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Notas de Opinión

Rompe el silencio un hombre cercano a Lammens: “Me traicionó”

Alberto Castro es ex asambleísta de San Lorenzo, desde hace más de 20 años que conoce de cerca al ahora ministro, y juntos compartieron infinidad de partidos, sentados uno junto al otro en la platea del “Cuervo”; sin embargo, una deuda en dólares impaga desde el 2017 y una sucesión de episodios de destrato por parte del ex presidente del club terminaron dinamitando la relación, que tuvo como corolario una tensa y última reunión el 5 febrero del 2020 en las oficinas del Ministerio de Turismo y Deportes

Alberto Castro es contador, tiene 74 años y es socio de San Lorenzo desde hace 68. Nació a cuatro cuadras del Viejo Gasómetro y pasó toda su infancia correteando por los rincones del club. Su pasión y lealtad por el “Cuervo” lo llevaron a tomar decisiones que, vistas a la distancia, hoy las define como “erradas”. A fines de la década del 70 e inicios de los ’80, ante el déficit financiero permanente de la Tesorería del club, Alberto y otros dirigentes pusieron sus viviendas como garantías hipotecarias ante el Banco de Italia y Río de la Plata para que esta entidad financiera facilitara créditos al club. Finalmente, San Lorenzo no pagó las últimas 10 cuotas del crédito y él se vio obligado -junto a otros socios que actuaron con la misma buena fe- a cancelar de su bolsillo las cuotas del crédito, pagando incluso los intereses punitorios.

Casi cuarenta años después, alentado por la confianza que le generaba que una persona a la que conocía como a pocos desde hacía más de veinte años estuviera en la presidencia, Castro volvió a prestar dinero al club, acompañando la epopeya de la “Vuelta a Boedo”. Esta vez serían 60 mil dólares: U$S 30.000 puestos de su bolsillo y otros U$S 30.000 de un amigo íntimo, también fanático del “Cuervo”, al que Alberto convenció para que aportara, bajo la promesa de que el joven titular del club, al que él conocía muy bien, cumpliría con el acuerdo. “Tenía la palabra de Matías, a quien conozco desde hace décadas y a quien me ataban vínculos afectivos más allá de lo futbolístico, de que el préstamo me lo devolverían, pasara lo que pasara, aún con su dinero personal, antes de que venciera su mandato en diciembre 2019”, contó Alberto en diálogo con este sitio.

Castro prefiere no ahondar en detalles en la relación personal y afectiva que lo unió desde hace décadas con el ahora presidente. “Lo hago para no mezclar en el medio a parte de mi familia, pero teníamos una relación de profunda confianza y cercanía desde siempre”, describe ante la consulta de este medio. Los lugares en la platea así lo confirman: Castro tiene abono en la Platea Norte baja Preferencial G, fila 5, asiento 23. Desde hace décadas, Lammens tiene su lugar en la misma fila y sector, en el asiento 25. Entre Alberto y el ahora ministro se sientan familiares de ambos.

Alberto Castro junto a un Lammens adolescente, en 2007

Sobre los 60 mil dólares que llevó al club, agrega: “Cuando me invitó a realizar los aportes le expresé al integrante de la Comisión Fiscalizadora que me contactó por iniciativa de Lammens, directivo de afinidad y estrecha relación con él, que el dinero se colocaba exclusivamente por la confianza y seguridad que me proporcionaba Matías, y que antes de finalizar su mandato debía ser devuelto. La respuesta fue ‘sí’ y hasta me aclararon: ‘quédate tranquilo, Matías lo sabe, es consciente, vos lo conocés como nadie y él sabe que lo tiene que devolver antes de irse, y si no lo hace San Lorenzo, él  va a poner el dinero de su bolsillo’. Este último comentario le fue dicho por el propio Lammens para que se me transmitiera”.

