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Judiciales

Avanza la denuncia de CFK contra la AFIP de Macri por “hostigamiento fiscal” a ella y sus hijos

La denuncia asegura que se armaron grupos especiales dentro del organismo durante el gobierno de Cambiemos para planear y llevar adelante el “hostigamiento fiscal”, a CFK y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La AFIP presentó este lunes ante la Justicia una serie de documentos que exponen “graves irregularidades” a las que fueron sometidos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Fernández denunció en febrero de 2020 que el ex presidente Mauricio Macri utilizó el aparato del Estado como “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos” que la incluyó a ella y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ordenó que se ejecute una amplia auditoría interna para comprobar si era cierta la denuncia de la vicepresidente. Ahora, diez meses más tarde, se presentó en Comodoro Py con una ampliación de denuncia contra Macri y los ex administradores de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

La auditoría de la AFIP supone que Abad y Cuccioli cumplieron órdenes directas de Macri para hostigar a CFK y sus hijos Máximo y Florencia. Y que esas órdenes no estaban sujetas a derecho y consumaron –supuestamente– los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

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La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado. Los hallazgos dan cuenta de una matriz de persecución desplegada en las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli, durante el gobierno que presidió el ingeniero Macri”, escribió Marcó del Pont en una providencia interna antes de presentar la denuncia en la Justicia federal.

A su vez, sostuvo que los hallazgos “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno anterior ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.

Según consignó el diario Página 12, que tuvo acceso a la denuncia, detallan lo actuado por la AFIP durante los mandatos de Alberto Abad y Leandro Cuccioli:

* Los funcionarios no actuaron con el deber ético de la neutralidad, se lesionó el mandato de actuar de buena fe y la norma del trato igualitario a todos los contribuyentes.

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* Cuando se realizaron las primeras determinaciones de las obligaciones tributarias de la familia Kirchner, ni siquiera se la notificó. Se le enviaron oficios a domicilios que no tenían vinculación con la expresidenta y de esa manera se pretendió justificar una actuación a escondidas. Es más, incluso pudieron haberla notificado en el Senado pero esquivaron hacerlo para seguir las actuaciones sin que ella supiera.

* La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. Al no haberla notificado ni haberla puesta al tanto de los procesos, “quedó en entredicho el debido proceso”, dice la Auditoría.

* Se determinaron obligaciones tributarias de oficio, cuando en realidad había varios domicilios alternativos y hasta públicos para notificar a la entonces senadora. O sea, establecieron montos de deuda descomunales e injustificados y siguieron vedándole la vista de las actuaciones y la intervención en los procedimientos.

* La Auditoría detectó “irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales”, lo que llevó a exigencias de pago inexactas y a seleccionar a determinados funcionarios para que las hagan.

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* En todo lo que tuviera que ver con familia Kirchner no intervenía el funcionario que correspondía, sino que la conducción seleccionaba a quienes se consideraba que estaban alineados con la persecución.

* Como se sabe, en cada trámite queda registrado el ingreso de un funcionario a los datos de cualquier contribuyente. La Auditoría estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos referida a Cristina Kirchner y sus hijos e incluso existe la sospecha de que hubo maniobras para tapar aún más ingresos irregulares y violatorios del secreto fiscal.

* Está probada por la Auditoría que se constituyeron grupos de trabajo concentrados en perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP.

* Hubo una “singular coordinación de acciones entre funcionarios de la AFIP e integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que excedió la colaboración que la administración presta a la judicatura”. En otras palabras, que determinados jueces y fiscales ni siquiera cursaban pedidos oficiales, sino que había un ida y vuelta a escondidas, una especie de alianza en la persecución. “Esto ya fue reconocido por un funcionario de la AFIP en sede judicial”, una referencia a testimonios que se dieron en el juicio respecto de Oil Combustibles en que se reconoció que había grupos de tareas especialmente dedicados a hostigar a ese grupo empresarios.

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La denuncia está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, actual subrogante del juzgado federal número 11, y de la fiscal Paloma Ochoa, donde se investiga la posible comisión de delitos por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, cuyas situaciones procesales podrían complicarse bajo la acusación de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Judiciales

Caso García Belsunce: un preso habría asegurado que Nicolás Pachelo le confesó el crimen de María Marta

La fiscalía aseguró que un detenido (fallecido en 2021) que compartió calabozo con el principal imputado le contó a uno de los fiscales del caso que el ex vecino del country Carmel de Pilar le confesó ser el autor del hecho y dónde había descartado el arma

Durante el juicio por la muerte de María Marta García Belsunce, el principal acusado del crimen es Nicolás Pachelo.

Según lo presentado por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, un preso que compartió celda con el detenido confesó que le dijo ser el asesino de María Marta.

Además, reveló dónde escondió el arma homicida. De esta forma, el funcionario judicial detalló que la declaración fue por parte de Marcelo Maradei, el testigo que compartió celda con el presunto culpable.

Fue en 2019 cuando Maradei se contactó con el fiscal Quintana, que se encargaba de la instrucción de la reinvestigación del caso de María Marta García Belsunce luego de ser absuelto el viudo de la víctima, Carlos Carrascosa. Así es que el preso habría contado que Nicolás Pachelo “le dijo que había matado a María Marta y dónde había descartado el arma”.

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Otro dolor de cabeza para Moyano: cinco dirigentes de Camioneros irán a juicio acusados de extorsión

De todas formas, las declaraciones del testigo no pueden comprobarse porque falleció el 21 de agosto del 2021 en la Unidad 9 de La Plata.

