazos la camioneta donde llevaban a Lázaro Báez
Se trata de uno de los vecinos del country Ayres del Pilar que el año pasado impidieron el ingreso del empresario kirchnerista

El empresario Jorge Federico G, detenido en octubre de 2020 por atacar a golpes “de palo o martillo” el parabrisas del móvil del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el que era trasladado el empresario Lázaro Báez para cumplir con su arresto domiciliario, fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín a resarcir al SPF con una multa de 24 mil pesos y 140 horas de servicio comunitario en una parroquia de Tigre.
El vecino del country Ayres del Pilar, de 59 años, fue parte de las manifestaciones que impidieron que el empresario K ingresara al barrio para cumplir en una de las casas del complejo el arresto domiciliario que le había otorgado la Justicia.
Jorge Federico, registrado como empresario y en los rubros de negocios inmobiliarios de la AFIP, que integra una firma a la venta de automotores, fue identificado por las imágenes que tomó con su celular otro vecino del country. Así, se emitió una orden para su arresto: la Policía Federal lo encontró en San Isidro, y fue liberado poco después.
El delito imputado, de acuerdo al fallo firmado por el juez Matías Mancini, es el de daño agravado por haber sido ejecutado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad y por haberse afectado un bien de uso público, en concurso ideal con el delito de resistencia a la autoridad.
Tras el hecho, las autoridades del SPF presentaron una denuncia penal. La PFA analizó los videos del ataque, muchos de los cuales circularon por las redes sociales. Con uno de ellos se logró identificar a la persona que rompió el vidrio.
“Nos cerraron la puerta de proveedores que está por una calle lateral, fue un delirio todo lo que pasó”, dijeron Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva, abogados de Báez, en una audiencia virtual que tuvieron con los entonces jueces del Tribunal Oral Federal N° 4 en Comodoro Py, Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, que tiene a cargo el juicio del empresario. Los abogados pidieron que se abra una investigación contra los vecinos del country por impedir que se cumpla una orden judicial.

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