El mutuo se firmó el 30 de marzo del 2017, y el documento cuenta con dos firmas, la de Alberto Castro y la del presidente del club, Matías Lammens. En el mismo documento -al que pudo acceder este medio- se dejan en claro las condiciones de devolución: sería en 12 cuotas sin interés, y la primera de éstas se pagaría en mayo del 2017. Pasado el mes de mayo, no hubo novedades sobre ningún pago, pero este ex asambleísta que integró en dos ocasiones la lista del oficialismo (2013/2019) que llevó a Lammens como candidato, así como su amigo, decidieron no hacer ningún reclamo ya que confiaban en que cobrarían en cuanto el club pudiera devolverles el dinero. Esto finalmente nunca ocurrió. “No me pagaron nunca ninguna cuota”, comentó Alberto a este medio.

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Alberto Castro, junto a Matías Lammens, a quien lo unió una relación estrecha y de confianza durante décadas

El caso de este ex asambleísta de San Lorenzo no es un caso aislado: en marzo del 2017, con la vuelta al Viejo Gasómetro como horizonte, el club apeló a la buena fe de allegados y socios del “Cuervo”, y logró así conseguir alrededor de dos millones de dólares para avanzar con el sueño de tantos hinchas. “Hay muchas personas que están en mi misma situación, pero lo que más me duele es que yo a Lammens lo conocí muy de cerca, siempre compartimos platea y tuve una relación personal con él más allá del fútbol. Y hace unas semanas me vengo a enterar de que él se puso primero en la fila para cobrar, habiendo tantas personas a las que él conoció muy de cerca que pusimos dinero en el club sólo por el vínculo y la confianza personal que él nos brindaba”, agregó el denunciante, quien ya envió una Carta Documento a San Lorenzo reclamando por el pago e iniciará en la próxima semana -“muy a mi pesar”- acciones judiciales contra el club donde se crió.

La referencia de Castro al cobro de una deuda por parte de Lammens surge a partir de un artículo publicado días atrás por este sitio, que reveló que el ahora ministro de Turismo y Deportes usó en septiembre del 2019 un cheque que River le había entregado a San Lorenzo en una bodega, con el fin de proveer de productos a su propia empresa Ñuke Mapu SRL. Según reconocieron voceros de Lammens, ese cobro se debió a una deuda que el club tenía con él.

En plena crisis, Matías Lammens gastó $ 412.912 de San Lorenzo en la compra de vinos

Sin embargo, Castro intentó dilatar lo más posible su decisión de avanzar judicialmente contra el club, y apeló a diferentes caminos para lograr recuperar su dinero y el de su amigo. “Tengo acá en mi celular los mensajes a Lammens, al miembro de la Comisión Fiscalizadora que ofició de intermediario para acercarme el pedido del préstamo y a otro integrante de la Comisión Directiva a quien conozco desde hace muchísimos años. Ellos siempre reconocieron la deuda y son conocedores del compromiso personal que había asumido Lammens en marzo del 2017 y ambos también pueden dar fe de la estrecha relación que yo tuve con el ex Presidente. Ambos directivos siempre prometieron e intentaron conseguir el pago y me dieron fechas que no se cumplieron, ellos no tenían la llave para liberar el pago ya que era decisión unilateral de Lammens”, relata a este cronista, mientras apoya sobre una mesa de un bar porteño una hoja A4 con una transcripción de los mensajes enviados, con copia a los tres. Por parte de Lammens nunca recibió respuesta a ninguno de los chats.

Finalmente, el mandato de Lammens en San Lorenzo se venció sin cumplir con la promesa de devolver los 60 mil dólares. Esto lo convenció a Castro de avanzar con su reclamo por vía legal, pero la desprolijidad en la firma de los mutuos del club dificultó esta tarea. “Los mutuos que me habían hecho firmar eran inválidos, porque sólo tenían la firma de Lammens, y los mutuos, por estatuto, tienen que contar también con la firma del Secretario del club. En marzo del 2017, cuando se firmó el mutuo, yo obvié esa anomalía por la confianza y seguridad que tenía hacia el presidente Lammens. En ese momento nunca me preocupé porque asumí equivocadamente que alguien a quien me unían vínculos afectivos nunca iba a dejar de cumplir con su promesa de pago. De hecho yo llevé físicamente la plata al club”, contó.