El hombre se encontraba condenado a prisión por robos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de un juicio abreviado.

Por lo que el fiscal Ferrari intentará incluir el testimonio a partir del letrado que habló con Maradei, o incluso a partir de las expresiones de otros presos. En aquel entonces, Quintana no incluyó la afirmación del hombre detenido porque había finalizado el lapso probatorio.

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Cristina Kirchner redobló su crítica contra los jueces que jugaron al fútbol con Mauricio Macri

Tras su ataque al fiscal Luciani, la Vicepresidenta señaló una nueva conexión entre el juez Llorens y el ex mandatario.

Luego del pedido de recusación contra el fiscal Diego Luciani y el presidente del Tribunal Federal Oral Nro.2, Rodrigo Giménez Uriburu, que la juzgan en la causa del desvío de fondos en la obra pública de Santa Cruz, la vicepresidenta Cristina Kirchner, ahora disparó contra los jueces que fueron a jugar al fútbol a la quinta de Mauricio Macri.

A través de su cuenta de Twitter la ex mandataria comentó, “Fútbol para pocos. Se acuerdan el papelón de Macri, cuando le mostró a Xi Jinping, presidente de China, cómo había hecho un gol en su quinta Los Abrojos?”.

En un extenso hilo, Cristina Kirchner rememoró la bienvenida de Macri al presidente del país asiático en mayo de 2017, cuanto tras la firma de millonarios acuerdos, el ex presidente le regaló una camiseta de fútbol a Xi Jinping y además le mostró un video de un gol suyo en la quinta de su familia.

 

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“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, destacó la Presidenta del Senado.

En un nuevo embiste contra la Justicia, la líder del kirchnerismo también apuntó irónicamente contra el camarista Mariano Llorens: “Llorens juega de arquero para Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él… seguro que sí. De Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”.

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En ese sentido, el domingo pasado, la Vice de Alberto Fernández, había expuesto en la misma red social, una fotografía del equipo de fútbol en el que participaban el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburo, que encabezan la causa en su contra, que involucra a Lázaro Báez y a Julio de Vido, entre otros.

Por lo que instruyó a su abogado para que solicite la recusación de dichos funcionarios judiciales, “esta relación personal, que se mantuvo en todo momento bajo reserva, debió haber sido formalmente comunicada a las defensas -y en rigor de verdad, a toda la sociedad- una vez que este proceso, de singular relevancia institucional y trascendencia mediática, quedó radicado ante este Tribunal”, sostuvo el letrado que representa a la ex presidenta.

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Mientras tanto, el propio fiscal Luciani sostuvo que no tiene problema en enfrentar la recusación y que pretende continuar con los alegatos en donde seguirá presentando pruebas de como Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita, que compartía con funcionarios e incluso su propio hijo, Máximo Kirchner.

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Otro dolor de cabeza para Moyano: cinco dirigentes de Camioneros irán a juicio acusados de extorsión

Se trata de Rubén Omar Dutra, Diego Emanuel Coria, Matías Ezequiel Paz, Jorge Fabián Aguirre y Omar Andrés Pérez, quienes amedentraron al apoderado de una pyme dedicada al transporte para pagara una presunta deuda qye resultó ser inexistente.

En medio del tenso clima que vive el Club Atlético Independiente a nivel dirigencial, Hugo Moyano suma un nuevo dolor de cabeza por parte del sindicato de Camioneros. Según trascendió en las últimas horas, cinco gremialistas, entre los que se encuentra la mano derecha del Presidente del Rojo, irán a juicio por el delito de extorsión en grado de tentativa.

La solicitud fue enviada por el fiscal Ignacio Mahiques, quien apuntó contra dirigentes del gremio por haber amedrentado al apoderado de una pyme de transporte con el objetivo de hacerle pagar una presunta deuda que resultó ser inexistente.

Entre los acusados, se destacan Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un hombre clave en la estructura de Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio. Además, se les sumarán en el banquillo Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

En su presentación ante el juez Fernando Caunedo, el fiscal consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”.

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Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Castell la entrega del dinero”.

Omar Pérez y Pablo Moyano

Los aprietes al apoderado de Andar Transportadora comenzaron al año de su creación y se volvieron más habituales conforme la empresa iba creciendo. Alejandro Castell, dueño de la pyme de Trenque Lauquen que se dedica desde el 2001 al transporte de cargas, sostuvo: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros que recorrían los choferes”.

En diálogo con Infobae, explicó que ante su negativa, Hernán Sánchez, el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, le respondió que la deuda que mantenía con ellos podía saldarla “con uno de sus camiones”.

“Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”, explicó al mismo medio.

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Posteriormente, y ante la imposibilidad de Castell de ceder, Sánchez y “cuatro matones” se aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

“Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa“, relató Castell. La amenaza se materializó el 31 de julio de 2020 cuando, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas diez personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora

En su investigación de los hechos, el fiscal Mahiques consideró ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no había constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Es por ello que los dirigente fueron imputados como coautores del delito de extorsión en grado de tentativa, un hecho que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años.

“Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.

Además sostuvo que “los imputados carecían de toda autoridad para reclamar directamente a la empresa del denunciante que incumplía la normativa legal en perjuicio del sindicato”, ya que, como había afirmado el juez Caunedo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad para determinar si no se cumplía el convenio laboral. “Es decir -sostiene Mahiques-, el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa, y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.

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En ese sentido, recordó que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional señalaron al confirmar el procesamiento de los acusados que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

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