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Judiciales

“La consigna es resistir los ataques”: la reacción en Comodoro Py por el discurso de Cristina Kirchner

Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”

Luego del discurso que brindó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de forma virtual ante la Cámara Federal de Casación, integrada por tres magistrados, para defenderse de la imputación por la causa “dólar futuro”, las fuertes críticas de la mandataria a la Justicia tuvieron su eco en Comodoro Py.

En un alegato dirigido contra dos miembros del tribunal, la vicepresidenta afirmó que la investigación es el mayor ejemplo de la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y la política argentina” y de cómo muchos magistrados estigmatizan a los dirigentes populares.

La investigación intenta determinar si la expresidenta y ex directivos del Banco Central, entre otros, causaron un perjuicio económico al Estado y una caída de las reservas mediante la venta de dólares a futuro a un precio menor al valor de mercado.

“Se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron fuentes en Comodoro Py según reveló el diario Clarín.

Además, los magistrados afirmaron que “la consigna es resistir los ataques” y que “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo por “desprestigiar a la justicia”.

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Exclusivo | Una sospechosa licitación por $ 2.600 millones salpica a Maqueda

Fue para contratar el servicio de despacho de medicamentos para la Obra Social del Poder Judicial, manejada por personal jerárquico de máxima confianza ; pese a no ser la empresa con la menor oferta, el Director de la OSPJN, Aldo Tonón, presionó para que la compalía cordobesa Farmandat S.A. -investigada por la Mafia de los Medicamentos- fuera la adjudicataria del jugoso contrato

La contratación de la empresa Farmandat S.A. por parte de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) quedó envuelta en un manto de sospecha en las últimas horas, luego que dos empleados del organismo a cargo de Aldo Tonón aceptaran a hablar con NEXOFIN sobre las irregularidades que existieron en la licitación por el servicio de $ 2.600.000.000.

Todo comenzó a principios del 2019, cuando la Obra Social estaba buscando un servicio para el despacho de medicamentos de todos los afiliados del país por las diferentes farmacias. “Tonón consultó con Maqueda y se aprobó un presupuesto inicial de 1.800 millones de pesos, pero se tiró ese número sobre la mesa sin ningún tipo de informe técnico ni administrativo, como lo exige la reglamentación interna”, comentó un empleado de la Obra Social a NEXOFIN quien pidió mantener el anonimato para evitar represalias internas.

Muchos testigos recuerdan que Tonón -hoy investigado en la Justicia y hombre de máxima confianza del integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda- se hizo presente en persona en el acto de apertura de ofertas. “Fue a fiscalizar en favor de la empresa Farmandat S.A., hubo hasta gritos y presiones para que la ganadora resultara esta empresa cordobesa y no la rival, que había presentado una oferta menor”, reveló a NEXOFIN un testigo directo de aquella jornada.

La otra competidora era la empresa Compañía de Servicios Farmacéuticos, que tras ofrecer una menor oferta, se vio sorprendida ante nuevas observaciones y avales que no estaban contemplados en los pliegos originales. “Tonón se encargó directamente de tomar las observaciones que había hecho Farmandat S.A. y las trasladó por escrito a la otra compañía, que quedó luego fuera de la competencia”, recordó el mencionado testigo a este medio.

Con el fin de no perder el contrato por el cual había ofrecido el menor precio, la empresa Compañía de Servicios Farmacéuticos respondió a las llamativas solicitudes que fueran incorporadas después de la apertura de sobres. Sin embargo, el titular de la Obra Social habría ejercido presión sobre un grupo de técnicos para contar con un dictamen favorable para Farmandat S.A, según contó una fuente interna a NEXOFIN. Así lo recuerda un actual empleado de la Obra Social: “Los que tenían que dar el dictamen técnico son todos pibes contratados y sin estabilidad laboral, que se vieron apretados por el jefe máximo de la Obra Social y no les quedó otra que agachar la cabeza”. El dictamen al que tuvo acceso este medio aseveraba que Compañía de Servicios Farmacéuticos no contaba con la red de farmacias necesaria para dar cobertura medicinal a los casi 100.000 afiliados distribuidos en el país.