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La Carta Documento que Castro envió al club, que ya fue notificado de la misma

Al no contar con la firma del Secretario, el mutuo podría ser cuestionado por San Lorenzo en caso de un eventual juicio y la alternativa era accionar contra Lammens por vía de un juicio personal por incumplimiento del Estatuto. Sobre esta alternativa, comentó: “Hubiese sido una pérdida de tiempo ya que dada la conformación actual de la conducción del Club, con mayoría absoluta en todos sus órganos de conducción, ese mutuo con seguridad sería reconocido por la Institución para así proteger a Lammens por no haber respetado el Estatuto. Me hubiese gustado accionar contra el ex Presidente porque fue el verdadero incumplidor de la promesa durante 4 años, pero no iba a tener el resultado que yo pretendía, que se hiciera cargo de la deuda y no fuera soportada por el Club. A mi y a muchos no les canceló los préstamos, sin embargo, parecería que el sí retiró su dinero antes de terminar su mandato en diciembre 2019″, se lamenta Castro.

El estatuto del club reformado por el propio Lammens en septiembre del 2016 abre la posibilidad a que los socios exijan que sea el propio dirigente quien se haga cargo de los pesares económicos provocados. A partir de esa reforma, en San Lorenzo se definió que los dirigentes deberán responder con su patrimonio ante una mala gestión y en caso de que se hayan producido pérdidas económicas importantes.

Aún sin novedades del pago y tras varios intentos fallidos en diciembre del 2019 y enero del 2020, Castro logró finalmente comunicarse con Lammens. Fue en febrero del 2020, cuando este último ya tenía un pie en el Gobierno Nacional. Los vínculos que lo unieron durante tantos años al ex presidente del club le permitieron el 5 de febrero del 2020 ser recibido por el ahora ministro en las oficinas del área de Turismo y Deportes, en la calle Suipacha. “El encuentro duró 10 minutos, me dijo que yo no le había prestado dinero a él sino a San Lorenzo, que le debía reclamarle a San Lorenzo o ‘hacerle juicio al club’ ya que, según él, ya no estaba en la gestión del club”. Actualmente, Lammens es el vicepresidente 1º del club azulgrana.

Sobre el tenso encuentro, Castro detalló: “Me dijo que lo que me podía ofrecer era hablar con Marcelo (Tinelli) para que me dé cheques de pago diferido”.

“‘¿Me estás cargando? ¿Me estás ofreciendo cheques cuando San Lorenzo en tu gestión fue el campeón mundial de cheques rechazados?’”, le respondió Castro al ministro, según relata el ex asambleísta.

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A un año de esa reunión, Castro dice haber descubierto al “verdadero” Lammens: “Como ser humano, podría calificarlo de la peor manera, prefiero abstenerme. Pensé que lo conocía muy bien, pero me equivoqué. Es un personaje que no me decía la verdad desde que lo empezamos a tratar. Siempre usó a todos los que él mencionaba cómo ‘mi mejor amigo’, y a esos amigos a medida que los exprime los va descartando, encontrando otros ‘mejores amigos’ en el camino de sus objetivos personales. Me di cuenta que no era la persona en la que en su momento había confiado y con el que compartí muchas horas de charlas y partidos en la platea”.

Al otro día de esta reunión en las oficinas del Ministerio, Castro se reunió el 6 de febrero del 2020 con el miembro de la Comisión Fiscalizadora -de quien opta por resguardar la identidad ya que aún lo une una relación de amistad- que había hecho de intermediario en el préstamo de los 60 mil dólares y le había garantizado su devolución, y le contó lo que Lammens le había dicho en la reunión del día anterior. “Le dije todo lo que yo pensaba de Lammens y al otro día me llama el propio Lammens para quejarse por lo que yo había dicho sobre él al miembro de la Comisión Fiscalizadora, temas familiares y personales que para un padre y abuelos son cuestiones innegociables. Y, al mismo tiempo, me dice que me va a contactar la próxima semana para ver una forma de llegar a un acuerdo, lo cual me llamó la atención”, relata Castro.

