Opinión

¿Pacto de La Cámpora con Jaime Stiuso?

Eduardo van der Kooy

Periodista argentino, editor y columnista del diario Clarín

domingo 20 de diciembre de 2020 - 12:47 pm

Columna originalmente publicada en Clarín

“No tenemos pensado pelearnos con los medios de comunicación. Porque nuestro proyecto es a largo plazo”. La frase fue dicha por Eduardo Wado De Pedro, el ministro del Interior, durante la última reunión que Alberto Fernández mantuvo con empresarios. Luego que el propio Presidente desparrama enojos contra la prensa.

La duda que quedó entre los invitados fue si el funcionario de La Cámpora habló en nombre del Gobierno. O sólo del kirchnerismo, donde aquella organización representa la principal herramienta que manipula Cristina Fernández. Tanto, que mantiene empalidecido al peronismo tradicional.

La Cámpora, a diferencia de su líder, evidencia ciertos cambios respecto de su último paso por el poder entre 2011 y 2015. Serían modificaciones de estilo. Maquillaje. Sus integrantes parecen ahora abiertos a dialogar con los medios de comunicación. Muy difícil descubrir si es por convicción. O para cumplir con aquella estrategia que blanqueó De Pedro.

La prioridad para ellos es en la coyuntura, sin embargo, la misma de Cristina. La remodelación del Poder Judicial. El cambio de régimen, si fuera posible. Se entiende: Máximo Kirchner también está embretado en una de las causas de corrupción que desvelan a su madre. Los Sauces y Hotesur, con sospechas de lavado de dinero. Por esa razón, La Cámpora avaló el embate contra la Corte Suprema. Recita la teoría del lawfare. Se sumó a la campaña por la liberación de los imaginados “presos políticos”. Participó del mitin frente a Tribunales a favor de Amado Boudou.

La ofensiva de Cristina reconoce una necesidad. Sus causas de corrupción. Se añade un plano conjetural acerca del futuro. Que tiene vínculos con el pasado. Durante su segundo mandato la dama aceleró su disputa contra los medios de comunicación que no le son adictos. La ofensiva se frenó cuando intervino la Corte Suprema. Podría haber cambiado las prioridades. Si logra la rendición judicial, ¿Retomará el acoso contra el periodismo que no le responde?

Ese plan enfrenta por el momento cuatro dificultades. La presencia de Alberto, que si bien cada día está más sumiso -lo demostró al criticar a la Corte delante de la vicepresidenta- tiene otro ritmo respecto de las urgencias judiciales. La reacción natural que el avasallamiento de Cristina despertó en amplios sectores de la Justicia. Incluida la Corte. La amalgama política que también genera en Cambiemos. La siempre latente posibilidad de las protestas populares.

La Corte Suprema está en estado deliberativo subterráneo. Se destaca el puente tendido entre Ricardo Lorenzetti y el titular del cuerpo, Carlos Rosenkrantz. Ejes de la discordia interna. Los cinco jueces hicieron un acuerdo de silencio público. Se limitarán a responder con sus fallos. Los más sensibles refieren a nulidades planteadas por la defensa de la vicepresidenta en varias causas. Sobre todo, en la obra pública en favor de Lázaro Báez, cuyo juicio está en desarrollo.

La agenda es mucho más amplia. Están pendientes asuntos de índole económico-social. A los cuales aludió Cristina en su carta cuando denunció posibles sentencias que harían fracasar al Gobierno. La Corte falló en 2007 a favor de Adolfo Badaro por el mal cálculo de los haberes jubilatorios. Eso abrió las puertas a otros 250 mil juicios la mayoría de los cuales fueron bloqueados por las apelaciones del Estado. La litigiosidad aumentó desde que el macrismo modificó en 2017 la fórmula de liquidación de haberes de los jubilados. Siguen siendo apelados ahora por la ANSES, que conduce la camporista Fernanda Raverta. El Tribunal aguarda otra oleada si el Gobierno kirchnerista aprueba el nuevo proyecto del sistema previsional. Tiene media sanción del Senado.

Además figuran las demandas que el Gobierno de la Ciudad planteó por el recorte de fondos que dispuso el Presidente para beneficiar a Axel Kicillof en Buenos Aires. El primer recurso de Horacio Rodríguez Larreta cayó porque aquel decreto resultó convertido en ley por el Congreso. Queda otro que apunta a su carácter inconstitucional. El jefe porteño, como réplica, decretó un impuesto a las Leliq que impugnó judicialmente el Banco Central.

La Cámpora avanzó las últimas semanas en varios frentes. En un caso específico, la Justicia, para satisfacer a su jefa. En otros, para fortalecer cajas de financiamiento para sus quehaceres en medio de la pandemia y un país quebrado. También entiende en asuntos de articulación política que apuntan a preservar sus intereses y el objetivo del crecimiento territorial. De allí sus trabas a la anulación de las PASO.

