Alberto Fernández

La Procuración Fiscal determinó que la Corte Suprema tiene competencia en el pedido que hizo la Ciudad

Laura Monti, la procuradora, determinó que el máximo tribunal está facultado para intervenir en la demanda que realizó el Gobierno porteño contra Nación

viernes 16 de abril de 2021 - 10:14 pm

A pesar de la “franca charla” que el presidente Alberto Fernández aseguró tener esta mañana con su par en la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño decidió avanzar con el pedido de intervención de la Corte Suprema de Justicia en el dilema de la vuelta a la presencialidad escolar.

Hace instantes, la Procuración Fiscal ante el máximo tribunal de la Nación resolvió que la Corte efectivamente tiene competencia sobre el tema. Laura Monti, la funcionaria en competencia resolvió que “toda vez que, en el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”.

El Gobierno de la Ciudad presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de la inconstitucionalidad del Decreto 241/21 que suspendió las clases presenciales en el AMBA del 19 al 30 de abril por el aumento de casos de coronavirus, alegando que las escuelas no son un vector de contagios mayor que cualquier otra actividad que transcurra en la ciudad.

“Fundándose en la excusa de la propagación de la segunda ola del COVID-19, el Estado Nacional hace tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional, con el objeto de cercenar los derechos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo imponer de manera inconsulta una solución extrema que no encuentra justificativo en la situación epidemiológica actual, en cuanto a su real propagación en el ámbito escolar”, argumenta el gobierno porteño en la medida cautelar presentada.

También se hicieron eco de este pedido un grupo de padres y madres, que presentaron un amparo bajo la representación de la defensora oficial María Lorenz González Castro Feijóo y la asesora tutelar Norma Beatriz Sas.

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