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Judiciales

Ordenaron la libertad condicional para José López en la causa por los bolsos con USD 9 millones

El exsecretario de Obras Públicas tuvo que pagar una caución real de 1 millón de dólares

José López, el ex secretario de Obra Pública del Gobierno de Cristina Kirchner, fue liberado por orden del Juzgado que lo había condenado a siete años y medio de prisión en septiembre del año pasado.

El exfuncionario del kirchnerismo está detenido desde la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue encontrado tras el llamado al 911 de un vecino, que vio movimientos extraños en un convento de General Rodríguez, al que el funcionario llevaba bolsos que contenían casi 9 millones de dólares.

Esta mañana, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio había avalado que el condenado ex secretario de Obras Públicas fuera excarcelado bajo una caución real de USD 1 millón. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito originada cuando fue sorprendido con bolsos que tenían casi 9 millones de dólares.

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Marcha contra la Corte: el Colegio de Abogados porteño rechazó la convocatoria

Por medio de un comunicado, alertó sobre la gravedad que conlleva este acto promovido por el oficialismo en el marco de “ataque sistemático al poder judicial”

El Colegio de Abogados de la Cuidad de Buenos Aires (CACBA) manifestó su repudio a la marcha contra la Corte Suprema convocada para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle.

Por medio de un comunicado divulgado a través de Twitter, la institución convocó “a la reflexión ciudadana ante un inminente atropello a los poderes constituidos” y advirtió que quienes se reúnan “atribuyéndose los derechos del pueblo y peticionen a nombre de éste” incurrirán en el “delito de sedición”.

Además, pusieron de manifiesto la “inusitada gravedad institucional” que implica que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional adhieran a la convocatoria y pidieron alertar a la sociedad “en pos del sostenimiento de las instituciones republicanas”.

Finalmente, el Colegio de Abogados porteño adhirió a la contramarcha citada para el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales, “para defender la independencia judicial”.

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Judiciales

Un juez de Mar del Plata ordenó que una víctima de explotación laboral se quedara con el campo donde trabajaba

La causa está en manos del juez federal Santiago Inchausti, quien cuenta con un amplio historial de condenas a propietarios

El juez del Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, dictaminó una medida cautelar en la que otorgó temporalmente a una supuesta víctima de explotación laboral la potestad del campo donde trabajaba.

El fallo aconteció el 8 de noviembre pasado, y respondió al pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Inés Jaureguiberry. La fiscal del caso, Laura Mazzaferri, también se había pronunciado a favor de la medida.

“Por lo expuesto, habré de disponer, en carácter una medida cautelar y provisoria, la administración del predio que fuera lugar de explotación, sito en calle El Mirador y el Monte de Sierra de los Padres”, reza el documento firmado por Inchausti en la causa que se caratula como “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Las víctimas en cuestión serían una mujer y su hijo menor de edad, mientras que los responsables del campo, a quienes se les imputó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La víctima acudió al organismo que comanda la Dra. Jaureguiberry, quien tomó el caso dada “la especial gravedad de los hechos investigados, carencia de recursos económicos y la situación de vulnerabilidad”, por lo que consideró que “ameritaban la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD)”. Así, argumentó que si no se aprobaba la cautelar, “la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), creada en el año 2013, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, sostiene que “una reparación justa debe aspirar, en primer lugar, a la reposición de las cosas al estado previo a la violación del derecho, y al pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que pueda haber sufrido”. A la luz de esta regulación, la decisión de Inchausti de hacer caso al pedido de Jaureguiberry parece exagerada.

La Defensoría Pública de Víctima fue puesta en funcionamiento en diciembre de 2020 por la Resolución DGN 1284-2020. Desde que asumió la fórmula Fernández-Fernández, solamente en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.800 usurpaciones de terrenos, según reconoció el propio oficialismo y Mar del Plata, por su parte, es el distrito con mayor cantidad de condenas por trata de personas a nivel nacional, con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, según la PROTEX, en el período 2008-2018.

Las operaciones judiciales por explotación laboral se acentuaron desde el 2009, tras el conflicto entre el gobierno de CFK y el campo. En 2016, durante la gestión de la ex procuradora ultra-k Alejandra Gils Carbó, la PROTEX impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones.

Esta última definición es una de las tantas en las que el juez Inchausti falla en contra de los propietarios. Un antecedente conocido en su historial es el procesamiento de los directivos de la Compañía Industrial Frutihortícola S.A., más conocida como El Frutillar, en enero de 2021.

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Ataque a la Corte Suprema: profesores de derecho rechazaron la marcha kirchnerista

Presentaron un escrito donde reclaman “independencia judicial”. Se manifestarán el 3 de febrero frente al Palacio de Tribunales

Durante las últimas horas, profesores de derecho de todo el país presentaron un comunicado donde acusan al Gobierno de “forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y manifestaron el rechazo a la marcha convocada para el próximo 1 de febrero.

En el escrito exigieron la independencia judicial y criticaron a funcionarios de los tres poderes del Gobierno nacional. Además, convocaron a una manifestación frente al Palacio de Tribunales el 3 de febrero.

“El Poder Ejecutivo ataca a la Corte para destruir la independencia judicial” sostiene el comunicado firmado por 128 docentes de derecho de todo el país. “Se pretende así forzar inconstitucionalmente la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron.

Plantearon que hay un “inadmisible intento de presionar al Poder Judicial” y que como consecuencia, “afecta seriamente su independencia”.

Los firmantes convocaron a toda la ciudadanía a concentrarse el jueves 3 de febrero a las 19 horas frente al frente al Palacio de Tribunales (Plaza Lavalle) para “defender la independencia judicial sin ningún tipo de identificación partidaria”.

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