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Judiciales

Cheques sin fondos por $ 17 millones: el oscuro historial del acusado de usurpar la casa de Cariló

El hombre fue señalado por los vecinos como el encargado de la toma. La justicia investiga si se trataría de un testaferro de Rudy Ulloa.

En los últimos meses, los vecinos y comerciantes de Cariló se acostumbraron a verlo llegar casi todos los fines de semana. Algunos lo conocen por su nombre, otros por una seña particular: las cadenas de oro que cuelgan de su cuello. Ante las autoridades locales, los testigos contaron que “chapeaba” diciendo que era “el testaferro de Rudy Ulloa” y que era el que pagaba los arreglos que se hicieron a la casa que fue usurpada en enero y estuvo ocupada por un grupo de al menos 15 personas hasta la semana pasada, cuando finalmente fue restituida a sus dueños.

Testimonios de testigos y vecinos del barrio permitieron identificar al hombre al frente de la toma como Mauricio Damián Ríos e iniciaron una investigación. Y hallaron un dato alarmante: tiene un historial de 721 cheques rechazados por un total de $ 17.776.050. Todos por falta de fondos.

El dato surge de un informe del Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central, pedido por la cartera de Seguridad municipal, al que tuvo acceso Clarín.

El informe del Banco Central muestra que, por ejemplo, el 22 de noviembre de 2016 Ríos emitió un cheque por $ 98.400, dos días más tarde otro por $ 100.000, el 30 otro por $ 70.000 y el 5 de diciembre otro más por $ 95.995,20. Ninguno tuvo fondos en la cuenta para respaldarlo.

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Los cheques rebotados tiene fecha entre fines de 2016 y mediados de 2017, antes de que comenzara la toma en la casa de la coqueta localidad de la Costa Atlantica. “Es evidente que es una actitud defraudatoria, no es que no se dio cuenta que no tenía fondos en la cuenta” aseguró a Clarín Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar.

Insolitamente, Ríos no quedó imputado por la toma de la vivienda: “No está acusado de nada, lo estamos investigando con la policía, desde la secretaría de Seguridad y todavía no hay ordenes del fiscal”, agregó Ventoso.

Desde la secretaria de Seguridad de Pinamar, creen que los usurpadores serían una banda de “por lo menos 15 personas”, que son de Mar del Plata, van y vienen, con vehículos de gran porte y también cuatriciclos.

“Tenemos decenas de testimonios de vecinos y personal de distintos rubros de la construcción que lo señalan (a Ríos) como que es quien pagaba todo. Y cuentan que chapeaba diciendo que era el testaferro de Rudy Ulloa”, cuenta Ventoso.

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Hace tiempo se sospecha que Ríos sería testaferro de Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner, devenido en millonario. En 2014, Ulloa se desprendió de una empresa. Según consta en el aviso Ley 11.867, cedió y transfirió el fondo de comercio del “Súper Comunitario” a Ríos. La entonces titular de la CC-ARI de Santa Cruz, Mariana Zuvic, denunció que el nuevo propietario era un “testaferro de Rudy”.

Desde la secretaria de Seguridad de Pinamar, ahora esperan que la Justicia avance con la investigación del caso. Hay una causa abierta por usurpación -a la que se podrían agregar los delitos de defraudación y estafa, si se confirma que se presentó un contrato de alquiler trucho– y otra por un auto gemelo encontrado en la vivienda. Se trata de un Jeep que ya fue secuestrado. Según Ventoso, habría un segundo vehículo -una Ford Ranger- pero los ocupantes se la llevaron antes del allanamiento.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Eduardo Elizarraga, quien en enero desestimó la denuncia de usurpación porque los ocupantes presentaron un contrato que sería falso. Ahora, decidió que los dueños de la casa sean los guardadores judiciales de todas las pertenencias que dejaron allí los usurpadores. Sobre Elizarraga recae un pedido de destitución impulsado por el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

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Judiciales

Atentado a CFK: la jueza Capuchetti denunció a la Policía Federal y a la PSA por la pérdida de información

Luego de la crítica de la Vicepresidenta, la magistrada estableció que el teléfono de Sabag Montiel fue manipulado “de manera deficiente”, sin tomar los recaudos para preservar la información.

Finalmente la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, presentó una denuncia para que se investiguen, en una causa aparte, las responsabilidades penales que puedan caberle a la Policía Federal (PFA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La denuncia surge tras conocerse la pericia realizada por Gendarmería, en torno al teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, quien gatilló en la cabeza de la Vicepresidenta el pasado primero de septiembre.

Según el informe de la Gendarmería, que analizó cómo se llevaron a cabo los procedimientos de extracción de datos del teléfono secuestrado tras el incidente, la extracción intentada por la PFA “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo (conforme consta en las actuaciones remitidas para análisis)”.