Pasaron sólo cuatro meses para que Tonón elevara el presupuetso inicial de $ 1.800 millones a $ 2.600.000 millones. De esa nueva licitación, sólo participó Farmandat S.A., que se quedó así con un negocio multimillonario.

Finalmente, la adjudicación fue firmada el 10 de septiembre del 2020, y contó con las firmas de Maqueda y otros dos de los cinco jueces. Llamativo: en el documento, no se ven las firmas de dos ministros del Máximo Tribunal, acaso alertados ante las desprolijidades que atravesó el proceso.

La sombra de la “Mafia de los Medicamentos”

El 24 de octubre del 2010, la empresa cordobesa Farmandat S.A. saltó a la tapa de algunos medios de comunicación luego de que la ex ministra de Salud Graciela Ocaña pidiera reabrir una investigación que la tenía como centro por presunta adulteración, robo y  falsificación de medicamentos.

La legisladora había denunciado a la empresa cordobesa por una serie de presuntas facturas truchas, pero la Justicia decidió cerrarla. Sin embargo, ante los avances de la causa denominada “Mafia de los Medicamentos”, Ocaña presentó un pedido para reabrir la investigación que, bajo su mirada, tenía vínculos con los delitos que se investigaban en esa megacausa.

Una investigación de La Voz del Interior reveló en 2010 que la empresa elegida por Maqueda-Tonón para quedarse con el multimillonario negocio de medicina usa testaferros para operar. Según el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba del 30 de marzo de 2006, Farmandat fue constituida con el fin de desarrollar una variedad de actividades ligadas a la medicina y entre sus socios fundadores figuran Juan Carlos Montamat y Juan Horacio Carreño.

¿Quién es Carreño? Un ex menemista de La Rioja que cobró notoriedad pública en la década de 1990, cuando se descubrió que figuraba como empleado jerárquico del Pami, aunque no prestaba servicios efectivos en ninguna de las sedes de la entidad. “Es conocido también de Maqueda”, acotaron fuentes cordobesas a NEXOFIN.

La Voz del Interior logró contactar entonces a Carreño para consultarlo sobre su condición de directivo de Farmandat. Admitió entonces que él aceptó poner su nombre como socio de la firma, pero por una cuestión de “confianza” con la gente que maneja el negocio. “Había que poner a gente de confianza para formar la sociedad y me pusieron a mí, pero yo no manejo nada. Mi participación es simbólica. Yo soy un seco”, sostuvo Carreño, prestanombre al frente de Farmandat S.A..

Licitaciones a dedo en la Obra Social

La jueza María Eugenia Capuchetti tiene en su escritorio una denuncia por presunta malversación de fondos que jaquea a Tonón. Entre la documentación que maneja la magistrada, se encuentra otra contratación llamativa por parte de la Obra Social: la empresa cordobesa Emergencia Médica Integral S.A. se quedó, de manera ininterrumpida, con contratos por el servicio de ambulancias, pese a no contar con las mínimas condiciones de contratación, según reveló una auditoría interna reciente revelada por NEXOFIN.

La Comisión de Preadjudicaciones de la Corte Suprema -mediante el dictamen 368/21 al que tuvo acceso NEXOFIN– reveló que esta empresa es totalmente insolvente e incumple con gran parte de las condiciones para ser contratada. Pese a ello, se quedó con contratos anuales de hasta 1.000 millones de pesos.

Descubren multimillonaria contratación irregular en la Obra Social del Poder Judicial

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Juicio al “hombre gato”: ¿qué pasó en la segunda jornada?

Se desarrolló el segundo día del juicio a Nicolás Gil Pereg, quien está acusado de doble femicidio en Mendoza.

Tras el insólito comienzo de juicio en contra del israelí Nicolás Gil Pereg, quien solo emitió “maullidos” en su declaración, en la jornada de este miércoles fue el turno de los testimonio de dos vecinos. El juicio se lleva a cabo en Mendoza y se acusa al “hombre gato” de doble femicidio.

Los vecinos que declararon fueron: Jorge y Oscar Salinas, padre e hijo respectivamente. Ambos fueron citados debido a que tienen un taller mecánico que linda con la parte trasera del terreno que pertenece a Nicolás Gil Pereg en Guaymallén, Mendoza.