Luego, llegó la pandemia y la promesa de un llamado se desvaneció una vez más. Sin embargo, a finales de ese mes de febrero, Castro cuenta que lo contactó un miembro de la mesa chica de la Comisión Directiva del club para ofrecerle a él y a su amigo ratificar ante un escribano el mutuo irregular que habían firmado en 2017 con Lammens. Ante esta propuesta, Alberto aceptó, esperanzado de que por fin la deuda se cobraría. Ante escribano, el 4 de marzo el documento fue ratificado, con las firmas de Marcelo Tinelli, presidente del club, y Miguel Mastrosimone, Secretario”. A partir de este momento, el mutuo pasó a reconocer la deuda entre el club y Alberto.

“En un principio creí que era una buena señal ya que consideraba que el club nos iba a devolver los 60 mil dólares a mi y a mi amigo. Pero después me di cuenta que podría haber sido toda una estrategia de Lammens para que no active judicialmente en su contra, ya que el anterior mutuo sólo contaba con su firma”, razona Castro.

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A casi cuatro años del préstamo y aún sin novedades, Castro decidió avanzar en un juicio contra el club, tal como adelantó en diálogo con este medio. Sobre su caso, hoy reflexiona. “Nunca pasó por mi cabeza ni en los peores momentos de la Institución (1979/1982) hacerle un juicio al Club. Junto a otros 10 dirigentes, entre ellos mi hermano, sacamos un préstamo para San Lorenzo y todos colocamos la casa habitación como garantía, nos hicimos cargo de forma personal de cuotas impagas asumidas por el Club. Nunca ninguno de esos dirigentes le reclamamos el dinero al Club. Hoy, por el incumplimiento moral y ético del ex Presidente Lammens, estoy iniciando un juicio al Club de mis hijos y nietos. Av. La Plata fue mi segunda casa y también la de mi hermano, esta es mi verdad que muchos amigos ya la conocían. Lammens me empujó cuando me dijo en febrero del 2020: ‘Reclamale a San Lorenzo, o hacele juicio’”.  

Castro hoy reflexiona: “La traición emocional nunca viene de un enemigo, sino de alguien al que valoraste más de lo que se merecía…”.

Notas de Opinión

Camino a una tragedia

El Gobierno toma todas las decisiones se acuerdo a lo que ha ocurrido en el pasado y no en virtud de lo que desean que ocurra en el futuro

Columna publicada originalmente en Infobae

Los planes económicos no parecen ser prioridad uno en el Gobierno: lo han demostrado durante los tres años de gestión. La dinámica diaria logró llevarse por delante cualquier intento (si es que lo hubo) de implementar un programa económico de mediano plazo y largo plazo.

Incluso allá por el año 2020 el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya había delatado su negligencia: confesó no creer en los planes económicos. Los resultados están a la vista.

Las acciones de gobierno en materia económica parecen solo ser algo temporal. El Gobierno toma todas las decisiones se acuerdo a lo que ha ocurrido en el pasado y no en virtud de lo que desean que ocurra en el futuro.

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Hoy ese plan cortoplacista se llama “dólar soja”. Este esquema cambiario ocupará buena parte de las noticias económicas durante Diciembre, no por ser algo precisamente algo novedoso: ya estamos transitando su tercera versión.

La primera estuvo ejecutada por la ex Ministro de Economía Silvina Batakis –la que resultó en un rotundo fracaso– y luego su versión mejorada operó en septiembre último, la que ha logrado que se liquiden cerca de 8.000 millones de dólares provenientes del sector sojero. Hoy parece no haber más plan que este.

Suena iluso creer que la inflación va a poder derrumbarse hasta un 3% mensual en el corto plazo (al menos de manera consistente y perdurable en el tiempo). Solo en diciembre los combustibles aumentarán un 4%, los planes de medicina prepaga un 6,9%, el transporte público un 40%, los colegios privados de la Ciudad de Buenos Aires un 14,5% (los de Provincia de Buenos Aires un 10%), el personal doméstico un 9% y los quienes tengan la desdicha de ser inquilinos en este momento ajustarán sus valores en torno al 80%.

