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Judiciales

Sorpresivamente, la Justicia postergó dos semanas el final del juicio por la “ruta del dinero K”

El Tribunal Oral que debía juzgar a Lázaro Báez, sumó una nueva audiencia que demora la definición del veredicto, como mínimo, hasta el 24 de febrero.

De manera inesperada, el Tribunal Oral Federal 4 sumó una nueva audiencia en el juicio por la “ruta del dinero K” y postergó el veredicto hasta el 24 de febrero. La consiguiente catarata de especulaciones que se generó en base a las nuevas motivaciones que llevaron a tomar esa decisión, la califican de sugestiva por parte de los abogados defensores. “En la audiencia del miércoles se podía terminar”, comentaron.

En la audiencia del 10 de febrero, el TOF 4 tenía previsto concluir con las últimas palabras de siete procesados. Las partes consultadas sospechan que hubo diferencias para llegar a un veredicto contra Lázaro Báez y el resto de los acusados, y no se descarta que la sentencia se conozca después del día 24 del corriente mes.

Desde el entorno judicial, se confirmó que la medida fue tomada en virtud de “la complejidad de la causa y de la necesidad de un conocimiento acabado de cuestiones que hacen a la próxima finalización del juicio oral y público que se viene desarrollando, sumado a las otras audiencias” de juicios que llevan adelante en los diversos tribunales en los que interviene cada uno de los magistrados.

Los acusados en este juicio son 27. Báez está acusado de lavado de dinero, supuestamente proveniente de la corrupción con la obra pública y de la evasión fiscal. El fiscal Abel Córdoba pidió que Báez sea condenado a doce años de prisión.

Hasta el viernes, la mayor incógnita pasaba por el delito precedente que se tomaría en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba habló de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad –donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas– y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

Los desacuerdos -especulan los abogados que siguen el proceso- pueden ir desde cuestiones no tan relevantes (como por ejemplo el monto de la pena o la figura a aplicar en cada caso), hasta cuestiones centrales, como el futuro del caso.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina (Kirchner)”, graficó una fuente judicial, según consigna Infobae. El otro escenario es que el TOF decida apoyarse solo en la evasión.

La defensa de Báez, en este último tramo del juicio a cargo de Juan Martín Villanueva, respondió con la figura del “auto de Volver al Futuro”. “Los acusadores eligieron imputar hechos lícitos, posteriores en el tiempo, como delitos precedentes”, dijo el abogado del empresario.

Judiciales

Corrupción en la Obra Social de los judiciales: amenazas, alianzas cortesanas y denuncias por encubrimiento

A un mes de los allanamientos en la sede de la prestadora y en el domicilio de su director, Aldo Tonón, el supremo Juan Carlos Maqueda comenzó a mover fichas, en alianza con personas cercanas al presidente del Máximo Tribunal, para intentar bajar el tono a un caso que incluye desvío de fondos multimillonarios y licitaciones digitadas

A un mes de los allanamientos realizados en el domicilio personal del entonces director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Tonón, por un megacaso de corrupción en la prestadora de salud controlada por personas de confianza del juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, comenzaron a darse llamativos movimientos internos que podrían perjudicar la investigación.

Según pudo confirmar NEXOFIN con fuentes judiciales, en las últimas semanas se presentaron nuevas denuncias penales contra la gestión de la Obra Social. Se trata de denunciantes que pidieron ante la Justicia investigar más licitaciones irregulares realizadas en la etapa de Tonón, como la ya revelada contratación de la empresa Farmandat S.A., que incluyó presupuestos multimillonarios sin respaldo técnico, gritos y aprietes en la apertura de sobres y hasta trabas a las competidoras, con el fin de que la compañía beneficiada pudiera quedarse con el servicio por 1.800 millones de pesos, pese a no contar con la mejor oferta.

Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

“Maqueda está intentando borrar las huellas que fue dejando a lo largo de tantos años”, figuró ante NEXOFIN una fuente judicial al tanto de los movimientos subterráneos que despertó la primera denuncia, realizada a mediados de septiembre por un empleado de la obra social. Consultado por este supuesto intento de “borrar huellas”, la misma fuente profundizó ante este medio: “Basta con mirar los nombres de los auditores que eligieron para revisar, entre muchas comillas, lo que hizo Tonón y el círculo de confianza de Maqueda en la Obra Social; es toda gente vinculada de alguna u otra manera a la Corte”.

