Judiciales

La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

Por unanimidad, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti respaldaron la presentación de Rodríguez Larreta tras el DNU que cerró las escuelas porteñas

martes 4 de mayo de 2021 - 12:01 pm

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió el fallo en el que decreta que el DNU emitido por Alberto Fernández “viola la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por lo cual dejó sentada su posición de avalar la presencialidad en las escuelas.

Los tres votos que integran la sentencia corresponden a Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, y un voto en conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Por su parte, Elena Highton decidió abstenerse tras considerar que el caso por el cual se dirimían políticamente Nación y Ciudad no era competencia de la Corte.

De esta manera, el máximo tribunal considera que el hecho debe marcar un precedente para cuestiones futuras de índole similar ya que constituye un criterio de “máxima relevancia institucional” en el marco del federalismo.

En lo que respecta a las conclusiones a las que arribaron Rosatti y Maqueda, se extrajo que “el debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora. En conclusión, en el examen de legalidad, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”, coincidieron ambos magistrados

El presidente del tribunal, Rosenkrantz analizó: “Resulta claro que la decisión de si la escolaridad debe realizarse bajo la modalidad presencial o virtual en los establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria dependientes de la Ciudad de Buenos Aires o regulados por ella corresponde, en principio, a ese estado y no a la Nación. En ese contexto normativo, la decisión de suspender las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires adoptada por el Estado Nacional —aun a la luz de la declaración de emergencia— solamente podría validarse constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad exclusiva del Congreso para reglar el comercio de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución) o en las facultades concurrentes del Congreso, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para promover el bienestar de todas las provincias (art. 75, inc. 18 de la Constitución)”.

Y agrega: “En esta causa, la Ciudad de Buenos Aires ha proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural.”

La postura de Lorenzetti quedó resumida en los siguientes seis puntos, en donde se destacó la importancia de la educación en el desarrollo de una persona.

1. El deber de los Tribunales es proteger los derechos fundamentales, ya que el Estado no puede sustituir a las personas en las decisiones correspondientes a su esfera individual;

2. Hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona;

3. Hay también hay un derecho a la salud y la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida humana;

4. Que, en consecuencia, debe realizarse un juicio de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a la educación y la protección de la salud en un contexto de emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el Estado de Derecho;

5. Que el criterio es el siguiente : El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros (Art 19 CN), siempre que ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad.

6. Estos criterios son aplicables a medidas adoptadas por todas las autoridades, sean de la Nación o de las Provincias. Por esa razón esta Corte señaló que una Provincia no puede violar la libertad de tránsito y derechos fundamentales establecidos en la Constitución (Confr. Fallos 343:930 “Maggi” y 343:1704 “Lee”).

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