Economía

El Gobierno busca implementar controles de precios y cierre total de la economía hasta llegar a las elecciones

A fines del año pasado, el Gobierno enfrentaba un dilema de hierro. O aceptaba una devaluación más acelerada del tipo de cambio oficial o debía imponer más restricciones para cuidar las reservas. Eligió este último camino porque supone que es el más indoloro para llegar a las elecciones de octubre

domingo 10 de enero de 2021 - 9:14 am

El principal objetivo de Martín Guzmán este año es no repetir el escenario del 2020, cuando una mezcla de inexperiencia y fuerte crisis desatada por la pandemia lo hizo correr todo el tiempo detrás de los acontecimientos. La economía lo terminó pagando con una fuerte crisis cambiaria, una recesión de más del 10% y un gran deterioro social. Además, la inflación empezó a ganar velocidad en el último trimestre.

Con la tonelada de soja a 500 dólares y tasas de interés en los valores más bajos de la historia, la lógica indicaría que es momento de aflojar el cepo cambiario y favorecer el ingreso de capitales. Pero, por las dudas, Miguel Pesce tomó el camino contrario y terminó derribando el último “bastión” de acceso al mercado cambiario oficial: las importaciones.

La idea es ir hacia un cierre total de la economía y los dólares a precio oficial quedan reservados estrictamente para las importaciones de bienes vinculados a los procesos productivos. 

Las restricciones al ingreso de productos importados no solo alcanza a bienes de lujo, sino también a un “conjunto de bienes finales”, que representan unos USD 300 millones mensuales, a lo que deben sumarse otros USD 25 millones adicionales por los bienes suntuarios. La cifra representa alrededor del 8% de todas las importaciones por mes, es decir un volumen significativo.

Una de las razones que llevó a Pesce a endurecer todavía más las restricciones cambiarias está relacionada con lograr un superávit comercial algo más holgado, luego de la caída de los últimos meses. Es el efecto de la brecha cambiaria, que alienta las importaciones y al mismo tiempo desalienta a los exportadores, que se ven obligados a liquidar al tipo de cambio oficial. Con una brecha que sigue arriba del 90%, tarde o temprano el superávit comercial tiende a desaparecer. Para prolongar un poco más la agonía directamente se prohíbe el ingreso de determinados productos.

La otra razón está vinculada con una política estrictamente local. Quien estuvo detrás de las restricciones para importar bienes finales fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en lo que se encamina a convertirse en una nueva edición del famoso “vivir con lo nuestro”.

A partir de ahora ya no se podrán importar lavavajillas, ni heladeras, freezer, hornos eléctricos, microondas o celulares y computadoras de alta gama. No alcanzó con el impuesto interno del 17% que se impuso antes de fin de año para los productos finales importados. Ni siquiera así es competitiva la industria nacional, por lo que directamente se optó por prohibirlos.

El guiño a los fabricantes de Tierra del Fuego es clarísimo. Fueron los grandes aliados de Cristina Kirchner durante su gestión hasta el 2015 y ahora vuelven con sus privilegios. La excusa será, por supuesto, cuidar el empleo nacional, aunque difícilmente una medida de estas características esté enfocada en el consumidor. Las consecuencias ya empiezan a ser notorias. La oferta de línea blanca y electrónicos es mucho más escasa y los precios no tardarán mucho en subir sostenidamente ante la falta de producto. Es la historia que se repite en la Argentina una y mil veces.

Pero los números nunca cierran. Este tipo de industria es altamente ineficiente por la distancia del puerto de Buenos Aires (más de 3.000 kilómetros) y además demanda un enorme volumen de insumos importados para la producción. En otras palabras, lo que se ahorra prohibiendo el ingreso de productos finales se terminará perdiendo por el lado de los insumos. En el medio, como siempre pierden los consumidores.

El cierre de la economía va acompañado, además, con fuertes decisiones tendientes a controlar de cerca los precios. El objetivo para 2021 es alinear salarios, jubilados e inflación en torno al 30%, en línea con lo establecido en el Presupuesto. Pero eso es imposible sin pisar un año más las tarifas, admitiendo subas casi intrascendentes y regulando también precios de servicios como telefonía móvil, internet y prepagas. También se está terminando de negociar con las grandes alimenticias cómo será el descongelamiento gradual de precios que permita salir en forma ordenada del programa Precios Máximos.

Evitar una nueva pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es imperioso para mejorar las chances electorales del Gobierno en octubre. Luego de tres años de fuertes pérdidas contra la inflación, otro golpe a los ingresos tendría consecuencias muy duras sobre el electorado, especialmente en la clase media, pero también entre los sectores más vulnerables.

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