Sin embargo, el vínculo de amistad y confianza que unió durante años a Tonón y Maqueda comenzó a resquebrajarse en las últimas semanas ante el temor de este último de que “el Doctor” hable: “El propio Tonón contó ante allegados que recibió un llamado de la esposa de Maqueda, María Belén Ferrer Deheza, amenazándolo y diciéndole que era un traidor“, contó una fuente interna de la Obra Social a este medio.

Pero no fue el único mensaje que recibió Tonón: la secretaria de Maqueda, Maribe Bounichelli, usó el mismo tono para dirigirse al ahora ex director investigado por la Justicia.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Las acusaciones por intentos de encubrimiento que rodean a Maqueda deben entenderse en perspectiva: dentro de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, el integrante de la Corte ubicó a personas de su máxima confianza en roles fundamentales. Hoy, estas personas quedaron en una situación delicada ante la Justicia. Uno de estos lugares sensibles lo ocupó su sobrina, María Guadalupe Burgos, a quien Maqueda sentó en la oficina principal de Tesorería, desde donde manejó un presupuesto mensual de 1.232,3 millones de pesos entre aportes y contribuciones de los afiliados.

Además, según pudo confirmar NEXOFIN, dos de los nuevos directores nombrados que estarán a cargo de gestionar la Obra Social son personas con ligaduras directas con Maqueda o bien con el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien funcionó de nexo inicial entre el ahora investigado Aldo Tonón y el juez del Máximo Tribunal. Otro de los directores, como veremos a continuación, generó aún más ruido interno en la Obra Social.

“Hay una alianza entre Rosatti y Maqueda para salvarle el pellejo al cordobés”, soltó un hombre con más de diez años en la gestión diaria de la Obra Social y que hoy se muestra descontento por la situación en la que quedó la prestadora. Sobre esta acusación, ahondó: “Nombraron a Cora Borensztein como parte del directorio de la Obra Social del Poder Judicial y muchos la vnicularon a Maqueda y a Ginés; es verdad, pero también es la pareja del principal colaborador de Carlos Rosatti”, reveló.

Dentro de la Obra Social, no recibieron con buenos ojos el aterrizaje de Borensztein: “No podés nombrar a la pareja del ladero de Rosatti para investigar. Sería todo mucho más transparente si se nombrara una auditoría externa o si fuera un organismo externo a la Corte”. Y completó: “Además, la presentaron en algunos medios como colaboradora de Eduardo Mertehikian como si estuvieran hablando de un jurista de alto vuelo”.

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Judiciales

Causas Hotesur y Los Sauces: se define la solicitud de sobreseimiento de Cristina Kirchner

A falta de poco tiempo para el juicio oral, el tribunal estudiará la petición. La vicepresidenta podría recibir una pequeña pero valiosa alegría antes que se renueve el Congreso el próximo 10 de diciembre

Novedades en el ambiente judicial. Al igual que en los casos por encubrimiento a la AMIA y por el dólar futuro, en los cuales también estaba procesada, Cristina Kirchner había pedido su sobreseimiento de la causa Hotesur-Los Sauces por considerar que no existió lavado de dinero por el alquiler de hoteles y plazas habitacionales dentro de las empresas de las que es titular.

Los jueces del TOF 5 Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg se encuentran analizando el pedido de la compañera de Alberto Fernández, y si bien no hay oficialmente una fecha concreta, su decisión se daría a conocer antes que termine noviembre, según adelantó la periodista Luciana Geuna en el programa Verdad Consecuencia, del canal TN.

“El pedido de sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner será resuelto antes del miércoles. A esta hora, hay dos votos por sobreseer a Cristina y uno por continuar el juicio oral. La causa está al borde del sobreseimiento para Cristina, y si se confirma será un escándalo mayúsculo, pero todavía no está definido el segundo voto”, aclaró sin dar nombres sobre los dos jueces que optarían por beneficiar a la vicepresidenta.

Quizás el apuro del TOF 5 obedezca a que el juez Adrián Grünberg termina su subrogancia el 30 de noviembre próximo y si no se toma una decisión previó a esta fecha, se deberá esperar una nueva conformación del Tribunal.