En el primer tema –en casi todos- asoma una figura clave. Wado De Pedro, el ministro del Interior. A través de uno de sus hermanos, Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, logró una mayoría de dos tercios, que el oficialismo no tenía para impulsar a Roberto Boico como juez de la Sala II de la Cámara Federal Penal. Se trata de un abogado que es, a la par, defensor de Cristina en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán.

En la misma dirección hubo otra novedad. El regreso a la misma Sala del juez Eduardo Farah. Amparado en el fallo de la Corte que consideró transitorios todos los traslados. Producto, por otro lado, de una negociación que De Pedro mantuvo –no se sabe si de modo personal o indirecto—con el ex agente de inteligencia Jaime Stiuso. El mismo que Cristina defenestró en su momento por suponer que, desde las sombras, operaba en su contra.

La revelación posee muchas connotaciones. Echa por tierra la promesa de Alberto de limpiar a la Justicia de la connivencia histórica con los espías. Demuestra que Cristina está dispuesta a todo –hasta indultar a algunos enemigos- para intentar zafar de su pasado delictivo. Desnuda a La Cámpora como una organización intoxicada también de las malas prácticas políticas. Se inscribe, además, en la ofensiva que la vicepresidenta puso en marcha contra la Corte Suprema.

¿Por qué razón? Farah junto al renunciado Jorge Ballestero dispusieron en 2018 la libertad de los empresarios K Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusados de administración fraudulenta. Los cinco jueces de la Corte, mediante un oficio, reclamaron al Consejo de la Magistratura una investigación acerca de cómo se había conformado aquel tribunal. Farah no pertenecía a la Sala I y fue convocado sin sorteo previo para que desempatara sobre la decisión que enfrentaba a Ballestero con Leopoldo Bruglia. Aquella investigación quedó en la nada.

La iniciativa había corrido por cuenta de Lorenzetti. Acaba de tener la respuesta. La avanzada tiene significados importantes para los intereses kirchneristas. La Sala II quedará ahora conformada por Farah y Boico. El tercero es Martín Irurzun. El magistrado que estableció la jurisprudencia sobre la validez de las prisiones preventivas duramente criticadas por Alberto y Cristina.

La intencionalidad de la maniobra está reflejada en un hecho. El kirchnerismo pudo haber optado para completar la Sala II por alguno de los otros cinco jueces que habían intervenido en el concurso para cubrir los cargos. A Alejandro Ramos Padilla se lo premió con la designación como juez electoral en La Plata. Los cuatro restantes fueron postergados a raíz del regreso de Farah. Nada que permita alguna interpretación distinta.

En la Sala I permanecen por ahora Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los jueces que convalidaron el procesamiento de Cristina en la causa de los cuadernos de las coimas dictado por Claudio Bonadio. Cuya actuación fue ratificada por la Corte. Los dos primeros, sin embargo, deberán dejar sus cargos cuando se realice el concurso que también exigió el Máximo Tribunal. Los magistrados habían sido trasladados a la Cámara Federal durante el macrismo.

Tampoco La Cámpora dedica todos sus esfuerzos a contentar únicamente a su jefa. El equipo de Máximo Kirchner dio otro paso para engordar sus ahorros. La gran presión camporista sobre el ministro de Transporte massista, Mario Meoni, cumplió un objetivo: lograr el cierre del aeropuerto de El Palomar, desde donde volaban las empresas low cost. La única que quedaba fue derivada a Ezeiza. Nadie conoce cuál será su destino.

Artífices de la jugada fueron varios. La primera línea correspondió a los camporistas Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas, y el senador Mariano Recalde, antecesor en dicha empresa durante el cristinismo. También la incidencia de los gremios aeronáuticos, donde sobresale el dirigente K Pablo Biró. La estrategia consistiría en monopolizar el mercado con Aerolíneas Argentinas, cuyo déficit en el año de pandemia llegará a U$S 850 millones. Quedaría con exclusividad para la empresa la operación del reformado Aeroparque. Las líneas restantes se trasladarían a Ezeiza. Con los costos y problemas logísticos que eso representa.

La irrupción de las low cost llevó la conectividad en la Argentina a 393 vuelos diarios. Con un transporte estimado en 4 millones de pasajeros nuevos. Aerolíneas Argentinas no podrá cubrir esa demanda de cabotaje. Pero se quedará con casi la totalidad del mercado. Allí estará la ganancia de La Cámpora.

A Cristina también le agrada esa decisión. Sobre todo si se trata de enterrar alguna iniciativa macrista. La vicepresidenta está en la tarea política más sensible del primer año. El Senado debe sancionar o postergar de nuevo la ley del Legalización del Aborto. Un proyecto que Alberto cargó sobre sus espaldas. Con la ilusión de cerrar el año con algún éxito.

La situación en la Cámara Alta asoma incierta. Hay votos que van y vienen. No se conoce todavía un involucramiento especial de la vicepresidenta. ¿Será por el mensaje que tuvo desde el Vaticano la última semana?

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