Las disputas entre China y Estados Unidos tienen también un capitulo en el espacio y ahora el Gigante Asiático acusó Washington de provocar una “amenaza grave” para la seguridad de sus astronautas. La queja elevada a las Naciones Unidas está dirigida puntualmente al dueño de Tesla, Elon Musk, luego de que dos satélites lanzados al espacio con su compañía Space X estuvieron cerca de chocar contra la estación espacial de China.

Según el documento presentado ante el organismo internacional, Tiangong debió llevar a cabo “controles preventivos para evitar colisiones” durante dos “encuentros cercanos” con los satélites Starlink, una compañía proveedora de Internet operada por SpaceX.

Los incidentes ocurrieron el 1 de julio y el 21 de octubre, de acuerdo a la documentación presentada por China ante la ONU. Hasta el momento, SpaceX, con sede en California, no realizó comentarios sobre lo sucedido.

Al ser una compañía norteamericana, China también responsabilizó a Estados Unidos por poner en riesgo a los astronautas al ignorar las obligaciones de los tratados del espacio exterior.

Los accidentes espaciales se van transformando en sucesos cada vez más comunes a raíz de los miles de satélites que orbitan alrededor de la tierra, sumado a los que quedan en desuso pero permanecen allí. La basura espacial es un problema en crecimiento. El mes pasado la NASA pospuso a última hora una caminata espacial desde la Estación Espacial Internacional por el riesgo de colisión con basura espacial.

Tras 20 años de guerra en Afganistán, el régimen talibán recuperó el Gobierno con el abandono de las tropas estadounidenses de Kabul, capital afgana. La vuelta al poder del grupo islamista quedó envuelto en un sinfín de temores de que se repita el régimen que gobernó el país entre 1996 y 2001, en el que una interpretación estricta de la Sharia fue el marco legal por el que se rigió el “cementerio de los imperios”.

En un intento de ganarse la confianza de la Comunidad Internacional, el nuevo Gobierno aseguró en reiteradas ocasiones que no sería lo mismo ya que habían aprendido de sus errores, a la par de una sociedad más desarrollada que sería más reacia a vivir bajo una interpretación estricta de la ley islámica. Ahora, a tan solo cuatro meses del nuevo Gobierno y con la situación de Afganistán corrida de la agenda internacional, el régimen talibán muestra sus verdaderas cartas y demuestra que poco ha cambiado.

Una de las principales criticas giraba entorno a la prohibición de las mujeres de asistir a la escuela ya que debían quedarse recluidas en sus domicilios. Con la caída del régimen en 2001, miles de niñas pudieron asistir a los colegios logrando así, en estos últimos años, las primeras camadas de mujeres completamente escolarizadas que incluso asistían a la universidad y se temía que esto se frenara con la salida caída del Gobierno patrocinado por Estados Unidos.

Desde que los talibanes irrumpieron en Kabul, a pesar de que anunciaron que permitirían a todos estudiar, muchas niñas no pudieron regresar a la escuela – solo tienen acceso a la escuela secundaria en 7 de 34 provincias según un relevamiento de la ONU-.Para peor, entre los profesores que no abandonaron el país, muchos siguen trabajando sin percibir un salario.

“Lo importante es que a los educadores se les pague, de alguna forma u otra, porque si no se les paga, no son solo las niñas quienes no irán a la escuela, sino que el sistema entero va a colapsar y nadie podrá ir. Este es el asunto principal”, reflexionó a La Nación Marixie Mercado, jefa de comunicaciones de UNICEF en el país.

El rol de las mujeres en la sociedad vuelve a ser cada vez más marginal: un informe de la ONU reveló que “desde el 15 de agosto de 2021, ha habido una inmediata y dramática reversión de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales, particularmente impactando en su derecho al trabajo, el acceso a la educación, la salud básica y protección de servicios, y la participación de las mujeres y las niñas en la esfera pública y los mecanismos de toma de decisiones”.

Este es solo el comienzo, en las últimas horas volvió a regir una vieja disposición: las mujeres no podrán trasladarse largas distancias sin estar acompañadas por un hombre. “A las mujeres que viajan por más de 45 millas (72 kilómetros) no se les debe ofrecer transporte si no están acompañadas por un familiar cercano”, dijo el domingo a la AFP el portavoz del ministerio, Sadeq Akif Muhajir, y especificó que la escolta debe ser un pariente masculino cercano.

Esta medida forma parte de una guía emitida por el Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, en la que también se incluyen otras restricciones como reproducir música en un vehículo o que en la televisión se dejen de proyectar dramas y telenovelas protagonizados por actrices.

Las mujeres que trabajaban en el Gobierno antes de la toma del poder el 15 de agosto no han podido volver a sus puestos de trabajo y es una incógnita si algún día podrán hacerlo.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que afirma que Nicaragua no cumple con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana. La resolución, aprobada por 25 países, solicita al gobierno de Daniel Ortega poner en libertad a todos los presos políticos.

Además, Nicaragua deberá aceptar una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA para llevar a cabo reformas electorales y así “restablecer la democracia”.

De los 34 países que son miembros activos de la OEA, ocho países se abstuvieron de votar en este asunto, entre ellos Argentina y Bolivia. Nicaragua fue el único país que votó en contra y 25 se manifestaron a favor de que se realicen las reformas electorales en dicho país.

“Es un disparate”: Human Rights Watch criticó la postura de la Argentina sobre Nicaragua

Nicaragua realizó las elecciones presidenciales a principios de noviembre y Daniel Ortega fue reelecto por tercer mandato consecutivo. Los comicios fueron criticados mundialmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.

Es por ello que la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución que declaraba que las elecciones en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática”.