Opinión

Alberto Fernández y Cristina Kirchner juegan con la salud

Joaquín Morales Solá

Joaquín Morales Solá es un periodista especializado en política con trayectoria en medios gráficos y televisivos de Argentina. Actualmente es columnista político del diario LA NACION.

Alberto Fernández se definió siempre como un reformador y no como un revolucionario, algunas frases suyas de los últimos días, ciertas decisiones sobre la libertad de la economía y la repetición de restricciones a la producción privada de bienes, indican que cambió ese paradigma.

miércoles 6 de enero de 2021 - 11:16 am

Nota publicada originalmente en La Nación

 

Ninguna revolución es posible si no se cambia el sistema político y económico. A pesar de que Alberto Fernández se definió siempre como un reformador y no como un revolucionario, algunas frases suyas de los últimos días, ciertas decisiones sobre la libertad de la economía y la repetición de restricciones a la producción privada de bienes, indican que cambió ese paradigma. O podría haberlo cambiado.

Algunos protagonistas de la economía se aferran a una conclusión refrendada por médicos y psicoanalistas. Lo que sucede, dicen, son golpes de poder de Cristina Kirchner, decepcionada porque no puede alcanzar el objetivo de la impunidad judicial. Esos actos brutales de poder son mensajes cifrados a los jueces para notificarlos de quién tiene el mando de la nación política. Puede ser que consiga por la vía de los hechos, y con jueces atemorizados, lo que no logra con las parapléjicas reformas legales.

El último y asombroso vaivén de la administración fue con un aumento magro de la medicina prepaga. El ministro de Salud, Ginés González García, firmó en la mañana del 31 de diciembre una resolución que autorizaba un incremento del 7 por ciento en las cuotas de las prepagas a partir del primer día de febrero. Esa resolución se respaldaba en varios y serios argumentos sobre el aumento del costo de la medicina durante 2020, según se leyó en el documento oficial. En la tarde del mismo día 31, González García firmó una resolución que decía todo lo contrario: simplemente derogaba la anterior. El argumento fue uno solo: borraba el incremento por disposición del presidente de la Nación.

Como se supone que el aumento del 7 por ciento fue conversado por el ministro con el Presidente (las tarifas son asuntos muy sensibles para el jefe del Estado), la deducción más frecuente en el universo de la medicina es que fue Cristina la que ordenó ese inexplicable y vergonzoso salto atrás. “Es la resolución 125 de la salud”, se enfureció el director de un conocido sanatorio de la Capital. Los sorprendió, sobre todo, el zigzag de González García; lo conocen desde hace más de 40 años. El ministro no llamó a los prestadores de salud, no les explicó nada y no mandó emisarios. Tal vez no sabía qué decirles. Ni siquiera podía explicarles la influencia del costo de la medicina prepaga en la inflación anual: es de solo el 0,7 por ciento.

Puede ser que aquel retroceso signifique una 125 en sus consecuencias económicas, pero difícilmente lo sea en su repercusión social y política. Al revés de lo que hicieron los productores agropecuarios en 2008, las empresas de medicina prepaga no pueden sublevarse ni parar. Trabajan con la salud. Un muerto como consecuencia de sus rebeldías podría destruir el prestigio que tienen y debilitarlas frente al Gobierno.

Deben analizarse dos planos. Uno es el económico. La inflación de 2020 fue de alrededor del 40 por ciento. Las prepagas tuvieron solo un aumento del 10 por ciento en un año en el que debieron lidiar con la pandemia del coronavirus. Pero la inflación del Indec no es la única variable que se tiene en cuenta para estimar los costos de la medicina. También influyó la devaluación, porque muchos de los insumos médicos son importados. O lo que la medicina llama la innovación, que son nuevas drogas que reemplazan a anteriores medicamentos y que son mucho más caras. O las prestaciones que se agregan por ley, como la práctica del aborto o la financiación de remedios carísimos para enfermedades muy raras. Las consecuencias las pagan los médicos, a los que no se les actualizan los honorarios, y los sanatorios, que deben facturar sin aumentos el costo de sus prestaciones.

En tales condiciones, el propósito del Gobierno puede ser la asfixia del sistema privado de salud o directamente la estatización del sistema, que es el segundo plano, más político que económico, en el que se deben analizar las recientes decisiones. Esta última variante es el presagio más asiduo entre médicos y prestadores de salud. La escucharon a Cristina Kirchner en su discurso de La Plata, cuando retó al gabinete de Alberto Fernández y promovió una reforma del sistema de salud. No dijo nada más, pero fue suficiente.

