Economía

Plan fin de año: qué hará el Gobierno con el dólar, los precios, las tarifas y la ayuda social

El gobierno encara fin de año con el desafió de que se recupere poder adquisitivo y evitar un diciembre "caliente"

martes 24 de noviembre de 2020 - 10:47 am

El mes de diciembre siempre suele ser uno agitado en el país con manifestaciones y tensiones sociales en las que si el gobierno de turno no opera de manera correcta puede pagar un alto costo político. Este año no sera la excepción y se espera que la recesión económica, a raíz de la cuarentena y la pandemia, y el aumento de la inflación sean aditivos que calentaran mas un ambiente que ya se encuentra a altas temperaturas.

Es por ello que desde Casa Rosada evalúan un plan para calmar los ánimos y finalizar el año de la mejor manera posible: La base del mismo implica rechazar cualquier intención que implique aumentos de precios que castiguen los bolsillos de lo argentinos. Pese a que eso implique seguir alimentando una bola de nieve que será mas difícil de desarmar.

Desde presidencia avisan que la única suba de precios regulados que se aceptará refiere a los combustibles. Existe un compromiso no escrito para que la estatal YPF aplique una suba adicional en los surtidores antes de fin de año, en línea con la cotización del dólar mayorista.

En las últimas horas, el propio Alberto Fernández dejó ver será muy celoso de los movimientos en los precios. Algo de lo que el Presidente dio a entender que está al tanto y que denominó “maniobras especulativas”. Ejemplos sobran: la secretaría de Comercio avisó que se valdrá de la ley de Abastecimiento para castigar a las empresas de la construcción que especulen con la entrega de materiales. En las últimas semanas los insumos para el sector están en falta y este desabastecimiento derivó en un alza repentina de los precios de esos productos.

“No voy a permitir este tipo de especulación”, mencionó el Presidente en relación a esta dinámica tan particular.

La lupa estará puesta en el sector financiero también, el Banco Central hizo un rastreo sobre el mercado y, durante la mañana del último domingo, previo al feriado, la autoridad monetaria sacó un comunicado advirtieron de la plena vigencia de los decretos presidenciales 319 y 767, que obligaron al congelamiento de las cuotas y a la refinanciación (sin costos adicionales) de las cuotas impagas desde marzo hasta el próximo 31 de enero.

Alimentos

Los artículos considerados esenciales que continúan dentro del programa seguirán alcanzados por los precios máximos, mientras que para los productos que fueron retirados todavía no se definieron los aumentos que se autorizarán.

Según las empresas, aquellos productos “no esenciales” que ya no figuran en Precios Máximos representan menos del 1% de su facturación, con lo cual mantienen su reclamo ante los funcionarios.

El hecho de que la canasta básica alimentaria escalara nada menos que 6,6% encendió todas las alarmas en el Ministerio de Economía. Sobre el precio de los alimentos, el Presidente indicó que hubo un “nivel de congelamiento durante muchos meses y en el último mes el descongelamiento fue precipitado”, por lo que se debe actuar con “mucho cuidado” porque eso “afecta a los sectores que gastan exclusivamente en comida”.

Tarifas

Las tarifas no son ajenas a este “plan navideño”, pero allí las cosas están más que claras: habrá un descongelamiento, segmentado por estrato social, recién hacia el otoño.

FMI

En el equipo económico reconocen los riesgos de un “mal acuerdo” con el Fondo. Se refieren así a la posibilidad de que ese pacto se rubrique en base a un achicamiento del déficit fiscal que ponga en riesgo la propia estabilidad social.

Funcionarios admiten, en ese sentido, el peligro de quitar antes de tiempo el IFE -la asignación de $10.000 que se repartió en tres oportunidades durante la pandemia-, que se eliminó básicamente por las necesidades de dar muestras de ordenamiento fiscal.

El gobierno precisa mostrar un sendero hacia el equilibrio en las cuentas para lograr un acuerdo con el FMI y la confianza del mercado que reduciría las posibilidades de una nueva devaluación. Sin embargo, eso implica recortar gastos de ayuda social que puede tener un costo mas alto.

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