Además de estos aumentos preanunciados, la propia dinámica inflacionaria y las expectativas en lo que viene no colaboran en explicar cómo logrará el gobierno bajar la inflación de manera contundente.

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El programa “Precios justos” no es más que un intento de repetir fracasos conocidos que tampoco colaborará demasiado en los deseos del Ministro Massa.

El nuevo esquema cambiario para el sector sojero acelerará la emisión monetaria. Si bien las liquidaciones de granos parecen estar resultando algo más lentas de lo esperado por el gobierno, lo cierto es que el equipo económico estima el BCRA se hará de al menos 4.000 millones de dólares por lo que se emitirán adicionalmente para comprar esas divisas unos 200.000 millones de pesos.

Además de esto el Banco Central de la República Argentina probablemente tenga que emitir cerca de otros 500.000 millones de pesos de aquí a fin de año: la imposibilidad del Tesoro Nacional de conseguir esos pesos en el mercado hará que el déficit necesariamente se deba cubrir con la máquina de hacer billetes.

Hay más combustible inflacionario en el futuro cercano: de aquí a las elecciones los vencimientos en pesos superan ampliamente todo el dinero circulante existente en la Argentina. Incluso los pasivos remunerados del Banco Central más que se duplicarán en los próximos doce meses. La emisión monetaria será brutal y el impacto en precios tal vez resulte imparable.

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El deseo del gobierno de bajar la inflación a menos de la mitad de los niveles actuales peca de optimista. Más bien el equipo económico tiene que preocuparse por que los niveles actuales de inflación no signifiquen una pequeña muestra de lo que vendrá en materia de precios en los próximos meses. Sin plan, la tragedia económica puede ser una realidad. A pesar de los riesgos nadie parece querer intentar evitar el colapso.

Ojalá en algún momento quienes nos gobiernen tengan ese plan económico que termine con la decadencia crónica que atraviesa la Argentina, decadencia ésta que se traduce en 19 millones de pobres, 4 millones de indigentes y en un país que no parece tener rumbo.

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Notas de Opinión

En qué se convertirá el kirchnerismo

Columna de opinión publicada originalmente en La Nación

¿La única verdad es la realidad? Perón en esta época seguramente no habría podido repetir su apotegma de cabecera sin ser amonestado por la juventud maravillosa de hoy. Le habrían salido al cruce cultores irreductibles del realismo representacional, adictos a la semiología de café, denunciantes metódicos de la invisibilidad de los poderes fácticos, miembros de la asociación amigos de Saint Exupéry, terraplanistas agazapados.

Sin embargo, hay realidades crudas que tenemos delante de las narices, bien lo sugería el General, y nos esmeramos por no ver. Hasta por razones neurológicas. Es bastante conocido el experimento que hicieron estudiosos del cerebro humano, aquel de dos equipos de seis personas, uno de camiseta blanca, el otro de camiseta negra, a quienes un grupo de voluntarios debe contabilizarles la cantidad de veces que se pasan la pelota. En determinado momento un gorila atraviesa la pista, pero los observadores ni lo advierten: están concentrados en contar pases de pelota.

En la Argentina 2022 no se trata de un gorila sino todo lo contrario. Tal vez suene a verdad de Perogrullo, otros dirán “para qué menear este dato”. No faltará un socarrón, chocolate por la noticia. La única verdad, en fin, aquí va (de nuevo): uno de cada cuatro argentinos es kirchnerista. Y muy probablemente lo siga siendo.

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El kirchnerismo probó ser la corriente política de núcleo duro más robusto de plaza, lo que significa que su piso, comparativamente alto, no se conmueve demasiado con los oleajes del humor social. Ni con la inflación ni con lo que le suceda al blue, a las jubilaciones o a la educación. Mucho menos con nuevas condenas judiciales por corrupción, si vinieren, que hasta reforzarían el fervor.