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Fútbol

La Justicia investigará a los jugadores de Villa Dálmine y determinará si recibieron coimas para dejar ganar a Barracas Central

La Fiscalía pidió reunir diversas pruebas y llamó al exfutbolista José “Pepe” Basualdo y al director técnico Marcelo Franchini como testigos para determinar si los jugadores aceptaron sobornos ilegales por parte de la dirigencia de Barracas Central, club que preside el hijo de Claudio Tapia

Lo que a principio de mes eran sospechas por un marcado favoritismo en el arbitraje para Barracas Central, el club de Claudio “Chiqui” Tapia, escondía una trama más oscura que esta semana pasó al fuero judicial. El escándalo que involucra a los jugadores de Villa Dálmine por haber recibido dádivas para dejarse perder ante el club que lidera Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, fue denunciado y en las últimas horas el fiscal ordenó la investigación del caso.

El fiscal federal Sebastián Bringas abrió formalmente una investigación tras la denuncia penal del abogado Javier Ferreira a la que tuvo acceso exclusivo NEXOFIN. La demanda apuntó tanto a la autoridad máxima del fútbol argentino, Claudio “Chiqui Tapia”, como a los jugadores de Villa Dálmine y dirigentes de Barracas Central por dar y recibir coimas en detrimento de las leyes del juego deportivo. Asimismo, acusó al Ministerio de Turismo y Deportes -autoridad de aplicación de sanciones para casos como éste- de hacer “la vista gorda ante estas graves denuncias”.

Los rumores habían comenzado a circular en varios medios y el caso tomó conocimiento público cuando el director técnico Marcelo Franchini y el exfutbolista José “Pepe” Basualdo hablaron del tema. La tensión se hizo evidente entre los jugadores de Villa Dálmine, cuando el jueves pasado el entrenador decidió terminar la práctica tras una fuerte pelea después de la derrota contra Los Barraqueños. Allí se cruzaron entre compañeros de plantel por las acusaciones a cuatro de los integrantes del Viola de Campana, cuyos nombres se mantienen reservados. “Hoy era el último día de entrenamiento, había un malestar dentro del grupo y por eso di por finalizado el ciclo 2021. Se habla y se habló mucho sobre esas situaciones. Fue una semana muy complicada. La verdad, lastima mucho”, dijo el DT.

“Me enteré que hubo una votación entre jugadores para determinar quién iba para adelante y quién para atrás. Insólito. Muy grave todo lo que me llegó. Muy grave la situación. Algo se olfateaba en el ambiente, si es realmente todo como se dice y como salió, la verdad es que es muy lamentable que mi equipo esté involucrado en esta situación. Creo que ganó un punto la votación para ir para adelante. Fue en vano igual porque teóricamente regalaron el partido”, dijo Basualdo.

Frente a este escenario, Bringas ordenó dar inicio a la investigación y pidió reunir diversas pruebas para determinar si los jugadores de Dálmine aceptaron sobornos ilegales por dejarse perder. Por un lado, llamó como testigos por sus declaraciones públicas a Basualdo y al DT Franchini, y pidió que aportaran lo que supieran por la pelea entre los jugadores de Dálmine. Por el otro, solicitó el informe del partido que hizo el árbitro Dovalo, que está en manos de la AFA, más la lista de jugadores que compitieron en el torneo y los designados para ese partido.

Los jugadores de Villa Dálmine se defendieron en un video en el que denuncian haber recibido amenazas de muerte: “Hoy estamos acá para salir a desmentir todos los dichos que han salido durante esta semana. Nosotros como equipo hemos salido a ganar este partido como lo hicimos durante todo el torneo”, dijo el arquero del club, Emanuel Bilbao.

Por otro lado, el fiscal Bringas contempló que el caso debería tratarse en la justicia provincial por la presunta dádiva a los jugadores y la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires por los hechos del Ministerio de Turismo y Deporte, en lugar de los tribunales de Campana.

La mano de Tapia para el club de sus amores

Si bien en 2010 Barracas Central trepó de la Primera C a la B, los logros se acrecentaron desde que Tapia asumió la presidencia del fútbol argentino en 2017 el equipo ascendió al Nacional en 2019 (no participaba en la segunda categoría desde 1949) y ahora va en búsqueda de la Primera División. Así, las sospechas comenzaron en las últimas fechas disputadas contra Brown de Puerto Madryn, Tristán Suárez y Atlético de Rafaela. 

En la denuncia de Ferreira, a la que tuvo acceso NEXOFIN, el abogado acota en referencia al enfrentamiento con la Viola de Campana: “Si Villa Dálmine ganaba o empataba ese partido, hoy sería Ferro el que hubiese clasificado a la final de la Primera Nacional”.

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