El sistema privado de salud, que atiende a las prepagas, a las obras sociales y al Pami, se hizo cargo del 70 por ciento de la atención de los contagiados por la pandemia. El resultado no fue malo: casi 44.000 muertos entre más de un millón y medio de contagiados mal contados. El porcentaje de muertos sobre infectados es bajo. La falta de testeos sugiere que podría haber habido el doble de contagiados, según fuentes privadas de la salud. ¿Qué conseguiría el Gobierno con la estatización del sistema de salud? Solo movilizar a los sectores sociales críticos del kirchnerismo, que son precisamente los que más usan los beneficios de las prepagas. Un escándalo político innecesario. Mucho más grave y enorme que el de la anunciada y abortada expropiación de Vicentin. El cuidado de la salud forma parte de la vida cotidiana de la gente; Vicentin, no.

¿Por qué el Gobierno haría mejor lo que los prestadores privados hacen bien? ¿Por qué, si ni siquiera pudo administrar con eficacia la vacunación contra el coronavirus? Cuando casi todos los países occidentales han iniciado campañas masivas de vacunación, la Argentina tiene solo 300.000 dosis (en un país de 44 millones de habitantes) de una vacuna, la rusa, que no se puede aplicar a los mayores de 60 años; es decir, a la franja etaria con mayor riesgo. La vacuna que se está aplicando en casi todos los países del mundo es la de la empresa norteamericana Pfizer, pero las negociaciones aquí se estancaron y nadie explicó por qué.

Tres diputados nacionales opositores, Graciela Ocaña, Alfredo Cornejo y Claudia Najul, les enviaron una carta a la representación argentina de Pfizer y a la casa central de la farmacéutica. La casa central les contestó que la respuesta se las daría la oficina argentina de la empresa.

La respuesta de Pfizer a los legisladores es solo clara y enfática en una sola afirmación: nunca le reclamó a la Argentina condiciones que no hubiera pedido al resto de los países del mundo. ¿Por qué, entonces, el resto de los países (o gran parte de ellos) están vacunando con Pfizer y la Argentina no puede hacerlo? Alberto Fernández contó públicamente que Pfizer pide condiciones que las otras vacunas no piden. Según la carta de ese laboratorio a los legisladores argentinos, las condiciones de almacenamiento y distribución de la vacuna son iguales para todos los países, incluidos, desde ya, los que empezaron a vacunar. La vacuna debe mantenerse en una temperatura de 70 grados bajo cero, pero lo puede hacer durante 30 días cambiando el hielo seco que lleva cada contenedor. Una vez descongelada la vacuna, se puede almacenar hasta cinco días en condiciones de refrigeración; es decir, entre 2 y 8 grados. Cada contenedor tiene un sensor térmico, para controlar que la temperatura sea la correcta, y un GPS para rastrear la ubicación durante todo el día y la noche; esa información va directamente a la casa matriz de Pfizer. Las condiciones no son de imposible cumplimiento para cualquier sistema sanitario más o menos eficiente y moderno. Esa vacuna la están aplicando México, Chile, Colombia y Costa Rica, entre muchos otros países.

La otra vacuna seria que comenzó a aplicarse es la del laboratorio británico AstraZeneca, que ya cuenta con la autorización de la autoridad sanitaria de Gran Bretaña y de la Anmat. El gobierno argentino firmó un acuerdo con esa compañía y con su socio argentino, el empresario farmacéutico Hugo Sigman, pero las investigaciones se demoraron.

El Presidente se preguntó públicamente por qué se desvaloriza aquí la vacuna rusa. No se respondió, pero la explicación es sencilla: porque no tiene la autorización de los entes autónomos de Europa y los Estados Unidos ni de ningún otro país serio de Occidente; porque la autorización aquí fue un comunicado del Ministerio de Salud, que es una autoridad política y no técnica, y porque los informes científicos de la vacuna son vagos. De hecho, solo los publicó la agencia Reuters; ninguna de las más prestigiosas publicaciones científicas del mundo pudo difundir nada de ella. Solo cuatro países en el mundo la aplican: Rusia, Bielorrusia (una vieja república soviética), Venezuela y la Argentina. La pregunta del Presidente tiene una sola respuesta: la gente necesita la certeza de que el remedio será mejor que la enfermedad.

Quizá se trate solo de una opción geopolítica. Otro contrato que el gobierno firmó es con China para la provisión de un millón de dosis de la vacuna producida por la empresa estatal china Sinopharm. El Presidente acaba de decir que es necesario “meter mano en la Justicia”, que es exactamente lo que le está prohibido hacer por la Constitución argentina. Esas cosas se hacen en la Rusia de Putin o en la China de un autoritario Partido Comunista con un sistema económico capitalista. Si esos son los aliados de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández, significa que ella hace bailar al Gobierno con su melodía o que el viejo reformador se convirtió en un revolucionario.

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