Claro que puede expandirse: de hecho, en algunos momentos engordó -fue uno de cada tres- y también algo puede mermar. ¿Qué los kirchneristas serían el 20 por ciento y no el 25? Tal vez. Seguiría siendo una fuerza inusualmente perdurable y musculosa. En 2003 a Néstor Kirchner le alcanzó estar a mitad de camino entre 20 y 25 para llegar al poder. Ramón Castillo salió primero el año pasado en Perú con el 18 por ciento y en segunda vuelta le ganó a Keiko Fujimori (una especie de kirchnerismo de derecha) por 44 mil votos.

Expertos en opinión pública como Jorge Giacobbe hablan del kirchnerista avergonzado. La teoría del kirchnerista avergonzado dice que debido al ostensible fracaso del gobierno Fernández-Fernández (si se quiere ser más amable, a las dificultades que atraviesa el país) muchos kirchneristas no saben bien adónde pararse. Entonces las encuestas dan resultados distorsionados. Efecto Bolsonaro. Inexactitudes. Los instrumentos de medición no permiten medir procesos mentales confusos. Para ahondar en el pensamiento del encuestado se recurre por eso a preguntas indirectas, por ejemplo, acerca del odio y de sus responsables. ¿De qué lado piensa usted que están los odiadores? Pistas para construir radiografías.

Sucede así que a un 20 por ciento de kirchnerismo explícito habría que agregarle un 10 por ciento, estimado, de kirchnerismo escondido. Como se trata de presunciones, tal vez convenga calcular 25. Uno de cada cuatro argentinos. Pero otra cosa es la intención de voto. ¿Por quién votará esa porción del electorado en 2023? Hipótesis: una buena cantidad, por quien Cristina Kirchner diga. La campaña será, probalemente, en base a un leit motiv que ya se escucha: la derecha es peor.

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Contar kirchneristas no es tarea fácil también por otras razones. El kirchnerismo repele cualquier organicidad. Está mimetizado, fusionado o quién sabe qué con el peronismo, movimiento septuagenario que carece de perímetro. La oscilante relación del kirchnerismo con el peronismo probablemente sea la clave más importante de la política argentina. ¿Hay pertenencia? ¿Acaso inclusión? ¿Son dos cosas o una sola? ¿El kirchnerismo es “entrismo” versión siglo XXI? ¿O los K finalmente son una corriente interna? Esta discusión nunca va a saldarse. La ambigüedad viene ensamblada de fábrica en ambos artefactos, el peronismo y el kirchnerismo.

Sea lo que fuere, ese vínculo regula el cuadro electoral de la Argentina. Cuando en términos corrientes hoy se habla de “la unidad del peronismo”, en esencia se está hablando de la calidad del pegamento peronismo-kirchnerismo. Pero hay una dificultad taxonómica adicional: en la cultura peronista las migraciones de cabotaje están más naturalizadas que entre las aves. Emilio Pérsico, albertista insigne, refrescó la semana pasada la explicación de por qué volver es el verbo que organiza la dinámica del peronismo. En su caso le tocó volver a ser cristinista.

Casualmente ahora la lideresa del kirchnerismo está volviendo a citar a Perón (cuyo monumento inauguraron en 2015 Macri, Tula, el hijo de Hugo del Carril, Hugo Moyano y, recuérdese una vez más, ningún kirchnerista), cosa que muchos atribuyen a que se acaba de largar la temporada electoral. Cambió el menú. Alberto Fernández y los funcionarios que no funcionan desaparecieron por completo del discurso. Junto con Perón entró la inseguridad, asunto “de la derecha”.

El porcentaje preciso de kirchnerismo estable, es cierto, puede ser discutible, pero si convenimos que anda en torno del 25 por ciento, ¿qué significa eso, no en términos electorales sino de funcionamiento del sistema político? Simple: que un cuarto del electorado prefiere una opción contestataria. Todavía hay que agregar a la izquierda de raíz marxista, que en las últimas elecciones resultó la tercera fuerza más votada, con una marca del orden del 5 por ciento. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) pasó de tener dos diputados a cuatro, lo que sólo significa el uno y medio por ciento de la cámara, pero su influencia sindical, en las organizaciones sociales y sobre todo en la calle es infinitamente superior.