Jorge Salinas recordó que el día de los asesinatos, su hijo le dijo: “Papi, papi, escuchaste a una mujer diciendo ‘no, no’, como defendiéndose'” y  que “luego se escuchan tres disparos”. Además, el testigo expresó que Gil Pereg era un hombre “muy bien hablado e inteligente” y que “jamás” lo escucharon maullar.

Por otra parte, el delegado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Alejandro Pelliza, afirmó que el israelí tenía permiso para tenencia de más de 40 armas de fuego. Para ello fue sometido a todos los controles y estudios que prevé la ley, y los pasó sin problemas.

En la segunda jornada, el “hombre gato” no estuvo presente en la alcaidía del Polo Judicial de Mendoza y siguió la audiencia de manera virtual. En la continuidad del juicio, el acusado permanecerá fuera de la sala pero en cualquier momento, la jueza Laura Guajardo, puede convocarlo al recinto nuevamente.

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La Cámara de Mar del Plata rechazó la recusación de Macri contra el juez Bava

La decisión se tomó 24 horas antes de que el ex Presidente de la Nación se someta a indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan.

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación que había presentado Mauricio Macri en contra del juez Martín Bava, quien lo indagará mañana en la causa por presunto espionaje contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

La presentación realizada por la defensa del ex Presidente se hizo bajo el argumento de que el magistrado había demostrado tener una animosidad contra el acusado y prejuzgó cuando lo citó a indagatoria porque lo consideró responsable de los hechos que se investigan en la causa sin antes haberlo escuchado.

Sin embargo, a pesar de que la citación de Macri firmada por Bava “tal vez” no haya sido redactada de forma adecuada ni haya tenido una “técnica jurídica laudable”, su proceder no justifica correrlo del caso.

A pesar de ello, la Cámara Federal de la ciudad balnearia expidió su postura al respecto: “Atendiendo el estilo imperativo y ‘poco moderado’ utilizado por el ‘a-quo’ (juez) al exponer sus fundamentos y argumentaciones, todo ello nos permite, en función de los poderes ordenadores del proceso de que nos encontramos investidos, exhortar al Juez Bava, para que en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales, en particular cuando ellas detentan repercusión social, evitando así incurrir en expresiones de aquella naturaleza como las advertidas en la resolución en estudio, sorteando así la posible generación de equívocos que lleven a planteos generadores de innecesarios dispendios jurisdiccionales”.

En ese sentido, señalaron que no se puede “soslayar aquí, que es deber de los Jueces no solo tener, sino demostrar a través de sus actos, la contundente objetividad e imparcialidad que debe existir en toda decisión que rige la actividad jurisdiccional, impidiendo de tal modo que sus pronunciamientos puedan generar en los justiciables un fundado temor de parcialidad, o ausencia de ecuanimidad y rectitud en el cumplimiento de su función, y que no se encuentre ella sino sólo inspirada en la recta administración de justicia, que se exhiba despojada de cualquier injerencia extraña a tales postulados”.

Para la Cámara Federal, Bava “no puede olvidar” la circunstancia de que “los Magistrados judiciales deben actuar con el recato y la mesura pertinente que las circunstancias particulares aconsejen, como especialmente ocurre en el caso de autos, donde se formula una imputación penal a un ex Presidente de la Nación Argentina, vinculado con un acontecimiento que involucra profundos sentimientos personales que afectan a los familiares de las víctimas del suceso investigado, y que son caros en general a toda la sociedad, amén de haber acaecido el mismo, en el marco de un contexto histórico determinado y puntual”.

“Es entonces necesario que su proceder plasmado en el expediente judicial no contribuya a alentar ninguna clase de suspicacia que pueda estar teñida de supuestos no claramente expresados, o de diversos intereses políticos o de cualquier otra naturaleza, o aún que una buena parte de la ciudadanía pueda siquiera vislumbrarlos, pudiendo quedar indirectamente inducida por esos excesos terminológicos o de carácter emocional expresados por el Magistrado actuante en tales condiciones, lo que aparece ciertamente impropio en el contexto narrado”, se añadió.

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