Es que el celular llegó a manos de la jueza en la que recayó la investigación, en un sobre abierto, encendido y con la leyenda que apuntaba que había sido reseteado a fabrica. Lo que despertó sospechas e impulsó una pericia de la pericia misma.

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Por su parte, el relevamiento sostiene “que resultó factible determinar fecha y marco de tiempo en que el equipo ‘teléfono sabag’ fue restablecido a valores de fábrica, siendo la misma ’00:19:26′ hora local, del día 03 de septiembre del 2022”, cuando el teléfono ya estaba en posesión de la Policía Aeroportuaria.

A lo que agrega: “El equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimientos, lo que hace el equipo sea vulnerable y/o sensible ante la manipulación propiamente dicha”, lo que quiere decir que el celular podía estar preparado para evitar que se le extrajera información.

Con esta información, Capuchetti, presentó la denuncia contra las fuerzas federales que manipularon el dispositivo, la cual recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini, que trabaja con el fiscal federal Federico Delgado.

Vale destacar que la propia Cristina había criticado, días atrás, cuando solicitó la recusación de la magistrada, su accionar en relación con estas pistas en la causa. Y la culpó de estar influenciada por el macrismo.

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Judiciales

Causa Vialidad | Cristina Kirchner habló antes de que se fije fecha para el veredicto: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”

La vicepresidenta expresó sus “últimas palabras” frente a los jueces y los fiscales del TOF 2. Está acusada de ser jefa de una asociación ilícita

Cristina Kirchner emitió sus últimas palabras en el juicio conocido como Vialidad, en el que se investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez y volvió a referirse en duros términos a al tribunal que la juzga.

“Si dije que este era el tribual del lawfare después de todo lo que me toco vivir este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, manifestó la vicepresidente de forma virtual  desde su despacho en el Senado de la Nación.

En esta línea volvió a referirse al Poder Judicial como un partido político que ya tiene escrita su sentencia: “Estamos en una situación que va a tender a deteriorarse. Cuando desde las instituciones se conforma un partido, este verdadero partido judicial que vino a sustituir al viejo partido militar y cumple ese rol de condicionar, obturar las oportunidades de expresión en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”

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De igual forma que en alegatos anteriores, CFK apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola quines pidieron una condena para Cristina Kirchner de doce años de prisión: “Cuando dije que la sentencia estaba escrita nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o actuada como lo hizo la Fiscalia. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Los hechos no solo eran falsos, sino que no habían existido”, señaló.

El juicio, que comenzó en mayo de 2019, entró en su etapa final la semana pasada, luego de que finalizara el periodo de presentación de pruebas y los alegatos.

Además, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Denuncian a Luana Volnovich por una compra millonaria a una “empresa fantasma”

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El 23 de septiembre Cristina Kirchner ya se había dirigido a los fiscales. Negó haber sido la jefa de la supuesta asociación ilícita y mostró chats del exsecretario de Obras Públicas José López con empresarios vinculados al macrismo.

NOTICIA EN DESARROLLO…

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Judiciales

Consejo de la Magistratura: un juez dictaminó que la UCR y el PRO no pueden tener dos bancas

El magistrado indicó que deben enviar un solo consejero y que a futuro debe aplicarse este mismo.

La disputa por los espacios dentro del Consejo de la Magistratura entre el oficialismo y la oposición, tuvo una resolución en favor del kirchnerismo, ya que un juez declaró que los diputados de la UCR y PRO no pueden tener dos bancas distintas.

El magistrado Martín Cormick, decidió anula la designación de la diputada radical Roxana Reyes, quien fue elegida como representante de la Cámara baja, por Sergio Massa, antes de renunciar a la presidencia, para irse a Economía.

Si bien, la sentencia corresponde al mandato ya cumplido de la legisladora, que termino el pasado 21 de noviembre, indica que el mismo criterio es obligatorio a futuro.

En tanto, el juez tomó esta decisión, por considerar que la UCR y el Pro, pertenecen a la misma fuerza, por lo que al momento de nombrar representantes en el órgano que selecciona y controla a los jueces, no podrán ocupar más de una banca.

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De este modo, Cormick hizo lugar a una acción de amparo presentada por el presidente del bloque del Frente de Todos, de Diputados, Germán Martínez, y dijo que a Reyes no le correspondía ocupar el lugar destinado a la segunda minoría de esa cámara.

De otorgarle un integrante al bloque constituido por el Pro, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado [el fallo que anuló la designación del kirchnerista Martín Doñate]”, indica el fallo del magistrado.

Asimismo, resalta que “los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres fuerzas políticas  diferentes”.

 

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