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Autopercibido progresista y revolucionario, el kirchnerismo funciona articulado con los más rancios conservadurismos provinciales. Su vanguardia juvenil lleva el nombre de un dirigente conservador, el odontólogo Héctor Cámpora, al parecer debido al malentendido que lo hizo aparecer 49 días como presidente izquierdista. Prevalece en el kirchnerismo el aire antisistema musicalizado por los pibes para la liberación. La líder deplora la alternancia y dice añorar un nuevo orden, otra Constitución, estatizar todo lo que se pueda, imponer una soberanía alimentaria, que los jueces sean elegidos por voto popular en campañas politizadas, una Corte Suprema multitudinaria auditada por los feudalismos provinciales, controlar el Consejo de la Magistratura, borrar el periodismo profesional, alinear los medios de comunicación y consagrar una política exterior proclive a Rusia y China. Ahora mismo desató un conflicto de poderes entre el Senado y el Poder Judicial porque pretende con una artimaña llevarse más sillas del Consejo de la Magistratura de las que le corresponden. Como sea.

El kirchnerismo, por otra parte, ya mostró durante el gobierno anterior qué entiende por ser opositor. No vale la pena repetir todo, bastan tres estampas: el boicot a la asunción de Macri, las manifestaciones golpistas con el infaltable ícono del helicóptero y las 14 toneladas de piedras arrojadas contra el Congreso cuando se trataba la reforma previsional.

El sindicalismo peronista avisó –nunca lo había hecho tan temprano- que no le permitirá a un futuro gobierno de Juntos por el Cambio avanzar con reformas. Todo esto promete para 2023 una intensa campaña electoral, ojalá que sincera. Hoy el debate público parece acaparado por nombres propios, lo cual pone en evidencia la incertidumbre del oficialismo, por una parte, y la desmedida, por momentos desmadrada pelea por el poder en Juntos por el cambio, por la otra.

Suele escucharse que el tema de las candidaturas relega lo importante, que es la discusión sobre el futuro, la pobreza, la indigencia, el control de la inflación, el crecimiento sostenido de la economía, la educación, las metas, los programas, el modelo de país, la inserción en el mundo. Aunque tal vez hay algo previo: las reglas.

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¿Es viable la democracia del 70 por ciento? En el supuesto de que se lograra avanzar en acuerdos dentro del 70 por ciento, ¿qué pasaría con el otro 30 (o 25)? Está volviendo a circular en los mentideros políticos la idea de que el próximo gobierno necesitará sí o sí obtener un fuerte respaldo en las urnas para poder llevar adelante consensos que permitan reformas y medidas poco simpáticas. Pero la historia desmiente que haya un link entre potencia electoral y éxito. Kirchner, con la peor génesis electoral de la historia en una consagración presidencial, inauguró un gobierno fuerte de doce años y medio. De la Rúa, votado nada menos que por la mitad de los argentinos, cayó a los dos años y le siguió el desastre.

Suele atribuírsele a Javier Milei, a quien con estándares europeos se califica de ultraderecha, la encarnación del extremismo antisistema. Muchos analistas dicen que, ideas aparte, es Milei quien mejor canaliza el enojo. Ahora están atentos a descubrir su aptitud acuerdista, si es que la tiene, porque de eso depende, en parte, la fortaleza del frente opositor. El kirchnerismo es una fuerza contestataria de mucha más envergadura y experiencia cuya líder repite que no hay estado de derecho porque los jueces que la juzgan por corrupción son pelotones de fusilamiento y se esfuerza por demostrar que detrás del intento de asesinarla estuvo la oposición.

Sin duda hace falta discutir cómo ejercerá cada uno el lugar que le toque según la voluntad popular, no sólo candidaturas.

CFK se modera en temporada preelectoral. Ya empezó. No ataca más a Alberto Fernández.

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Notas de Opinión

El INADI, una institución que deberá ser repensada

El cambio cultural que los argentinos necesitamos cuenta también para este organismo, que necesita ser repensado en toda su dimensión, como toda la política de Derechos Humanos

Columna de opinión publicada originalmente en Infobae

Cuando se desvirtúa la función específica de un organismo o institución de cualquier índole, incumpliendo su misión, desviando sus objetivos y traspasando el límite que debe preservarla del uso partidario y más del personal, estamos ante hechos graves que por afectarnos a todos deben ser señalados insistentemente.

Esta es la realidad que observamos una vez más en el Inadi, (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenófobia y el Racismo), que a todas luces, como muchos estamentos del Estado, desde 2019 ha vuelto a ser cooptado ideológicamente y orientado a satisfacer objetivos sesgados lejos de una mirada amplia puesta al servicio del bien común, sin pensamiento crítico y plural que dé respuestas al conjunto de la sociedad.

Es oportuno tener presente que el INADI es una creación de tres organizaciones de la sociedad civil, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina), FEARAB (Federación de Entidades Árabes de BsAs) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), que juntas, a mitad de los años noventa, comprendieron que el problema de la discriminación más allá de la existencia de la ley antidiscriminatoria y otras normas legales vigentes, era un desafío y necesidad que el Estado debía tomar para dar respuestas con políticas públicas que fueran permanentes en pos de garantizar la convivencia pacífica con pleno respeto de la diversidad y pluralidad propia de nuestro tejido social.

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En aquel tiempo, los trágicos atentados terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel, que eran muy recientes, generaban miedos y desconfianzas en la sociedad, como también alimentaban polémicas y debates en la política y la opinión pública la aparición en Bariloche del buscado nazi Erich Priebke. Esos fueron los temas inspiradores para el nacimiento del Inadi, como testigo y partícipe puedo dar fe de ello.

Hoy, aquella confluencia de fuerzas que permitieron su creación debe ser reconocida de la misma manera que recuperada su inspiración.

Debemos ponderar el significativo hecho de haber sido un proyecto nacido sin color político, con un claro mensaje de fraternidad y acuerdo puesto a disposición del Estado, no de un gobierno.

Dista mucho este presente institucional de los objetivos e ideales planteados e imaginados hace tres décadas por dirigentes probos como Simón Lazara, Horacio Munir Haddad y Rogelio Cichowolski.

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Tristemente, la imposición de la lógica amigo/enemigo fue infectándolo hasta llegar a la situación actual de su dantesco desprestigio en la opinión pública, donde, incluso, la pregunta sobre su utilidad es repetidamente formulada.

Recientemente, su interventora, Victoria Donda, no hizo más que aumentar la mancha que tiñe a la institución al decir que no se respondió en tiempo y forma al brutal agravio discriminatorio que sufrió la diputada María Eugenia Vidal por parte del Gobernador Gildo Insfrán porque esperaba la denuncia de la damnificada.

Mintió la interventora y lo sabe.

El Inadi no necesita denuncia alguna para expedirse públicamente, hay infinidad de pruebas al respecto. Está debidamente autorizado para ello.

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Su voz como funcionaria y la palabra institucional estuvo ausente en respeto al victimario, protegido y exaltado por el gobierno, y no a la víctima, referente de la oposición a quien hay que ignorar y destruir.

La mentira enunciada, como los tantos silencios a las innumerables violaciones de derechos humanos sucedidos, y las pocas e irrelevantes acciones llevadas a cabo en estos tres años, son los hechos que definen la triste gestión del instituto.

Es cierto, no se puede volver hacia atrás, pero tampoco se puede continuar con esta realidad desvirtuada de parálisis, ausencia y sin sentido.

El cambio cultural que los argentinos necesitamos cuenta también para el Inadi que necesita ser repensado en toda su dimensión, como toda la política de Derechos Humanos que debe ser nuevamente puesta en su lugar, abrazando su universalidad, comprendiendo que ellos no poseen ideología y mucho menos pueden ser presa de ninguna.

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Son de y para la gente y jamás pueden ser propiedad de un gobierno de turno que acomode su comportamiento de acuerdo a sus propios intereses, dando la espalda a la sociedad.

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